Resumen

El presente artículo pretende realizar una reflexión sobre la articulación entre la intervención psicosocial en la reparación colectiva y cómo esta aporta a un verdadero desarrollo sostenible en comunidades víctimas del conflicto armado. En ese sentido, el papel de la cooperación internacional en las intervenciones es clave para promover el desarrollo de todo tipo de proyectos, sean sociales, productivos o de generación de servicio. Para ello, el propósito está relacionado con el estudio y análisis del departamento de Bolívar, al ser una región del país con un alto impacto de la intervención psicosocial liderada por organismos internacionales. La reflexión invita a un recorrido sobre los modelos de desarrollo local y cómo estos requieren un trabajo psicosocial sobretodo en víctimas del conflicto armado colombiano.

Palabras clave: Psicosocial; desarrollo sostenible; Reparación colectiva; Cooperación internacional.

Abstract

The present paper aims to make a reflection about the interaction between the psychosocial intervention in the collective reparation, and how this contribute to a real sustainable development in conflict armed victims communities. In that sense, the international cooperation in the interventions plays a key role to promote the development of all kinds of projects, either social, productive, or service generator. For that, the purpose is related with the study and analysis of the Bolivar´s department that being a high impact of psychosocial intervention region leaded by international organizations. The reflection invites to a walk about the local development models and how these required a psychosocial work especially in armed conflict victims in Colombia.

Keywords: Psychosocial; Sustainable development, collective reparation, international cooperation.

Introducción

Mediante el presente artículo de revisión se pretende enmarcar diferentes temáticas en torno a la Reparación Colectiva como derecho fundamental al desarrollo sostenible, desde la perspectiva psicosocial. En ese sentido, se realiza una revisión sobre cómo se adapta la intervención psicosocial en víctimas del conflicto armado y su relación con los modelos de desarrollo en el departamento de Bolívar, Colombia.

Se establece la necesidad de analizar el papel de la Cooperación Internacional para el Desarrollo (en adelante CID) respecto al financiamiento de los recursos solicitados al Fondo de Reparación de Víctimas en materia de restablecimiento de derechos y cómo esto responde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde la perspectiva de la construcción interdisciplinaria e internacional en el territorio.

Así, el recorrido de esta reflexión implica destacar la importancia de la Justicia Transicional para determinar medidas de satisfacción y no repetición que deben apuntar no solo a variables económicas sino a variables de índole social y emocional en los sujetos víctimas de las comunidades del departamento. Esto lleva a plantear un análisis acerca de cómo priorizar los diferentes modelos de desarrollo con los que actúa la intervención en el conflicto armado. Así, se evidencia una claridad sobre la importancia de trabajar sobre el desarrollo humano, teniendo en cuenta que la intervención psicosocial debe contemplar variables económicas, políticas y sociales para que los proyectos obtengan sostenibilidad.

Para finalizar se plantea cómo la comunidad internacional participa activamente de este proceso, trabajando en materia de financiación económica pero también inversión en la rehabilitación social de las víctimas del departamento.

Reparación integral en el departamento de Bolívar, Colombia.

Bolívar es uno de los 32 de departamentos de la República de Colombia, ubicado en el Norte del país. Durante las 6 décadas de conflicto armado local fue uno de los territorios mayormente golpeados por la violencia: tanto los grupos paramilitares como las guerrillas hicieron presencia mediante toda una serie de prácticas que implicaron violaciones sistemáticas de Derechos Humanos, tal como lo sostiene la Macro-sentencia Condenatoria de Salvatore Mancuso (2014). Dicha situación generó, entre otros efectos, el abandono forzoso de tierras, la inseguridad alimentaria acompañada de un alto índice de pobreza, desempleo de la población o desempeño de actividades temporales, falta de desarrollo sostenible en el corregimiento por causa de desplazamiento principalmente a colectivos campesinos. Para establecer las medidas de reparación de estos hechos la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), previamente tuvo que delimitar los daños colectivos, los derechos vulnerados y los tipos de medida (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2012).

