Cooperación Internacional para el Desarrollo y Estrategias Nacionales

para el Cumplimiento de los ODS. Aproximaciones a los casos de Colombia y Chile*

International Development Cooperation and National Strategies for the SDGs.

The cases of Colombia and Chile

Mariangela Rueda Fiorentino1

Artículo de Reflexión

Resumen

La Cumbre del Milenio en el año 2000, inicia un proceso de definición de metas y objetivos globales de desarrollo que se ratifica en el año 2015 con la aprobación de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este contexto, resulta necesario ampliar y cualificar la literatura que profundice acerca de las estrategias o mecanismos adoptados al interior de los países de cara al cumplimiento de las metas pactadas. De este modo cabe preguntarse: ¿de qué manera los países se preparan a nivel interno para favorecer el cumplimiento de los ODS? Para averiguarlo, este trabajo tomó los casos de Colombia y Chile. A partir del método cualitativo, se analizan las experiencias de ambos países en cuanto: (i) el fortalecimiento de las relaciones de cooperación internacional y (ii) el alistamiento institucional interno.

Palabras clave: Cooperación Internacional; desarrollo; Objetivos de Desarrollo Sostenible; implementación; Latinoamérica.

Abstract

The 2000 Millennium Summit started the process of defining global development goals. This intention was ratified in 2015 with the approval of the 2030 Agenda and its Sustainable Development Goals. In this context, it is necessary to broaden and qualify the literature about the strategies or mechanisms adopted within the countries in order to fulfill this Goals. In this way, it is worth asking: in what way do countries adjusted to these commitments? Based on the qualitative method, this paper examines the cases of Colombia and Chile, through the analysis of two specific processes: (i) the strengthening of international cooperation and (ii) the internal institutional reinforcement.

Keywords: International Cooperation; development; Sustainable Development Goals; implementation; Latin-America.

I. A modo de introducción: Una breve revisión al proceso de definición de metas globales de desarrollo

Distintas experiencias a nivel global han demostrado que crecimiento económico no equivale necesariamente a desarrollo. A partir de la década de los noventa, el desarrollo toma fuerza como un concepto multidisciplinar e integral que involucra un conjunto de condiciones en las esferas política, social, cultural y ambiental, que sumadas al éxito económico, favorecen la calidad de vida del ser humano. Sobre la integralidad de este concepto resulta necesario remitirse a los estudios de Sen (1998, 2000) y a sus aportes en la construcción del primer Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.1

Para Sen (2000), “el desarrollo es un proceso de expansión de las capacidades de que disfrutan los individuos” (p.56). En concordancia con los aportes de este autor, Castells y Himanen (2016) consideran que “el desarrollo es el proceso social auto-definido por el cual las personas, individual y colectivamente, potencian sus capacidades para mejorar su vida según sus valores e intereses, y así proclaman su dignidad como seres humanos” (p.21).

Los importantes avances en la concepción del desarrollo, característicos de los años noventa, convergen en la Cumbre del Milenio del año 2000 en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la aprobación de la Agenda Global de Desarrollo 2000-2015 (también conocida como Objetivos del Milenio u ODM). Esta intención se ratifica en el año 2015 con la aprobación de la Agenda 2030 y sus diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Así, el proceso de evolución en la concepción del desarrollo y de la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID), es el resultado de un contexto cambiante en el que poco a poco se han ido reconociendo cuáles deben ser los objetivos frente a los cuales se requiere de la acción agrupada de los Estados, así como de la participación de otros actores como instituciones internacionales, empresa y sociedad en general. En este orden de ideas, el Neoliberalismo,2 resulta un enfoque teórico apropiado para analizar y explicar las dinámicas cada vez más interdependientes y complejas del sistema internacional. La lógica que persigue la cooperación internacional desde la perspectiva Neoliberal, es el reconocimiento de problemas que generan consecuencias globales (pobreza extrema, calentamiento global, desigualdad, seguridad, educación, entre otros), que no pueden ser abordados desde una perspectiva individualista o reduccionista por parte de los múltiples actores que conforman el Sistema Internacional (Rueda y Osorio, 2019, p.122).

