Fuente: Institute for Economics and Peace (2015)

Por otro lado, el Informe Regional de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para el 2013-2014 identifica seis amenazas a la seguridad ciudadana para América Latina, coincidiendo con Churruca y Rojas (2014). Estas amenazas son: delito callejero, delincuencia organizada, violencia ejercida por y en contra de los jóvenes, violencia de género, corrupción y violencia ilegal por parte de actores estatales. De estas seis, el delito callejero3 y la violencia ejercida por los jóvenes, usualmente bajo las estructuras de pandillas, maras, bandas, combos o comandos4, son el tipo de delitos que más atentan contra la seguridad ciudadana. Por ende, cuando se dice que un barrio o una ciudad es segura se hace referencia normalmente a la ausencia de este tipo de delito (PNUD, 2013).

Esta conducta delictiva generalizada en la región podría tener su origen, según Bauman (2014), Guerrero (2012) y Salazar (2009) en la instauración del neoliberalismo como sistema económico organizacional, que paulatinamente ha desestructurado el Estado y las relaciones sociales entre los individuos, trasladando la lógica capitalista de consumo, coste-beneficio y sujeto-objeto a las relaciones interpersonales, generando imaginarios de exclusión justificados y socialmente aceptados, en donde el individuo excluido encuentra en el delito una manera de acceder a los recursos que se le han sido negados. García Canclini (1995) también tiene la misma tesis de los autores mencionados, cuando analiza la forma en que la globalización neoliberal ha desintegrado las relaciones culturales de los individuos, ligando la cultura no a elementos propios de cada comunidad si no, a lo que se puede o no acceder de acuerdo al mercado. Es decir, los ciudadanos dejan de ser sujetos políticos y pasan a ser consumidores. Esta forma de globalización, en donde las diferencias culturales se convierten en desigualdades, trae consigo el malestar de los excluidos o de los no beneficiados del proceso mismo, malestar que puede desembocar en manifestaciones violentas o delictivas.

No obstante, la violencia y la hostilidad no son elementos propios del conflicto, si no posibles maneras de encararlo. Normalmente en estos contextos de exclusión, falta institucionalidad, desconfianza pública y de políticas públicas excluyentes, es donde se configuran grupos vulnerables que no interiorizan las normas y leyes de la sociedad, y por tanto tienden a cuestionar el monopolio coercitivo del Estado (PNUD, 2013; Guerrero, 2012). Lo que si es cierto, es que, si bien la exclusión y la falta de instituciones inclusivas no genera violencia propiamente, si allanan el camino para su formación (Guerrero, 2012; Robinson y Acemoglu, 2012). La característica esencial de las amenazas antes mencionadas es que son de tipo urbano, es decir que la urbe se vuelve el centro de los conflictos sociales y violentos (Churruca, 2014; Briceño, 2002). No obstante, este no es el caso de las FARC-EP, según Torrijos (2007) el grupo guerrillero podría considerarse un anacronismo estratégico aun inscrito en el conflicto de la guerra fría, y considerándose un conflicto netamente rural. Según Valencia y Obando (2016) las FARC-EP y el ELN hacen presencia en 281 municipios del país, siendo 242 con presencia efectiva de las FARC-EP. En estos 242 municipios vive algo más del 12% de la población, lo que significa que las principales 20 ciudades del país no viven el conflicto, a excepción de Medellín y Neiva, confirmando que es una guerra que tiene lugar en el campo, no en las ciudades.

En este orden de ideas, la respuesta estatal en Suramérica y en América latina en general, ha sido aumentar la presencia estatal en las periferias, que es donde se encuentran la exclusión y la violencia. Los Estados suramericanos han tratado de recuperar los tres monopolios que les corresponden: impartir justicia, brindar seguridad y garantizar los servicios públicos (Trejos y Rendon, 2015c), pero priorizando el uso de la fuerza (Fuerzas armadas) como el medio para recuperarlos y hacer frente a las amenazas. Este tipo de políticas en donde el uso de la fuerza y el aumento en la severidad de las penas cumplen un papel central en la lucha contra la criminalidad se denominan políticas de mano dura.5

En Suramérica, este tipo de políticas de mano dura ha traído consecuencias negativas en materia de seguridad ciudadana, tales como: el aumento de los niveles de violencia letal, fortalecimiento de las redes criminales, congestionamiento de sistemas carcelarios, violaciones de derechos humanos y el abuso de la autoridad (PNUD, 2013). Sin embargo, vale la pena mencionar que el mismo informe del PNUD destaca experiencias exitosas de políticas públicas integrales para atacar las diferentes amenazas como lo son Fica Vivo en Brasil, Plan Cuadrante en Colombia, Barrio Seguro en República Dominicana, Tregua entre pandillas en El Salvador y Todos Somos Juárez en México.

