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Resumen:

El texto explora la relación entre el sector de la industria extractiva y la esfera de los derechos humanos. Partiendo de una reflexión sobre los conflictos socio-ambientales contemporáneos, a través de una revisión bibliográfica, se analiza el papel jugado por el extractivismo y su capacidad de generar cambios en lo económico, social y ecológico de la vida de las poblaciones afectadas por los megaproyectos; poblaciones que en muchos casos muestran tener intereses divergentes respecto a las necesidades rentísticas de los Estados y de las grandes empresas del sector. Finalmente, se intenta identificar los principales desafíos vinculados al tema, individuando unas prácticas recomendables para que el extractivismo pueda garantizar, no solo el desarrollo económico, sino también la protección de los derechos humanos de los ciudadanos y de los recursos naturales de nuestro planeta.

Palabras clave: Desarrollo sostenible, América Latina, Conflictos, Derechos humanos, Minería.

Abstract

This document explores the relation between extractive industry sector and human rights. Based on a disscusion on contemporary socio-environmental conflicts, through a bibliographic review, the article seeks analyse the role played by extractivism and its capacity to generate economic, social and ecological changes in the lives of populations affected by megaprojects is analyzed; populations that in many cases show divergent interests in comparassion with the rent needs of the states and the companies in the sector. Finally, the document identifies the main challenges linked to the extractivism and human rights, offering some recommendable practices so that the extractivism can guarantee, not only the economic development, but also the protection of the human rights of the citizens and of the natural resources of our planet.

Keywords: Sustainable Development, Latinamerica, Conflicts, Human rights, Mining

I. Los conflictos socio-ambientales en América Latina

La explosión de conflictos socio-ambientales que se experimenta y recrudece en los últimos años en América Latina responde a una variedad de causas que ponen al descubierto las diferentes concepciones que se tienen respecto al ambiente, el territorio y la naturaleza, que, a su vez, están ligados al acceso y control de sus bienes comunes, que ponen de manifiesto, como no puede ser de otra manera, la gran asimetría de poder en la que se enfrentan los diferentes actores involucrados.

De acuerdo con el Atlas global sobre los conflictos ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona existen un total de 499 conflictos registrados en los diez países que conforman Sudamérica. De los primeros veinte países que encabezan esta lista en el mundo, ocho pertenecen a la región, a excepción de Paraguay y Uruguay. Colombia se encuentra como segunda en el ranking con 122 conflictos registrados, Brasil tercera con 81, Perú sexta con 73, Ecuador octava con 60. Estos conflictos tienen muy diversas categorías, sobresaliendo los vinculados a los grandes proyectos de minería, extracción de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo o la gestión del agua. Este Atlas es uno de los resultados más importantes del proyecto europeo EJOLT (Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade). Esta plataforma on-line permite a los usuarios visualizar los conflictos por tipo de mercadería, por compañía responsable o por país. En palabras de Joan Martínez Alier, director del proyecto,

el Atlas muestra cómo los conflictos ecológicos están aumentando en todo el mundo, por las demandas de materiales y energía de la población mundial de clase media y alta […] las comunidades que reciben el mayor impacto de los conflictos ecológicos son pobres, a menudo indígenas, y no tienen poder político para acceder a la justicia ambiental y a los sistemas de salud (Alier, J.M., 2014).

Entre todas las actividades extractivas, la minería metalífera es la que está, hoy día, más fuertemente cuestionada. La conocida socióloga argentina Maristella Svampa no deja lugar a dudas: “no hay país latinoamericano con proyectos de minería que no tenga conflictos sociales que enfrenten las empresas mineras y el gobierno, a las comunidades (Svampa, 2017, p.81). En efecto, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), se ha experimentado un significativo incremento de los conflictos a lo largo de la presente década. De los 120 casos de conflictos mineros registrados en 2010 y que afectaban a 150 comunidades, se pasa a los 219 conflictos con un total de 334 comunidades afectadas hasta octubre del 2017 (OCMAL, 2017).

Este incremento de los conflictos ambientales en América Latina es resultado directo de los procesos políticos y económicos (y sus evidentes déficits democráticos) que se derivan de lo que en la literatura se ha denominado “ventajas comparativas del comercio internacional”, que relega a los países de la región a especializarse en la producción de bienes que usan los recursos que abundan en sus territorios. En palabras de Mario Rapoport esta lógica se desarrollaría de la siguiente forma: “Hacia finales del siglo xix y principios del xx, los factores de producción, el capital y la mano de obra se movilizarían hacia los países periféricos, en especial los “espacios abiertos” de escasa población y grandes recursos naturales, mientras se recibían en retorno dividendos e intereses, lo que acrecentaba la acumulación de capitales y materias primas y alimentos, estimulando la exportación de manufacturas.” (Rapoport, 2013: p.788). Este rol histórico que cumple la región como exportadora de materias primas y recursos energéticos permite el desarrollo del proceso metabólico del Sistema Económico Mundial (Wallerstein, 1974). Lo que por otra parte conlleva mayores costos ecológicos para los países exportadores de recursos naturales puesto que ni la pérdida ni la depreciación del patrimonio ambiental se incluyen en los precios de exportación.

