La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe: implicaciones, avances y desafíos

Los ODS: una nueva agenda de desarrollo más adaptada a la realidad latinoamericana

La aprobación en septiembre de 2015, en el marco de la Cumbre de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, de la denominada Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible ha supuesto un hito dentro de los esfuerzos realizados por la comunidad internacional por promover el desarrollo. Esta Agenda global, que tiene su traducción más inmediata en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) trae consigo importantes elementos de cambio, siendo interesante destacar aquí al menos tres de ellos (Alonso et al., 2015).

En primer lugar, aun existiendo razonables márgenes para la crítica, se trata de una agenda de desarrollo que ha logrado granjearse un considerable apoyo y consenso a escala global. Un rasgo en buena medida derivado del amplio proceso de participación con el que se conformó esta agenda, particularmente si se la compara con otras experiencias similares y anteriores. En segundo lugar, se destaca el carácter universal del que se le ha pretendido dotar, en el sentido de que la consecución de los ODS no solo convoca a los países en desarrollo –como fundamentalmente sucedía con los ODM–, sino que también interpela directamente a los países desarrollados, que se ven impelidos a incorporar esta agenda en sus propios marcos de acción política. Por último, cabe destacar que una lectura amplia de la Agenda 2030 -no solo centrada en los objetivos y metas contemplados por los ODS, sino en los principios en los que descansa- obliga a poner el foco de atención en la necesidad de transitar hacia otro modelo de desarrollo, capaz de compatibilizar la prosperidad material con la inclusión social a todos los niveles y con respeto al entorno natural.

Precisamente la magnitud de este desafío es el que, a la vez, aconseja incorporar un enfoque multidimensional, multinivel y multiactor para la consecución de los ODS. Multidimensional, porque la nueva agenda pone el énfasis en las interconexiones e interdependencias existentes entre los diversos objetivos y metas, de tal forma que para avanzar en buena parte de ellos será necesario alcanzar logros simultáneos en muchos otros, obligando, por tanto, a adoptar fórmulas de trabajo más transversales que las que generalmente han prevalecido hasta la fecha (Le Blanc, 2015); multinivel, porque la consecución de los ODS atribuye un papel fundamental a los Estados, pero también precisa de la existencia de estructuras de gobernanza supraestatales (regionales y globales) y de la implicación y participación de los gobiernos subestatales y locales, que deberán adoptar y adaptar los ODS a sus realidades y condiciones específicas (CGLU, 2015); y, por último, multiactor, porque el logro de los propósitos que persigue la Agenda 2030 no podrá alcanzarse con la participación exclusiva de los poderes públicos, aunque a ellos les corresponden las principales responsabilidades, sino que será necesario integrar los esfuerzos de actores muy diversos –tales como las ONG, las empresas, las universidades, las organizaciones sociales o las fundaciones– y capitalizar las contribuciones que cada uno de ellos puede realizar a partir de su naturaleza y potencialidades específicas.

Estos cambios que trae consigo la Agenda 2030, expresión a su vez de las profundas transformaciones que se están produciendo en el sistema internacional y en el trabajo por la promoción del desarrollo a escala global, comportan importantes implicaciones para los países de América Latina y el Caribe (CEPAL, 2016), que fueron abordadas en un simposio celebrado en el marco del IV Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, organizado por FLACSO entre el 17 y el 19 de julio de 2017, y que constituyó el germen inicial de la publicación de este número de la revista dedicado a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y las implicaciones para América Latina y el Caribe.

Estas implicaciones se relacionan, en primer lugar, con el hecho de que el grado de adecuación de los ODS con los desafíos presentes en los países latinoamericanos parece ser mucho mayor que el que mostró la agenda de desarrollo precedente. Como es conocido, los denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) vigentes entre 2000 y 2015, trataron de focalizar la atención en la lucha contra la pobreza extrema y en ámbitos de trabajo estrechamente ligados a sectores sociales básicos. Desde esa lógica se conformó una agenda de desarrollo que afectaba de manera más directa a los denominados países de renta baja o países menos adelantados –concentrados fundamentalmente en África Subsahariana y Asia meridional–, pero que se mostraba en menor sintonía con los principales desafíos y problemáticas que tenían que afrontar los países latinoamericanos –en su inmensa mayoría de renta media–, que no eran adecuadamente recogidos por los ODM.