En conclusión, las amenazas en Suramérica y en Latinoamérica son variadas en grado de organización y tipo de delito, y por ende requieren de políticas públicas diferenciadas en cada uno de los casos, con el fin de garantizar un sistema de seguridad ciudadana incluyente y sostenible. En el panorama regional de la seguridad, los conflictos violentos se han desplazado de la periferia rural a la periferia urbana, no siendo este el caso de las FARC-EP, que aún opera en algunas regiones del campo colombiano como lo constatan Valencia y Obando (2016). La presencia de un actor armado no estatal, relegado a la periferia rural y con redes internacionales de financiación ilícitas, es el punto diferenciador dentro del paisaje de amenazas que se han esbozado anteriormente. De esta manera, es importante estudiar desde el marco conceptual de la securitización de la Escuela de Copenhague, cuál ha sido el rol que ha cumplido las FARC-EP como amenaza en la región suramericana.

2. Securitización en Suramérica: Entre complejos y comunidades

Desde el final de la guerra fría y el fin de la bipolaridad en el sistema internacional de Estado, las grandes potencias han dejado de penetrar excesivamente en cada una de las regiones, por lo que estas han adquirido cierta autonomía y margen de maniobra dentro del sistema. Esta relativa autonomía regional es una característica esencial del nuevo sistema, totalmente diferente de la estructura rígida de la guerra fría. En este nuevo orden se configuran dinámicas de seguridad propias de cada región, donde se identifican enemigos y amenazas comunes que los Estados tienden a tratar de manera conjunta, debido a la característica interdependiente del sistema y del carácter transnacional de las amenazas actuales. En algunos casos, una amenaza o un grupo de amenazas pueden ser consideradas de carácter “urgente” y por ende, más importantes que otras, por lo que los Estados tienden a tomar medidas excepcionales con el fin de proteger la integridad de la colectividad que se ve amenazada. Este tipo de acciones son conocidas como securitizaciones.

No obstante, definir una acción securitizante implica definir primero qué se entiende por el término “seguridad”. En esencia, el termino seguridad hace referencia a una cualidad que poseen los sujetos que están libres de amenazas o exentos de todo peligro (Orozco, 2006) o a una ausencia de amenazas ante valores adquiridos (Zavaleta, 2012). Cossarini (2013) lo define como “la capacidad de dar respuesta efectiva a toda clase de riesgos, amenazas y vulnerabilidades” o como “una situación psicológica y fáctica en la que el sujeto (individuo, grupo, institución) o el sistema (territorial, tecnológico, informativo) se siente y está protegido de la interferencia de factores exteriores incontrolables” (p.157).

La última definición da cuenta que la seguridad más que ser una cualidad, es un estado psicológico en el cual el sujeto no ve amenazada sus capacidades, ni su libertad. De esta manera el término adquiere un carácter intersubjetivo y abstracto que habla de condiciones deseables que pueden ser aplicables a cualquier contexto y circunstancia (Sisco y Chacón, 2004). Por lo tanto, cuando un tema es calificado como de seguridad, es porque es un asunto prioritario y que dada la amenaza existencial que supone, si este problema no es resuelto, no será posible abordar o solucionar ningún otro tema (Sisco y Chacón, 2004).

En síntesis, según Buzan, Waever & De Wilde (1998) el termino seguridad en relaciones internacionales hace referencia a la supervivencia de un objeto referente de seguridad, o aquello que dentro de la construcción social e intersubjetiva de la colectividad se ha priorizado como lo que debe perdurar, ante una amenaza existencial. Desde luego, el concepto de amenaza existencial no hace referencia únicamente a la vida humana, ya que como se ha expuesto en el párrafo anterior, la condición de sentirse seguro o libre de preocupaciones, puede ser aplicable a cualquier contexto o circunstancia. La amenaza existencial puede ser a un grupo étnico, una especie de plantas o de animales, a un grupo de empresas dedicas a la extracción de materias primas o a un partido político.

Es aquí donde Buzan, Waever & De Wilde introducen los sectores y los niveles de securitización. La amenaza varía entonces de acuerdo al tipo de objeto referente y este a su vez, de acuerdo al sector y nivel de seguridad que amenace. Los sectores y los niveles son formas propuestas por Buzan, Waever & De Wilde para analizar y lograr entender la naturaleza de las amenazas. Por un lado, los sectores son maneras de enfocar y fragmentar la realidad, priorizando y teniendo en cuenta unas características específicas de la misma, y por otro, los niveles son simplemente espacios donde tienen lugar las amenazas. Estos autores identifican 5 sectores: militar, político, económico, societal y ambiental, y 5 niveles: sistema internacional, subsistema, unidades, subunidades e individuos (Gráfico 1).

Gráfico 1. Niveles de inclusión de sectores

px

Fuente: Elaboración propia con base en Buzan y Waever (2009) y Buzan, Waever & De Wilde (1998).

La tabla 3 muestra los sectores de seguridad y los objetos referentes según el sector.

Tabla 3.

Sectores de seguridad.

Fuente: Elaboración propia con respecto a Orozco (2006).

Lo que muestra el gráfico 1 es que una amenaza puede moverse entre varios sectores yendo de un solo sector (unisectorial) hacia los 5 sectores (inclusivo), como se muestra en la tabla 3, y a su vez se mueve entre los diferentes niveles, yendo del nivel individual al sistémico. Por tanto, las medidas excepcionales (securitización) que se tomen para hacer frente a la amenaza existencial se moverán en el mismo sentido. Para que toda securitización sea efectiva, debe cumplir con los siguientes aspectos:

1. Debe estar elaborada con respecto a una colectividad.
2. Debe tener un objeto referente6 de seguridad.
3. Debe contar con un discurso sensibilizador que cree constantemente identidades y rivalidades.