En el nuevo siglo, la superación de la pobreza se planteó como el objetivo principal de la CID; de igual manera, los Objetivos de Desarrollo del Milenio promulgaron el mismo propósito. Por su parte, los ODS, han conformado una agenda que integra nuevos asuntos como la desigualdad, la prosperidad, la paz, la seguridad, y la gobernanza; para Sanahuja (2018), estos objetivos “por primera vez dotan a las metas globales de un componente explícitamente político, que se sumaría, como elemento transversal, habilitante y transformador, a las tradicionales dimensiones social, ambiental y económica del desarrollo sostenible” (p.28).3

Sobre la factibilidad de esta Agenda, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), considera que “la alineación entre las prioridades nacionales y objetivos globales, y la coordinación nacional para la consecución de ambos, es el primero de los retos a enfrentar por parte de los países iberoamericanos”. De este modo, concluye la SEGIB, “la implementación de la Agenda 2030 y el logro de las metas globales servirán como horizonte para el accionar de las instituciones nacionales, y tendrá impacto en la arquitectura de la gobernanza global” (2016, p.31).

Por tanto, además de la acción colectiva global y transnacional, el cumplimiento de los ODS, como una responsabilidad adquirida, está condicionado a la definición de estrategias a nivel nacional en términos de políticas públicas, así como a la inclusión del sector privado y de la sociedad civil en su ejecución. De este modo, resulta necesario indagar de qué manera los países plantean o desarrollan estrategias, a nivel nacional e internacional, enfocadas al cumplimiento de las metas pactadas. Este artículo, espera contribuir a la literatura a partir de una aproximación a dos casos específicos: Colombia y Chile.

En un primer momento, este trabajo analiza el contexto general de los avances hacia el cumplimiento de los ODS a partir de los datos del Índice Global de los ODS, con particular énfasis en los dos casos seleccionados. Seguidamente, presenta las experiencias de ambos países a la luz de dos procesos específicos: (i) el fortalecimiento de la cooperación internacional y; (ii) el alistamiento institucional interno. En términos de cooperación, se destaca el fortalecimiento de las modalidades de sur-sur y triangular en ambos países; en el contexto interno, ambos han optado por la creación de nuevas instituciones, a las que han encargado la implementación y seguimiento de la Agenda.

II. Contexto general actual y selección de los casos de estudio

El índice global de los ODS (SDG Index) es un instrumento que permite apreciar los avances de los países y regiones frente a los compromisos adquiridos en la Agenda 2030, otorgando un puntaje de cero (0) a cien (100) a cada uno de los países incluidos en el reporte. Para el año 2018, las diez primeras posiciones se encuentran ocupadas por países europeos miembros de la OCDE (ver Tabla 1). Las cifras confirman que el Norte mantiene las posiciones de liderazgo en cuanto a los avances para el logro de los ODS, hecho que resulta del todo lógico, al considerar los contextos económicos y sociales de estos países; no obstante, el escenario cambia considerablemente al revisar los datos del Sur (ver Gráfico 1).

Tabla 1

Listado de países incluidos en las diez (10) primeras posiciones del SDG Global Index 2018

No.	País	Puntaje
1	Suecia	85
2	Dinamarca	84,6
3	Finlandia	83
4	Alemania	82,3
5	Francia	81,2
6	Noruega	81,2
7	Suiza	80,1
8	Eslovenia	80
9	Austria	80
10	Islandia	79,7

Fuente: Elaboración de la autora de acuerdo con el informe del SDG Global Index 2018

Fuente: Elaboración de la autora de acuerdo con el informe del SDG Global Index 2018.

Si se observa puntualmente el caso de Colombia, el país obtiene un puntaje de 66.6 en el último reporte y se encuentra levemente por encima de la media de Latinoamérica y del Caribe (66.0). No obstante, el nuevo escenario al que deberá enfrentarse es el de la OCDE (con un promedio de 76.9) y es aquí donde se encuentra el mayor desafío. La Tabla 2 compila los puntajes individuales obtenidos entre los años 2016 y 2018 por los países Latinoamericanos miembros de la OCDE: México (1994), Chile (2010) y recientemente, Colombia (2018).4

Tabla 2

Puntajes obtenidos por los países Latinoamericanos miembros de la OCDE 2016-2018

	2018		2017		2016
País	Posición	Puntaje	Posición	Puntaje	Posición	Puntaje
México	84/156	65.2	58/157	69.1	56/149	63.4
Chile	38/156	72.8	44/157	71.6	42/149	67.2
Colombia	74/156	66.6	88/157	64.8	91/149	57.2

Fuente: Elaboración de la autora de acuerdo con los datos del SDG Index (2016, 2017, 2018)