Por el contrario, los ODS aparecen como una agenda de desarrollo más adecuada a la realidad de estos países (Alonso et al., 2017). Por una parte, porque recoge objetivos que ya existían en los ODM, pero dotándolos de una perspectiva más amplia, de tal forma que conecta con los desafíos presentes en América Latina y el Caribe. Es el caso, por ejemplo, de lo relativo a la educación: mientras los ODM se centraban en universalizar la educación primaria, los ODS atienden también a la universalización de la educación secundaria o a cuestiones como la calidad y el fortalecimiento de los sistemas educativos, que sin duda afecta de lleno a las sociedades latinoamericanas. Y algo similar puede decirse de la salud: mientras los ODM concentraban su atención dentro de este objetivo en cuestiones especialmente acuciantes –como la mortalidad materno-infantil o la lucha contra determinadas epidemias como el SIDA, la malaria y la tuberculosis–, los ODS, por supuesto sin desatender estos problemas, los trascienden y complementan con otros aspectos ligados a la salud y el bienestar como el tabaquismo, el alcoholismo, los accidentes de tránsito o la cobertura sanitaria universal.

Y, por otra parte, porque además de ampliar el foco de los objetivos que ya existían en la anterior agenda de desarrollo, los ODS incorporan nuevos objetivos que no se incluyeron en los ODM y que afectan muy centralmente a las oportunidades de progreso de los países latinoamericanos. Aquí cabe mencionar objetivos ligados a las desigualdades verticales y horizontales (ODS 5 y 10), al empleo decente y de calidad (ODS 8), a las infraestructuras y la innovación (ODS 9), a la generación de ciudades resilientes (ODS 11) o, por señalar algunos de los más relevantes, a la paz, la gobernanza y la calidad institucional (ODS 16).

En segundo lugar, las implicaciones que se derivan de los ODS para la región de América Latina y el Caribe no solo tienen que ver con el hecho de que esta agenda responde mejor a las demandas de desarrollo existentes en estos países sino, además, con su capacidad para poner en valor las contribuciones que estos países también pueden hacer a la consecución de la nueva agenda a través de la cooperación Sur-Sur y triangular (Santander, 2017). Así, la Agenda 2030, al partir de un diagnóstico más integral y comprehensivo obliga superar la lógica excesivamente rígida y dual (entre donantes y receptores) y unidireccional (desde el Norte hacia el Sur) que había operado en el sistema internacional de cooperación. Esta nueva agenda de desarrollo se asienta, pues, sobre un relato más comprehensivo y versátil, que reclamará el establecimiento de un sistema de cooperación más en sintonía con el principio de “responsabilidades compartidas, aunque diferenciadas” entre los diversos países que en él confluyen.

La implementación de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe: avances y desafíos

Ante esta agenda de desarrollo compleja y ambiciosa que suponen los ODS, la comunidad internacional, además, está obligada a modificar sus estructuras de gobernanza política, económica y social para hacer frente a los desafíos globales de desarrollo. En este contexto, y a dos años y medio de la aprobación del documento Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los 33 países que constituyen la región de América Latina y el Caribe han empezado a adoptar e implementar la Agenda 2030 en sus contextos nacionales, teniendo que adaptar sus marcos institucionales y normativos e incluso, en algunos casos, crear estructuras específicas que les permitiera responder a los compromisos adquiridos en 2015.

Este proceso de adaptación y adopción si bien ha evidenciado cierta debilidad institucional que los países latinoamericanos y caribeños tendrán que superar para hacer frente a retos como la coordinación interinstitucional y con actores no gubernamentales, fortalecimiento estadístico, generación de datos para el seguimiento y monitoreo, entre otros, debe reconocerse que América Latina ha sido la región del mundo pionera y en la que se observan mayores avances en el proceso de adopción, adaptación e implementación de la Agenda 2030. Hasta la fecha, son 19 países los que han comenzado a dar los primeros pasos en este proceso: Argentina, Bahamas, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, y de los cuales se considera conveniente mencionar algunos avances para enmarcar la presente publicación.