II. La adopción de políticas neoliberales en América latina: el Consenso de Washington y la retirada del Estado

El incremento de los conflictos ambientales se aceleraría considerablemente a partir de las políticas de liberalización de mercados en América Latina y el Caribe en la década de los noventa como resultado del Consenso de Washington y a partir de los primeros años del nuevo siglo por la gran demanda de materias primas por parte de economías como aquella del gigante chino.

La adopción de este tipo de políticas provocó una reconversión productiva al estimular una reprimarización de las economías regionales, lo cual tuvo un innegable impacto negativo sobre el tejido industrial de sus diferentes países. Un caso paradigmático lo constituye la Argentina, un país de larga tradición industrial, que vio cómo, durante los años noventa, su relación de bienes de capital importado se incrementó del 24,8% en 1991 al 68,1% en 2001 (Rubinzal, 2013).

Este proceso no sería exclusivo de la Argentina, sino que por el contrario, durante la década de los noventa se producen importantes reformas en los sistemas políticos y económicos de la región. Por poner solo un ejemplo, en materia de minería se hicieron reformas a los Códigos y Leyes Mineros, adecuándolos a las nuevas condiciones del mercado, favoreciendo la liberalización y la inversión extranjera. Estas reformas se irían sucediendo a lo largo de toda la década en los diferentes países de la región: en Bolivia (1991), Uruguay (1991), México (1992), Cuba (1995), Brasil (1996), Honduras (1998), Venezuela (1999), Nicaragua (2000) y Colombia (2001) (Fuentes, 2012, p.216, citado en Pérez-Rincón, 2014).

Cabe señalar que hasta ese momento, último cuarto del siglo xx aproximadamente, en América Latina, el Estado nacional había ejercido, en gran parte de los países, el rol de planificar el desarrollo nacional y regional; estando incluidas en el mismo la constitución y gestión de empresas públicas, muy especialmente las relacionadas con la explotación de recursos naturales estratégicos con el propósito de apuntalar el desarrollo industrial y satisfacer las necesidades básicas humanas. Como ya se ha visto, estas empresas fueron precisamente los primeros objetivos del proceso de reconversión. De esta forma se asiste a una reeditación, en la región, de la teoría de la dependencia en sus diferentes formas: económica, social y cultural. Por otra parte, esta situación se agrava ostensiblemente con la emergencia de diferentes gobiernos “progresistas” como alternativa al neoliberalismo durante la primera década del siglo xxi. Países como Bolivia, Ecuador, Brasil o Argentina experimentan un giro en sus gobiernos, apostando por opciones diferentes al sistema dominante que, lamentablemente, no superan su formulación retórica, puesto que basta ver cómo interviene el Estado para imponer una ampliación y profundización de los extractivismos, superando ampliamente los niveles alcanzados por los anteriores gobiernos de corte neoliberal. Se habilitó, por tanto, una vuelta a una visión productivista del Desarrollo (gracias al boom experimentado por los precios de estos productos primarios) minimizando las discusiones acerca de los impactos y las consecuencias que el mismo trae aparejado y subestimando las críticas que desde los sectores socioambientales se han producido.

Se extiende y ajusta, sin lugar a dudas, el mensaje por parte de estos gobiernos de “izquierda” de la región de que la naturaleza del problema es de carácter “neoliberal”, cuando, en realidad, las raíces del problema estriban en la dominación y explotación de las sociedades periféricas, dependientes y coloniales del capitalismo en América Latina; esta retórica ha servido para fortalecer y consolidar un cambio de época que Svampa denomina como el “Consenso de las commodities” (Svampa, 2013).

De acuerdo a la organización sin ánimo de lucro con base en los Estados Unidos “Global Finance Integrity” y el Centro de Investigación aplicada en la Norwegian School of Economics, esta dependencia se convierte en un considerable flujo de capitales que cada año circula desde los países en desarrollo hacia los países ricos:

In 2012, the last year of recorded data, developing countries received a total of $1.3tn, including all aid, investment, and income from abroad. But that same year some $3.3tn flowed out of them. In other words, developing countries sent $2tn more to the rest of the world than they received. If we look at all years since 1980, these net outflows add up to an eye-popping total of $16.3tn – that’s how much money has been drained out of the global south over the past few decades. To get a sense for the scale of this, $16.3tn is roughly the GDP of the United States (Hickel, 2017, párr.5).

Los mismos investigadores calculan que, por cada dólar que reciben los países en vías de desarrollo, 24 se pierden en salidas netas (“net outflows”) y que las mismas son las responsables de la caída de los estándares de vida de sus ciudadanos. Una de las prácticas más ejercidas por parte de las grandes empresas multinacionales es la evasión fiscal a través de los paraísos fiscales, de esta manera los países en vías de desarrollo pierden, cada año, al menos 100 mil millones de dólares (Oxfam, 2016). Además, la ong critica que las grandes empresas están reduciendo al mínimo los costos en todo el mundo, impidiendo que trabajadores, productores y cadenas de suministro se beneficien con el crecimiento económico, lo cual incrementa la desigualdad y ahoga la demanda. En definitiva, son los países en vías de desarrollo los que están financiando el bienestar de los países del llamado Primer Mundo o como nos recuerdan Acosta y Brand, reeditando la célebre argumentación del pensador uruguayo Eduardo Galeano en su obra Las venas abiertas de América Latina, “la sangre que fluye en las venas de los modos de producción y de vida imperiales en el Norte global proviene, ni más ni menos, de las lógicas extractivistas aplicadas en el Sur global, originadas hace cientos de años” (Acosta y Brand, 2017, p.25). Se ha comprobado, que no son solo los bienes de uso común los que son depredados en la región sino que también se modifica la legislación en beneficio de las grandes empresas transnacionales en detrimento de los moradores, en su mayoría poblaciones indígenas o campesinos, que sufren las consecuencias del expolio, al ser desplazados de los lugares que habitan con el evidente perjuicio sobre sobre sus formas de vida, cultura y subsistencia. El problema, entonces, deja de ser de índole exclusivamente ecológica para convertirse en uno de mayores dimensiones, ambiental.