En ese sentido, una de las medidas de restitución que contempla el Plan Integral de Reparación Colectiva en el departamento son aquellos que refieren a los proyectos productivos que impliquen la formación técnica para el trabajo y que contribuyan al fortalecimiento de la agricultura local y a la seguridad alimentaria en pos de fomentar el desarrollo sostenible en la región (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2012). Por tal razón, a efectos de esto, se comprende que la medida en particular contribuirá a transformar el deterioro de las condiciones agropecuarias, que en las voces de la comunidad, supone una situación priorizada para la búsqueda de alternativas de solución.

Dentro de las múltiples masacres vividas en el departamento, el abandono y desarraigo de las tierras, implica comprender que fue generada por el desplazamiento forzado, el cual a su vez fue generador de persecuciones y homicidios selectivos. En la sentencia de Justicia y Paz, donde se judicializan y condenan a los responsables de las masacres, se evidencia que el desplazamiento originado por estos hechos implicó pérdidas económicas en las familias, pues a pesar de que gran parte de las comunidades pudieron hacer retorno sin intervención institucional, las tierras, al no ser trabajadas por tanto tiempo, presentan dificultades para la siembra (Macro-sentencia Condenatoria, 2014).

Esto mismo se encuentra ligado a la pérdida de los liderazgos comunitarios, la dificultad de participación y organización política y la ausencia de proyectos de vida, causados por la ruptura del tejido social, desconfianza entre las víctimas hacia el acceso a la institucionalidad y disposición asociativa ausente lo cual a su vez ha sido causado por prácticas de zozobra y estigmatización con los que grupos paramilitares ejercían control social en el territorio. La presunta presencia de los grupos armados ilegales en diversos espacios de la vida social, ha mantenido una percepción de inseguridad que se ha extendido a lo largo de la primera década del siglo xxi, los cuales públicamente se hicieron presentes en diversos testimonios de víctimas que participaron en las audiencias que tenían por objeto develar la verdad, materializar la justicia y proyectar las formas de reparación de las comunidades afectadas.

De esta manera, surge la necesidad de incorporar, con el fin de apuntar al desarrollo sostenible mediante proyectos productivos en el departamento, estrategias psicosociales que acompañen las actividades de desarrollo, permitiendo crear las condiciones de posibilidad para fortalecer liderazgos que históricamente el conflicto ha pervertido, así como transformar las afectaciones emocionales y físicas generadas por los efectos de la violencia (UARIV, 2014a).

El lugar de la atención psicosocial en el marco de la Reparación Colectiva ha sido desarrollado por el Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las víctimas, el cual establece que el objeto de las intervenciones es la identificación de las cualidades y las características de la afectación psicosocial a través de los niveles de daño o impacto, reconocer los factores de protección, los resilientes, la capacidad de desarrollo frente a la adversidad y el nivel de bienestar actual de las comunidades y grupos (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2012; Sub-comité de Justicia Transicional de la Gobernación de Bolívar, 2014 ).

En ese sentido, las formas en cómo se asumen los procesos psicosociales en este proceso deben ser pensados en beneficio de la colectividad y la intervención debe apuntar al fortalecimiento de la identidad colectiva a partir de las creencias espirituales y la construcción de liderazgos sociales. Así, deberá tener como eje central la voz de las víctimas y los familiares que requieran una atención en clave clínica y comunitaria que permita la recuperación de la comunidad (Lira, 2010). Este proceso permitiría hacerse cargo del pasado tomando la palabra para evitar el desprendimiento de ese registro incómodo e indeseable (Benjamin, 2010; Cohen, 2008).

En ese sentido, la atención institucional en torno a la reconstrucción de los relatos que narra el conflicto, así como las condiciones para hacer justicia y reparación de la misma, tienen lugar desde la promulgación de la Ley 975 del 2005. Con ello, el lugar de la construcción de la memoria histórica en la reparación colectiva pretende (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2012): i) Reconocer que las comunidades y grupos son sujetos colectivos que han sido injustamente estigmatizados y violentados; ii) Reconocimiento de la responsabilidad que le asiste a la institucionalidad en los daños causados a las comunidades y grupos por acción u omisión, frente a lo cual debe rechazar enfáticamente la ocurrencia de los hechos violatorios de los Derechos Humanos individuales y colectivos de estas comunidades y comprometerse con la no repetición (Centro Nacional de Memoria Historica, 2013). Lo anterior permite tener acercamientos a comunidades que sufrieron afectaciones por el conflicto armado, así como “conocer sus realidades y dinámicas, escuchar las historias y relatos de sus habitantes, conocer su contexto rural y las afectaciones socioeconómicas, políticas y culturales que dejó la violencia armada en su territorio” (Olave, Campillo y Suárez, 2015, p. 22).

