Resumen

El objetivo de esta investigación gira en torno a la experiencia de la maternidad dentro de un contexto de violencia ininterrumpida, por medio del análisis del contexto y mecanismos de supervivencia y adaptación al entorno en la costa colombiana. La metodología de corte cualitativo, tuvo como principales técnicas de recolección de información la indagación y análisis de fuentes documentales, y la realización e interpretación de entrevistas semiestructuradas, tomando como objeto de estudio a madres (cinco) residentes en el barrio El Pozón de Cartagena de Indias – Colombia, uno de los territorios más violentos de la ciudad y de mayor asentamiento de población víctima del conflicto armado. Los principales resultados permiten hacer una construcción espacio-temporal del entorno actual de residencia, las principales causas de las problemáticas padecidas y las alternativas de mejora a partir de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Acuerdos de Paz Verdadera en Colombia.

Palabras clave: Maternidad, Violencia urbana, Paz, Conflicto armado, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Desplazamiento.

Abstract

The object of study of this research focuses on the experience of motherhood within a context of uninterrupted violence, through the analysis of the context and mechanisms of survival and adaptation to the environment. The qualitative methodology had as main techniques of information collection the theoretical interpretation, the investigation and analysis of documentary sources, and the realization and interpretation of semi-structured interviews. The main results allow us to make a space-time construction of the current environment of residence, the main causes of the problems suffered and improvement alternatives based on the implementation of the Sustainable Development Goals and the True Peace Agreements on Colombia.

Keywords: Motherhood, Urban violence, Peace, Armed conflict of Colombia, Forced displacement, Sustainable Development Goals.

I. Introducción

Para poder establecer las medidas de financiamiento que en gran medida podrían depender de la cooperación al desarrollo, América Latina y particularmente, Colombia, deben adaptar a las prioridades nacionales los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS (Organización de las Naciones Unidas, 2017a).

Para alcanzar los ODS, se necesitan políticas claras y acompañamiento de las instituciones en cada segmento poblacional con las dinámicas sociales y problemáticas que estos presenten. En un esfuerzo por ampliar el conocimiento existente relacionado con las formas específicas de violencia que se ha sufrido en Colombia, por segmentos poblacionales. Este artículo de investigación se propone como objetivo mostrar cómo las madres desplazadas por grupos paramilitares, residentes en “El Pozón”, han permanecido en entornos marcados por la violencia en los que solo varían las expresiones (forma) de la misma, de acuerdo con el contexto, bien sea rural o urbano.

En ese orden de ideas, el presente proyecto gira en torno, particularmente, del ODS 16, el cual se refiere a “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles” (Organización de las Naciones Unidas, 2017b), para lograr esto se pretende garantizar el acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces en todos los niveles. En este sentido, de acuerdo con Naciones Unidas (Organización de las Naciones Unidas, 2017b), hace falta acabar con todas las formas de violencia posible en tanto que los conflictos y la inseguridad afectan el crecimiento económico y el desarrollo de todas las comunidades.

Para el camino al cumplimiento de los ODS en el mundo y en Colombia en la temática abordada, deberían aplicarse pues, estrategias encaminadas a alcanzar las metas que contempla el quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible, de las cuales pueden destacarse:

“• Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación

• Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina

• Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país.

• Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública”. (Organización de las Naciones Unidas, 2017).

Las concepciones de violencia que se manejaron en la investigación, por una parte, están enfocadas en los dos tipos de violencia más visibles para el proyecto –el conflicto armado y la violencia urbana– y por otra, tratan la violencia estructural y simbólica que se da desde la misma construcción del concepto de mujer. Respecto, a los dos primeros tipos de violencia, el contexto del conflicto armado se establece desde los años sesenta hasta el año 2016, cuando se firma el Acuerdo de Paz Verdadera con la guerrilla de las FARC-EP.