III. Neoliberalismo, extractivismo y conflictos socio-ambientales: una relación muy estrecha

El auge de la gran minería en varios países de América Latina es parte de una estrategia transnacional que busca aprovechar la alta demanda internacional por minerales, explotándolos en los países en vías de desarrollo para alimentar la industria de los países centrales que producen bienes manufacturados de alto valor agregado. De esta manera se sigue postergando en estas economías las posibilidades de industrialización a favor del sector primario, lo cual incrementa su dependencia internacional, puesto que el país se inserta, de esta manera, en el marco de las nuevas formas de desarrollo del capitalismo, perdiendo el control de las decisiones sobre recursos naturales tan estratégicos, decisiones que se toman en ámbitos internacionales. El costo de estas políticas para atraer la inversión extranjera ha sido el de las exenciones y descuentos tributarios, flexibilización laboral y ambiental, expansión de la oferta de concesiones territoriales o títulos de explotación para minería, petróleo y cultivos agroexportadores y acuerdos de protección a las inversiones.

Este tipo de proceso contribuye a que América Latina se convierta en una de las regiones más violentas del mundo. Según el informe publicado por la ong “Global Witness”, el 2015 ha sido el año con más activistas ambientales asesinados en lo que va de siglo, con 185 muertes, 69 más que en 2014. América Latina ha vuelto a ser, como en los conteos inmediatamente anteriores, la región con más víctimas en el mundo (66%) y Brasil, con 50 muertes, el país más peligroso para los activistas, con casi uno de cada tres asesinatos en el mundo (27%). Filipinas (33), Colombia (26), Perú (12) y Nicaragua (12) son los países que le siguen en el listado del número de asesinatos. Hay que evidenciar el hecho de que cerca del 40% de los asesinados son indígenas. La misma ong calcula que, entre 2010 y 2015, se han producido 753 asesinatos en todo el mundo. Tres de cada cuatro se perpetraron en América Latina (77%), con Brasil (207), Honduras (109) y Colombia (105) a la cabeza en el número de asesinatos. Solo estos tres países acaparan más de la mitad de los crímenes en ese periodo (56%). Las causas, efectivamente, se repiten alrededor del globo, mientras que la situación se complica en aquellas pequeñas comunidades y pueblos indígenas, especialmente, que batallan por los títulos de propiedad de sus tierras, un derecho que termina enfrentándoles con los intereses de la denominada agroindustria, la minería, la construcción de presas hidroeléctricas o la tala industrial.

Cómo se ve en la siguiente tabla, son los “afros”, los indígenas, los campesinos o aquellos que todavía se dedican a actividades económicas de subsistencia los que más severamente sufren las consecuencias del actual sistema económico de producción y consumo y son, también, los que mayor resistencia presentan. En otras palabras, según la periodista Naomi Klein “no es de extrañar que las personas que mejor comprenden esto sean aquellas a quienes nuestro modelo económico haya estado siempre dispuesto a sacrificar” (Klein, 2015).

Grupo Poblacional Afectado Sector	Afros	Campesinos	Indígenas	Mineros	Pescadores	Turistas	Urbanos	Total
Aspersión Aérea			1
Biomasa	3	3					1
Energía Fósil	1	5	5			1	2
Generación energía	1	3	3		1
Infraestructura	2		2		2		2
Minería	2	7	7	7	1		6
Residuos sólidos							2
Turismo						1	1
Total	9	18	18	7	4	2	14	72
%	12,50%	25,00%	25,00%	9,70%	5,60%	2,80%	19,40%	100,00%

Como se puede apreciar, se produce, por tanto, un desplazamiento en el campo conceptual: más que de conflicto ecológico hay que comenzar a hablar de conflicto ambiental. Puesto que no se evidencia tan solo la depreciación sobre unos recursos comunes, sino que también se compromete la supervivencia de los modos de subsistencia de ciertos sectores poblacionales y de sus culturas y formas de vida. Esto va a dar una idea de la tarea global que se presenta y del carácter sistémico de la crisis de civilización que sufre el ser humano. De forma que, cuando se realizan esfuerzos para darle un marco conceptual apropiado al término de sostenibilidad, hay que hacerlo en todas sus dimensiones –económico-productivas, socio-cultural y físico-naturales– y no poner solo el acento en estas últimas, a las cuales suele referirse, equiparándolo, con el término “ecología”. Es más, a estas tres dimensiones, hace falta agregarle una última que las sobrevuela y que debería tener una autonomía mayor de la que, como se puede comprobar cotidianamente, tiene: la dimensión político-institucional, es decir, aquella que ordena, regula y hace equitativo el equilibrio de las tres esferas anteriormente mencionadas. Una dimensión que sufre un claro déficit de independencia y que, desde aquí, hay la intención de denunciar seriamente, puesto que, como se mencionó arriba, los estados se pliegan con normativas cada vez más laxas y favorables hacia unas empresas de carácter transnacional que ni producen ni generan numerosos puestos de trabajo en los países donde se asientan y que, por el contrario, se retiran una vez concluida su actividad económica, dejando tras de sí innumerables perjuicios en los ecosistemas y en las poblaciones que allí residen, sin que los estados encuentren el valor de exigir las pertinentes responsabilidades por los daños causados, en primer lugar y, en segundo lugar, sin que las causas que, gracias a la población civil se abren camino en el tortuoso y eterno andar de la justicia lleguen a una solución en tiempo y forma adecuados.