En resumen, el SDG Index elabora un diagnóstico de la evolución de cada uno de los países hacia el cumplimiento de las metas acordadas y sus indicadores, clasificándolos en una escala de que va de cero a cien; lo que permite revisar el comportamiento de cada país a tanto nivel individual como regional.5 Sobre los dos miembros iniciales, se observa que Chile ha ido avanzando de manera positiva en su desempeño manteniendo el puntaje más alto en esta terna; debido a ello, el país logró avanzar de la posición 42 sobre 149 países medidos en el año 2016, a la posición número 38 sobre 156 en el informe de 2018. Por su parte, México es el único de estos países que ha desmejorado sus cifras, pasando del puesto 56 al 84 en el más reciente reporte.6

No obstante, la medición cuantitativa, aún cuanto valiosa, no resulta suficiente. La lectura general de este reporte sugiere un panorama general ampliamente conocido: unos resultados condicionados por la clásica división Norte-Sur, en donde los mayores avances son obtenidos por los países con mayores niveles de desarrollo. Los contextos son diferentes, pero los compromisos son globales. Es decir, frente esta Agenda global de desarrollo, será a nivel interno en donde se encontrará el desafío de explorar las estrategias para su cumplimiento. Por tanto, se considera pertinente analizar y conocer las estrategias que a nivel institucional y en términos de cooperación desarrollan los países para favorecer el cumplimiento de la Agenda 2030. Para este fin, este artículo presenta una aproximación a las experiencias de los Gobiernos de Colombia y Chile en el periodo 2014-2018.

La elección de estos países para los fines de este trabajo responde a distintas motivaciones. De manera general puede mencionarse la vinculación activa en foros regionales y multilaterales por parte de ambos países. De manera específica, el reciente ingreso de Colombia a la OCDE motivó su selección, pues, si bien el SDG Index muestra un desempeño favorable en comparación con los demás países de Latinoamérica y el Caribe –incluso, ubicándose levemente por encima del promedio regional–, a partir de este año, sus avances empezarán a ser comparados con los demás miembros de esta Organización. De igual manera, en el contexto colombiano se observa que: (i) tuvo un rol de liderazgo en la Cumbre Río+20 en junio de 2012, momento en el que empieza a debatirse la posibilidad de adoptar a nivel global los ODS, por tanto, se espera un papel igualmente destacado en los avances hacia su cumplimiento. (ii) A la par, el país vive una coyuntura que parece favorable a la cooperación internacional. A partir de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la ex-guerrilla de las FARC-EP, se ha ido dejando atrás la imagen negativa, producto de una historia marcada por la violencia y el conflicto interno. Por el contrario, los últimos años han significado un apoyo manifiesto de la comunidad internacional, quien se muestra expectante a los avances en materia de paz y solución de conflictos. Empero, aún quedan asuntos por mejorar, si se pretende cumplir con las metas adquiridas en términos de desarrollo.

En relación con el caso chileno, debe resaltarse que: (i) desde la década de los noventa, Chile ha tenido un crecimiento económico importante. Actualmente, cuenta con uno de los mejores índices de crecimiento macroeconómicos de América Latina. La última clasificación del Banco Mundial (2017), lo ubica en la categoría de ingreso alto. No obstante, persisten desafíos internos en términos de desarrollo social y desigualdades, que deben ser superados. Por otra parte, (ii) su admisión a la OCDE se dio en el año 2010, hecho que significó la adquisición de compromisos en términos de cooperación y de políticas públicas conforme a los propósitos de dicha institución. Igualmente, de los dos países Latinoamericanos miembros de esta Organización hasta inicios de 2018, fue aquel con un mejor desempeño según lo reportado en los informes de 2016, 2017 y 2018. Finalmente, (iii) en cuanto a su modelo de cooperación, ha logrado consolidar “un modelo centrado en la asistencia técnica y la formación que exhibe, además, un alto grado de diversificación sectorial y geográfica”. Este hecho, ha permitido su evolución de “inminente receptor hacia una situación en la cual puede y debe comprometerse con la cooperación al desarrollo” (Colacrai, 2010, p.65-67).

Los parágrafos sucesivos analizan las experiencias de ambos países en relación con dos procesos específicos: el fortalecimiento de las relaciones de cooperación internacional y el alistamiento institucional interno.