Respecto a la atención psicosocial en Bolívar se ha buscado fortalecer la capacidad de respuesta del gobierno a los procesos de restablecimiento de derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes, y Jóvenes (NNAJ) desvinculados del conflicto. Desde el año 2001, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) trabaja en convenio con la OIM en los programas de atención especializada de la población mediante la implementación metodológica de la atención en salud, educación, vocación, psicosocial y desarrollo humano y comunitario a fin de lograr una mejor inclusión de los NNAJ desvinculados al entorno familiar (Red de La Iniciativa de Comunicación, 2008). En este contexto de acción, la OIM tuvo un papel protagónico en las políticas de diseño de los Centros de Referencia y Oportunidades Juveniles (CRO-J) los cuales realizan un seguimiento debido de la articulación de estos jóvenes al mundo laboral acompañándolos en la inclusión a la vida civil, mediante la elaboración y trabajo hacia un proyecto de vida viable, digno y sostenible (ICBF, 2008).

A su vez, en el departamento se han realizado diferentes procesos de investigación en materia de NNAJ, los mismos pertenecen a necesidades tanto en el fortalecimiento de políticas públicas en atención psicosocial, mediante la creación de bases de datos o líneas base. Desde el año 1996 UNICEF trabaja en la implementación de metodologías investigativas con el fin de estudiar el estado de los derechos y políticas ejecutadas por el ICBF en esta población (Vallés, 2002). Estos estudios recorren temáticas tales como i) Factores de riesgo y de protección en el proceso de inserción social y productiva; ii) Ejercicio real de los derechos sexuales y reproductivos; iii) Actualización de la situación de derechos humanos; iv) Contribución al fortalecimiento y mejoramiento de la política pública responsable de la inserción social (Tezón y Daniels, 2016, p. 109-110).

En este sentido, la atención psicosocial debe contemplar los objetivos hacia el desarrollo, el cual debe permitir y remitir a la sostenibilidad de los procesos en el tiempo.

La importancia del enfoque psicosocial en pos de un desarrollo sostenible en comunidades víctimas del conflicto armado

La Reparación Colectiva conceptualmente ha sido comprendida como un derecho fundamental que apunta a reconocer y establecer medidas frente a los daños ocasionados por la violación de derechos colectivos, la violación grave y manifiesta de los derechos individuales de los miembros colectivos, o el impacto colectivo de la violación de derechos individuales de grupos, pueblos u organizaciones sociales y políticas (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2012, p.38). Los elementos que componen esta aproximación han constituido el punto de partida para desarrollar las implicaciones y alcances de esta particular medida de reparación por parte del equipo de académicos e investigadores sociales que compone la Unidad de víctimas (2015). Además, la comprensión y aplicación de la Reparación Colectiva también ha sido asumida por otras instituciones que, dentro de sus agendas académicas, le han dado prioridad a las investigaciones sociales que tienen como marco la Justicia Transicional (Grupo pro Reparación Integral, 2008; Jaramillo Marín, 2008; Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2014). Este concepto es entendido como un “conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han utilizado como reparación por las violaciones masivas de Derechos Humanos. Entre ellas figuran las acciones penales, las comisiones de la verdad, los programas de reparación y diversas reformas institucionales” (International Center for Transitional Justice, 2015, p.7). Para ello, se hace necesario elaborar un inventario de daños en cada colectividad víctima, teniendo en cuenta sus particularidades étnicas, generacionales, políticas, culturales y de género, con el fin de “establecer una serie de medidas de satisfacción y garantías de no repetición que contemplen las especificidades del grupo afectado y que estén orientadas al restablecimiento de los derechos vulnerados” (Grupo pro Reparación Integral, 2008, p.6).