Según Miya Yoshitani, directora ejecutiva de la Red Medioambiental de Asia y el Pacífico:

La lucha por la justicia climática aquí, en los Estados Unidos, y en todo el mundo no es solamente una lucha contra la mayor crisis ecológica de todos los tiempos, sino que es la lucha por una nueva economía, un nuevo sistema energético, una nueva democracia, una nueva relación con el planeta y entre nosotros, una nueva lucha por la tierra, el agua y la soberanía alimentaria, por los derechos de los indígenas, por los derechos humanos y por la dignidad de todas las personas. Cuando la justicia climática gana, nosotros ganamos el mundo que queremos (Klein, 2015: p. 45).

Creemos que alcanzar un mundo sostenible no es, como muchos liberales de derecha critican y no pocos de izquierda malinterpretan, sacrificar el presente por un futuro incierto, sino, por el contrario, apostar por un presente mucho más equitativo y justo para la gran mayoría de los habitantes del planeta. Es decir, fortalecer las instituciones democráticas para que el balance y equilibrio entre las tres dimensiones económico-productivas, socio-cultural y físico-naturales sean equitativas y simétricas. De esta manera, es posible que avanzance el viejo paradigma del crecimiento económico hacia un nuevo horizonte basado en el desarrollo humano.

Es a raíz de estas consideraciones que para garantizar la salud de nuestros sistemas democráticos, de nuestras instituciones y de nuestras sociedades en general, se perfila como elemento indispensable trabajar para denunciar los conflictos ambientales que amenazan, no tan solo los recursos naturales de un territorio en concreto, sino también la vida y los derechos humanos de los que allí viven y, en esta visión sistémica del problema de sostenibilidad que afronta el mundo de hoy, un problema de carácter global, la supervivencia, en última instancia, de toda la especie humana. Se enfrenta, en pocas palabras, un peligro que afecta a toda nuestra civilización.

Existe una cierta confusión a la hora de definir y categorizar los conflictos ambientales. Razón por la cual se considera oportuno recordar que todo conflicto ambiental es de por sí un conflicto socio-ambiental, puesto que el ambiente es un concepto que no puede entenderse sin su dimensión social. Por tanto, esta última definición “socio-ambiental” resultaría redundante.

Son tres las dimensiones que hay que tener en cuenta –la físico-natural, la socio-cultural y la económico-productiva– a la hora de hablar de ambiente. Y solo un correcto equilibrio entre estas dimensiones nos va a permitir alcanzar algo parecido a un ambiente sostenible. Algo que solo será posible si la esfera político-institucional efectivamente sobrevuela a las tres dimensiones anteriores –regulando, ordenando y buscando un equilibrio entre ellas– es decir, si consigue una cierta autonomía e independencia.

Por ello es que se reitera el hecho de que este tipo de confrontaciones –denominados como “conflictos ambientales”–, tienen que ver con el entorno, con el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, y con la realización de proyectos, obras o actividades que pueden ocasionar impactos no solo ambientales sino también sociales y culturales.

La multiplicación de estos conflictos ambientales, añadida a la frecuencia e intensidad con la que se repiten los eventos naturales de enormes magnitudes, muchos de ellos de origen antrópico, conduce los autores a creer que se esté viviendo y sufriendo una crisis ambiental de evidencias cada vez más palmarias y que está fuertemente ligada a los modelos de desarrollo y a sus estructuras socioeconómicas, basadas en un proyecto de producción y consumo acumulativo, acrítico y sin límites, que actualmente adquiere proporciones globales y que, por tanto, por estas mismas razones se configura fuertemente dentro de nuestros patrones culturales al punto de convertirse en un problema de carácter civilizatorio.

Como se decía anteriormente, América Latina es un territorio en disputa por unos recursos naturales cada vez más codiciados por las economías industrializadas que basan su crecimiento económico en la extracción y transformación de estos recursos para vender unos productos de mayor valor agregado en todo el planeta. Esto presenta un problema no solo ecológico por los evidentes destrozos que se están ocasionando en los territorios sino que también supone una confrontación con todos aquellos que, ya sean indígenas, afrodescendientes o campesinos, se interpongan en el camino del, cada vez más cuestionado, progreso.