El fortalecimiento de la Cooperación Internacional

De acuerdo con Keohane (1988), la Cooperación Internacional (en adelante CI) “se produce cuando los actores adaptan sus conductas a las preferencias presentes o anticipadas de otros, por medio de un proceso de coordinación de políticas” (p.74). Entendida de este modo, la cooperación permite la consecución de los intereses de los actores a través de procesos de negociación, diálogo y concertación evitando la discordia. Lo anterior, lleva a mencionar dos de las reflexiones principales del autor sobre la CI: (i) la cooperación busca en cierto sentido evitar o reducir la discordia a través de la armonización de intereses que en principio son de naturaleza conflictiva y/o complementaria;7 (ii) no debe ser reducida a un acto moral, por el contrario, es una herramienta que facilita la consecución de los propios intereses y, aunque en principio busque beneficios colectivos no puede por sí sola garantizar que todos los actores se beneficien en exactas proporciones.

La cooperación entonces, es un instrumento político que facilita el entendimiento entre dos partes con intereses opuestos o complementarios. Si la cooperación da frutos, puede evitar la discordia entre las partes o reducirla en caso de que ya existiese.

Por otra parte, cuando se hace referencia específicamente a la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID), se apunta a un propósito manifiesto: contribuir al desarrollo de los pueblos. Al respecto, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas – ECOSOC (2015), considera que deben existir cuatro requisitos para que una iniciativa de cooperación sea considerada CID:

[la CID] es una actividad que se propone expresamente apoyar las prioridades de desarrollo nacionales o internacionales; no persigue el lucro; discrimina en favor de los países en desarrollo y; se fundamenta en relaciones de colaboración que intentan mejorar la implicación de los países en desarrollo (p.4).

En consecuencia, Agudelo (2011) afirma que, al hablar específicamente de CID, la Cooperación Internacional corresponde al medio y el desarrollo humano al fin.

Más allá de las motivaciones que impulsan los procesos cooperativos entre estados u otros actores del sistema internacional, la cuestión es el reconocimiento de problemas que generan consecuencias globales (pobreza extrema, calentamiento global, desigualdad, seguridad, educación, entre otros) y que, por tanto, no pueden ser abordados desde una perspectiva individualista o reduccionista por parte de los actores que conforman el sistema internacional.

A partir de lo dicho, este trabajo entiende la Cooperación Internacional para el Desarrollo como una herramienta a disposición de los actores del sistema internacional, que permite hacer frente a los desafíos mundiales, a través de una acción coordinada. Dicha acción, se ha manifestado recientemente en la definición de agendas globales de desarrollo en el marco de las Naciones Unidas: los Objetivos del Milenio (ODM) en el año 2000 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015. La cooperación en si misma se convierte entonces en una estrategia, es el medio que permite tener hoy una agenda (proceso de consenso global) y a través de ella, los países buscarán fortalecer sus capacidades para lograr las metas.

Debe tenerse presente que, tanto Chile como Colombia, son clasificados como países de renta alta y renta media alta respectivamente8 y asimismo, lo son la mayoría de los países Latinoamericanos. Lo anterior, significa que al momento de distribuir los flujos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD),9 los países de América Latina no son priorizados, pues, la mayor parte de la financiación se dirige a los países de renta baja y media-baja, según los criterios del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.10 A pesar de esta clasificación, en esta Región persisten realidades que dificultan la meta 2030 para el subcontinente, entre ellas, una historia de marcadas desigualdades, desafíos términos de desarrollo social y en algunos casos, crisis de institucionalidad y gobernabilidad; este hecho, sumado a la disminución de flujos de AOD reafirman la relevancia de la cooperación sur-sur y triangular como modalidades que vienen a complementar el clásico flujo Norte-Sur. El Gráfico 2 muestra la AOD recibida por Colombia y por Chile en el periodo 2000-2015.

Al contrastar los datos, se observa un comportamiento casi constante en la AOD recibida por Chile, que al ser comparados con los de Colombia, resultan relativamente bajos. Es de señalar el factor de la violencia en Colombia y, sobretodo la lucha contra el narcotráfico como una variable fundamental al momento de revisar las cifras.11 Colombia empezó a ser receptor de cooperación y asistencia al desarrollo en la década de los cincuenta y sesenta (Duarte et al, 2017). No obstante, en la actual coyuntura, y particularmente desde su clasificación como país de renta media alta, el país, que había sido típicamente receptor de cooperación, en especial en asuntos relacionados con el mantenimiento de la paz y la seguridad en un contexto de guerra, ha ido fortaleciendo su rol de oferente. Lo anterior, permite afirmar que, en el presente, Colombia sostiene un rol en doble vía como receptor-oferente de cooperación.12

De este modo, en el caso colombiano, se deben colocar dos situaciones en evidencia: (i) el país sigue siendo un importante receptor de cooperación, particularmente en la coyuntura del posconflicto; (ii) de manera paralela, existe una tendencia creciente a diversificar el portafolio de socios hacia distintas regiones a través del fortalecimiento de los procesos de CSS y CTr, atendiendo al principio de horizontalidad en contextos que resultan conocidos por donantes y receptores.

