Resumen

A lo largo de los 10 años de gobierno de Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, se ha mantenido una retórica de protección al medio ambiente, a los indígenas que habitan en el país y la idea de posicionar a este lugar como un espacio al margen de políticas económicas extractivas y de explotación de recursos. Algunas razones como la falta de independencia alimentaria y la necesidad económica de exploración y explotación de minerales han hecho que no exista una continua tensión simbólica entre unos discursos legitimadores del proyecto político de Morales, y los hechos a lo largo de su presidencia, los cuales muestran un continuo atropello al medio ambiente, a los grupos indígenas y que ha posicionado al país como un socio internacional importante de exportación de materia prima para Europa y América del Norte.

Palabras Clave: Políticas extractivas, medio ambiente, grupos indígenas, economía, biodiversidad.

Abstract

Throughout the ten years of Evo Morales’ government, president of the Plurinational State of Bolivia, there has been a rhetoric of protection to the environment, to the natives who inhabit the country, and to the idea of positioning this place as a land outside of extractive economic policies, and of the exploitation of resources.

Some reasons, such as the lack of food independence and the economic need for exploration and exploitation of minerals, have meant that there is no harmony between the political discourse of Morales’ government and the events that took place throughout his presidency, which show a continuous attack on the environment and indigenous groups. It has also positioned the country as a major international export partner for raw materials for Europe and North America.

Key Words: extractive policies, environment, indigenous groups, economy, biodiversity.

Introducción

Actualmente, América Latina vive profundos conflictos sociales que se expresan en una suerte de “guerra de territorios”, donde actores sociales antagónicos intentan controlar espacios territoriales como una manera de imponerle a sus adversarios relaciones de poder favorables a sus intereses (Zibechi, 2009, p. 317). Estos conflictos están determinados por la pugna entre dos visiones del mundo que coexisten en nuestro territorio latinoamericano: desarrollo capitalista y desarrollo autónomo tradicional; de acuerdo con usos y costumbres de los pueblos originarios o tradicionales. Uno de los casos más sobresalientes de esta disputa se da en Bolivia, donde el conflicto político, económico, social y territorial del Gobierno del presidente indígena Evo Morales Aymá, con las élites de Santa Cruz de la Sierra es evidente en torno a la visión de desarrollo económico del país.

Bolivia es un país rico en recursos mineros y energéticos. Su economía ha dependido principalmente del sector primario, con la extracción y exportación de materias primas, aunque la industria y el sector de servicios son importantes en algunos departamentos. Históricamente el Estado y el poder político han sido controlados por terratenientes mestizos o blancos pertenecientes a élites regionales (Peña, 2003; Assies, 2009). Lo anterior se traduce en una alta concentración del ingreso: un índice Gini de 56,3 para el 2008; el sexto puesto en el índice Gini por país a nivel mundial (Banco Mundial, 2013)

La concentración de la riqueza contrasta con el hecho de que ―pese a tratarse de un Estado plurinacional con una amplia presencia de población indígena: 62,2 % (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), 2013)-la mayoría de indígenas viven en condiciones precarias e incluso de esclavitud. La inconformidad de una población mayoritaria en términos cuantitativos y minoritarios en términos políticos y económicos se reflejó en la Guerra del gas y la consecuente renuncia del presidente Mesa. En ese entonces, los bloqueos generados por el movimiento cocalero liderado por Evo Morales estaban dirigidos a presionar al legislativo para aprobar la Ley de Hidrocarburos, destinada a aumentar las regalías del 18 % al 50 % y a reclamar la propiedad estatal absoluta sobre los hidrocarburos y el gas, así como la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

El interés en las regalías se puede explicar por el hecho de que el modelo de desarrollo del presidente Morales presenta un híbrido entre la concepción del pensamiento ancestral indígena y el socialismo; dicha mezcla podría explicar ―hipotéticamente― el acentuado interés de este Gobierno por las regalías (Cunha, Mendonça, & Gonçalves, 2010). Pues, si bien favorece la explotación de un recurso “sagrado”, que en una concepción puramente indígena se protegería, se podría afirmar que dichas acciones están dirigidas a consolidar un capitalismo de Estado (como fase del socialismo).Se busca nacionalizar recursos con el fin de quitarlos de manos de privados y multinacionales, para redistribuirlos entre los nacionales más pobres (Sandoval, 2010, p.1). La cuestión de la regulación de las regalías por parte del Estado sigue siendo un asunto central hasta la actualidad en la puesta en marcha del modelo de desarrollo de este Gobierno. La hibridación en el discurso y puesta en práctica de un modelo indígena-socialista de Morales obedece a una mixtura entre un concepto típicamente occidental como lo es el desarrollo, articulado a la definición de un Estado plurinacional, que le apuesta al desarrollo de las autonomías locales de acuerdo con usos y costumbres tradicionales de los pueblos, en medio de un sistema económico capitalista y de un Estado en el que las mayorías indígenas se han visto históricamente excluidas (Assies, 2009).

En suma, el modelo de desarrollo planteado por Morales intenta articular su cosmovisión del pensamiento ancestral indígena con una plataforma de corte socialista que se traduce en su Plan de Desarrollo Nacional: Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para Vivir Bien. La inserción de un modelo de corte popular y socialista ha desencadenado conflictos internos entre el Gobierno y la oposición de sectores productivos y terratenientes tradicionales de élite, principalmente en el departamento de Santa Cruz, la región más rica y más poblada de todo el país, la cual se ha preocupado por garantizar su autonomía regional con el fin de ejercer su actividad económica capitalista, en franca y abierta oposición a la apuesta nacional del reelecto presidente Morales (Quiroga, 2014).

Así las cosas, Bolivia cuenta con algunas regulaciones propias y algunas otras inscritas por medio de tratados internacionales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Castro y Ferrufino, 2014, p. 8) guiados a la defensa de los recursos naturales y de grupos indígenas. El activismo de su presidente respecto a este tema, así como la reivindicación de lo indígena y lo ambiental, han incidido en el desarrollo de los principales nodos temáticos del discurso del concepto de desarrollo ancestral. Inclusive, en foros mundiales de medio ambiente como la COP20 (Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 2014), la Asamblea General de la ONU (Sáez, 2007), o en el G77 + China (Estado Plurinacional de Bolivia , 2014), Bolivia ha sido reconocido por ser un país que lucha por el logro de compromisos para el medio ambiente y que llama la atención de países industrializados sobre el poco avance que han tenido en las responsabilidades que se han tomado en años pasados frente a este tema.

Este llamado de atención se hace en declaraciones como:

Vivimos una crisis climática que obedece a un modelo de desarrollo cuyos niveles de consumismo e industrialización han generado un exceso de emisiones de gases contaminantes que han provocado el calentamiento global y los  desastres naturales que afectan al mundo entero (Estado Plurinacional de Bolivia , 2014).