En primer lugar, cabe apuntar que donde más avances muestran los países de la región es en el proceso de adopción, adaptación y priorización de los ODS. En este se observa cómo los países han integrado la Agenda 2030 en sus estrategias y planes de desarrollo a escala local, territorial, estatal y nacional, respondiendo a lo que el propio documento de adopción de la Agenda 2030 señala al referir que “cada gobierno decidirá (…) la forma de incorporar esas aspiraciones y metas mundiales en los procesos de planificación, las políticas y las estrategias nacionales” y que los países deben “basarse en los instrumentos de planificación existentes, como las estrategias nacionales de desarrollo y desarrollo sostenible, según proceda...”. Al respecto, países como Argentina, Colombia, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Perú, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, México y Venezuela cuentan con instrumentos de planeación de política de desarrollo a mediano y largo plazo sobre los que han integrado los ODS. Por su parte, Costa Rica ha elaborado una estrategia de articulación propia para la implementación de los ODS.

De la mano, buena parte de los países de la región han empezado a configurar una estructura institucional que les permita dotar de mecanismos e instrumentos de coordinación el proceso de adopción e implementación, incorporando en ellos tanto actores gubernamentales como no gubernamentales, así como vinculando a los diferentes poderes de gobierno –local, territorial, nacional–, con el propósito de que la Agenda permee desde lo local hasta lo nacional y de manera horizontal al conjunto de la sociedad. Así, algunos países de la región han decidido poner la implementación de la Agenda 2030 bajo la responsabilidad de órganos gubernamentales preexistentes con funciones de coordinación interinstitucional y que, en algunos casos, ya tenían a su cargo la obligación de implementar los ODM. Esta configuración la han seguido países como Argentina, Guatemala, Honduras, México o Venezuela. En tanto, otros casos han optado por crear espacios nacionales específicos, es decir, una Comisión o Consejo ad hoc para coordinar y dirigir el proceso de adopción e implementación de la Agenda 2030. Este es el caso de países como Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Perú, Paraguay, Panamá y El Salvador –este último acompañado, además, por el Sistema de Naciones Unidas–.

En tercer lugar, un avance sustancial que cabe destacar, dado que ha sido uno de los temas que más ha preocupado en torno a la institucionalidad latinoamericana y que se ha identificado como uno de los desafíos más relevantes a superar si se quiere lograr los ODS en la región, es el que tiene que ver con los sistemas estadísticos. Una cuestión fundamental ya que los países de la región carecen en muchas ocasiones de las capacidades necesarias para generar, gestionar, analizar y presentar el volumen de datos que la implementación y, sobre todo, el seguimiento y evaluación de los ODS requieren.

Así, para intentar subsanar el desafío no solo de generar los datos sino también de ponerlos en consonancia con datos locales, territoriales y estatales, a la vez que controlar su calidad y la constancia de estos, los países de la región han tenido que diagnosticar, en un primer momento y con apoyo de organismos multilaterales, las debilidades de sus aparatos estadísticos nacionales. En consecuencia, se han dado pasos para reforzar sus capacidades estadísticas de modo que se pueda dar respuesta al requerimiento informativo que la Agenda 2030 supone.