Estas medidas resultan eficientes si generan, entre otras, la inclusión de estrategias orientadas al fortalecimiento emocional de las comunidades a partir de un intervención psicosocial encaminadas a la transformación de las condiciones de salud mental presentes en la comunidad (Rebolledo y Rondón, 2010); así mismo, las medidas de satisfacción permiten reorientar las condiciones históricas de la comunidad, promoviendo el reconocimiento público de los hechos que ocasionaron el daño colectivo, dignificando a las víctimas y reconstruyendo la memoria histórica de la comunidad (Bernal, Guzmán y Agudelo, 2014; Molina, 2010).

La Reparación Colectiva, como se ha explicado, quienes tienen la titularidad para exigirla son las víctimas, por lo tanto, a la luz de los estudios concentrados en el marco de la justicia transicional explican que por fuera de los marcos jurídicos nacionales que abordan la reparación, estos deben tener como referente las normas del derecho internacional de los Derechos Humanos, pues además del reconocimiento que supone para las víctimas, también impone obligaciones al Estado para adoptar medidas que materialicen dicha reparación (Rincón, 2010).

Según la ONU se entenderá por víctima a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales (Asamblea General de la ONU, 1985). A este punto, desde el derecho internacional, las comunidades que tienen por objeto la Reparación Colectiva son comprendidas como comunidades organizadas, ubicadas en un lugar geográfico determinado, cuyos miembros pueden ser identificados e individualizados y quienes por el hecho de formar parte de dicha comunidad han sufrido un daño (Rincón, 2010). En ese sentido, la Reparación Colectiva mantiene una relación de dependencia frente a los postulados de la Justicia Transicional, los cuales han desarrollado cuatro puntos esenciales: i) La búsqueda de la verdad sobre el pasado; ii) La responsabilidad sobre los hechos cometidos; iii) La reparación de las víctimas; iv) la reconciliación de la sociedad (Bernuz y García, 2015).

Dentro de los componentes a ser tratados por medidas de Reparación Colectiva, la Ley 1448 de 2011, sostiene que las víctimas deben ser reparadas con el fin de lograr un desarrollo sostenible en su proyecto de vida. Por tanto, estas medidas refieren a restitución de tierras y territorios; medidas para la promoción del empleo rural y urbano; acceso a créditos; indemnizaciones, etc.

En este caso se hará hincapié en dos medidas puntuales: en la intervención para la inversión adecuada de los recursos y en la rehabilitación. La primera medida refiere a las acciones que busca que la reparación económica impacte positivamente a las víctimas, mejorando su calidad de vida, mediante inversión en proyectos productivos con el fin de transformar su proyecto de vida. Por tanto, este proceso va acompañado de la capacitación o formación de los actores o en generación de empresas o activos productivos. En cuanto a la Rehabilitación se plantean una serie de estrategias, planes, programas y acciones de carácter jurídico, médico, psicológico y social dirigidos al restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas. Aquí es donde se planifica la intervención psicosocial con el fin de reflexionar acerca de la planeación, desarrollo y puesta en marcha de la atención a víctimas que considere que ellos y ellas han sufrido los efectos de las graves violaciones a los Derechos Humanos, con el fin de mitigar los daños causados por el conflicto (Ministerio del Interior, 2016).

Ahora bien, cómo se relaciona esto último con el desarrollo. Desde la secretaría general de la ONU (en Declaración de Derecho al Desarrollo) se han dado cuenta de las características centrales del desarrollo para el ser humano. Como primer punto hay que tener en cuenta al carácter fundamental del desarrollo, es un objetivo esencial para toda persona y toda comunidad y como fin último debe garantizar el disfrute de los Derechos Humanos. Desde esta concepción, el desarrollo no es un “deber ser social”, sino una condición de la vida social y por tanto un requisito inherente a toda obligación (Domenach, 1973). A su vez, otra característica importante es el deber internacional para el desarrollo, el cual remite a cómo un principio fundamental de la cooperación se ha convertido en uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional. Es la concreción del deber internacional manifestado en la Carta de la ONU y demás propuestas que surgen del Nuevo Orden Económico Internacional, el cual se muestra como colaborativo pero a la a vez competitivo: derecho de los pobres a participar en la riqueza del mundo. También, esta perspectiva tiene en cuenta la interdependencia moral y económica, la presencia de un deber de ayuda mutua entre los diferentes pueblos que forman parte de la comunidad internacional, mediante la justicia social en pos de reducir las desigualdades.