O “El origen de estas crisis es la exagerada acumulación del capital en pocas manos, es el saqueo permanente de los recursos naturales, es la mercantilización de la Madre Tierra” (Misión Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante las Naciones Unidas, 2009, p. 2).

Amaya y Pino (2015) propusieron que ante la presencia de dos proyectos opuestos de desarrollo económico, político y social, se debe producir una convergencia política a través de la construcción de consensos que eviten que el crecimiento económico y desarrollo social alcanzado se desaceleren, y que los efectos redistributivos no lleguen a las poblaciones más pobres y vulnerables, mientras que éste se desarrolle en un marco respetuoso con el medio ambiente.

El desarrollo de este proyecto político y económico en Bolivia en torno al concepto de desarrollo ancestral obliga a replantear esta hipótesis. Al contrario de lo que se postuló, las mayores amenazas no provienen de proyectos opuestos de desarrollo por parte de otros actores políticos, sino al interior de las mismas políticas implementadas en el gobierno de Evo Morales. En los últimos años, se propone que se ha producido un distanciamiento cada vez más marcado en los discursos producidos por las élites políticas en torno a un concepto de desarrollo ancestral y las prácticas de explotación del territorio que se han implementado en los últimos años en este país. Un ejemplo de esto es la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009 que identifica a este país como un Estado “de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia (…) en las marchas indígenas”. A pesar tratarse de una Constitución con menos de 10 años de creación, la realidad del país parece encontrarse alejada de tales apreciaciones, principalmente en materia económica, ambiental y de independencia comercial.

Para abordar este planteamiento el presente artículo busca contrastar el discurso de desarrollo ancestral con las distintas dimensiones en que éste se desenvuelve en la realidad boliviana. Más específicamente, la forma en que se ha aumentado la dependencia de Bolivia al mercado internacional, profundiza la apuesta por la primarización de la economía, no se han mejorado los estándares ambientales para la explotación de recursos y se ha incrementado los costos para la población por el desarrollo de actividades económicas.

En un primer momento, se analiza el discurso del gobierno y entidades del mismo, teniendo en cuenta las posturas de protección al medio ambiente y al multiculturalismo étnico, en contraste con la búsqueda de expansión económica con el predominio de la explotación y exportación de materia prima.

Seguido a esto, se encuentra una serie de hechos y cifras, que fortalecen la tensión del discurso de desarrollo ancestral del gobierno gobierno boliviano, con las políticas extractivistas del mismo. En esa misma sección, se dedica un espacio para analizar el trato que han recibido algunos grupos indígenas que están protegidos jurídicamente para mantenerse al margen de las políticas económicas, pero que en realidad se evidencia un choque contra su bienestar y el de sus áreas protegidas en el marco de las políticas extractitvistas y finalmente se presentan las conclusiones.

Análisis del modelo de desarrollo del presidente Evo Morales Ayma

Los modelos de desarrollo implementados en la historia de Bolivia han traído como consecuencia la conformación de una economía con serias deficiencias estructurales que perpetúan un esquema inequitativo, basado en la concentración de la tierra y de la riqueza, que mantiene y profundiza una pobreza estructural, de acuerdo con Sandoval (2010):

La relación de la economía boliviana y su vinculación con los centros de poder que ha originado la explotación sucesiva de la plata, la goma elástica, el estaño, el petróleo y actualmente, el gas, sin vinculación con el conjunto de los otros sectores productivos, concentrando la riqueza en unos sectores, mientras que la mayoría de la población vive bajo la pobreza. El PNUD ha caracterizado este problema estructural como el patrón de acumulación de “base estrecha”(p.1).

A través de la historia de Bolivia, se van modificando modelos económicos, pero sin que se logre salir de este.

El patrón de acumulación […] la pobreza es un problema estructural, que proviene tanto de la muy mala distribución del ingreso, como de la relación de la economía boliviana con el resto del mundo a través de la explotación de recursos naturales. Es decir, la estructura económica combina sectores muy productivos y con alta inversión tecnológica, pero que emplean a pocos trabajadores versus sectores poco productivos, con insuficiente capital, pero intensivos en fuerza de trabajo (Sandoval, 2010, p.1).

Este efecto fue producido por la implementación del modelo neoliberal, y condujo a un déficit económico de 170,2 millones de dólares en los primeros nueve años del siglo xxi (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 2009, p. 98), todo ello como consecuencia de la recesión económica mundial a finales del siglo xx, la cual es producto de la crisis de la implementación de dicho modelo.

Ante este panorama general, el modelo de desarrollo del Movimiento al Socialismo―y específicamente del presidente Evo Morales― formula una política de capitalismo de Estado, de manera que busca recuperar el control sobre los sectores estratégicos de la economía, los cuales fueron supeditados a la dinámica del mercado bajo la lógica neoliberal (Cunha, Mendonça y Gonçalves, 2010; Schavelzon, 2012). Al mismo tiempo, se acentúa el factor de la producción comunitaria tradicional, situación que se refleja en el objetivo del Plan del Desarrollo Nacional: “Constituir un Estado con potencia transformadora que reconozca los diversos actores sociales y de las economías, estatal, privada, comunitaria y mixta”. El principal lineamiento del Plan Nacional de Desarrollo se refiere a la transferencia de excedentes entre los sectores generadores de excedentes y los generadores de ingresos y empleo (Sandoval, 2010, P.15).

La pugna sobre el modelo de desarrollo que debe predominar en Bolivia se inscribe dentro de esta paradoja de la modernidad: autonomía vs. homogenización occidental. El punto central de la discusión es hacia dónde se camina: ¿hacia el referente modernizante impuesto por la globalización (que se erige como única opción e inevitable) o hacia la consolidación de la concepción propia de desarrollo a partir de usos y costumbres tradicionales en alianza coyuntural con el socialismo? Las élites de Santa Cruz le apuestan al primer camino, y Morales, al segundo.

Sin duda, la reproducción del modelo modernizante obedece a la continuidad de la colonia ―entendida como estructura de conocimiento y de poder― a la manera de poscolonialidad (Castro-Gómez, 2005). La resistencia indígena adopta formas del discurso moderno bajo la etiqueta socialista, sin embargo, es posible afirmar que se trata de la única posibilidad de crear alternativas de desarrollo propio, ante la dinámica avasalladora del capital transnacional y del modelo del agro-negocio en América Latina. El discurso del desarrollo se erige ―desde esta perspectiva― en la reacomodación de las prácticas coloniales que hoy reconocen formalmente el valor de los conocimientos tradicionales en el manejo de los recursos naturales, y en la realidad los utilizan para expandir la dinámica de explotación transnacional, que ahora adopta formas más sutiles, aunque continúa implementando el recurso de la violencia, lo cual se hace evidente en la alianza estratégica entre empresarios transnacionales y militares.