IV. Los derechos humanos en el contexto del neoliberalismo

El jurista checo Karel Vasak propone una distinción de los derechos humanos en tres generaciones. Los derechos humanos de la primera generación, tratan esencialmente de la libertad y la participación en la vida política. Los derechos humanos de la segunda generación están relacionados con la equidad, y son fundamentalmente sociales, económicos y culturales en su naturaleza. Por su parte, la tercera generación de derechos, surgida en la doctrina en los años 1980, se vincula con el tema de la solidaridad. Normalmente se incluyen entre ellos derechos heterogéneos como el derecho a la paz, a la calidad de vida o las garantías frente a la manipulación genética.

Con respecto a esta distinción, Vandana, en un ensayo expone una tesis interesante según la cual, la globalización, en la realidad, a través de herramientas jurídicas, ha creado derechos fundamentales que en esencia se deberían considerar derechos inhumanos por el hecho de que fomentan y perpetúan relaciones injustas entre los individuos concretos y las empresas multinacionales. La autora subraya el hecho de que las mercancías y los capitales parecen haber adquirido más libertades y derechos que las personas humanas en los tratados internacionales: los primeros pueden migrar de un sitio a otro; contrariamente, los ciudadanos del “tercer mundo” solo gozan de los derechos de primera generación, y se les niega los otros, olvidando que los de segunda generación representan una condición necesaria para el amplio respeto de los derechos civiles y políticos; los derechos deben ser considerados como un conjunto unitario, inseparables. La consecuencia de la separación actual de los derechos humanos es el progresivo abismo entre la parte rica y la parte pobre del mundo.

Las empresas multinacionales como principales canalizadoras de la inversión, así como los y agentes centrales en el comercio internacional, adquieren cada vez más importancia en la comunidad internacional y en los supuestos de los índices de desarrollo de los Estados. En particular, pero, han aumentado su capacidad para afectar las condiciones de vida de los individuos y para tener una participación determinante en la afección de los derechos humanos (Martin-Ortega, 2008). En cuanto a su real poder político, es evidente que estas empresas son uno de los agentes económicos más importantes en el impulso de la globalización económica y de los que más se benefician de ella (Zubizarreta, 2009). Se pueden considerar como un subproducto ideológico del globalismo que logra desarrollar un fuerte poder político además que económico a través de la desregulación financiera y social y a la liberalización de los flujos de capital (Hobsbawn, 2000). Las empresas transnacionales se configuran como agentes económicos globales y su potencial de acción global no se ve contrarrestado por ninguna instancia reguladora o institucional en el ámbito mundial (Zurbano, 2006). Beck ha calificado a las transnacionales de “semiestados”, cuyo excesivo poder requiere articular mecanismos jurídicos de responsabilidad que amortigüen los efectos que ese poder expande a lo largo del planeta (Beck, 2000). Por otro lado el impacto social y ambiental negativo producido por estas empresas no ha sido aún analizado detalladamente, más allá de los efectos de exclusión y desigualdad adscritos al fenómeno de la internacionalización económica. El autor evidencia entonces como la tendencia al libre mercado y los criterios dominantes de productividad y rentabilidad generan una situación de dualidad de oportunidad/amenaza: la oportunidad de aprovechar de la liberación económica y del comercio para fomentar el desarrollo de un país, y la amenaza de que la misma situación conlleve, por mano de las empresas transnacionales, a violaciones de los de derechos de propiedad y de las normas relativas a temas ambientales (Beck, 2000).

Es interesante señalar, por otro lado, que en los últimos años, según algunos autores, se han ido modificando las dinámicas de contestación social frente a las actividades de las empresas. Si antes eran los sindicatos y los movimientos obreros los principales agentes, en la época contemporánea han cobrado más importancia las denuncias realizadas por las personas y grupos afectadas por los efectos ambientales y socio-económicos. Los autores también subrayan el hecho de que a raíz del progresivo agotamiento de los combustibles fósiles, y la rebaja de las tazas de ganancia del capital transnacional, las grandes empresas han, además de poner en marcha una estrategia de reducción de costes, intensificado la ofensiva para lograr el acceso a nuevos negocios y nichos de mercado (Werner y Weiss, 2004).

V. Extracción minera: impactos adversos y desafíos en el marco de los derechos humanos y de un desarrollo sostenible

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20, del 2012) los países resaltaron la necesidad de lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones (el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente). Agregaron que la minería ofrece la oportunidad de impulsar el desarrollo económico, reducir la pobreza y ayudar a los países a lograr los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente cuando se gestiona de manera efectiva y adecuada. Reconocieron asimismo la importancia de los marcos jurídicos y reglamentarios, políticas y prácticas para asegurar que el sector minero genere beneficios económicos y sociales, e incluya mecanismos de salvaguardia efectivos que reduzcan los efectos sociales y ambientales adversos y conserven la biodiversidad y los ecosistemas, Se exhortó, en ese contexto, a los gobiernos y empresas a promover un aumento continuo de la rendición de cuentas y la transparencia. Existen varios estándares internacionales que regulan en términos normativos el tema, como las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para empresas multinacionales, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el Capítulo de Desarrollo Sustentable del Consejo Internacional sobre Minería y Metales, entre otros.

La percepción de que las compañías y empresas han prosperado a expensas del bienestar de las comunidades y de los ecosistemas, con el apoyo directo o indirecto de los gobiernos locales, ha crecido en los últimos años, afectando la legitimidad de las empresas hasta niveles no observados en la historia reciente. Se puede afirmar que el auge de la industria minera en América Latina introdujo diversas modificaciones en las políticas nacionales con el fin de promover la inversión extranjera. La actividad minera que se ha establecido como eje central de la economía y motor del desarrollo en varios países de la región también ha sido una de las principales causas de conflictos socio ambientales y de vulneración de derechos humanos y ambientales.