Según el informe “¡Basta ya!” del Centro de Memoria Histórica en Colombia, las responsabilidades del conflicto recaen de manera diferenciada en las guerrillas, los paramilitares y en agentes del Estado que actuaron por fuera de su mandato legal. Se ha caracterizado a las guerrillas por la violencia contra la libertad (secuestros) y la destrucción de bienes; a los paramilitares por la vulneración contra la integridad física, y a los agentes estatales, se les atañe la complicidad y colaboración con los grupos armados ilegales, lo que conllevó al abandono y riesgo de la población. Las mujeres protagonistas de este proyecto fueron desplazadas por los paramilitares desde distintas regiones del país, cuatro de ellas de la región de Montes de María y una desde el departamento del Meta.

Por su parte, la violencia urbana ha tenido distintas explicaciones, como la teoría de la modernización que surge en las décadas del cincuenta y sesenta después del conflicto ideológico entre el capitalismo y el comunismo; esta teoría le asigna un papel central al Estado en la tarea de llevar a cabo los cambios necesarios en la estructura social (Subgerencia Cultural del Banco de la República, 2015). También están las concepciones de Marx y Weber de la violencia en las ciudades, sobre todo en las sociedades contemporáneas. Para Weber la ciudad es un espacio donde el poder se impone más allá de los actores y las acciones, por lógicas de mercado o por lógicas de exclusión e inclusión (Guzmán, 2011; Marx, 1971; Weber, 1929) por su parte, considera a la modernización, una sociedad pasajera al igual que la sociedad del capitalismo. Es así como para el autor, la ciudad pasa a ser el centro de la lucha de clases.

El contexto del país y de las ciudades colombianas está plagado de pobreza, narcotráfico y un Estado débil y fallido –que no ha sido capaz de cubrir las necesidades de su población–. Sin embargo, son la desigualdad, la injusticia y la insatisfacción los factores más relacionados con la violencia. El narcotráfico por su parte se ha insertado en la sociedad, hasta llegar a distintos estamentos. El Estado se ve debilitado, perpetrado por las mafias, dual frente al crimen y más que nada es un Estado en formación (Guzmán, 2011).

En cuanto a la violencia contra la mujer, es preciso resaltar que esta tiene como raíces las realidades materiales y simbólicas (Galarza, Cobo y Esquembre, 2016), dos tipos de estructuras que deben tener una coherencia para que pueda todo el sistema social funcionar adecuadamente. Por lo tanto, un imaginario colectivo debe estar enlazado y adaptado a los entramados institucionales, a su vez las definiciones/roles sociales deben estar acorde a la estructura social, y para cerrar el círculo, la vida social debe ser acorde al imaginario. Si esto no se cumple, aparece el caos, la descomposición social y una crisis de legitimidad (Galarza et al., 2016)

Las estructuras materiales están compuestas por el conjunto de realidades políticas, culturales, institucionales, económicas, raciales, de género, etc. Se pueden identificar en los poderes de cada uno de estos ámbitos el conjunto de relaciones sociales que se concretan en una red compleja de estratificaciones y jerarquías sociales que a su vez desembocan en ámbitos de desigualdad. Estas estructuras sirven para mantener sistemas y jerarquías, incluso a través de las leyes de Estado.

Por su parte, sobre las construcciones simbólicas podría decirse que, en su centro se encuentran los valores dominantes de una sociedad, y abarca los prejuicios, las definiciones sociales, las grandes construcciones (religiosas, filosóficas y científicas) y los mandatos socializadores. Es en este ámbito donde aparecen las subjetividades tanto individuales como colectivas, por ejemplo el mandato patriarcal. Galarza et al., (2016) sostienen que

el centro simbólico de la sociedad tiene un núcleo y también una periferia. Los valores, que se instalan en el núcleo de ese espacio simbólico, se sacralizan para sacarlos fuera del debate social y político. Es, precisamente, por eso que esos valores deben transmitir la idea de que forman parte de un orden natural de las cosas imposible de alterar.

En este tipo de estructura, la simbólica, el concepto de mujer está encaminado al mundo de lo doméstico; este discurso se da a partir y en relación con el discurso del hombre. Dentro de las concepciones de mujer, se encuentra la mujer-madre, entendiendo que la maternidad y el concepto que se tiene de la misma, hace parte de ese constructo social hecho alrededor de la mujer y lo que esta debe ser y representar, por lo tanto, ser madre viene a ser un conjunto de creencias y significados en constante evolución, que está permeado por factores de tipo cultural y social que a su vez están basados en la procreación y la posterior crianza como vertientes sujetas a interpretación.