La intervención del actual Gobierno ha redundado en el aumento de los índices del crecimiento económico que se reflejan en al aumento del producto interno bruto (PIB) del 4,2 % en 2006 al 6 % en 2008, con promedio del 5,1 % anual, mientras que durante la crisis de 2003-2006 alcanzó niveles de tan solo 2,5 %. Así mismo, el PIB per cápita aumentó de mil dólares en 2006 a mil trescientos en 2007, y aunque la cifra es favorable, no resulta tan significativa por la mala distribución del ingreso (Sandoval, 2010). Por otra parte, ya desde 2004 se observa una tendencia al aumento de las exportaciones. Se consideraba un gran logro haber superado los 2000 millones de dólares en exportaciones; el 2007, las exportaciones llegaron a la histórica cifra de 4793 millones de dólares, y de enero a junio de 2008 llegaron a 2588 millones de dólares, lo que hace suponer que hasta fin de año podrían acercarse o superar los 5000 millones de dólares. Desde 2004, hay superávit comercial, las importaciones también han ido creciendo; esta situación es más favorable en las tres últimas gestiones (Sandoval, 2010, p. 3).

Según los datos reseñados, la intervención de Morales ha resultado favorable para el país y ha conseguido salir de la crisis a la que condujo el modelo neoliberal, por medio de la puesta en marcha de una política económica dirigida desde el Estado. Sin embargo, pese a estos efectos positivos, el modelo del actual presidente enfrenta algunas amenazas, por cuanto presenta la segunda inflación más alta de América Latina según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) (2008), lo cual afecta negativamente la capacidad adquisitiva de las familias y redunda en la disminución en la capacidad de los pobres en el acceso a los alimentos.

No obstante, el modelo de desarrollo basado en el concepto de desarrollo sostenible enfrenta obstáculos endógenos y su desarrollo señala tensiones y límites del discurso nacionalista y ambiental de Morales y la forma en que éste ha conducido e implementando su política económica. Esta creciente tensión surge, en la medida en que el discurso ha sostenido una faceta simbólica del gobierno, mientras que la ejecución económica revela que los fenómenos de dependencia económica, daño medio ambiental y afectación de la población se siguen incrementando a pesar de las banderas discursivas de este gobierno.

Discurso y Visión desde el Gobierno de Protección Ambiental e Indígena

Bolivia se caracteriza por tener una fuerte regulación a la protección del medio ambiente y por mantener un discurso político fuerte frente al cuidado y respeto que debe tener la naturaleza en la vida del ser humano. Como lo explican León y Arze (2013);

se evidencia por ejemplo un gran conjunto de normas destinadas a la protección del medio ambiente y un discurso político común a diversos agentes políticos y a varias organizaciones sociales que defiende la armonización entre las prácticas productivas y la naturaleza (con matices) (p.1).

Sin embargo, estos mismos autores sostienen que este discurso político se desarrolla en un ámbito más simbólico, que busca la empatía de los receptores. Como lo hemos nombrado anteriormente, este tipo de manifestaciones no se encuentran directamente ligadas al accionar del Estado, por lo que se queda en el discurso mientras que en la práctica se desarrollan políticas completamente distintas del mismo:

Pero el discurso político, por su propia naturaleza, al procurar la empatía de sus destinatarios y una interpelación política efectiva, puede permanecer en un plano simbólico, no comprometiendo a las prácticas concretas de sus enunciantes. Esto explica que gran parte de los operadores económicos no cumpla la normativa debido a vacíos y ambigüedades, falta de control estatal y flexibilización de ésta ante la existencia de intereses diversos (León y Arze, 2013, p.1).

Dentro de los vacíos del discurso, también se encuentra el uso de terminología que convence a los espectadores de la idea que se busca exponer, pero que al mismo tiempo no comprometen al gobierno con el cuidado directo del medio ambiente. En ese orden, la Fundación Madalbo de Bolivia recoge algunos de los ejemplos más recurrentes en el discurso de Evo Morales: “El presidente Evo enfatiza recurso hídrico, no cuenca. El presidente Evo Morales habla de pobreza y alimento en sus discursos, sin embargo insiste en seguridad alimentaria, no soberanía alimentaria; exportación, no industrialización”. La utilización de estos conceptos, según la Fundación Madalbo, no compromete directamente al presidente con el cumplimiento de sus declaraciones. Sin embargo, dan un sentimiento de calma a sus espectadores, en forma de compromiso con el medio ambiente (Fundación Madalbo, 2011, p. 31).

Como se estudia más adelante, la soberanía alimentaria y la exportación son dos aspectos importantes en la realidad boliviana, lo que sustenta el actuar poco amigable con el medio ambiente por parte del gobierno y las licencias que da a empresas multinacionales. Otro de los aspectos que nombra la Fundación Madalbo (2011) es la escaza o nula discusión sobre los derechos laborales por los cuales se rige Bolivia, razón por la que muchos trabajadores optan por empleos informales en donde prima el salario por encima de cualquier prestación social o beneficio para el trabajador.

Bolivia se ha manifestado internacionalmente en contra del actual sistema económico y ha intentado mantenerse al margen de las mismas, esto según declaraciones en foros internacionales, como los nombrados previamente en el presente artículo. En algunos de estos foros, la posición boliviana ha planteado que “la tierra no pertenece al hombre, sino el hombre pertenece a la tierra” (Urioste, 2010, p. 5), y que, en ese orden, los países industrializados deben evaluar sus patrones consumistas, principalmente sobre combustibles fósiles. A pesar de esto, los señalamientos de Bolivia hacia los otros países, no llega a compromisos individuales como la protección de bosques de la deforestación, fenómeno recurrente en países como Bolivia por su abundancia de bosques. Según Datos Bolivia (Datos Bolivia, 2013, p. 1), entre el 2000 y el 2010, Bolivia perdió 1 820 000 hectáreas por este fenómeno. Estos compromisos, más allá de los patrones de consumo que propone Bolivia, se deben ligar a compromisos de producción que terminan siendo el consumo de los países industrializados.

Al respecto, Urioste (2010) nombra que:

El discurso no prosigue con la exhortación necesaria a los países en desarrollo con abundancia de bosques tropicales como Bolivia, a cambiar también patrones — no de consumo pero sí de producción— en lo referido a las consecuencias, por demás conocidas, producto de la deforestación —siendo ésta la segunda causa de emisión de gases de efecto invernadero— (Urioste, 2010, p. 5).

Las divergencias entre el discurso y el actuar del gobierno se han mantenido a lo largo del periodo presidencial de Evo Morales, que se encuentra en el cargo desde el 2006. El tema de los transgénicos y agrocombustibles se mantuvo en la agenda nacional en noviembre del 2006. A pesar de que el presidente Morales mantuviera un discurso en contra de los agrocombustibles en sus intervenciones fuera del país, en ese año promulga una ley para permitir la construcción de una planta de biocombustible al norte de La Paz. (Villegas, 2013, p. 123). Dentro de este mismo documento, se incluyen también algunas reformas a la política agraria que marcarán la hoja de ruta para el programa económico de su gobierno. En su discurso, el gobierno busca cambiar su paradigma del desarrollo, ampliando la idea de “Suma Qamaña” o “vivir bien”. Cañavari et al. (2012) explican que,

Este cambio de paradigma propone la búsqueda de un estado de bienestar integral del ser humano tomando en cuenta no sólo los aspectos objetivos sino también los subjetivos construyendo una relación armónica del ser humano con su comunidad y de ésta con su medio a través de una relación mutuamente complementaria que excluye la posibilidad de bienestar de uno sin los otros, y rompiendo así con los modelos de desarrollo tradicionales basados en la acumulación material, el crecimiento económico y el bienestar hedonista del individuo (Cañaviri et al., 2012, p.10).