Siguiendo esta línea, se busca impulsar alternativas integrales para el desarrollo económico y social de las poblaciones más afectadas por el conflicto armado, generando un círculo virtuoso entre beneficios ambientales, sociales y económicos lo que reducirá escenarios de conflictividad y creará las condiciones para una paz sostenible (CONPES 3850, 2015). Bajo esta concepción, Colombia está pensando las estrategias de desarrollo en torno a la “Agenda 2030” (PNUD, 2015) y los objetivos de un desarrollo que sea y posibilite la sostenibilidad. De allí, surge el análisis de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático.

Modelos de desarrollo: una forma de comprender las intervenciones en el conflicto armado

En ese sentido, surge otra pregunta de reflexión ¿Cuáles son los actores para el desarrollo humano sostenible en víctimas del conflicto armado? Para ello, se propone analizar los diferentes modelos de desarrollo. El posicionamiento hacia un determinado modelo de desarrollo define las expectativas y las acciones que describen las políticas sociales y económicas de un país. Dentro de estos modelos, se pueden delimitar tres paradigmas fundamentales a nivel a mundial. Por un lado, se observa el modelo de racionalidad del mercado, el cual surge como necesidad de ajuste estructural luego de la crisis de la deuda en los años 80 en los países de Latinoamérica. Como hito fundamental, el Consenso de Washington impuso tres principios fundamentales a los países en vías de desarrollo: liberación de precios, apertura del comercio exterior, reducción del gasto público, flexibilización laboral y liberación financiera. Frente a este esquema hay una desconcentración y descentralización total de la función estatal, con excepción de aquella que sirva al actor principal: el mercado (Sunkel, 2007).

Por otro lado, según Sunkel (2007) en el modelo desarrollista, el Estado es el actor clave, ya que lidera la triple función: i) Económica (mediante el modelo de sustitución de importaciones, políticas proteccionistas e integración del mercado interno); ii) Social (provisión de servicios públicos y distribuidor del ingreso mediante política fiscal); iii) Política (garante de equilibrio de intereses). Tanto en la década de los 70, como en la actualidad mediante el neopopulismo, este modelo de desarrollo busca incluir a los llamados “marginados” en las dinámicas sociales y políticas de los países.

Hasta aquí, el modelo es coherente con la perspectiva que posee Sen sobre el Desarrollo Humano Sostenible, pero el problema de este análisis reside en que tanto en la década de los 80 como en el presente el Estado comenzó a volverse cada vez más incapaz de satisfacer las presiones y demandas de distintos sectores sociales, volviéndose estrechos e insatisfactorios, dando lugar al surgimiento de formas institucionales de protesta (Spicker y Legizamon, 2009).

Así, al modelo desarrollista se le interpone una variable importante, asociada a procesos de debilitamiento estatal: el clientelismo como característica principal del Estado para centralizar su poder (Corronchano, 2002).

Frente a las dificultades que presentan los enfoques anteriores, surge el modelo de concertación el cual formula una serie de planteamientos mediante ideas estructuralistas de la CEPAL y críticas hacia el neoliberalismo. Por un lado, se percibe como necesidad fundamental promover la modernización de los países de América Latina y el Caribe pero sin políticas asistencialistas y paternalistas, como plantea el modelo anterior. Según Aghón (2001), y como algo fundamental para el presente análisis, este modelo se caracteriza por poseer un enfoque orientado hacia la inclusión social mediante un buen desempeño institucional, donde el gasto social no constituiría un consumo improductivo sino una inversión en capital humano, que busque eliminar toda forma de exclusión en la sociedad (Farías, 2010; Putnam, 1994).