Es en el nivel medio (unidades y subsistemas) donde las securitizaciones tienen mayor éxito, puesto que es en este nivel donde las identidades colectivas se refuerzan y se rivalizan entre sí, y el objeto referente generado por el discurso securitizador alcanza a ser lo suficientemente abarcador e importante para la colectividad misma (Buzan & Waever, 2009).

En el momento en el que se consolidan dinámicas propias de seguridad entre diferentes países y se llevan a cabo securitizaciones para hacer frente a una amenaza común, es posible hablar de la creación o el surgimiento de un CSR.

Un CSR es la situación en la que un grupo de Estados tienen preocupaciones de seguridad que se encuentran tan estrechamente relacionadas que sus seguridades nacionales no pueden ser razonablemente concebidas por separado (Buzan & Waever 2003, p. 44). Según estos mismos autores, para identificar correctamente un CSR es necesario tener en cuenta: 1) el aspecto geográfico que delimita el CSR y lo diferencia de los demás 2) la estructura anárquica que determina la presencia de actores autónomos 3) la distribución de capacidades entre los actores 4) la percepción que existe de los patrones de amistad y enemistad entre los actores del complejo.

Frasson-Quenoz y Piñeros (٢٠١٤) identifican cuatro tipos de CSR, centrado, estándar, de gran potencia y super complejo de seguridad. El CSR estándar se caracteriza por la presencia de dos o más estados, por una estructura anárquica y una agenda político militar. Este tipo de CSR cuenta normalmente con una potencia regional que elabora y coordina las relaciones de amistad y enemistad de los integrantes del complejo. El CSR centrado tiene a su vez dos subtipos: el primero puede girar en torno a la presencia de una potencia mundial o una superpotencia, donde dicha potencia subordina los intentos de liderazgo de potencias regionales que puedan existir en los complejos. El segundo tipo de CSR centrado es el institucionalizado, en donde los Estados que forman parte del complejo se encuentran integrados en una organización supranacional que aglomera intereses e identidades comunes, pero que siguen siendo los Estados los encargados de securitizar o no la agenda regional.

En el CSR de gran potencia se da cuando dentro de los miembros del complejo coexisten dos o más potencias mundiales o regionales, como por ejemplo la Europa medieval, en donde cada reinado gozaba de tanto poder como sus vecinos, y era imposible identificar una potencia que sobresaliera sobre las otras. Por último, el CSR como super complejo de seguridad plantea otro nivel de análisis diferente de los tradicionales doméstico-regional-internacional, conocido como superregional. En este CSR las dinámicas del complejo se superponen a una gran super región y cuenta con la presencia de dos o más grande potencias.

Las percepciones de amistad y enemistad que existen en todos los tipos de complejos no son extremas, si no que tienen matices. Buzan, Waever & De Wilde (1998) muestran tres tipos de percepciones: 1) percepción de amenaza 2) percepción de posible amenaza en donde hay tratados de contención y 3) percepción amigable. Cuando las relaciones entre los integrantes de un complejo dejan de ser anárquicas y pasan de poseer una percepción de amenaza a una percepción de amistad estable, y comienzan a actuar como un todo coordinado, el complejo de seguridad da paso a la comunidad de seguridad.

Una comunidad de seguridad, es una colectividad política en donde los miembros de la misma están convencidos que los problemas pueden ser solucionados de manera pacífica, sin recurrir a la violencia y utilizando mecanismos institucionalizados (Frasson-Quenoz y Piñeros, 2014). Es decir, que el surgimiento de una comunidad de seguridad implica en cierta medida, la desecuritización de la agenda.

En el caso específico de Suramérica, Castillo (2012) identifica a la región como un CSR con sus características y dinámicas de seguridad propias, en donde Estados Unidos interviene irregularmente, pero no gobierna ni da forma al CSR. No obstante, Buzan & Waever (2003) dan cuenta de la existencia de dos subcomplejos de seguridad, uno en el cono sur y el otro en el área andina. Según Yepes (2013) los subcomplejos de seguridad van ligados a una historia reciente común, en el caso del cono sur, las dictaduras militares y las guerras fronterizas del siglo xix, y en el caso de los países andinos por su lucha común contra el narcotráfico y los grupos ilegales, y una dependencia marcada hacia Estados Unidos. Sin embargo, Yepes (2013) reconoce que efectivamente estos subcomplejos alguna vez existieron pero que actualmente no es tan clara esta clasificación, puesto que:

La llegada de gobiernos alternativos a la región creó un cambio de escenario y de perspectiva de las estrategias de seguridad, y un cambio en sus paradigmas puesto que ya no se identifican geográficamente de forma tan clara, si se tiene en cuenta que un factor determinante de todo complejo de seguridad regional son las prácticas interrelacionadas de securitización que existen entre los Estados miembros, que hacen imposible analizar o resolver sus problemas de forma separada (p.378).