En relación con todo lo anterior y a manera de conclusión de esta primera parte, Peláez (2009) explica que las fallas y la “no armonía” entre el discurso y el actuar del gobierno, no se deben exclusivamente a una falta de regulación por medio de las leyes, ya que hemos visto anteriormente que el gobierno boliviano mantiene un marco jurídico estricto para evitar que se presenten daños al medio ambiente y a la población indígena. Tampoco se debe a la falta de conciencia moral por parte de los actores involucrados, ya que, tanto población civil como gobierno han mantenido la teoría de cuidar de la Madre Tierra e impedir su maltrato.

La principal razón para que este fenómeno se presente en el país es la coacción económica, las ansias de riqueza y de dinero, reflejado en la búsqueda acelerada de hidrocarburos sin importar si han sido zonas protegidas o si se trata del hábitat de alguna comunidad indígena. En palabras de Peláez “hacen que su capacidad de destrucción y de arrasamiento sea más grande y rápida que su inteligencia, astucia u organización para recuperar, defender y prever. Cada día que pasa les heredamos menos mundo a nuestros hijos” (Peláez, 2009, p. 27)

Peláez (2009) también agrega, que otro de los problemas de Bolivia en materia ambiental es que en sí, el desarrollo del país es limitado, lo que genera una presencia débil del Estado en la toma de decisiones. Como la realidad de muchos países de América Latina, Peláez es consciente que más allá de la promulgación de leyes y de la declaración en discursos sobre la protección al medio ambiente, no se cambia la realidad en la que está sumergida el país, en donde la minería genera una parte importante de la fuente de ingresos del país, por lo que anularlo y cumplir tales estamentos jurídicos traería fuertes consecuencias económicas para la población.

Inclusive, en algunas intervenciones del Estado, se ha hecho clara la intención de nuevas concepciones de desarrollo que incluyen la extracción de minerales y la deforestación. En el III Congreso Internacional Gas y Petróleo de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), desarrollado en el 2013, el Vicepresidente Álvaro García Linera, manifestó que el país debía usar las riquezas que tenía para evitar que a largo plazo vinieran empresas internacionales y se adueñasen de esta. Luego de manifestar el compromiso de su gobierno con el medio ambiente, argumentó que “pero no significa que nos vamos a quedar viviendo como hace 400 o 300 años para dejar esa riqueza para que de aquí a un tiempo vengan otros, que no vamos a ser los bolivianos, a usar esa riqueza” (El Día.com, 2013).

El siguiente es un segmento de uno de los discursos de Evo Morales en el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, desarrollado en Nueva York el 13 de Mayo de 2015. En él, se ratifica el compromiso que tiene Bolivia con el cuidado de los bosques, nombrando que para la concepción de naturaleza se debe tener en cuenta la concepción ancestral de los indígenas:

Para el Estado Plurinacional de Bolivia este Foro es de enorme importancia con relación al futuro de los bosques, en razón de lo cual, debemos empezar a construir una agenda de los bosques desde una mirada cosmocéntrica y que nazca de la visión de los pueblos indígenas y comunidades locales, donde existe igualdad entre los seres humanos y la naturaleza, donde ninguno está encima del otro; ambos tienen derechos, y tal como existen derechos humanos también derechos de la Madre Tierra (Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques , 2015).

El Actuar del Gobierno en Contraste con su Discurso

Habiendo estudiado de manera general la forma en la que el gobierno desarrolla su discurso y las tensiones específicas con su accionar económico. En esta sección se profundiza en algunas decisiones y acciones que ha tomado el gobierno y que mantienen la tesis de la falta de cohesión entre lo que se dice y lo que se termina aplicando.

Dadas las circunstancias, Bolivia continúa bajo las dos alternativas de explotación, principalmente en lo que respecta a la extracción minera y de hidrocarburos que mantiene en la mira tanto al medio ambiente, por la fácil eliminación del título de “zonas protegidas”, como amenaza a las comunidades indígenas, quien en muchos casos son señaladas por no permitir el progreso y desarrollo en el país.

El gobierno boliviano tiene unas áreas naturales protegidas en las cuales no se puede realizar ningún tipo de actividad económica, incluyendo la explotación minera y de hidrocarburos. Sin embargo, bajo la legalidad también es posible tomar estos terrenos y convertirlos en lugar de exploración y explotación. Como bien lo nombran Campanini, Villegas, Jiménez y Gandarillas (2014): El resquicio “legal” con que se pretende justificar el sacrifico de las áreas protegidas es la declaración de utilidad pública, en la Constitución Política del Estado, de las actividades de exploración, explotación, industrialización y comercialización de los recursos naturales no renovables (Campanini et al., 2014, p. 45). Tales explotaciones y expropiaciones de terreno son sustentadas en el discurso y en la Constitución Política, aprobada mediante referéndum popular.

Estos autores también desarrollan la idea que, a pesar de que el gobierno de Evo Morales se muestre al margen de las políticas neoliberales, es esta la política económica que se encuentra vigente en su gobierno. Critican la idea de que el gobierno presente la extracción minera como parte de la economía estatal, teniendo en cuenta que esta solo abarca el 6% del total de extracciones en el país (p. 48). Comentan que gran parte de las exploraciones y explotaciones mineras son hechas por empresas privadas pequeñas y medianas, que desarrollan sus funciones de manera informal:

Si bien el gobierno de Evo Morales emerge de una base social campesina y popular, que rechazó las políticas neoliberales de privatización de los recursos naturales, tras ocho años de gobierno sus políticas económicas han consolidado el papel funcional del país como proveedor de materias primas para el mercado internacional (Campanini et al., 2014, p.11).

La nueva Constitución Política refuerza la idea de la “nacionalización de los hidrocarburos”, en donde estos hacen parte del Estado con el fin de proteger las zonas donde se encuentran estos compuestos y evitar que entidades privadas o internacionales intervengan en el mismo.

Sin embargo, tales lineamientos se mantienen vigentes únicamente en el texto de la Constitución, ya que “las políticas de corte extractivista siguen vigentes y van profundizándose a tal punto que hoy, el Estado Plurinacional pone a disposición de las empresas extranjeras un área cuya extensión deja chica la más ambiciosa pretensión de los gobiernos neoliberales del pasado” (Jiménez, 2013, p. 5). Esto además de contraponerse con las ideas de protección al medio ambiente, choca también con el ideal plurinacional, al dejar en manos de extranjeros la extracción de estos compuestos. Según datos de la Fundación Madalbo (2011, p. 30), para el 2011, existían cuarenta y cuatro contratos petroleros aprobados por el gobierno de Bolivia con empresas transnacionales. Más adelante se profundiza al respecto.