Por ende, la definición de desarrollo como libertad abre el camino para redefinir la conceptualización de una verdadera inclusión social desde un modelo integral al considerar al desarrollo no sólo desde una perspectiva de medio sino como un fin en sí mismo al momento de pensar diferentes estrategias de cooperación en los proyectos de desarrollo local.

Desarrollo sostenible local e intervención psicosocial: una necesidad para el departamento de Bolívar

Según la CEPAL (2001a) para lograr proteger de forma social a los sujetos de las comunidades vulnerables se deben abordar actividades y políticas que busquen promover el desarrollo económico, social y cultural de la región. Esto trae aparejado el incentivo del mercado laboral, la seguridad alimentaria, la salud, mediante ingresos dignos para la población beneficiaria.

En este sentido, la intervención psicosocial apoya este proceso mediante la mejora de la calidad de vida en pos del desarrollo humano de la población: fomentar las capacidades y oportunidades de las personas con el fin de que logren analizar mejor su realidad social, situarse adecuadamente frente a las diferentes opciones que se le presentan y encontrar soluciones idóneas a sus necesidades. A su vez, dicho enfoque tiene el fin de reducir o prevenir las situaciones de riesgo social y personal y promover el bienestar de la comunidad (Garau, 1995). Por lo anterior, se hace fundamental pensar en el enfoque psicosocial cuando se planifican proyectos de desarrollo local en comunidades víctimas del conflicto armado. Primeramente porque se debe estar alerta a los factores de riesgo sociales que dificultarían las tareas de desarrollo, tales como la convivencia del colectivo, el control de los impulsos en un grupo y la falta de identidad grupal consecuencia de la desconfianza que generan las masacres vividas en el pasado, en un contexto determinado.

En este sentido, las características de un componente psicosocial en un proyecto de desarrollo deben estar diseñadas por profesionales que sean capaces de elaborar, de implementar y de evaluar la propuesta de acuerdo a las necesidades de la población a intervenir. Por tanto, su quehacer profesional se propone: “la rehabilitación psicosocial autogestionada, sostenible y sustentable en poblaciones víctimas de eventos catastróficos producidos por el hombre y la naturaleza; la gestión del riesgo con poblaciones vulnerables en riesgo de ser impactadas por un evento catastrófico de origen natural y antrópico, y la gestión del bienestar para poblaciones interesadas en construir futuros ideales para alcanzar mejor calidad de vida” (Tamayo, 2015, p.27). En sí, esto representa lo que sostiene la resolución 0518 la cual refiere que función del componente psicosocial debe contemplar: i) el desarrollo de las capacidades en los procesos de transformación socio-económica de las Comunidades; ii) El nivel del entorno social y comunitario donde operan las personas y las organizaciones; iii) El funcionamiento de las instituciones; iv) El nivel individual, tanto desde el aspecto laboral, como emocional y social; v) El enfoque del curso de la vida como el desarrollo humano y la salud de la población influenciada por los factores sociales, económicos, políticos y culturales que atraviesan el momento histórico (Corraliza y Aragones, 2002).

En síntesis, se evidencia cómo desde diferentes posturas toda acción enmarcada dentro de la gestión de proyectos de desarrollo sostenible implica la consideración de las variables psicosociales, pues tal actuación implicará un impacto sobre los grupos o las comunidades vinculadas al este nuevo proceso económico y de subsistencia (Corraliza y Aragones, 2002).

La reflexión que se pretende invita a revisar fundamentos tanto económicos, políticos y sociales respecto al abordaje psicosocial.