En este sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) elaboró en 2017 un primer diagnóstico de las capacidades estadísticas existentes en la región cuyos resultados, de la encuesta respondida por 26 países de la región, sugieren que, en promedio, los países producen el 22% de los indicadores acordados en el marco general propuesto en Naciones Unidas y podrían estar en condiciones de producir el 42% de esos indicadores.1 Asimismo, de manera complementaria, desde el 2004 el Banco Mundial mide el nivel general de capacidad estadística de los países a través de un índice que considera la dimensión metodológica, las fuentes de datos y la periodicidad de seguimiento con que trabajan, en el cual, de acuerdo con los últimos datos del 2017, Bolivia y los países caribeños son los que muestran mayor debilidad estadística.2

A este respecto, se ha avanzado tanto a nivel regional como nacional para subsanar esta debilidad y avanzar en materia estadística para el seguimiento de la Agenda 2030. En la sesión XIV del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas, celebrada en 2015, se discutió este proceso; y en la XV Reunión de ese órgano, en 2016, se decidió crear el Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y El Caribe, que actuará como mecanismo de trabajo conjunto para crear un plan regional que atienda los requerimientos de información derivados de la implementación de la Agenda 2030.3 Particularmente, México es un ejemplo del fortalecimiento del sistema de relevamiento de información estadística a nivel nacional al desarrollar una herramienta informática para dar seguimiento a cada uno de los 100 indicadores que el país ha adoptado para 11 de los 17 ODS, tanto a nivel nacional como local.

En esta línea, un desafío más que se observa en la región de cara a la implementación de la Agenda tiene que ver con la necesidad de romper la “lógica de silos”, garantizando la integridad e indivisibilidad de los ODS (Le Blanc, 2015). Una agenda de desarrollo que se relata más comprehensiva obliga a que los eslabones más críticos de la esta respecto de la realidad latinoamericana se aborden desde un enfoque multidimensional y transversal, evitando caer en estrategias sectoriales que busquen lograr metas u objetivos determinados de manera separada.

En la misma dirección, se reconoce un tercer desafío que se puede observar con claridad en el presente monográfico y que, lamentablemente, ha sido poco abordado en la región –de ahí que se destaque su importancia– y es el que se refiere a redoblar esfuerzos para que se avance en materia de Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD) en América Latina y el Caribe (Santander, 2017). Si bien se reconoce que la Agenda 2030 se encuentra más alineada a las necesidades de desarrollo de los países latinoamericanos y caribeños, en este monográfico se evidencia que la mayoría de las políticas que emprenden los países de la región no contribuyen a esa coherencia. Así sucede, por ejemplo, cuando se favorece la explotación de bienes naturales en tratados comerciales que ponen en riesgo los derechos humanos y ambientales o cuando estrategias de gobiernos locales no se encuentran en sintonía con el logro de una armonización socio-ambiental en la ciudades; o cuando la perspectiva de género sigue estando invisibilizada en el relato y práctica de los programas y planes de desarrollo, entre otros temas que se abordan en este monográfico y que siguen siendo asignaturas pendientes en la región. La Agenda 2030, en este sentido, implica revisar con profundidad las políticas actuales y avanzar en la necesaria coherencia entre unas y otras, pues no se puede olvidar, por otro lado, que adoptar los ODS obliga a “no dejar a nadie atrás”, un principio de la Agenda que no podrá ser alcanzado si no se tiene en cuenta la CPD en su implementación.

En julio de 2018 tendrá lugar la Sexta Reunión de los Estados al Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas (HLPF, por sus siglas en inglés) sobre Desarrollo Sostenible para examinar el progreso de los países en la implementación de la Agenda 2030, en el cual ocho países de la región presentarán su Reporte Nacional Voluntario de los cuales tres lo harán por segunda ocasión al presentarse por primera vez en 2016: Bahamas, Colombia (2016), Republica Dominicana, Ecuador, Jamaica, México (2016), Paraguay y Uruguay (2016). Esta coyuntura es una más de las razones de la pertinencia del presente monográfico a fin de que en él se puedan percibir algunas luces en torno al avance que está teniendo la región en la materia y, sobre todo, cuáles son los temas en los que se debe poner mayor atención para dar cabal cumplimiento a los compromisos que se asumieron en 2015.