Este rol dual, le ha permitido a Colombia ser visibilizado en los últimos años a nivel regional e internacional como un actor destacado de cooperación, diversificar su relacionamiento con socios al incluir aliados tradicionales y no tradicionales en estos procesos y, además, tener una mayor presencia en foros regionales y globales. En esta dirección, Quintero (2017), afirma que en el caso colombiano, el fortalecimiento de las relaciones “bilaterales, las iniciativas regionales, la presencia en los organismos multilaterales y la promoción de alianzas estratégicas de Cooperación Triangular”, exhiben “el propósito de desempeñar un réspice ominia13 que transite a un mejor posicionamiento regional traducido en liderazgo” (p.145-146).

En Colombia, el fortalecimiento de las modalidades de cooperación sur-sur y triangular, se concreta a partir del año 2006 gracias a un cambio de un enfoque de oferta a uno de demanda y a una mayor integralidad en el escenario de cooperación colombiano (Nivia-Ruiz y Ramos, 2015). Asimismo, la Cancillería (s,f), resalta los avances ocurridos desde el año 2010, a partir del fortalecimiento de las relaciones de cooperación con países de América Latina, África y Asia, manifestados en la “celebración de Comisiones Mixtas, la suscripción de Memorandos de Entendimiento y la creación de las Estrategias Regionales”.

De este modo, tanto la CSS como la CTr, empiezan a ser vistas como instrumentos de interés que permiten un mayor relacionamiento con países de la Región, pero también, privilegian el fortalecimiento de relaciones con países de renta baja e incluso media y media alta en regiones como África y Asia; lo anterior le permite a Colombia fortalecer su rol de oferente en el escenario internacional, a través del intercambio de prácticas y experiencia.

En el caso chileno, su compromiso con la promoción y consecución de los bienes públicos globales y el desarrollo de los pueblos, se manifiesta principalmente en el fortalecimiento de la cooperación internacional, a través del intercambio de experiencias, capacidades y conocimientos con socios de la región (AGCID, s,f). De este modo, su rol de oferente se orienta a los programas de asistencia técnica, formación de capital humano e intercambio de experiencias a través de alianzas bilaterales sur-sur, establecidas con el propósito de apoyar el desarrollo de los países menos avanzados, especialmente en América Latina y el Caribe.14 Por otra parte, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (2018), insiste en el establecimiento de alianzas bilaterales y multilaterales con donantes tradicionales y distintas organizaciones internacionales, para el cofinanciamiento de la cooperación a través de procesos de Cooperación Triangular, en favor de proyectos con mayor alcance.

En Chile, la gestión, coordinación y administración financiera de la cooperación, está a cargo de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID, s.f).15 Es a partir del trabajo de esta Agencia, que se crea y se promueve en el 2015 la “Política Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo al 2030”, la cual determina que:

En un contexto internacional en transformación permanente, para la cooperación chilena para el desarrollo el desafío es de transitar desde enfoques reactivos o de corto plazo, hacia políticas de largo plazo, con horizontes estratégicos, de manera que contribuya al logro de los objetivos de nuestra política exterior. Chile promueve en su trabajo de cooperación la dignidad de las personas, la justicia social, los derechos humanos y la sustentabilidad. En este sentido, esta cooperación participa y coincide con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sintetizados por el Secretario General de Naciones Unidas en el documento El camino hacia la dignidad para 2030 (AGCID, 2015a, p.4).

Esta Política de Cooperación plantea la visión de desarrollo de Chile en el largo plazo. Para su materialización, se propuso en el mismo año, una meta a mediano plazo contemplada en la Estrategia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, proyectada a 2018 (AGCID, 2015b).

De acuerdo con la AGCID (2015a), la Política procura incentivar una acción colectiva con el fin de “mejorar las condiciones de vida de los pueblos”, a través de “una aproximación al desarrollo desde un enfoque multidimensional, fortaleciendo la cohesión social y la sostenibilidad” (p.10). Por su parte, la Estrategia 2015-2018, define los Criterios Orientadores (CO) para dar seguimiento a los fundamentos de la cooperación chilena definidos en la Política. A partir de los CO, se proyectan los objetivos estratégicos, y de estos a su vez, surgen las líneas de acción concretas16 (ver Gráfico 3).