La maternidad entonces, puede ser interpretada, estudiada e influenciada desde distintos ámbitos y contextos. Para el presente trabajo, la maternidad como experiencia será descrita desde un entorno de violencia constante o ininterrumpida, para ello se tomarán las experiencias de las madres desplazadas por el conflicto armado colombiano residentes en el barrio “El Pozón” de Cartagena de Indias, siendo este barrio el segundo con mayores índices de violencia urbana de la ciudad y uno de los más violentos del país, todo esto con el fin de describir cómo es vivir la maternidad en un entorno constante de violencia para mujeres víctimas del conflicto, desplazadas y actuales habitantes del barrio en mención.

II. Metodología

Tanto el paradigma como el enfoque en que se soporta la de la investigación propuesta son de corte y carácter cualitativo por la intención de comprender los significados que los sujetos infieren a las acciones y conductas sociales. En este sentido se emplean técnicas basadas en el análisis del lenguaje como la entrevista, el grupo de discusión, la historia de vida, y las técnicas de creatividad social.

De acuerdo a su objetivo, se propone una investigación regida bajo el diseño etnográfico, siendo este el método más popular para, en un ámbito sociocultural concreto, analizar las cuestiones descriptivas e interpretativas y hacer énfasis en las mismas. Este tipo de investigaciones hacen referencia al estudio directo de personas y grupos durante un periodo determinado, haciendo uso de la observación participante o las entrevistas y así conocer el comportamiento social del grupo (Giddens, 1994) o dicho de otra forma, permite aprender el modo de vida de una unidad social concreta (Rodríguez-Gómez y Valldeoriola, 1996).

Teniendo en cuenta la pertinencia y la adecuación de los instrumentos de recolección de información, por una parte, se hace uso del análisis documental con enfoque descriptivo, para establecer los contextos violentos de los escenarios a tener en cuenta, siendo estos el conflicto armado y la violencia urbana.

Para evaluar el contexto violento vivido por la población de este estudio en sus municipios de origen, siendo estos los territorios de Malagana (Mahates) y Manpuján (María La Baja) del departamento de Bolívar; el municipio de San Onofre del departamento de Sucre y Puerto López en el departamento del Meta, se parte de los datos disponibles en el Registro Único de Victimas (RUV), en el cual se cuantifican y caracterizan los actos violentos ocurridos en los diferentes municipios de Colombia desde 1984. Mientras que, del contexto violento del barrio El Pozón de Cartagena de Indias, lugar de asentamiento definitivo de las madres observadas, se evalúa el periodo comprendido entre 2008 y 2015 partir de los datos del Centro de Observación y Seguimiento al Delito.

Por otra parte, se emplean entrevistas semiestructuradas a la población objeto de estudio con el fin de recopilar información de casos específicos en relación con el tema principal y de esta forma se desarrolla un hilo argumental; teniendo en cuenta que la información cualitativa puede contribuir a relacionar el objeto de estudio con otros criterios del contexto, con características individuales de los participantes y con tendencias a nivel local y nacional, es decir, que su alcance no se debe entender en términos de representatividad, sino en la posibilidad de generar explicaciones y validación de los resultados (Méndez Méndez y Casas-Casas, 2017). Para la aplicación de la misma se elige una muestra casos-tipo al establecerse como parámetro de elección la riqueza, cantidad y profundidad de la información aportada, no la cantidad de sujetos ni la estandarización (Hernández, Fernández, y Baptista, 2006).

En el caso particular de la investigación aquí desarrollada, esta muestra se divide en dos subgrupos. El primero, denominado la “muestra de campo”, agrupa cinco madres desplazadas por grupos paramilitares y residentes en “El Pozón”, quienes figuran como el eje central de la investigación, y dos líderes comunitarios de ese barrio para complementar el conocimiento en materia del contexto del barrio y los cambios a nivel social que sufrió el mismo con la llegada de los desplazados. El segundo, denominado “muestra de expertos y colaboradores”, agrupa a ocho actores especializados en cuatro áreas relacionadas con el presente proyecto de investigación: justicia, calidad de vida, seguridad y violencia urbana, y psicología. La inclusión de este segundo grupo garantiza una mejor formulación de hipótesis, la corroboración de las mismas y una triangulación más precisa.