Teniendo en cuenta datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Bolivia (s.f., p. 6) la producción de hidrocarburos líquidos en Bolivia ha ido en aumento en los últimos siete años. Mientras que en el 2009 se producían 42 406 barriles de petróleo al día, en el 2015 esta cifra fue de 60 787 barriles de petróleo al día. En el 2016 la producción disminuyó a 57 396 barriles de petróleo al día.

AÑO	BPD (Barriles por día)
2006	48.812,58
2007	49.382,33
2008	46.784,58
2009	42.406,50
2010	42.820,08
2011	44.411,42
2012	51.319,91
2013	59.043,85
2014	63.086,45
2015	60.787,82
2016	57.396,83

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos de Bolivia, s.f.

Por otro lado y teniendo en cuenta que la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Bolivia incluye información únicamente de empresas bolivianas y argentinas que se encargan de la extracción de petróleo en su país, la cantidad de pozos de desarrollo (pozos con el objetivo de aumentar la producción de un yacimiento) ha ido disminuyendo a lo largo de la presidencia de Evo Morales. Mientras que en el 2011 había veintinueve pozos, en el 2016 hubo 12. No en todos los pozos se haya petróleo, por lo que la disminución de pozos lleva también a la disminución de pozos positivos, entendido como pozos con petróleo.

AÑO	Número de Pozos Desarrollo	Pozos Positivos
2010	9	6
2011	29	25
2012	21	21
2013	17	15
2014	19	18
2015	15	13
2016	12	9

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos de Bolivia, s.f.

La crítica de que el gobierno de Morales continúa con las pretensiones neoliberales de gobiernos anteriores es también apoyada por Campanini, Villegas, Jiménez y Gandarillas (2014):

El actual Estado avanza, con tanta decisión como lo hicieran los gobierno anteriores, hacia la profundización, a cualquier costo, del modelo extractivista de desarrollo. Y paradójicamente se consolida con las políticas presentadas como populares y antineoliberales por el denominado Estado Plurinacional” (Campanini, Villegas, Jiménez, y Gandarillas, 2014, p. 73).

En suma, los autores confirman que la frontera petrolera se ha ampliado hacia zonas que eran denominadas como áreas protegidas. Otro de los problemas es el reemplazo de bosques por monocultivos de soya, que generan un gran impacto ambiental.

Queda también en cuestión los lineamientos de independencia de la nación. Tal y como se nombraba en la sección anterior, los ingresos del Estado boliviano dependen cada vez más de la exploración, extracción y exportación de materias primas, principalmente compuestos de hidrocarburos y minerales. En cifras del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) (Jiménez, 2013, p. 8), en el 2012 la exportación de estos compuestos sumaron el 82% del total de las exportaciones bolivianas.

Algunas de las áreas protegidas del país se encuentran en “Santa Cruz, El Choré, las reservas de Guarayos y Bajo Paraguá, en los parques nacionales Área Natural del Manejo Integrado Amboró y Kaa-Iya del Gran Chaco” (Campanini, Villegas, Jiménez, y Gandarillas, 2014, p. 19). Sin embargo, a lo largo de los años, la deforestación, la plantación de coca y la explotación minera han pasado a hacer parte del ecosistema que se encontraba protegido. Como era nombrado anteriormente, la revocación de estos títulos se hace por medios legales y de manera automática por parte del gobierno boliviano a partir de la aprobación de la nueva constitución.

En contraste con las declaraciones del vicepresidente Álvaro García Linera, un gran porcentaje de la explotación minera es hecha por empresas internacionales que cuentan con la aprobación del gobierno boliviano. “Dos empresas transnacionales controlan la minería de Zinc. El 2009 concentraron el 85% de la producción del país. San Cristóbal (Sumitomo del Japón) Sinchi Wayra (Glencore de Suiza)” (Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), 2011, p.6) Así que si bien se lucha por la no entrada de estas al mercado boliviano, son estas mismas las que terminan controlando más del 80% del mismo.

Bolivia ha creado en los últimos diez años dos tipos de proyectos económicos. Uno, en el discurso, en donde busca ganas autonomía respecto a los mercados internacionales, autoabastecerse y proteger el medio ambiente. Por otro lado, el proyecto económico de la práctica en donde la dependencia económica se hace cada vez mayor y “se profundiza el aumento de la conflictividad social y el deterioro sostenido de las bases democráticas” Jiménez (2013, p. 18). Lo anterior, se ve explicado en que el mercado boliviano responde a las dinámicas de precio y oferta-demanda de los mercados internacionales, y deja en segundo lugar los intereses nacionales de protección y de anti-consumismo expuestos en los discursos del gobierno. Esto se ve ejemplificado en la importancia de estos metales en el PIB del país, en donde en el 2010, los aportes de la minería alcanzaron el 8,9%, en 2011 el 9,6% y en 2012 el 7,3%. El porcentaje del 2011 es la contribución más alta que se ha tenido desde los años 80, debido a los altos precios del metal internacionalmente (Fundación Jubileo, Brot für die Welt, 2013, p. 6).

La dependencia económica de Bolivia frente a los mercados globales no es nueva, la demanda se da principalmente de mercados de Europa y América del Norte, en donde la materia prima boliviana es requerida. Sin embargo, la falta de diversificación de las exportaciones ha creado un ambiente poco propicio para el desarrollo de políticas ambientales verdaderamente amigables y, en contraste, ha llevado a su deterioro. La producción de plata y estaño se ha hecho con fines de exportación en Bolivia, de manera que;

La economía boliviana se desarrolló en sintonía y al ritmo que le permitían las fluctuaciones de la demanda internacional del producto en cuestión, creciendo en la fase ascendente y entrando en crisis o recesión ante cambios depresivos en ella” (Seoane, 2008, p. 60).

Paralelamente, la venta de las materias primas se hace a los mismos países encargados de la extracción minera en el país. Según datos del Ministerio de Minería y Metalurgia (Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) , 2011, p. 14), los principales cinco socios de Bolivia a nivel de exportaciones son 1. Corea del Sur; 2. Japón; 3. Suiza; 4. Estados Unidos; y 5. Bélgica. Su principal socio en la región a nivel de exportaciones es Perú, que se ubica en la posición siete, por debajo de China. Sobre las empresas multinacionales, como se nombraba anteriormente, Japón, Estados Unidos y Suiza poseen empresas que se encargan de la extracción de minerales en el país. Más allá de quiénes son los encargados de la explotación y exportación de estos compuestos, los métodos que utilizan en Bolivia son poco amigables con el medio ambiente. Uno de estos, se llama el sistema de flotación, que lleva aplicándose en el país desde 1985. Este método,

Utiliza reactivos químicos tóxicos y disuelve los minerales, por lo que, las aguas residuales de los ingenios minero metalúrgicos contienen partículas de arenas gruesas y finas y lamas de los procesos de concentración que descargados por canales o tuberías van formando lodos que contienen metales pesados disueltos, como arsénico, plomo, zinc, cadmio, plata y mercurio (Proyecto Cultura y Ambiente, 2009, p. 3).