Por tanto, en una nueva era de la globalización donde los países del Sur tienen mayor protagonismo y relevancia (Lin y Wang, 2017), la Agenda 2030 se observa como un resultado de los cambios dados en las relaciones internacionales, respondiendo de manera más adecuada e inclusiva a las realidades y necesidades de desarrollo no solo del conjunto de los países en desarrollo sino también del mundo desarrollado. En este marco, Cecilia Alemany y Christian Freres analizan en su artículo “América Latina ante la evolución de la agenda internacional de desarrollo” el papel de los países de la región en el nuevo panorama de la cooperación internacional asumiendo un rol de mayor liderazgo y responsabilidad. No obstante, los autores advierten del riesgo que puede existir si la región se centra de manera exclusiva en la implementación de los ODS perdiendo relevancia, liderazgo y protagonismo en el debate sobre la configuración de una gobernanza internacional que responda mejor al nuevo paradigma de la cooperación.

En este proceso de adaptación e implementación de la Agenda 2030 en el que se encuentra los países de la región, Dimayda Mattos en su artículo “Requisitos para la paz y sociedades más justas. Madres desplazadas del conflicto armado en Colombia residentes en entornos de violencia urbana” pone el foco en tres de los 17 ODS dentro del contexto colombiano: igualdad de género (ODS 5), reducción de las desigualdades (ODS 10) y promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas (ODS 16), los cuales confluyen con la agenda nacional de paz que el país está implementando desde la aprobación de los Acuerdos de Paz en 2016. Particularmente, Mattos visibiliza la violencia sistemática que sufren las mujeres colombianas a causa del conflicto armado y cómo, aún después del fin del conflicto, continúan estando en situación de vulnerabilidad en barrios urbanos. La autora argumenta que son la desigualdad, la injusticia y la insatisfacción que existe a nivel nacional los factores más relacionados con la violencia machista y que añadidos al discurso patriarcal refuerzan y legitiman las relaciones de discriminación y violencia contra la mujer. Con un trabajo de campo en el que se recoge la experiencia de madres desplazadas residentes en uno de los barrios más violentos de Cartagena de Indias, Mattos apela a los distintos niveles de gobierno a integrar la perspectiva de los ODS en las políticas gubernamentales a fin de construir una sociedad colombiana más justa y libre de cualquier forma de violencia.

Teniendo en cuenta la importancia de que los países de América Latina y el Caribe promuevan la Coherencia de Políticas para el Desarrollo en su proceso de implementación de la Agenda 2030, Fernanda Geremias y Mario César Barreto retoman este debate en su artículo “Higher Education, South-South Cooperation and Brazilian Foreign Policy: An analysis of the PEC-G” situando la discusión en torno a la política de cooperación para el desarrollo que Brasil ha emprendido desde el año 2000 bajo un esquema Sur-Sur. Los autores abordan su análisis desde el estudio del Programa Estudante-Convênio de Graduação (PEC-G) mediante el cual el gobierno de ese país otorga becas a estudiantes de pregrado de países africanos lusófonos para que estudien en alguna universidad brasileña, con la expectativa de regresar a su país de origen poco después de haber obtenido su título. Desde este caso de estudio, Geremias y Barreto intentan responder a la pregunta de hasta qué punto la política de cooperación que promueve Brasil es una alternativa real al desarrollo, mirando críticamente las bondades de la cooperación Sur-Sur y resaltando la importancia de incorporar una perspectiva sostenible en las políticas de desarrollo.

Por su parte, Perla Palacios, en su artículo “Análisis del Discurso del Buen Vivir. La Doxa del Desarrollo”, invita a continuar debatiendo sobre las diversas visiones del desarrollo, exponiendo un análisis en torno a la pertinencia del discurso del Buen Vivir en el actual contexto político y social del Ecuador. Desde un análisis teórico del Summak Kawsay Palacios pone de manifiesto la constante tensión que existe entre el planteamiento ideológico y conceptual del Buen Vivir y su praxis social y política, advirtiendo que, a veces, la práctica parece alejarse de su narrativa original. Esta perspectiva crítica abona al momento de reflexión en el que se encuentran muchos países de la región de cara a la implementación de la Agenda 2030, donde se están definiendo –y adaptando– diversas políticas públicas que requieren un enfoque lo más claro posible de hacia dónde encaminarlas.