Cabe resaltar que de acuerdo a los requisitos éticos para la investigación cualitativa, entre los cuales se encuentran el respeto por los sujetos y la información (Ávila, 2004), para efectos de este proyecto y debido al tema manejado, los nombres de las mujeres informantes, de los líderes y de los expertos serán cambiados por las siguientes denominaciones de acuerdo a su participación en la investigación: Madre, Líder o Lideresa, Experto o Experta. Por esto, y para facilitar la codificación y narración de los resultados de investigación, se establecen códigos de referencia para cada sujeto a fin de que pueda ser citado en el texto.

Tabla 1

Sujetos de investigación y código de referencia en el texto

Tipo de muestra	Sujeto	Código de referencia	Componente
Muestra de campo (territorio)	Madre 01	M01	Maternidad en entornos de violencia ininterrumpida (experiencia)
	Madre 02	M02
	Madre 03	M03
	Madre 04	M04
	Madre 05	M05
	Líder 01	L01	Contexto del barrio
	Lideresa 02	L02
Expertos	Experto 01	E01	Justicia
	Experta 02	E02
	Experto 03	E03	Seguridad y violencia urbana
	Experto 04	E04
	Experto 05	E05
	Experta 06	E06	Calidad de vida
	Experta 07	E07	Implicación psicológica
	Experta 08	E08

Fuente: Elaboración propia

Para una mejor descripción, también se han utilizado codificaciones que especifican el tipo de entrevista. En el caso de las entrevistas directas se utilizarán las siglas “ED” y para las escritas, “EE”. Estas siglas, a su vez, estarán acompañadas por una cifra que indicará el número de la entrevista. Por ejemplo, en el caso de citar la entrevista directa número tres realizada a la Madre 01, la cita quedaría de la siguiente forma: (M01, ED3).

III. Presentación y análisis de resultados

La maternidad se encuentra en el seno de las estructuras materiales y simbólicas de la sociedad, ligadas a su vez al concepto que se ha construido de la mujer, es decir, por medio de normas, valores, costumbres, bromas, etc. (Galarza et al., 2016). El rol de la mujer como madre queda inmerso dentro de las dos definiciones fundamentales del ser femenino, por un lado, como objeto de placer para el hombre y, por el otro, como madre. En ese orden de ideas, las mujeres están socializadas y construidas psicológicamente para vivir el amor como sacrificio, sufrimiento, postergación, negación de sí misma y otras formas de ser para otros/as (Aguilar, 2001).

En ese entramado de realidades donde se gesta el concepto de mujer, también nacen las relaciones de poder en las que están inmersos todos los tipos de violencia en los que esta se ve sometida desde su posición frente a los hombres (Segura y Meertens, 1997). En la esfera de lo público, dentro del conflicto armado, es la mujer quien sufre los efectos indirectos de la violencia política y del conflicto militar al ser las encargadas de la supervivencia familiar (USAID, OIM, y UARIV, s.f.) no obstante, en este mismo contexto hay una violencia menos visible y más persistente, que se desarrolla en el ámbito doméstico, siendo este último el sitio de contestación y reproducción de muchas violencias sufridas.

Esta realidad cargada de situaciones de exclusión, estigmatización y discriminación hacia las mujeres se agrava cuando se desarrolla dentro de escenarios conflictivos, pues el uso de diferentes formas de violencia legitiman las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, a partir del control, las amenazas, la imposición del orden y el castigo a través de la fuerza (USAID et al., s.f.). En el caso de las madres desplazadas residentes en el barrio El Pozón de Cartagena de Indias, la maternidad ha estado atravesada por la realidad violenta de Colombia desde una doble perspectiva, que corresponden al contexto del conflicto armado y de la violencia urbana, a partir de las particularidades de cada escenario es posible establecer si el papel de las madres (objeto de estudio) ha estado inmerso en un entorno de violencia ininterrumpida; todo esto teniendo en cuenta que históricamente las mujeres se ven envueltas en todo tipo de violencias materiales y simbólicas (Meertens, 1995).