Lo anterior crea una responsabilidad directa en el gobierno de Bolivia que, pese a los intentos de regulación por medio de leyes, continúa permitiendo que la exploración y la extracción minera sean dañinos para el medio ambiente. Según la Fundación Madalbo (2011, p. 32), el gobierno contamina, depreda, no educa y facilita este tipo de actividades. Existe para ellos una ausencia de gestión ambiental, falta de comunicación entre los mismos ministerios “permiten a las transnacionales petroleras, ser juez y parte a la hora de resolver los problemas socioambientales que sus actividades provocan en territorio boliviano. Transnacionales, el Estado y privados actúan con impunidad hasta el día de hoy”(p. 32).

En 1999 las empresas petroleras habían conseguido derechos sobre una superficie que llegó a ser la mayor bajo su control en época del neoliberalismo y que comprendió alrededor de 13 172 621 hectáreas. Esa superficie, fue reduciéndose drásticamente en los años posteriores y para el año 2006, tras la firma de los contratos de operación durante el primer gobierno de Evo Morales, el área petrolera del país alcanzaba una superficie de 2 884 117 00 has aproximadamente (León y Arze, 2013, p. 6).

Al mismo tiempo, y de la misma forma en la que se concluía la sección anterior, León Coronado y Arze Alegría (2013) coinciden en que los recursos naturales son esenciales económicamente para la población boliviana, ya que al no contar con otras formas y actividades de trabajo, deben recurrir a esta. Ambos autores afirman que la economía laboral de Bolivia es reducida e informal. Para el 2007, el 55.6% del total del empleo boliviano era informal, compuesto principalmente por menores de edad y adulto mayor (Evia y Pacheco, 2010, p. 3, 18)

Del mismo modo, la vinculación de la economía boliviana a los precios internacionales hacen que la oferta de esta se mantenga alta si los precios también lo están. En ese orden, si la economía global se encuentra en un momento positivo, la economía de los bolivianos vinculados a esta forma de trabajo también se verá positivamente afectada.

Atropello hacia las Comunidades Indígenas

Dentro de las Leyes que buscan la protección del medio ambiente, también se encuentran secciones dedicadas a la protección de comunidades indígenas. En este orden, la Ley de Hidrocarburos No. 3058, define en el Título vii los “Derechos de los Pueblos Campesinos, Indígenas y Originarios” (Coaquira, 2010, p. 31). Este título desarrolla la idea de consulta y participación de las comunidades en las decisiones sobre el desarrollo de proyectos mineros en sus territorios sagrados. También incluye que, en dado caso de sufrir algún tipo de eventualidad, la comunidad indígena debe ser compensada e indemnizada por los daños causados. En muchos de los territorios sagrados, se encuentran áreas con gran presencia de hidrocarburos y minerales, lo que hace más difícil el cumplimiento de este tipo de leyes.

Algunos territorios de pueblos indígenas son entregados por medio de contratos de arrendamiento a empresas públicas o privadas, por lo que la comunidad se ve obligada a desplazarse, sufriendo los daños ambientales que sean causados en su territorio, destruyendo los sustentos económicos y sus actividades tradicionales. (Campanini et al., p. 64).

Es allí donde nace la necesidad y las demandas de mantener sus ecosistemas y tierras sagradas sin la intervención de empresas mineras. Los modos de vida y tradiciones se ven fuertemente alteradas e inclusive sus modelos económicos reducidos a la búsqueda de un nuevo lugar dónde residir. Tal y como lo nombran León Coronado, C. y Arze Alegría, A. (2013) dicha presión (la del cambio de sistema económico) carga al mismo tiempo un componente ideológico-civilizatorio que, además de transformar el espacio ocupado por los pueblos indígenas, trastorna a mediano plazo su vínculo identitario. El territorio constituye por así decirlo, el último reducto indígena.

Sin embargo, los atropellos a la población indígena se hacen también por medio del discurso. Pedro Calderón, ejecutivo por de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CISB), realizó acusaciones en 2013 a los indígenas por oponerse al desarrollo del país. La afirmación fue luego recalcada por Gustavo Aliaga, diplomático boliviano, quien argumentó que entrarían al Tipnis (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure) y lo harían por la desigualdad de las tierras:

La desigualdad a la que se refería era según él que “cada uno de (de los indígenas) tienen más de 20.000 hectáreas a título de tierras comunitarias de origen, mientras nosotros apenas contamos entre una y cinco hectáreas.” Por ello pidió que el gobierno apruebe una ley “que no establezca diferencias tan grandes de tenencia de tierra” (Villegas, 2013, p.12).

Secuelas ambientales en el marco de la noción desarrollo ancestral en Bolivia

En esta última sección, se busca analizar cuáles han sido las principales consecuencias para la población, teniendo en cuenta que gran parte de esta se abastece con los mismos recursos naturales que son contaminados por la extracción minera y de hidrocarburos. Igualmente, se comentan algunos de los planes que ha tenido el gobierno central para el bienestar de sus pobladores, pero que no logran ejecutarse satisfactoriamente.

Uno de los programas que el gobierno ha intentado aplicar es el de la autosuficiencia alimentaria, los cuales buscan reducir las importaciones de alimento y generar mayores áreas de cultivo agrícola en función del ciudadano. Sin embargo, el proyecto ha generado la eliminación de un gran porcentaje de bosque para plantación de alimento, generando daños ambientales.

Más allá de los daños directos al medio ambiente, los mismos bolivianos se han visto afectados por el intento de aplicación de este programa, puesto que “el crecimiento de los productos agroindustriales ha implicado la disminución de la importancia de otros productos y, en consecuencia, Bolivia ha visto reducida su diversidad alimentaria. Frente a esto se ha incrementado la importación de alimentos” (Campanini et al., 2014, p.25).

Sobre el valor de las exportaciones, el documento de Campanini et al. nombra que para el 2005, 498 000 toneladas de comida eran importadas, pero para el 2010 los niveles de importación habían caído a 298 000 toneladas. Sin embargo, el gobierno al ver la drástica reducción de diversidad alimentaria, recurre de nuevo a la importación de alimentos, que para el 2011 fue de 503 000.

Las afectaciones para la comunidad boliviana se dan desde ambos frentes. Primero, con la no importación de alimentos, los bolivianos poseen menor variedad de alimentación y por tanto empeora su calidad de vida. Por otro lado, con la importación de productos, los bolivianos se ven atados a los precios internacionales, que comúnmente son más altos que sus productos locales.