En su artículo “La integración de la perspectiva de género en la gestión del riesgo de desastres: De los ODM a los ODS”, Ana Gabriela Fernández y Sandra Dema realizan un interesante análisis en torno a los desafíos que implica incorporar el enfoque de género en aquellos ámbitos de trabajo ligados a la gestión de riesgo de desastres. Con ese fin, presentan la evolución que se ha producido desde los ODM hasta los ODS, centrando el análisis en cuatro objetivos de especial trascendencia, como son los relativos al fin de la pobreza (ODS 1), hambre y seguridad alimentaria (ODS 2), ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11) y lucha contra el cambio climático (ODS 13). Si bien se pone de manifiesto la evolución que se ha producido entre ambas agendas, prestando los ODS una mayor atención, el artículo alerta de los amplios márgenes de mejora que quedan todavía pendientes para incorporar de manera efectiva la perspectiva de género en la gestión de riesgo de desastres, en la línea de lo que demandan los enfoques teóricos más actuales y vigentes.

Por su parte, James D’Angelo y Francisco Sempere abordan las complejas y tensas relaciones existentes entre la práctica extractivista sobre la que descansa el sistema económico vigente y el cumplimiento de los Derechos Humanos en su artículo “Extracción minera y derechos humanos: impactos adversos y caminos hacia un desarrollo sostenible”. Para ello, el análisis se sitúa en el marco de los conflictos socio-ambientales que se registran en América Latina y las importantes implicaciones que de ahí se derivan en materia de Derechos Humanos. El artículo se adentra en las conexiones entre las dinámicas extractivistas y los propósitos que persigue el desarrollo sostenible –al que aspira la Agenda 2030–, lo que resulta de especial relevancia, al permitir detectar no solo las importantes contradicciones que se producen entre el sistema vigente y la consecución de los ODS, sino también un conjunto de estrategias y ámbitos de acción que pueden ser inspiradoras para la futura articulación de políticas.

Por último, en su artículo “Acciones por el clima en Cartagena de Indias: análisis desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, Elfa Luz Mejía, Germán Ángel González y Carolina Osorio ofrecen una interesante aportación a partir del análisis de la experiencia registrada por Cartagena de Indias en materia de la lucha contra el cambio climático. Una cuestión que resulta central para la Agenda 2030 y que acometen desde una profunda revisión del objetivo 13 y sus metas, derivando de todo ello interesantes reflexiones en torno al papel que los ODS pueden desempeñar como “brújulas orientadoras” de las diversas estrategias políticas. Como resultado, se permite observar las interesantes interrelaciones que se producen entre la Agenda 2030 y la articulación de políticas públicas, en este caso en materia medioambiental, así como el largo camino por recorrer en materia de adaptación y mitigación del cambio climático.

En suma, todo ello compone una publicación que pretende analizar algunas de las principales implicaciones que la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible comporta para América Latina y el Caribe y, sobre todo, alentar la reflexión y el debate en torno a los desafíos a los que la consecución de los ODS remite ineludiblemente en los próximos años.

Referencias

Alonso, J.A, Huitrón, A. y Santander, G. (2017). Iberoamérica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Documento Técnico SEGIB. Madrid: Secretaría General Iberoamericana.

CEPAL (2016). Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para América Latina y el Caribe. Naciones Unidas.

CGLU (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo que los gobiernos locales deben saber. Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, Barcelona.

Le Blanc, D. (2015). Towards integration at last? The sustainable development goals as a network of targets, United Nations Department of Economic & Social Affairs, DESA Working Paper, Nº 141, marzo de 2015.

Lin, J., y Wang, Y. (2017). Going Beyond Aid. Development Cooperation for Structural Transformation, Cambridge, Cambridge U. Press.

Naciones Unidas (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Resolución A/RES/70/1, septiembre, Nueva York. Recuperado de: http://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf

Santander, G. (2017). La cooperación Sur-Sur ante la agenda de desarrollo sostenible: nuevos espacios y oportunidades para la innovación, Cuadernos Técnicos de Trabajo sobre Cooperación Sur-Sur, Volumen 2, Secretaría General Iberoamericana. (pp.81-114).

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