Las mujeres víctimas del conflicto y desplazadas de las zonas rurales a las urbes (en este caso, Cartagena), crecieron con el conflicto latente en todo el país; sin embargo, y de acuerdo con los datos del RUV, fue la llegada de los Paramilitares al iniciar la década del noventa, la que provocó los mayores hechos víctimizantes y el posterior desplazamiento (M02, ED1) (Figura 1). Durante este periodo la maternidad se vivió en un entorno cargado de amenazas, extorsiones, despojos, el temor y la impotencia de no poder salvaguardar la vida de hijos o familiares, como es el caso de la Madre 01 a quien asesinaron a su hijo y las madres 02 y 03 quienes presenciaron el asesinato de su hermano.

Figura 1. Total víctimas por año

Fuente: Elaboración propia a partir del RUV.

Tal y como lo señalan las informantes, las mujeres se ven expuestas a amenazas, señalamientos, detenciones, secuestros, agresiones, discriminaciones y a todo tipo de hechos violentos. En algunos casos, estos hechos responden al reclamo y defensa de sus derechos propios y de sus familiares, a su participación social y política, pero en la mayoría de las ocasiones, por el solo hecho de ser mujer (USAID et al., n.d.). Siendo esto confirmado por la Corte Constitucional colombiana en el Auto 092 de 2008, donde se identifican los diez principales riesgos en los que se ven envueltas las mujeres durante el conflicto: (1) Violencia, explotación o abuso sexual, (2) Explotación o esclavización para realizar labores domésticas y roles considerados femeninos, por parte de actores armados ilegales, (3) Reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los actores armados al margen de la ley, (4) Contacto o relaciones familiares o personales –accidentales, presuntas, voluntarias– con integrantes de alguno de los grupos armados ilegales o fuerza pública, (5) Pertenencia a organizaciones sociales, políticas o comunitarias de mujeres a través del liderazgo o promoción de los derechos humanos, (6) Persecución y asesinato por las estrategias de control coercitivo, (7) Desaparición o asesinato de su proveedor económico o por la desintegración de su grupo familiar y sus redes de apoyo materiales y sociales, (8) Despojo de sus tierras y patrimonio con mayor facilidad, (9) Condición de discriminación y vulnerabilidad de las mujeres, en especial las indígenas y afrodescendientes y (10) Pérdida o ausencia de su compañero o proveedor durante el desplazamiento.

De acuerdo con el número de menciones durante las entrevistas y en relación con la clasificación señalada en el RUV, las mujeres del estudio en sus territorios de origen se vieron mayormente envueltas en las siguientes expresiones de violencia (Figura 2):

• Asesinatos, en los cuales, tres de las cinco mujeres perdieron uno o más familiares
• Todas recibieron amenazas por parte de grupos armados
• Ataques sexuales y violaciones a conocidas o familiares
• Despojo de tierras y pertenencias

Es importante resaltar que solo una de las sujetas, mencionó el desplazamiento del que fueron víctimas como una de las expresiones sufridas, aunque este sea, según fuentes oficiales como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el acto violento más común con un promedio de 221 desplazados por cada 1.000 habitantes.

Tal y como mencionan las entrevistadas, la amenaza es otra de las acciones más frecuentes por parte de los grupos armados contra la población, tanto que solo es antecedida por los desplazamientos y seguida por los asesinatos según cifras del DANE.

Figura 2. Hechos victimizantes en el conflicto armado

Fuente: Elaboración propia a partir del RUV.

Las amenazas están muy ligadas al desplazamiento forzado, ejemplo de esto es lo contado por las sujetas de estudio, quienes relatan cómo a raíz de ser amenazadas (a veces como resultado de la vinculación o relación de algún familiar con un bando opuesto al grupo perpetrador del desplazamiento) decidieron irse. Otras, por el contrario, huyeron después del asesinato de un familiar como es el caso de la Madre 01, a quien le asesinaron un hijo, y las madres 02 y 03, a quienes les asesinaron a su hermano. No obstante, todas resaltan el hecho de la maternidad como estímulo principal de la partida, “tenía miedo de que le hicieran algo a mis hijos” (M04, ED1) es la frase que más suele reflejar el temor durante los sucesos.