Para Castillo (2012) Suramérica hoy es una región con mucha más autonomía que aquella con la que contaba en la guerra fría, mucho menos vulnerable y con mayores dinámicas inter-estatales. Un hecho que evidencia la autonomía relativa que posee la región es la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) como un espacio geográfico y político diferenciado de los demás ya existentes, y la instauración del Consejo de Defensa Suramericano (CDS) como una zona de concertación y coordinación de políticas de seguridad y defensa.

Esta autonomía se puede ver si se toma en cuenta que la Unasur forma parte de la estrategia en materia de política exterior de Brasil para consolidarse como potencia regional, aun cuando este liderazgo no sea compartido por los demás países (Bayer, 2013; Torrijos & Granada, 2012). A si mismo las actuales relaciones entre los países de la región han dejado de ser conflictivas y no se registran enfrentamientos interestatales, que fueron la característica del siglo xix y parte del xx.

De acuerdo con Tickner & Mason (2003) para identificar una región es necesario tener en cuenta siete aspectos: 1) proximidad geográfica 2) reconocimiento de los actores que forman parte del complejo 3) reconocimiento de la región por parte la comunidad internacional 4) autonomía de los actores 5) interacción e interdependencia 6) afinidad política, cultural y económica 7) existencia de externalidades que afecten la región. Para las autoras la región andina cumple con los criterios de proximidad geográfica y problemas de seguridad compartidos.

Méndez-Coto (2016) por su parte, niega la existencia de un complejo de seguridad en Suramérica como espacio geográfico, y la existencia de un subcomplejo de seguridad en el cono sur, como si afirman los autores anteriormente citados. Para este autor de acuerdo a su investigación, que consistió en un estudio de prácticas de seguridad en América entre 1992 y el 2010, puede decir que:

En el período estudiado ocurrieron 575 disputas interestatales militarizadas en el nivel mundial, de las cuales 56 sucedieron en el continente americano representando el 9,7%. De esas disputas militarizadas, geográficamente ocurrieron: 5 en América del Norte, 19 en América Central, 6 en el Caribe, 23 en la zona Andina y 3 en el Cono Sur. Al analizar la frecuencia anual de las disputas militarizadas se encuentra que en el nivel mundial han oscilado Entre 19 (año 2010) y 39 (año 2005). En el caso americano….han oscilado entre 1 (años 2002, 2004 y 2007) y 8 (años 1995, 1997 y 2000), permitiendo dos afirmaciones: durante la posguerra fría las disputas militarizadas siempre estuvieron presentes anualmente en América; no obstante, hay una clara diferencia entre la década de 1990 que acumuló 37, en comparación con la década del 2000, con 19. Por ello, la década del 2000 es significativamente menos conflictiva (p.88).

De esta manera, para Méndez-Coto no es posible afirmar que existe un complejo en Suramérica ni un subcomplejo en el Cono Sur, pero si reafirma la existencia de un complejo de seguridad en el área andina ya que, según los hallazgos la conflictividad se concentra en esta zona. Para este mismo autor, la zona andina posee dicha dinámica porque es un espacio de encuentro entre líderes regionales y mundiales, si se toma en cuenta la presencia de Estados Unidos a través de Colombia, situación que no ocurre en las demás zonas. De acuerdo con Mares (2001) citado por Méndez-Coto, no habido una larga paz en la región, si se entiende paz como ausencia de guerra, pero los enfrentamientos que han ocurrido no han sido de gran escala. Por ende, ha sido una paz híbrida que ha contado enfrentamientos de pequeña escala que han permitido el desarrollo de la democracia.

Coincidiendo con Méndez-coto (2016) se encuentran Orozco (2011) y Tickner & Mason (2003), que reafirman la existencia de un subcomplejo en el área andina, de tipo estándar caracterizado por la lucha contra el crimen organizado, la lucha antinarcótica, y con casos ocasionales de overlay o sobrecubierta7 por parte de los Estados Unidos para salvaguardar sus intereses a través del Plan Colombia, el cual se abordará más adelante. Sin embargo, siguiendo la línea de Yepes (2013) la diferenciación del subcomplejo andino marca un desafío para estudios posteriores sobre este tema, debido a la creciente influencia brasileña a través de figuras como el Unasur o el CDS, que no plantean delimitaciones institucionales al complejo andino, sino un régimen de seguridad mucho más amplio, tomando como referencia a Suramérica, para la concepción de la seguridad y la defensa. En este sentido, Tickner (2004) identifica que, si bien Brasil y Panamá no se reconocen como miembros del complejo, los niveles de interacción entre estos dos países y Venezuela, Ecuador, Perú y Colombia, son muy altos y dentro de la Iniciativa Regional Andina (IRA) liderada por Estados Unidos, se reconoce a estos dos países más Bolivia, como una sola región. No obstante, como se menciona anteriormente es necesario que, ante las nuevas institucionalidades, el estancamiento económico brasileño, las recientes firmas de Tratados de Libre Comercio con países como Canadá, Estados Unidos, China y la Unión Europea, y la reciente desmovilización de las FARC-EP, se destinen esfuerzos académicos hacia el estudio del impacto de estos sucesos sobre las delimitaciones y formaciones de los complejos de seguridad en todas las Américas.