Analizando el extractivismo, puede ser identificado como un modelo histórico de relaciones económicas internacionales desiguales, según el cual un país con un escaso desarrollo industrial extrae materias primas vendiéndolas a países mayormente industrializados. Dichos intercambios resultan ser normalmente desiguales a favor de estos últimos países, los cuales logran imponer sus precios a través del “mercado internacional de materias primas”, mientras que los países en los cuales se realiza la actividad extractiva resultan ser dependientes de los beneficios económicos provenientes de las ventas para poder resolver asuntos internos y para solventar sus propias deudas internacionales, que, en muchos casos son ligadas a instituciones financieras que residen en los mismos países de las empresas multinacionales que extraen las materias primas (Montaña Gómez, 2016). De esta manera, la política extractiva se constituye como elemento constitutivo del mismo círculo de relaciones desiguales sobre el cual se ha fundamentado el proceso de estructuración y consolidación de la economía del mundo capitalista. En el largo plazo, dichas estrategias político-económicas terminan generando consecuencias negativas para los territorios y las poblaciones locales, a raíz de la escasa atención puesta, durante los procesos decisionales, a los ingentes costos ambientales y sociales para la sociedad y el territorio (Montaña Gómez, 2016).

Es interesante señalar un estudio de Sachs y Warner (1995) en el cual se llega a la conclusión de que los países ricos en recursos naturales sufren de una paradoja: mientras más riqueza natural poseen, más sufren de pobreza, desigualdad, corrupción y limitado crecimiento económico. Esta paradoja se denomina la “maldición de los recursos naturales”: parece que la abundancia de recursos naturales no genere en realidad desarrollo y que más bien se convierte, en muchas ocasiones, en un obstáculo para la modernización de la economía y una distribución equitativa de la riqueza en el país. Frente a esta abundancia de recursos, el Estado suele concentrar todos sus esfuerzos en la extracción y exportación de estos recursos naturales, condenándose pero, de esta manera, a ser un mono-exportador de materias primas sin ningún valor agregado, y retardando consecuentemente el proceso de industrialización y diversificación a largo plazo del mismo país. Una posible explicación de esta “la maldición de los recursos naturales” sería que la abundancia de estos afectaría negativamente a los sectores exportadores y, consecuentemente, los países dueños de los recursos nunca lograrían implementar un crecimiento adecuado con base a exportaciones.

Independientemente de estas motivaciones internas, las políticas neoliberales en el marco de la globalización han intensificado las políticas extractivistas en muchos países, apoyándose en estrategias públicas elaboradas con el objetivo de alcanzar tales fines. Los efectos negativos en el ámbito social y ambiental del extractivismo en varios países del continente han sido relevantes y adecuadamente demostrados en varios estudios como ampliamente documentados en muchos países de América Latina (Gobel y Ulloa, 2014; Gudynas, 2011). Uno de los efectos principales es el fenómeno del desplazamiento, considerado por Gellert y Linch (2003) como un factor intrínseco a los megaproyectos de desarrollo, siendo ambos fenómenos socios naturales. En este sentido, el desplazamiento se referiría a las maneras en las cuales las características de los paisajes, tanto humanas como biogeofísicas, establecen una continua interacción que genera cambios recíprocos cuando los megaproyectos resulten introducidos en el sistema. En las regiones donde vienen implementados los megaproyectos, en las diferentes etapas de su desarrollo, logran generar cambios en aspecto social, ambiental y económico, entre los cuales se registra el fenómeno del desplazamiento forzado.

Según un estudio de la Contraloría General de la República de Colombia, por ejemplo, la política minera y las empresas del sector contribuyen por un lado a generar o inducir conflictos sociales que van más allá del fenómeno de desplazamiento, para incluir pobreza, corrupción, problemas de orden público, violencia y persecución a pequeños y medianos mineros. Por otro lado pueden provocar daños en numerosas otras esferas: en la ambiental, afectando a los ecosistemas, a parques naturales y páramos. En la económica, por las deducciones tributarias onerosas que reducen los recursos del Estado para financiar sus obligaciones sociales, inequidad en la distribución de la renta minera, por la esterilización de las zonas agropecuarias que ponen en riesgo la seguridad alimentaria, y también por la distribución inequitativa de la renta minera. Desde un punto de vista étnico, sus afectaciones están relacionadas, además que al desplazamiento, al tema de la violencia hacia los grupos minoritarios, a sus carencias en cuanto a las normas relativas a la consulta previa. En la esfera de orden público, por el hecho de estimular la participación de grupos al margen de la ley en actividades de vacunas,1 secuestros y extorsión; y por los señalamientos y persecuciones de las cuales son víctimas los líderes populares (Garay, 2013).