Así pues, como única alternativa para proteger a su familia y a ellas mismas, se opta por el desplazamiento y llegan a la ciudad sin empleo, casa o seguridad de cualquier tipo (L02, ED2), llevando consigo la responsabilidad de la supervivencia familiar y teniendo una gran cantidad de emociones reprimidas por lo vivido en el anterior hogar (M03, ED1). El desplazamiento forzado implica un cambio radical en la vida de la mujer pues, en la mayoría de los casos, le toca ocupar el rol de cabeza de familia en un contexto compuesto por vulnerabilidad económica, un bajo nivel educativo y el daño psicológico sufrido (USAID et al., n.d.). A esto se le suma la falta de integración y las medidas desesperadas que conciben para sobrevivir (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2011). Es así, como se deben tener en cuenta las condiciones en las que llegan las madres al nuevo entorno, si tienen familia, casa, orientación, entre otras características esenciales para la supervivencia (E07, ED1). Muchas veces la elección del lugar de asentamiento se da por necesidad, pues al ser barrios con inmediaciones ilegales es mucho más fácil asentarse (L01, ED1), sin embargo, se encuentran con factores negativos como son la ausencia de servicios públicos, la violencia urbana, la poca inversión estatal en el lugar de acogida, entre otros (L02, ED1).

En el caso particular de esta investigación, cuando llegan a El Pozón, la incertidumbre, encontrar modos de subsistencia y el proceso de adaptación hace que todo lo vivido y las necesidades de recuperación emocional pasen a un segundo plano (E07, ED1), pues además de lo que acarrea el cambio de estilo de vida y los acontecimientos padecidos, se encuentran ante una nueva comunidad con una gran cantidad de problemas sociales, incluso más que los que vivían en sus municipios. No obstante, es la forma de vida anterior en contraposición a la nueva realidad la que se les hace más difícil a las madres, pudiendo destacar la alimentación, pues en su vida rural tenían acceso a ciertos grupos de alimentos básicos que en la ciudad –sin tener estabilidad económica– obligatoriamente deben comprar (M04, ED2).

Un ámbito no menos importante que dificulta la adaptación es encontrarse con nuevas y constantes formas de violencia, que a diferencia del conflicto armado se han convertido en una realidad aceptada y asimilada tanto por los habitantes de El Pozón, como las autoridades correspondientes (E05, ED1). Esta violencia presente en el barrio hace parte de una realidad generalizada en Colombia y Latinoamérica, en donde las ciudades están plagadas de pobreza, narcotráfico y un Estado débil y fallido, haciéndose este último evidente en la ciudad de Cartagena, en el hecho de que en los últimos ocho años hubo un número aproximado de ocho alcaldes, lo que ha podido incidir en su efectividad por la falta de continuidad y su carácter cortoplacista. Sin embargo, son la desigualdad, la injusticia y la insatisfacción los factores más relacionados con la violencia (Gúzman, 2011).

Su rol como madre en el nuevo escenario, implica encontrar una forma de subsanar las necesidades básicas familiares y proteger a sus hijos (nuevamente) de los problemas sociales, esta vez relacionados a drogas, hurto y pandillas. Además, deben adaptarse a las distintas carencias en servicios públicos e infraestructura que tiene el barrio (USAID et al., s.f.). En esta realidad de violencia urbana, otra vez se ven expuestas, inseguras, excluidas, sin oportunidades y con la obligación de lidiar con tipos de violencia que no conocían.

Para poder vivir en El Pozón han aprendido nuevas formas de trabajo, en muchos casos informal (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013) y nuevas reglas sociales, tales como los rangos horarios considerados seguros o inseguros, el funcionamiento y reconocimiento de las pandillas circulantes en el entorno y el código de vestimenta para evitar cualquier atentado en su contra como son los atracos y ataques sexuales (M03, ED1). Son estas precauciones las mismas que dan a sus hijos, por quienes sienten una gran preocupación en relación con su seguridad y futuro. La protección y educación de los hijos recae mayoritariamente en ellas, creen que son las responsables de las posibles decisiones que los hijos puedan tomar y en caso de que estos se vean implicados en actos delictivos o ilícitos son fuertemente juzgadas por ello (L01, ED1).