En conclusión, lo que se puede afirmar es que a pesar que la conflictividad ha estado presente en la región suramericana, dicha conflictividad está focalizada en el área andina, lo que reafirma la existencia al menos de un complejo de seguridad en esta zona. La creación de la Unasur y de un CDS para coordinar políticas de defensa, da cuenta que hay un intento regional liderado por Brasil de avanzar hacia una comunidad de seguridad, en donde evidentemente será la potencia regional de la comunidad. Sin embargo, las preguntas que cabe hacerse ahora son: ¿Qué rol ha jugado las FARC-EP para la conformación del complejo de seguridad en la zona andina? Y finalmente ¿Cuáles son las razones para que las FARC-EP no se hayan consolidado como amenaza en la región?

3. Las FARC-EP como amenaza regional

Son tres las razones claves para entender porque las FARC-EP no se ha consolidado como amenaza regional y a su vez, entender su papel como actor en el complejo de seguridad andino: 1) Implementación del Plan Colombia 2) La inscripción de las FARC-EP en patrones de seguridad más duraderos conocido como macrosecuritizaciones y 3) Actividad diplomática e inserción internacional de las FARC-EP.

3.1 Implementación del Plan Colombia y la macrosecurtización de las FARC-EP

Las FARC-EP se definen como “un movimiento revolucionario de carácter político militar nacido en el año de 1964 en las montañas del sur del departamento del Tolima” (FARC-EP, 2016). El origen de este grupo guerrillero es rural, y surge según Molano (2015) como una reacción de los campesinos del sur del departamento del Tolima ante los constantes abusos del Estado y el choque con los grandes terratenientes de la zona. Por otro lado, Pataquiva (2009) no ve a las FARC-EP como un grupo reaccionario, sino todo lo contrario, como aquellos que se aprovecharon de la etapa de violencia del país para ocupar ilegalmente terrenos baldíos. En otras palabras, el conflicto colombiano, al menos entre las FARC-EP y el Estado es un conflicto por el control y uso de la tierra.

Según Trejos (2011) las FARC-EP tiene como objetivo principal tomar el poder por la vía armada y el establecimiento de un gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional, bajo 11 ideales, entre los cuales se destacan el control estatal sobre los sectores estratégicos de la producción, tierras productivas para el campesinado con grandes incentivos, impuestos de carácter progresivo y relaciones internacionales bajo el principio de la no intervención de fuerzas extranjeras. La guerra entre el gobierno colombiano y las FARC-EP alcanza su punto más violento entre la década de 1990 y el 2000, en donde las FARC-EP le tomaron la ventaja al ejército colombiano, cercando varias ciudades y las principales vías del país, haciendo notoria la debilidad del Estado (Trejos, 2015a).

No obstante, con la implementación del Plan Colombia en cooperación con el gobierno estadounidense, centrado en la lucha antidroga, el Estado logró recuperar parte del control territorial que había perdido. Es en este punto en que las FARC-EP se comenzaron a considerar como una amenaza regional, debido al repliegue estratégico hacia las fronteras y zonas montañosas que se vio forzada hacer, a causa del aumento del pie de fuerza del ejército. No obstante, lo que se consideró como amenaza por los países de la región no fue a las FARC-EP, si no la implementación del Plan Colombia (Trejos, 2015a).

El Plan Colombia es un acuerdo de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos, que tuvo como fin la lucha antinarcótica en las zonas de producción por medio de fumigaciones y fortalecimiento militar de las fuerzas armadas colombianas (Vega, 2012). Para Rojas (2011) existen seis razones para entender la intervención norteamericana en el conflicto colombiano: 1) La caída de la unión soviética y la eliminación del máximo exponente del comunismo, derrumbó el conflicto este-oeste de la guerra fría. En este contexto, el comunismo como amenaza pierde fuerza y el narcotráfico y sus redes de criminalidad saltan en la agenda pública como primer tema de seguridad. 2) Crisis del gobierno de Ernesto Samper y las constantes acusaciones del ingreso de dineros del narcotráfico en su campaña. 3) La transformación del papel de Colombia en la estructura del narcotráfico, ya que paso de ser procesador y comercializador a ser el principal productor. Se produjo un boom de producción en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Putumayo. 4) intensificación de la participación de otros grupos armados ilegales en la economía de la droga y la aparición de los baby cartels o pequeños grupos de narcotraficantes en remplazo de los grandes carteles. 5) La presión ejercida por Estados Unidos para aplicar la estrategia antinarcóticos. 6) La presión contradictoria de los países vecinos como Ecuador, Brasil y Venezuela, para que el Estado colombiano tomara cartas en el asunto, ante un posible desbordamiento del conflicto colombiano.

Sin embargo, la figura del Plan Colombia como mecanismo de intervención americano genera dudas en cuanto a la finalidad real de la estrategia. Para autores como Vega (2012) y D’Acier (2005) la guerra contra el terrorismo y la guerra contra las drogas son un engaño por parte del gobierno americano, que busca salvaguardar sus intereses sobre los recursos naturales y el exterminio de rebeliones en contra del sistema capitalista. Para Vega, la dominación territorial de Estados Unidos responde a un criterio más económico que político. No obstante, Tokatlian (2001) señala que existen tres tipos de intervenciones en el plano internacional: 1) intervención por imposición 2) Intervención por deserción e 3) Intervención por invitación. El caso colombiano parece ser una combinación entre los tres tipos de intervención, en donde efectivamente Estados Unidos presionó para que se aplicara el Plan Colombia, hubo un fracaso del Estado colombiano en contener el conflicto y manejarlo, y fue el propio gobierno colombiano que presentó el primer borrador del Plan. De esta manera, el Plan Colombia es un escenario donde convergen intereses entre dos actores del sistema internacional, en este caso Colombia y Estados Unidos.