En cuanto al abordaje económico se hace necesario revisar los modelos de desarrollo y globalización en la cual está inmersa la práctica psicosocial para finalmente concluir y ahondar en un tema que hace falta discutir en todas las sociedades en cuanto a los proyectos de desarrollo sostenible: las alternativas a las asimetrías que existen frente a dichos modelos y políticas económicas (neoliberalismo y populismo). Como alternativa, se propone seguir una tercer vía denominada Arquitectura Institucional Social Demócrata (AISD) para así no caer en la trampa de “doy sin crecimiento” o, de lo contrario, donde lo importante solamente es crecer (políticas más excluyentes). En ese sentido, al plantear un proyecto, se parte desde la base de fracasos de proyectos anteriores donde no se contemplaba como clave la interrelación entre la intervención del Estado y el desarrollo del mercado. Esto es poder generar acción colectiva y sistemas cooperativos en la comunidad y los entes territoriales y gubernamentales que involucran asociaciones empresariales y sindicales en concertación con el gobierno, y que tienen por característica principal hacer viable y rentable para un colectivo de agentes lo que no resulta rentable para un agente individual (Chica, 2014). Desde esta perspectiva es que se piensa la intervención psicosocial como una herramienta clave en pos de generar empoderamiento sobre cuestiones de gobernanza en dicha comunidad. Dado que el asistencialismo no resulta sostenible ni replicable en el tiempo al no existir una regulación coherente con normas transparentes, dificultando los incentivos al priorizar la integración por sobre el crecimiento y el desarrollo. Por otro lado, la postura neoliberal no reconoce asimetrías en la globalización porque el mercado no falla para ellos, “es miope” al no proyectar a largo plazo siendo el precio el adecuado para evaluar el crecimiento (Chica, 2014).

Dicho aporte resulta una invitación a la reflexión sobre cómo observar y posicionarnos frente a la estructura económica a intervenir: ubicando fallas del mercado y cómo compensar esas fallas mediante esquemas de coordinación que apuesten al crecimiento, desarrollo e integración de las regiones en las que estemos dispuestos a trabajar.

A su vez, el proceso de conflicto armado en Bolívar, que fue acompañado por un proceso de desmantelamiento del sector estatal en la agricultura, donde se observan falencias en cuanto a la regulación de un Estado nacional unificado. La situación de desplazamiento forzado, más las irregularidades de la institucionalidad de la región, trajo como consecuencia una separación de pequeños y medianos productores y campesinos del mundo agrario: la llamada agricultura sin agricultores. La presente reflexión sostiene que la crisis de la Seguridad Alimentaria, dada por las masacres, no refiere solo a que impide el desarrollo económico de la región sino a su vez una menor adquisición de recursos de la población local para acceder a esos alimentos (FAO, 2008; Teubal, 2001).

Con relación al abordaje sociopolítico, se observa la importancia de la revisión de los Derechos Humanos para un efectivo cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible en una comunidad víctima del conflicto armado. Para ello, se hace necesaria una reflexión sobre cómo se representan acuerdos políticos como carácter fundamental del desarrollo, esto es que el desarrollo es un objetivo esencial para toda persona y toda comunidad y como fin último debe garantizar el disfrute de los derechos humanos. Desde esta concepción el desarrollo no es un “deber ser social”, sino una condición de la vida social y por tanto un requisito inherente a toda obligación (Domenach, 1973).

Sobre esta fundamentación es que los derechos humanos refieren hoy en día a un asunto que debe contemplarse en los proyectos de desarrollo económico, pero sin dejar de lado aspectos psicosociales fundamentales, donde la solidaridad y respeto del pueblo, mediante diferentes mecanismos de participación social, podrían hacer valer y fomentar el desarrollo desde los propios derechos, poniendo fin a la injusticia activa.

Desde un abordaje social se evidencia y se cuestionan los diferentes modelos de desarrollo, como fenómenos interdisciplinarios pero preferiblemente políticos. Por tal razón, en los proyectos que busquen sostenibilidad se debe evidenciar la concepción de desarrollo que no quiera caer en el enfoque económico reinante y reivindicar la centralidad económica por sobre lo social, con el fin de promover efectivamente el desarrollo humano de individuos a través de los proyectos que planteen un desarrollo sostenible mediante la intervención psicosocial en los procesos productivos.