La problemática de la minería ha provocado varios tipos de conflictos: intracomunitarios, entre los que apoyan un proyecto minero y los que lo rechazan; conflictos éticos, por la cooptación de medios de comunicación y de los centros de investigación y también por la invasión de espacios mediáticos a través de intensas campañas de publicidad; conflictos culturales, por ejemplo por la emisión de programas que combinan expresiones culturales con la exaltación de los beneficios de la gran minería en emisoras comunitarias; conflictos intergeneracionales, debido al desconocimiento del derecho de las generaciones venideras sobre los recursos naturales del país. Los conflictos son la expresión del contraste entre los reales intereses de las poblaciones y las estrategias estatales relativas al sector minero que buscan satisfacer contemporáneamente tanto las necesidades rentísticas del Estado, a través de los impuestos y las regalías, como los intereses de las grandes empresas del sector, dueños de las reservas minearías en los países objeto de la explotación (Garay, 2013).

Por estas razones la temática de la relación entre derechos humanos y empresas en general está cobrando cada vez más relevancia en los foros intergubernamentales y de discusión, en el campo global y regional. En nuestra opinión, ante el papel cada vez más pronunciado que tienen las empresas en asuntos de gobernanza, el tratamiento de sus actividades desde una mirada de derechos humanos se ha vuelto una necesidad prioritaria. Una necesidad confirmada por el énfasis puesto en el tema por las Naciones Unidas durante el foro sobre empresas y derechos humanos que tuvo lugar en Ginebra en 2017 (ONU, 2017). Durante dicho evento se ha evidenciado como una perspectiva que considere ambos elementos podría contribuir a resolver algunos de los principales problemas vinculados a la esfera de los derechos humanos, así como entregar al sector empresarial un papel decisivo en el camino hacia un desarrollo sostenible. Se subraya la importancia de un diálogo constructivo entre todas las partes interesadas (incluyendo a las víctimas, los defensores de los derechos humanos, la sociedad civil en general, los gobiernos, las instituciones nacionales que trabajen el tema de los derechos humanos, las empresas y los inversores) orientado a definir compromisos concretos por parte de cada una de ellas, que permitan promover un verdadero cambio (ONU, 2017).

En los últimos años ha ido adquiriendo visibilidad internacional, a nuestro juicio de manera oportuna, la situación de las comunidades gravemente afectadas en sus derechos humanos por los intereses de empresas. Estos proyectos, realizados, como se ha mencionado, generalmente sin participación, consulta previa e incluso, con la oposición de las comunidades afectadas, han generado serios cuestionamientos. El contraste entre la promesa de empleo, desarrollo y prosperidad para las comunidades, por parte de gobiernos y empresas, y la situación de pobreza, graves daños ambientales y violación de derechos humanos en la que se encuentran aquellas, exige reflexión y la adopción de medidas que puedan permitir superar o aliviar en parte esta situación. En los últimos años, la comunidad internacional ha ejercido una fuerte presión sobre la industria minera para mejorar su desempeño ambiental, social y de desarrollo, exigiéndole estándares de conducta y transparencia cada vez más elevados, y auditorías externas más frecuentes y estrictas. A pesar de los esfuerzos, en América Latina, así como en otras regiones del mundo, la minería no ha logrado generar confianza, sobre todo por el hecho que resulta claro el efectivo vínculo entre el desarrollo de la actividad y los beneficios económicos y sociales para los países propietarios de los recursos extraídos.

La noción de responsabilidad social empresarial ha ganado impulso y en la actualidad teóricamente tiene una importancia estratégica para las compañías, por el hecho de que ya no solo se percibe como el cumplimiento de estándares en temas de derechos humanos o en seguridad social y laboral, sino que también incluye aspectos como el papel de las compañías en la lucha contra el cambio climático, la protección del consumidor y el desarrollo sostenible, entre otros elementos. Uno de los objetivos principales del concepto de responsabilidad social empresarial es que las compañías entiendan como el uso ineficiente de los recursos no solo acelera el agotamiento de los mismos, sino que incrementa el riesgo con relación al el bienestar de las generaciones futuras y perjudicando la reputación y confianza del negocio. En el contexto de la minería, el desarrollo sostenible implica que la actividad se ejerza contribuyendo a las denominadas “cuatro dimensiones del desarrollo”: social, económica, ambiental y de gobernanza. En la dimensión social, se espera que las operaciones mineras garanticen una distribución justa de los costos y beneficios, que se respeten los derechos humanos y que el agotamiento de los recursos naturales no afecte a las generaciones futuras; en la dimensión económica se busca que los recursos sean usados de manera eficiente, que las externalidades producidas por las empresas sean apropiadamente internalizadas, y que el bienestar humano sea priorizado; en cuanto a la dimensión ambiental, se espera actuar bajo el principio de gestionar adecuadamente los residuos y desechos en todo el ciclo de vida de los minerales, y promover un manejo responsable de los recursos naturales; finalmente, en la dimensión de la gobernanza se espera que las empresas contribuyan a garantizar la transparencia y rendición de cuentas a través del apoyo a la democracia.