Al igual que en el conflicto armado, la mujer es una de las más afectadas dentro de la violencia urbana, pues el espacio público solo viene a ser una prolongación de lo que sucede en lo doméstico, es decir persisten los mismos imaginarios y desigualdades entre hombres y mujeres (Programa regional Ciudades Seguras, 2008). El sentimiento de inseguridad dentro de la ciudad no es solo de las mujeres, sin embargo se ven muy afectadas de una forma particular pues está en juego su honor físico y sicológico (PNUD, 2003).

La exposición a la violencia urbana para las mujeres desempeñando su rol como madres cambia por completo, pues anteponen la seguridad de los hijos por la propia, se sienten obligadas a la protección familiar y se culpabilizan sí los hijos se ven implicados en una de las problemáticas del barrio, como los hurtos, el pandillismo o el microtráfico (L01, ED1). La periferia urbana, entonces, sirve como reproductor y perpetuador de las desventajas de los grupos más desfavorecidos, por lo que casi siempre está caracterizada por la poca dotación de infraestructura urbana y la baja presencia de servicios públicos (Aguilar y López, ٢٠١٦).

En el contexto de El Pozón, estas mujeres se ven expuestas a distintos tipos de violencia muy diferentes a las vividas en sus pueblos de origen, presentando problemáticas sociales relacionadas a la seguridad, como homicidios, hurtos, violencia intrafamiliar, agresiones sexuales y pandillismo. En el periodo comprendido entre los años 2008 y 2015, hubo alrededor de 140 homicidios en el territorio, es decir, anualmente se presentan entre 13 y 22 homicidios anuales o, dicho de otra forma, del 6% al 9% del total de homicidios. En ese mismo periodo se denunciaron 1007 casos de violencia interpersonal y se cometieron más de 246 delitos sexuales, de los cuales el 79% ocurrieron en la vivienda de la víctima (Figura 3). Las causas de estas problemáticas, a pesar de no tener al factor político como característica común, presentan condiciones similares como lo son la pobreza, la falta de inversión social, escaza presencia y efectividad de políticas públicas, baja cobertura en materia de justicia y una fuerza pública coercitiva y corrupta (E03, ED1).

Figura 3. Hechos victimizantes en El Pozón

Fuente: Elaboración propia a partir del COSED.

La ausencia de Estado ya sea como interventor o promotor podría dar explicación a gran parte de la situación, pues no genera políticas efectivas, no hace presencia en esas comunidades más allá del uso de la fuerza pública y no posee mecanismos eficaces para impartir justicia (E01, ED1). En ese orden de ideas, debe entenderse que la ausencia de Estado más que una situación de exclusión absoluta es más bien una inclusión muy desventajosa para las personas que habitan estas comunidades, producto de una fragmentación de las instituciones estatales que lo que ha hecho es integrar de manera diferenciada y con enormes privaciones a los pobre urbanos (Águilar y López, 2016).

Las alternativas que podrían darse para esta realidad podrían iniciar con una voluntad política que facilite la intervención (E03, ED1), que brinden oportunidades de empleo y estudio que propicien la movilidad social y den tranquilidad a todos los miembros de la comunidad pozonera (M02, ED1); además, de programas, capacitaciones y campañas en contra de todos los tipos de violencia que aquejan el barrio y sectores aledaños (L02, ED1).

A modo general, se entiende que la sensación de inseguridad y desprotección de estas víctimas no ha cambiado, no obstante, ha variado, el entorno y los tipos de violencia a los que son sometidas. La maternidad, es pues, una de las miradas desde la que se ha dado lectura en este estudio, al entorno de violencia sistemática y permanente que han padecido las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia y que se van a residir a las ciudades del país.