La puesta en marcha del Plan tenía un costo aproximado de 7500 millones de dólares y estaba fundamentado en cuatro componentes: recuperación económica y social, proceso de negociación del conflicto armado, estrategia antinarcóticos, y fortalecimiento institucional y desarrollo social. El 80% de la ayuda americana estaba destinada a modernizar y reestructurar las fuerzas armadas y la policía, mientras que el 20% restante era para el componente social del plan (Duro, 2002). Los componentes precisos del plan en montos y en adquisiciones militares son los siguientes:

El paquete específico para Colombia llega a 860,3 millones de dólares. De ese total, la asistencia militar asciende a 519,2 millones de dólares y la ayuda policial alcanza a 123,1 millones de dólares. En ese sentido, se trata de fortalecer las fuerzas armadas (tres nuevos batallones para operar en el sur del país; 16 helicópteros Blackhawk y 30 helicópteros UH-1H Huey; y mejores instrumentos de combate y comunicación) para que efectivamente asuman una postura más ofensiva en la guerra y de mejorar la capacidad de la policía en el combate contra las drogas (2 helicópteros Blackhawk y 12 helicópteros UH-1H Huey; entrenamiento para labores de fumigación, etc.). Otras categorías contempladas son: desarrollo alternativo (68,5 millones de dólares), ayuda a los desplazados (37,5 millones de dólares), derechos humanos (51 millones de dólares), reforma judicial (13 millones de dólares), aplicación de la ley (45 millones de dólares) y paz (3 millones de dólares) (Tokatlian, 2001 p.211).

Otra de las ambigüedades que ha acompañado al Plan Colombia es que no se sabe a ciencia cierta si es un plan antinarcótico es una estrategia contrainsurgente. En su formulación inicial la modernización a las fuerzas del Estado estaba justificada por la fumigación aérea de cultivos en áreas bajo el control de la guerrilla (Rojas, 2007). No obstante, luego del 11-S esta ambigüedad desapareció y ambas estrategias se fusionaron bajo el eslogan de la lucha global contra el terrorismo (Emerich, 2009). El atentado a las torres gemelas puso como prioridad en la agenda internacional la amenaza terrorista, subordinando estrategias regionales de seguridad y desarrollo a esta lucha global encabezada por Estados Unidos, en donde la ayuda económica ofrecida comienza a ser destinada hacia aquellos lugares donde existen amenazas latentes a la seguridad de los Estados más poderosos (Sanahuja, 2005; Prado y Ochoa, 2009).

En Colombia la fusión de ambas estrategias se consolidó en la puesta en marcha de la Política de Seguridad Democrática (PSD) bajo el gobierno de Álvaro Uribe, la cual reafirmaba la lucha contra las FARC-EP bajo la lucha mundial contra el terrorismo (Rojas, 2015). Bajo esta política, el gobierno colombiano comenzó una diplomacia antiterrorista, en donde busco por medio de escenarios internacionales consolidar la imagen de las FARC-EP como grupo terrorista. En otras palabras, se evidencian los niveles hasta donde penetra la estrategia de política exterior estadounidense, ilustrada de mejor manera en el Gráfico 2.

Gráfico 2. Estrategias antinarcóticas y contrainsurgentes

Fuente: Elaboración propia con base en Rojas (2015, 2011, 2007) D’Acier (2005) y Duro (2002).

La IRA es la columna vertebral de la política exterior de Estados Unidos hacia ALC, y se concentra en cuatro aspectos básicos: defensa de la democracia, fomento del desarrollo económico, liberalización del comercio y lucha contra el narcotráfico (Duro, 2002). Por su parte el Plan Patriota se considera el componente militar de la PSD en donde el objetivo principal era la derrota de las FARC-EP, por medio de la recuperación del control territorial con la instalación permanente de bases militares en aquellos lugares donde se ubicaba la guerrilla (Rojas, 2015).

En resumen, para entender el rol de las FARC-EP como amenaza regional es indispensable mirar al detalle la puesta en marcha del Plan Colombia, porque a pesar de ser una estrategia antinarcótica, termino siendo contrainsurgente en la práctica, e intervino aquellos focos geográficos donde había cultivos de coca y presencia de las FARC-EP, como los departamentos del Putumayo y Caquetá (Gutiérrez, Tobón, Suárez, Vanegas y Duncan, 2016; Emmerich, 2009; Duro, 2002). En este sentido, lo que se plantea aquí es la convergencia de tres elementos: a) la injerencia de un actor externo a la región suramericana a través de un tratado de cooperación militar b) la presencia de los cultivos de coca y amapola en zona fronteriza y c) que estos cultivos estén bajo el dominio de las FARC-EP.