VI. Estrategias de prácticas recomendadas en el sector minero como camino hacia un desarrollo sostenible

Con relación a las eventuales modalidades de cooperación mencionadas en al apartado anterior, se intenta delinear algunas estrategias idóneas para promover la aplicación de conductas y prácticas recomendables, en términos socio-ambientales, en el sector minero. Algunas de ellas se pueden relacionar a cualquier sector empresarial, mientras que otras son más específicamente orientadas al sector de la industria extractiva. La mayoría de estas propuestas han surgido de unos workshops desarrollados por los autores de este artículo en dos congresos internacionales: el CILAC 2016 (Foro Abierto de Ciencias América Latina y Caribe), organizado por la Unesco, en la ciudad de Montevideo, Uruguay, entre el 6 y el 9 de septiembre de 2016), y el LASA (Latin American Studies Association), que ha tenido lugar en la ciudad de Lima, Perú, entre el 29 de abril y el 2 de mayo de 2017. En dichos talleres participaron personas de formación y procedencia heterogénea: activistas en el sector de los derechos humanos, investigadores y académicos vinculados a la temática, personas sin conocimientos previos y empresarios interesados en el tema. En estas plataformas multi-actor se generó un proficuo intercambio de ideas y experiencias, a través de un diálogo constructivo y de una discusión en la cual se ha intentado analizar el fenómeno desde una multiplicidad de puntos de vista y tomando en cuenta los intereses de las diferentes partes involucradas. Omitiendo el desarrollo específico de tales discusiones, se presentan las principales propuestas que surgieron de manera concertada.

Resulta necesario empoderar al ciudadano sobre sus derechos como tal y como consumidor, facilitándole la información. En este sentido, las redes sociales pueden representar una herramienta muy relevante.

Analizar y compensar la falta de agencias que puedan llevar las demandas contra las empresas, y simplificar de esta forma los trámites, frente a la difusa incapacidad muchas veces, por el afectado, de conocer o acceder al correspondiente proceso burocrático.

Concientizar a las empresas de las consecuencias negativas de sus actividades no éticas en relación con sus mismos beneficios económicos (por ejemplo las caídas de acciones).

Mejorar los mecanismos de fiscalización. En general no hay o fallan los mecanismos de control, sea por falta de voluntad, sea por las dificultades relativas a su aplicación.

Hay la necesidad de que los Estados adopten, de entrada, medidas drásticas con las empresas mineras, y que solo posteriormente se puedan sentar a negociar con ellas, con el objetivo, entre otros, de garantizar una situación de simetría en las mesas de negociaciones.

Se vuelve necesario correr el velo de las personas jurídicas, para responsabilizar a las empresas mineras, y de evidenciar las relaciones corruptas que existen entre empresas y gobiernos.

La minería debería incluir dentro de sus iniciativas algunas que garanticen la sostenibilidad de las actividades no solo dentro de su operación sino en toda la cadena de suministro. Esto incluye la verificación de que en ningún eslabón de la cadena se involucren o vinculen a las operaciones grupos al margen de la ley o empresas o negocios que trasgredan los derechos humanos y la legislación laboral del país de origen. Para ello, se cuenta con mecanismos como la guía de la Debida Diligencia de Minerales para Cadenas de Suministro Responsables en Áreas de Conflicto o Alto Riesgo elaborada por la OCDE para “respetar los derechos humanos y evitar contribuir al conflicto a través de prácticas responsables de abastecimiento de minerales”.

Las iniciativas de transparencia y rendición de cuentas son fundamentales, no solo para garantizar que las empresas no se involucren en temas de corrupción, sino para facilitar el control ciudadano de sus actividades y sus inversiones en estrategias de compensación ambiental y responsabilidad social.

Promover alianzas entre universidades y centros de investigación con las empresas mineras para avanzar en el conocimiento científico minero y enriquecer la información pública disponible.

Promover e incentivar a las empresas para que incluyan, desde etapas tempranas, el relacionamiento con las comunidades como una estrategia fundamental dentro de sus planes de gestión y operación.

Aplicar programas de formalización minera en lo gubernamental, vinculando los pequeños mineros o mineros informales a su operación a través de contratos de formalización, de tal forma que puedan convertirse en proveedores de las grandes compañías.

Apoyar estudios que ponderen las ventajas y los daños de la actividad minero-energética y el deterioro ambiental en territorios ocupados por poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, para traducirlos posteriormente en propuestas de política pública que estimulen iniciativas de desarrollo social y ambientalmente sostenibles.

Establecer ‘zonas libres de minería’. como un mecanismo de defensa hacia la acelerada expansión de concesiones mineras que amenazan la integridad de importantes ecosistemas y de un modelo de desarrollo sostenible.

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) como mecanismo fundamental de gestión ambiental cuyo fin es documentar los efectos de los proyectos productivos que tienen incidencia en los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos para aliviar el deterioro del medio ambiente y minimizar el impacto de la actividad extractiva.

Partiendo de las reflexiones expuestas anteriormente y de las propuestas surgidas durante el desarrollo de los workshops, emerge la convicción que, en términos generales, sea necesario poner el tema de la sostenibilidad de la industria minera como elemento central en las estrategias gubernamentales y empresariales. En este sentido, es opinión compartida por los autores que se haya vuelto una necesidad establecer nuevas modalidades de cooperación y alineación entre los gobiernos, las empresas y la sociedad civil, para asegurar que la calidad de la vida y la del empleo, presente y futura, se potencien al máximo, preservando al mismo tiempo la sostenibilidad global y en el pleno respeto y protección de los derechos humanos de las personas: todos estos son elementos fundamentales previstos entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 planteados para construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, en las cuales se protejan los derechos humanos de sus miembros y se garantice una protección duradera del planeta y sus recursos naturales.

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1 Término empleado por los colombianos para referirse a los pagos extorsivos