De este modo, tanto la Política como la Estrategia, se constituyen en una guía a nivel nacional para identificar prioridades y trazar lineamientos para la acción en favor del fortalecimiento de la cooperación y del desarrollo en Chile. En otras palabras, a partir de estos instrumentos se da consistencia y coherencia a las decisiones a nivel nacional e internacional; “la política es en definitiva una orientación de mayor jerarquía que guía la acción cooperante” (AGCID, 2015, p.10).

En este contexto, se destaca un compromiso por parte de ambos estados frente al fortalecimiento de las modalidades y cooperación sur-sur y triangular. En palabras de Miranda (2016), la CSS, les permite a los países diseñar e implementar políticas públicas y estrategias de desarrollo a partir de la experiencia y el acompañamiento de pares. Asimismo, la CTr, es “un recurso de los países Iberoamericanos para maximizar su potencial en los próximos años y se plantea como un mecanismo innovador para que los países desarrollados puedan potenciarla y apuntar a constituir una alianza multiactores y multinivel, en una perspectiva de largo plazo” (p.20). Por tanto, el fortalecimiento de ambas modalidades de cooperación, se convierten para ambos estados, en un instrumento para responder a los retos de la implementación de las metas de desarrollo 2030.

El alistamiento institucional interno

Los ODS deben ser comprendidos como una estrategia integradora que propicie la alineación de la agenda global con la nacional y la territorial. Sobre los mecanismos institucionales y los instrumentos de política pública, necesarios para alcanzar los objetivos fijados al 2030, se menciona en primer lugar el proceso de alineación de las metas nacionales con los Objetivos globales, a través de la incorporación de los ODS en los Planes Nacionales de Desarrollo o Programas de Gobierno; luego, se abordan las instituciones encargadas de la implementación y seguimiento en cada contexto.

En el caso colombiano, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (2016), destaca la alineación de 92 de las 169 metas de los ODS con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 (véase Gráfico 4).

De este modo, más de la mitad de las metas de los ODS se encontraban incorporados en los tres ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, “Todos por un nuevo país: paz, educación y equidad”; adicionalmente, 19 de ellos tienen un documento de política pública con plan de acción.17

En el nivel departamental y territorial, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas – ECOSOC (2016) indica que “se logró la incorporación de los ODS en el 100% de los Planes de Desarrollo formulados por los 32 departamentos18 (segundo nivel) y las ciudades capitales del país (tercer nivel) para el período 2016-2019” (pp.10-11).

En Chile, el proceso de alineación de los ODS con las metas nacionales está vinculado al Programa de Gobierno. El periodo 2014-2018 correspondió al mandato de la Presidenta Michelle Bachelet y a su Plan de Gobierno “Chile de todos”, con un marcado énfasis en las desigualdades y el desarrollo inclusivo.

De acuerdo con el Gobierno de Chile (2017), el proceso de alineación de los objetivos del Gobierno a la Agenda 2030, se realizó a través de la definición de cuatro “ejes estructurantes”, entendidos como indispensables para la implementación de los ODS en el contexto nacional, estos son: (i) alcanzar un desarrollo económico y social sostenible e inclusivo, (ii) disminuir la pobreza y la desigualdad, (iii) enfrentar el cambio climático; y (iv) fortalecer las instituciones para la democracia (p.15).

Con el fin de conocer los avances en la materialización dichos ejes, y de acuerdo con la información del Gobierno de Chile (2017), este trabajo ha seleccionado al menos un ODS relacionado directamente con cada uno de ellos y, ha indicado las acciones públicas alineadas con la Agenda 2030, que fueron aprobadas y publicadas entre los años 2016-201819 (ver Tabla 3).

Según la información contenida en la tabla, durante el periodo 2016-2018 se aprobaron en Chile más de 40 Leyes, 10 políticas, 23 acciones entre planes y programas, además de otras iniciativas; todas las anteriores, enmarcadas en los ODS. De este modo, la Tabla 3 permite ejemplificar la alineación de las prioridades internas con los propósitos globales de desarrollo en el contexto chileno.