IV. Consideraciones finales: luces y sombras para el cumplimiento de la paz y los ODS

La realidad de mujeres, como las informantes de este trabajo y de comunidades como El Pozón, hacen aún más visible la necesidad de mejores planes gubernamentales, acompañamiento estatal y el deber de alcanzar las metas de los ODS. Además de establecer el entorno de violencia ininterrumpida en el que se han visto envueltas, también se pudo establecer el proceso de adaptación, los mecanismos de supervivencia y las alternativas de solución para mejorar la situación en la que viven.

En materia de los ODS, la realidad y la adaptación de los planes de desarrollo y de las leyes en Colombia están encaminadas –de manera general– a un cumplimiento de las metas planteadas en estos objetivos sobre todo en materia de violencia contra la mujer. Si bien hay avances para la protección de las mujeres víctimas del conflicto aún parecen ser insuficientes. Algunos ejemplos de ello se pueden ver en la Ley 1232 de 2008 que define la “Jefatura Femenina de Hogar” como una tipología de los hogares. Una categoría que se incluyó debido a los cambios sociodemográficos, económicos, culturales que han redefinido su posición y condición en los procesos de reproducción y producción social. En esa misma línea se encuentra la Ley 1413 de 2010 que regula la inclusión de la economía del cuidado con el propósito de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social, para sí poder definir e implementar políticas públicas.

Entre los avances en esta materia, puede reconocerse que el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (Departamento Nacional de Planeación, 2011), permitió la implementación de la Ley 1450 de 2011 a través de su artículo 77 el cual exige al Gobierno Nacional la adopción de una política pública nacional que garantice los derechos humanos integrales e interdependientes de las mujeres y la igualdad de género teniendo en cuenta las características propias de cada población: urbana, rural, afrocolombiana, indígena y campesina. Este artículo también establece el desarrollo de planes específicos que garanticen la protección y goce de derechos de las mujeres en situación de desplazamiento y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

En contraposición a lo anterior, no existe a nivel nacional una ley o instancia específica en materia de la protección de la mujer frente a los entornos de violencia urbana, y no hay una posición o pronunciamiento legal hasta la fecha que promueva la valoración y reconocimiento del cuidado y trabajo doméstico no remunerado, tal como se sugiere en el ODS 5 de la Agenda de Desarrollo Sostenible.

Como resultado de la investigación en campo y gracias a la información cualitativa obtenida en las entrevistas, se reconoce algunas áreas de oportunidad donde avanzar en la materia. En primer lugar, hacer hincapié en la exigencia de una voluntad política que facilite la intervención social en relación con el empleo y acceso a la educación, además de la generación de programas, capacitaciones y campañas en contra de todos los tipos de violencia que aquejan el barrio y sectores aledaños.

De manera adicional, y en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz de 2016, resulta clave que las próximas intervenciones del Estado colombiano en la materia se encuentren orientadas tanto a subsanar los espacios rurales afectados, como los nuevos espacios de acogida para las víctimas y para las personas que residen en estas comunidades.

Finalmente, algunas alternativas se encuentran estrechamente alineadas con el cumplimiento de diversos ODS, como es el caso de mejores oportunidades de empleo (ODS 8), acceso garantizado a educación de calidad (ODS 4), especialmente la educación superior; un cubrimiento total y eficiente de los servicios públicos (ODS 6), y más que nada, seguridad para ella y sus hijos (ODS 16). La garantía de estas condiciones mínimas facilitará alcanzar metas tan importantes como la igualdad de género (ODS 5), el fin de la pobreza (ODS 1), el hambre cero (ODS 2) y la reducción de las desigualdades (ODS 10).

Aún hay un camino largo por recorrer y raíz de este estudio se identificó que, pese a la gran literatura que existe sobre el conflicto armado, resulta escasa y precaria la investigación profunda en torno a la vida de las víctimas del conflicto que han sido desplazadas y reubicadas en las periferias urbanas, de tal manera que se espera que este trabajo puede servir como un punto de partida para que se continúe el análisis y la reflexión en materia a fin de encontrar soluciones políticas que permitan dar cumplimiento no solo al ODS 5 sino al conjunto de ODS que comporta la Agenda 2030.

Referencias

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