La construcción de hidroeléctricas ha tenido consecuencias altas para el medio ambiente. Según Capanini et al.:

1. a) Disminución del oxígeno en los cursos de agua debido a la ralentización de la velocidad de la corriente de los ríos que llegan a los embalses –provocada por las represas–. Este impacto será regional20, irreversible y permanente. b) Sedimentación que será también regional e irreversible. c) Elevación del nivel freático (acuíferos) igualmente regional e irreversible (Campanini et al., 2014, p.33).

   La afirmación de la disminución del oxígeno en el agua es reforzada por Villegas (2013), “debido a la disminución de la velocidad de la corriente de los tributarios provocada por las represas” (p. 104).

   Al mismo tiempo, al haber poco oxígeno en los afluentes, el volumen de peces también disminuye. Algunas cuencas bolivianas que contaban con una actividad de pesca alta, ya no la hay, y en donde quedan peces, estos no pueden ser consumidos por la alta concentración de compuestos como el plomo y el mercurio. El Proyecto Cultura y Ambiente (2009) evidenció que “incluso las zanahorias producidas a orillas del río, tienen límites no permisibles de plomo” (p. 3).

   Tal y como se nombraba anteriormente y dada la oferta laboral de explotación minera, muchas de las minas de explotación de minerales eran irregulares y contaban con la movilización de bolivianos hacia estas zonas en búsqueda de mejores oportunidades. Dadas las pésimas condiciones laborales y la escaza regulación de la misma, estos desplazamientos han terminado en el deterioro de la salud del trabajador, incluyendo en ocasiones la de su propia familia. La utilización de materiales no convencionales termina acarreando problemas tanto para el medio ambiente como para las personas que se ven involucradas en la actividad.

   
   

   En base a los resultados de la investigación, los niños de la zona Ex Campamento San José de la ciudad de Oruro están contaminados de manera crónica por plomo y arsénico, a lo que se suma el efecto del cadmio. Dado que estos metales no son constituyentes normales de la estructura del cabello humano, los estarían predisponiendo para presentar daños neurológicos, neuropsicológicos o de otro tipo (Aparicio, 2010, p. 11).

   
   

   La misma investigación de Aparicio (2010) determinó que todos los ecosistemas alrededor de la explotación minera se encontraban contaminados, estos incluían el aire, el agua, el suelo, la flora y la fauna. El contacto directo con este tipo de contaminación trae problemas craneales severos para las personas que se encuentran dentro del mismo. Aparicio también nombra algunos problemas médicos resultado del mismo contacto como:

   
   

   Déficit de atención, problemas de memoria tanto a corto como a largo plazo, disminución del rendimiento cognitivo; compatibles con exposición crónica a bajas dosis de metales, que afectan el lenguaje, la atención y la memoria; la exposición al Cd produce trastornos de hiperactividad, alteraciones de la capacidad verbal y disminución del coeficiente intelectual (Aparicio, 2010, p. 18).

   
   

   Conclusiones

   Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores, la principal conclusión es que el discurso del presidente Evo Morales y de su cuerpo de gobierno, está en algunos momentos, alejado de la realidad económica que vive el país. Se dice en “algunos momentos”, ya que declaraciones como la descrita en este artículo por parte del vicepresidente Álvaro García, dejan ver de forma clara los intereses que posee el gobierno frente a la explotación minera y de materia prima en el país.

   La constitución de este mismo país ha creado opciones legales para que, si bien se busque la protección del medio ambiente y de las diferentes naciones que conforman a Bolivia, también se permita la extracción de hidrocarburos a manos de empresas internacionales, que termina fortaleciendo la idea general del presente texto. Estas medidas son criticadas por la oposición boliviana, la cual afirma que se siguen ejecutando las políticas neoliberales de las cuales el gobierno del presidente Evo Morales busca, en discurso, alejarse.

   Si bien las consecuencias son graves para el medio ambiente, considerando que las zonas protegidas están siendo explotadas en la actualidad, los principales resultados de las medidas tomadas por el gobierno son los mismos ciudadanos. Por un lado, la ejecución de estos proyectos extractivos debilita su estado de salud, los desplaza forzosamente y cambia sus costumbres. Por otro lado, la no ejecución de estos proyectos desmejora su situación económica al no poder encontrar una fuente de recursos, recordando que la exploración y extracción de estos minerales y productos son fuente de empleo para muchos bolivianos.

   Por su parte, el gobierno boliviano se ve condicionado por los precios y movimientos del mercado internacional, teniendo en cuenta la importancia económica que éste tiene para su país. Las paises de las empresas internacionales que realizan exploraciones en Bolivia, son los principales destinos de exportación, por lo que Bolivia mantiene las mismas relaciones económicas de extracción y exportación. Corea del Sur, Japón y Suiza son los principales extractores de hidrocarburos, bajo los permisos legales del gobierno nacional, pero a la vez son los principales destinos de las exportaciones que realizan las empresas de hidrocarburos bolivianas. En suma, como se nombraba anteriormente, de las pésimas consecuencias en la salud y el medio ambiente de las formas de extracción que realizan estos países al interior de Bolivia.

   Los resultados de estas medidas extractivas surgen efecto a corto y medio plazo en la economía del país, por lo que son pocos los requerimientos que el gobierno y sus entidades nacionales piden a compañías internacionales para la explotación de hidrocarburos interna. Lo anterior está en contraste con las declaraciones del gobierno recogidas por este artículo en foros internacionales de protección al medio ambiente, en donde Bolivia busca un respeto a la “Madre Tierra” y acabar con el “saqueo permanente de los recursos naturales”.

   En continuación con el tema del discurso político de advertencia sobre el daño ambiental que produce el actual modelo económico, las actuaciones del gobierno boliviano dan cuenta de que las necesidades económicas predominan por encima del intento de frenar las políticas neoliberales, criticadas por este mismo gobierno. Los hidrocarburos hacen parte de los principales productos de exportación de Bolivia, a los cuales se debe el fuerte y sostenido crecimiento de la economía en los últimos diez años, en donde año tras año las exportaciones aumentan su porcentaje de importancia en el PIB, incluyendo la explotación de estos productos para su posterior comercialización.

   Por último, es claro recordar que, a pesar de existir mecanismos legales fuertes de protección a la multiculturalidad boliviana y sus comunidades indígenas, predominan los intereses extractivos que en muchos casos afectan directamente a las comunidades en sus costumbres, alimentación y formas de vida. Como se nombraba anteriormente, Bolivia se encuentra con dos posibilidades en donde no puede ser escogida solo una de manera radical. Si bien se busca la protección ambiental, protegerla de manera radical impactaría en la economía boliviana, reduciendo los índices de crecimiento y afectando el empleo de los ciudadanos bolivianos que dependen de la actividad extractiva para su sostenimiento económico; mientras que si se privilegia radicalmente la idea de la extracción de hidrocarburos, la salud de los mismos ciudadanos se verá afectada, y las violaciones de derechos hacia las comunidades que se ubican en las zonas de extracción se verán en aumento. La solución a esta compleja disyuntiva se encuentra en mantener el balance entre ambas posibilidades y la creación de un nuevo discurso político en donde Bolivia muestre al mundo la forma en la que su economía extractiva funciona, mientras que puede proteger su estado plurinacional y su economía.