De acuerdo con el Observatorio de Drogas de Colombia (2016):

El censo de cultivos ilícitos de 2015 registró presencia de cultivos de coca en 21 departamentos del país. De las 96 000 hectáreas sembradas en el país, el 81% de los cultivos se concentran en cinco departamentos: Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Cauca y Caquetá; tres departamentos están libres de coca en 2015: Caldas, La Guajira y Cundinamarca y siete departamentos tienen menos de 100 hectáreas y avanzan hacia consolidarse como libres de coca: Guainía, Vaupés, Arauca, Boyacá, Magdalena, Cesar y Santander (p.60).

De esta manera, como se mencionó anteriormente, la implementación del Plan Colombia para los países vecinos comienza a verse como una solución errada al problema de las drogas y a la presencia de las FARC-EP en las diversas fronteras con Venezuela y Ecuador (Gutiérrez et al., 2016) y es vista más bien como un mecanismo que amenaza realidades y posibilidades a futuro para cada uno de los integrantes del subcomplejo andino (D’Acier, 2005). Por ejemplo, para Venezuela, Bolivia y Ecuador, el Plan es una amenaza a su seguridad nacional y para Brasil es un tratado que mina sus posibilidades de liderazgo en la región (Iglesias-Cavicchioli, 2010).

Desde la teoría de la securitización, las FARC-EP fueron utilizadas como justificación por parte del gobierno colombiano para iniciar procesos de securitización, pero con el apoyo del gobierno norteamericano y sin el apoyo de los gobiernos de la región, como se constató anteriormente. Desde esta misma teoría, la constante intervención de Estados Unidos a través del Plan Colombia, en la lucha contra las FARC-EP puede ser analizado de la siguiente manera.

Efectivamente existe un CSR en la zona andina caracterizado por la lucha antinarcótica y contra el crimen organizado, en donde Estados Unidos como potencia mundial, interviene esporádicamente para salvaguardar sus intereses (sobrecubierta). En este sentido, como lo afirmamos anteriormente, estaríamos frente a un CSR estándar con ocasionales casos de overlay, puesto que la intervención estadounidense termina configurando las dinámicas del complejo generando percepciones de amistad y enemistad entre los integrantes del mismo (Buzan & Waever, 2003).

Sin embargo, como lo hemos visto en párrafos anteriores, las FARC-EP en la región andina se han visto envuelto en patrones de seguridad mucho más amplios y duraderos que sobrepasan los CSR (Tickner & Mason, 2003), conocidos como macrosecuritizaciones. Una macrosecuritización contiene los mismos elementos que una securitización a escala regional, lo único que cambia es el nivel y lo abarcador del discurso sensibilizador, con el fin de ligar o subordinar otras securitizaciones dentro de un solo conjunto (Buzan & Waever, 2009). En este orden de ideas, el conflicto colombiano y las FARC-EP específicamente, han sufrido una macrosecuritización parcial, de escala media tomando como referencia el gráfico 1 y la tabla 2, ya que el fenómeno del grupo guerrillero ha sido subordinado primero a la lucha mundial contra las drogas y posterior al 11-S, más la llegada de Álvaro Uribe al gobierno colombiano, a la lucha mundial contra el terrorismo.

Se afirma que la macrosecuritización de las FARC-EP es a escala media, porque los países vecinos no identificaron como amenaza directa al grupo guerrillero, si no al Plan Colombia, por las razones que se han expuesto antes. De acuerdo a la tabla 2, la macrosecuritización ha sido parcial porque el objetivo de las FARC-EP es sustituir al gobierno colombiano, por un gobierno marxista-leninista y bolivariano, y su guerra es frontal contra el Estado y sus instituciones, no contra un grupo específico de la población, por lo que se han securitizado los sectores estatal y político.

En resumen, desde la teoría de los CSR, las FARC-EP no se consolidó como amenaza regional, porque dentro de las dinámicas del CSR andino, el Plan Colombia es visto como un caso de overlay o de intromisión estadounidense en asuntos suramericanos. De esta manera, el Plan Colombia supuso una amenaza mayor para los países de la región, que la amenaza que pudo llegar a significar las FARC-EP. A su vez, el Plan Colombia además de ser visto como un caso de overlay, constituye un caso macrosecuritización media y parcial del fenómeno de las FARC-EP, en la lucha mundial contra el terrorismo, que significó la adopción de una serie de medidas y el aumento del pie de fuerza del gobierno colombiano sobre las FARC-EP, a través de la PSD y del Plan Patriota, medidas que fueron controversiales y generaron dudas sobre su aplicación y sus fines verdaderos. A continuación, se estudiará la actividad diplomática de las FARC-EP como otra de las razones principales, por las cuales la organización no se consolidó como amenaza dentro del CSR andino.

3.2 Actividad diplomática e inserción internacional de las FARC-EP

La actividad diplomática y la inserción internacional del grupo guerrillero es uno de los aspectos claves para entender el papel del grupo en las dinámicas de seguridad y los procesos de securitización en el complejo andino, ya que como mencionamos en el segundo apartado, uno de los puntos para identificar la existencia de un complejo son las percepciones de amenaza y amistad que se puedan formar entre los actores integrantes del mismo.