Asimismo, es esencial mencionar que tanto la implementación de la Agenda 2030 a nivel nacional, como su seguimiento y evaluación, cuentan con el apoyo del Sistema de las Naciones Unidas. De manera específica, se destaca el Equipo de Trabajo Conjunto sobre los ODS (ET), creado en el 2016 por el Equipo de País del Sistema de Naciones Unidas en Chile (Naciones Unidas en Chile, s,f).

En segundo lugar, deben ser mencionadas las formas y mecanismos utilizados a nivel nacional para la efectiva materialización de las metas de desarrollo, sobre este asunto, la CEPAL (2018), destaca dos tendencias en los países de la región: (i) la creación de instituciones nuevas para la implementación y el seguimiento de los ODS y (ii) la construcción de estrategias de coordinación sobre instituciones ya existente.20 Tanto el caso colombiano como el chileno se encuentran dentro del primer grupo.

En Chile, el Decreto N° 49 del Ministerio de Relaciones Exteriores del 14 de abril de 2016, creó El Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,21 cuyas funciones se expresan en el artículo cuarto:

(i) Asesorar a la Presidencia de la República en la implementación y seguimiento de la Agenda 2030; (ii) servir de instancia de coordinación a nivel nacional, acorde a los procesos que se realicen a nivel internacional; (iii) servir de instancia de coordinación con organizaciones gubernamentales, internacionales, sector privado y/o sociedad civil, en aspectos técnicos que digan relación con la situación y, (iv) coordinar la implementación y el seguimiento de la Agenda en el país.

Con el propósito de avanzar en el conocimiento de la Agenda y la implementación de los Objetivos, el Consejo propone una visión de trabajo coordinada con distintos actores, incluyendo entes gubernamentales, sector privado y organizaciones de la sociedad civil. Este propósito se materializa a través de la creación de Comisiones y Grupos de Trabajo, encargados, entre otras cosas, de “estudiar el avance de las acciones públicas vinculadas a los ODS”, garantizar el continuo diálogo entre el sector público y el privado y “elaborar recomendaciones al Consejo para mantener o acelerar el progreso hacia el cumplimiento de las metas propuestas” (Gobierno de Chile, 2017, p.25).

En relación con el caso colombiano, el Decreto Presidencial No. 0280 del 18 de febrero de 2015, creó la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel (en adelante Comisión ODS), quien, de acuerdo con su art. 2 tendrá como objeto “el alistamiento y la efectiva implementación de los ODS a través de políticas públicas, planes, acciones y programas, con planificación prospectiva, y el monitoreo, seguimiento y evaluación de estos objetivos, con sus respectivas metas” (Presidencia de la República, 2015).22

Conformada por el DNP (que ejerce su Presidencia y su Secretaría Técnica), el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Presidencia de la República, el Departamento para la Prosperidad Social, y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística,23 dicha Comisión, deberá, de acuerdo con el Decreto en mención, facilitar los espacios de diálogo y coordinación interinstitucional, permitiendo una optimización de los recursos disponibles para el cumplimiento de los Objetivos. A partir del trabajo de la Comisión ODS, se formula y aprueba en marzo de 2018 el documento CONPES 391824 que contempla la “Estrategia para la implementación de los ODS en Colombia”. De acuerdo con ésta, aspectos como: la implementación de políticas públicas de largo plazo; una visión intersectorial e integral del desarrollo (social, económico, ambiental); la inclusión de todos los sectores de la sociedad (públicos y privados) en la persecución de las metas; y la medición y el monitoreo de los indicadores, se constituyen en los principales retos de forma que debe afrontar Colombia de cara al cumplimiento de las metas acordadas. De este modo, el objetivo general del CONPES 3918, es “definir la estrategia de implementación de los ODS en Colombia, estableciendo el esquema de seguimiento, reporte y rendición de cuentas, el plan de fortalecimiento estadístico, la estrategia de implementación territorial y el mecanismo de interlocución con actores no gubernamentales”25 (DNP, 2018, p.30).

Según lo observado por este trabajo, ambas estrategias incluyen de manera explícita la necesidad de fortalecer la Cooperación Internacional y la participación de actores multilaterales (CEPAL, la OCDE y las Naciones Unidas) como partes fundamentales del proceso de cara al cumplimiento de los ODS. En otras palabras, se reconoce la importancia de la colaboración y el establecimiento de alianzas entre distintos niveles y diversos actores, en procura del cumplimiento de dichos Objetivos.