   
   

   Referencias

   
   

   Agencia Nacional de Hidrocarburos de Bolivia. (S.f. ). Producción de Hidrocarburos Líquidos (Petróleo, Condensado y Gasolina) por Empresa Operadora. Recuperado de http://www.anh.gov.co/Operaciones-Regalias-y-Participaciones/Sistema-Integrado-de-Operaciones/Paginas/Estadisticas-de-Produccion.aspx

   Aparicio, M. (2010). Health risks caused by mining pollution and their impact on children. Tinkazos, 7(27).

   Assies, W. (2009). La “media luna” sobre Bolivia: nación, región y clase social. Recuperado de http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/view/2473

   Banco Mundial. (2013). Índice de Gini. Recuperado de http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI

   Campanini, J., Villegas, P., Jiménez, G., y Gandarillas, M. (2014). Los límites de las fronteras extractivas en Bolivia. El caso de la biodiversidad en el Aguaragüe. CEDIB.

   Cañaviri, A., Civit, G. D., Fernández, J., Garces, G., y Sosa, R. (2012). El Derecho Medioambiental en Argentina y Bolivia. San Andrés: Universidad Nacional de Cuyo; Universidad Mayor de San Andrés .

   Castro, M., y Ferrufino, R., Taucer, E., y Zeballos, H. (2014). El Estado del Medio Ambiente en Bolivia . La Paz: Konrad Adenauer Stiftung.

   Centro de Documentación e Información Bolivia. (2011). Pueblo y Soberanía. Minería, las transnacionales no traen ni dejan nada. Recuperado de http://www.cedib.org/publicaciones/mineria-las-transnacionales-no-traen-ni-dejan-nada-pueblo-y-soberania/

   Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía. (2013). Informe de actividades del Centro Latinoamericano y Caribeño de demografía División de Población de la Cepal. Fondo Indígena.

   Coaquira, T. (2010). Análisis Ambiental de la Política Energética Boliviana. La Paz, Bolivia: Cedla. Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario.

   Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. (2014). Discurso del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma en ocasión de la COP20 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Lima, Perù: Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

   Cunha, Mendonça, & Gonçalves. (2010). The National Development Plan as a Political Economic Strategy in Evo Morales’s Bolivia. Accomplishments and Limitations. Latin American Perspectives, 37(4), 177-196.

   El Día.com. (2013). Vicepresidente anticipa la exploración en parques . Recuperado de https://www.eldia.com.bo/index.php?c=Portada&articulo=Vicepresidente-anticipa--la-exploracion-en-parques&cat=1&pla=3&id_articulo=118014

   Estado Plurinacional de Bolivia . (2009). Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. La Paz, Bolivia: El Alto.

   Estado Plurinacional de Bolivia. (2014). 10 tareas del G77+China Para construir un mundo justo, hermanado y feliz en armonía con la Madre Tierra. Recuperado de http://comunicacion.gob.bo/?q=20140108/13937

   Evia, L., y Pacheco, N. (2010). Una perspectiva económica sobre la informalidad en Bolivia. La Paz, Bolivia: Fundación Milenio.

   Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques. (2015). Discurso del Estado Plurinacional de Bolivia. Nueva York, EE.UU.: Naciones Unidas.

   Fundación Jubileo, Brot für die Welt. (2013). Informe sobre normativa minera en Bolivia. Recuperado de http://www.movimientom4.org/wp-content/docs/Normativa-%20Minera_Bolivia.pdf

   Fundación Madalbo. (2011). ¿Agua para el Chaco o hidrocarburos para las transnacionales?. PetroPress, 28-32.

   Jiménez, G. (2013). Territorios Indígenas y Áreas Protegidas en la Mira. La ampliación de la frontera de industrias extractivistas. Petropress, 4-10.

   León, C., y Arze, A. (2013). Recursos naturales en disputa: Manifestación conflictiva de las visiones de desarrollo en Bolivia. IPRDRS, (106).

   Misión Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante las Naciones Unidas. (2009). Discurso de S.E. don Evo Morales Ayma Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Recuperado de http://www.un.org/ga/64/generaldebate/pdf/BO_es.pdf

   Peláez, C. (2009). Análisis Crítico de la Legislación Minero Ambiental en Bolivia y su Aplicabilidad. Recuperado de http://www.flacsoandes.edu.ec/agora/analisis-critico-de-la-legislacion-minero-ambiental-en-bolivia-y-su-aplicabilidad

   Peña, P. (2003). La permanente construcción de lo cruceño: un estudio sobre la identidad en Santa Cruz de la Sierra. La Paz, Bolivia: Programa de Investigación Estratégica de Bolivia.

   Proyecto Cultura y Ambiente. (2009). Conflictos Socioecológicos. Minería. Bolivia, contaminación minera en el río Pilcomayo. Recuperado de https://es.scribd.com/document/328381972/BOLIVIA-mineria-n6-docx

   Quiroga, M. (2014). Movilización social en Bolivia. La consolidación de lo indio como capital político. Conflicto Social, 2(1), 195-217.

   Sáez, Ch. (2007). Cambio Climático: Discurso de Evo Morales ante la Asamblea General de la ONU. Nueva York, EE.UU.: Alterinfos.

   Sandoval, C. (2010). Evaluación del modelo económico y gestión del gobierno del Presidente Evo Morales Ayma. Recuperado de http://revistas.usta.edu.co/index.php/hallazgos/article/view/2165/Modelo%20de%20desarrollo%20y%20%C3%A9lites%20econ%C3%B3micas%20en%20Bolivia%3A%20an%C3%A1lisis%20de%20la%20concepci%C3%B3n%20de%20desarrollo%20ancestral%20del%20presidente%20Evo%20Morales

   Schavelzon, S. (2012). El nacimiento del Estado plurinacional de Bolivia: etnografía de una asamblea constituyente. La Paz, Bolivia: Clacso.

   Seoane, A. (2008). La inserción de Bolivia en la economía mundial. Una mirada crítica al post-neoliberalismo. Umbrales, (17), 57-92.

   Urioste, A. (2010). Deforestación en Bolivia. Una amenaza mayor al cambio climático. Recuperado de http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bolivien/07570.pdf

   Villegas, P. (2013). Geopolítica de las carreteras y el saqueo de los Recursos Naturales. Cochabamba, Bolivia: CEDIB.

   Zibechi, R. (2009). Los territorios como sustento del conflicto social. En J. F. Lozano y J. Ferrro, Las configuraciones de los territorios rurales en el siglo xxi (pp. 317-333). Bogotá D.C.: Editorial Javeriana.