De acuerdo con Trejos (2013; 2015a; 2015b) las FARC-EP puede ser vista como un actor no estatal que ha logrado forjar lazos de amistad con gobiernos y estados alrededor de todo el mundo, por medio de diversas estrategias y mecanismos. La primera de las estrategias fue la creación de una Comisión Internacional de las FARC-EP (Cominter) la cual es fruto de la octava conferencia de la organización en 1993. Esta comisión estaba a cargo de Raúl Reyes y tenía como propósito estrechar lazos de amistad con países socialistas, difundir la imagen de un movimiento serio y los proyectos que se llevaban a cabo, y que finalmente se reconocieran su lucha. La Cominter definió dos espacios de trabajo: Europa y Centroamérica y el Caribe. En Centroamérica se lograron instalar en Costa Rica y posteriormente en México con la idea de abrir oficinas en ambos países. No obstante, estos proyectos de establecimiento permanente en estas dos regiones se vieron truncados por protestas formales del gobierno colombiano, lo que llevo a las FARC-EP a delegar su actividad diplomática a personas no directamente relacionadas con el movimiento pero que compartieran sus ideales.

Otro de los mecanismos usados por las FARC-EP como medio de inserción internacional fue el bolivarianismo y los Comités de Solidaridad con las Luchas del Pueblo Colombiano creados en 2001. Estos comités funcionan como una Organización Política de Masas (OPM) es decir un ente intermedio y articulador entre las FARC-EP y el pueblo o las bases, en donde la finalidad es la organización de campañas de denuncia internacional en contra del Estado colombiano. Estos comités a su vez estaban inscritos en la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB) que le permitió a las FARC-EP continentalizar su discurso y sus proyectos políticos. Vale la pena destacar que, a pesar que las FARC-EP es una organización de carácter marxista-leninista, también se considera bolivariana, inscripción que dejo clara en la novena conferencia en 2007 donde el objetivo en cuanto a inserción internacional fue llegar a la región a través del discurso bolivariano.

Esto es importante señalarlo porque los objetivos y el discurso internacional de FARC-EP han coincidido como lo demuestra Yepes (2013) con gobiernos socialistas en el continente suramericano, hecho que ha llevado al gobierno colombiano a cuestionar en más de una ocasión el compromiso internacional de sus vecinos en la lucha contra el terrorismo. En suma, lo que vemos son espacios diplomáticos que buscan llenar el gobierno y las FARC-EP por medio de dos discursos políticos distintos, uno antiamericano, socialista y bolivariano, más afín a los ideales políticos de la región y otro antiterrorista y neoliberal, más afín a los intereses estadounidenses. En este sentido, esta actividad diplomática de las FARC-EP ha sido un elemento dinamizador de las percepciones de amistad y enemistad en el complejo andino, al igual que la implementación del Plan Colombia.

4. Conclusiones

Las amenazas y los conflictos actuales en Suramérica tienen como lugar de origen y desarrollo, la periferia de las grandes ciudades. La guerra que libra las FARC-EP, es por el contrario, un conflicto que tiene como punto de partida el control de la tierra, y en ese sentido es rural. En este orden de ideas, las FARC-EP plantea como objetivo general de su lucha, la toma del poder por la vía armada con base a unas premisas antiliberales, sin objetivos que amenacen el orden internacional vigente, pero que cambian el status quo de la región. La diplomacia e inserción internacional lograda por el grupo armado y el hecho de no amenazar el equilibrio de poderes ni la autonomía de los países vecinos a Colombia, hacen que no sea vista como una amenaza existencial para los países del área andina. Por el contrario, la intervención estadounidense en el conflicto colombiano por medio del Plan Colombia si es vista con recelo y plantea escenarios de discordia entre los Estados vecinos, que todavía tienen gobiernos de izquierda como Ecuador y Venezuela.

La consideración de las FARC-EP como una organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado de EEUU, la implementación del Plan Colombia y por último los eventos del 11-S, fueron claves para la inscripción del conflicto armado a una securitización a mayor escala que la escala regional, la macrosecuritización de la lucha mundial contra el terrorismo que subordinó y ligó el CSR del área andina a un orden más sistémico de dinámicas de seguridad. En este sentido, y teniendo en cuenta los retos que plantea la implementación del acuerdo de paz entre las FARC-EP y el gobierno colombiano, una de las dudas que surgen es, de qué manera se reorganizaran las percepciones de amenaza en el complejo andino luego de la desaparición de las FARC-EP como grupo armado y su inserción como partido político en la vida civil.

No obstante, la desaparición de las FARC-EP como organización terrorista no es el único hecho novedoso dentro del CSR andino. Estados Unidos ha anunciado recientemente la renovación de su apoyo militar a Colombia bajo el nuevo Plan Paz Colombia, es decir, que la presencia estadounidense continua fuerte en la región. Vale la pena estudiar, también en este bosquejo de posibilidades, y teniendo en cuenta la fuerte presencia que están ejerciendo las Bacrim en zona fronteriza con Ecuador, con el propósito de apropiarse de los mercados de producción de coca, cuál será el tratamiento que se les otorgara a estos actores no estatales, que amenazan la seguridad regional pero no cuentan con las mismas redes diplomáticas con las que contaban las FARC-EP.

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