III. Consideraciones finales

Los ODS deben ser abordados desde una estrategia integradora, que propicie la alineación de la agenda global con la nacional y la territorial. Como se mencionó, la implementación de la Agenda a nivel internacional, debe ir acompañada del establecimiento de prioridades traducidas en políticas públicas a nivel nacional y local, así como de un adecuado proceso de control y seguimiento interno, que garantice su eficacia.

De este modo, este documento ha expuesto brevemente cuáles son las principales estrategias impulsadas por Colombia y por Chile en cuanto al fortalecimiento de la cooperación internacional y el alistamiento institucional interno, de cara al logro de los ODS. Estas iniciativas se constituyen según lo observado, en los primeros pasos de un mecanismo de acción integrado, que puede llegar a favorecer el cumplimiento de las metas planteadas en la Agenda 2030, sin dejar a un lado el reconocimiento de desafíos y retos aún por afrontar.

Sobre el fortalecimiento de la cooperación, ambos países han apuntado a las modalidades de sur-sur y triangular. En este escenario, Colombia apunta a constituirse en sujeto activo de cooperación a nivel regional, sobre todo, si se toma en consideración su reciente admisión a la OCDE. Teniendo en cuenta que la CSS y la CTr no son sustitutas de la Cooperación norte-sur, más bien, se consideran herramientas complementarias, es fundamental que el país sepa explotar en los próximos años las experiencias que hasta el momento ha adquirido, con el objetivo de seguir los pasos de Chile, en cuanto intermediario entre los flujos del norte y el intercambio de experiencias en el sur.

En relación con el alistamiento institucional a nivel interno, ambos países han optado por la creación de nuevas instituciones, a las que han encargado la implementación y seguimiento de la Agenda a nivel interno. En el caso de Colombia, se subraya la alineación del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 con las metas de los ODS y la aprobación de un documento CONPES que define los lineamientos de la Estrategia para la implementación de los Objetivos en el país. En Chile, el proceso de planeación y definición de metas nacionales está ligado al Plan de Gobierno. En el periodo apenas finalizado, corresponde al Plan de Gobierno “Chile de todos” de Michelle Bachelet (2014-2018). A partir de la confrontación entre los cuatro ejes estructurantes definidos para la política chilena durante este período y las acciones públicas aprobadas entre los años 2016-2018, se pudo revisar la correspondencia entre las prioridades nacionales y las metas de desarrollo global.

En conclusión, la Agenda 2030 es el producto de un consenso global, por tanto, su cumplimiento, aun cuando requiere de esfuerzos nacionales individuales, no puede ser materializado en ausencia de un compromiso de acción colectiva internacional. Esta investigación es un primer paso, que permite conocer qué estrategias han propuesto hasta la fecha ambos países; corresponde ahora la labor de verificar el efectivo cumplimiento de lo dispuesto, así como los avances en cuanto al logro de las metas pactadas.

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* Artículo de reflexión producto del proyecto de investigación Dinámicas de cooperación internacional en Colombia: agendas de paz y desarrollo. Universidad del Norte. No contó con financiación.

Gráfico 4. Coherencia entre las agendas en Colombia. Fuente: Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (2016, p.6).

Tabla 3

Acciones públicas aprobadas en Chile entre los años 2016-2018 y su relación con los ODS

EJE ESTRUCTURANTE	ODS	AÑO	TIPO DE ACCIÓN	CANTIDAD
(i)Disminuir la pobreza y la desigualdad	Fin de la pobreza (1)	2016	Políticas	1
		2017	Ley 11	11
			Programas	8
			Otras iniciativas	5
		2018	Ley	1
	Reducción de las desigualdades (10)	2017	Ley	3
			Políticas	3
			Programa	4
			Otras Iniciativas	3
(ii) Alcanzar un desarrollo económico y social sostenible e inclusivo	Trabajo decente y crecimiento económico (8)	2016	Ley	6
			Programas	1
			Política	1
			Otras iniciativas	2
		2017	Ley	6
			Programas	2
			Otras iniciativas	2
			Programas	2
(iii) Enfrentar el cambio climático	Acción por el clima (13)	2016	Ley	1
			Política	1
		2017	Ley	1
			Planes	3
			Ley	4
			Política	2
(iv) Fortalecer las instituciones para la democracia.	Paz, justicia e instituciones sólidas (16)	2016	Ley	7
			Políticas	2
			Planes	2
		2017	Ley	4
			Planes	1

Fuente: elaboración de la autora con base en los datos de la Secretaría Técnica ODS, Ministerio de Desarrollo Social (2018).