Por ende, al momento de pensar el alcance de las intervenciones del componente psicosocial para poder servir de intervención de un proyecto de desarrollo local, se hizo necesario un análisis integral del concepto del Desarrollo Humano (Sen, 2000). Es decir, que si sólo se abordan al desarrollo del proyecto en cuanto a los medios instrumentales, las situaciones pueden expresarse como positivas en pos de una mayor libertad por el solo hecho de poder acceder a nuevos medios de producción en las comunidades de Bolívar. Sin embargo, para tener en cuenta el Desarrollo Humano lo anterior debe articularse con aspectos subjetivos (lo que Sen denomina como “fin en sí mismo”), ya que en muchos casos el acceso a dichos medios no implicaría una satisfacción genuina de los sujetos implicados, tal como sucede en varios proyectos productivos que han fracasado en la región estudiada. Con relación a esta reflexión, se permite pensar bajo qué perspectiva de desarrollo nos posicionamos los profesionales psicosociales en la elaboración de los proyectos productivos de desarrollo local; esto invita a que este genere libertad como un fin en sí mismo: lograr la equidad, fomentar las capacidades individuales, poder agenciarse de los procesos a fin de promover la inclusión social. En tal sentido, se ve necesario que la intervención psicosocial apunte a la participación política y social de las comunidades implicadas. Así, desde la postura de un modelo de concertación, tal como lo plantea la CEPAL (2001b), el Desarrollo Humano no significa solamente vivir con derechos satisfechos sino también que reflejen calidad y dignidad a cada uno de los habitantes de la comunidad.

El papel de la CID en el Fondo de Reparación de Víctimas

Según la Agencia Presidencia de Cooperación Internacional de Colombia (APC) la CID refiere a la acción conjunta para apoyar el desarrollo económico y social del país, mediante la transferencia de tecnologías, conocimientos, experiencias o recursos por parte de países con igual o mayor nivel de desarrollo, organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil (2015).

Ahora bien, según Agudelo (2011) el término Cooperación Internacional debe denotar una finalidad, de allí es que se le suma el conector “para el” desarrollo. Así es que la cooperación debe considerarse como un medio para lograr el desarrollo humano sostenible como un fin en sí mismo (Sen, 2000). Según esta definición cuál es el papel que juega la CID en el Fondo de Reparación de Víctimas, fondo de donde provienen los recursos para las cuales se elaboran proyectos para comunidades en riesgo o en situación de vulnerabilidad. Tal como se mencionaba al principio del presente informe una de las medidas de restitución que contempla el Plan Integral de Reparación Colectiva de los corregimientos de Bolívar es la de “Implementar proyectos productivos que impliquen la formación técnica para el trabajo y que contribuyan al fortalecimiento de la agricultura local y a la seguridad alimentaria en el corregimiento y sus veredas” (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2012).

El Fondo para la Reparación de las Víctimas es administrado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, desde el 2005 cuando se formaliza su creación mediante la Ley 975 (2005). Su misión es administrar y disponer efectivamente de los bienes con vocación reparadora de ex combatientes y recursos provenientes de la sociedad y el sector privado para destinarlo a los procesos de reparación integral a favor de las víctimas del conflicto armado en el marco de la ley de Justicia y Paz. Este fondo lo integran tanto bienes como recursos entregado a las víctimas del conflicto armado y provienen de: i) Presupuesto nacional; ii) Cooperación en dinero o en especie extranjeras. A su vez, la mayor parte de esos fondos surgen en la iniciativa de la formulación de proyectos de desarrollo sostenible en comunidades sujeto de reparación a través de las CID y del sector privado, mediante la creación de una oficina ad hoc con el fin de ejecutar todas las iniciativas y los recursos relacionados con entidades de cooperación y de alianzas público privadas.  En este contexto, desde el 2011, el gobierno colombiano ha destinado casi 55 billones de pesos colombianos por los siguientes 10 años. Las diferentes modalidades de este proceso refieren a medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral a la que tienen derecho las víctimas (UARIV, 2015; 2013; SNARIV, 2013).

Ahora bien, para poder lograr este objetivo la Unidad de Víctimas propone estrategias con diferentes actores de la CID, como también las alianzas público-privadas: i) Posicionar en la agenda privada e internacional la implementación de la Ley de Víctimas, la inclusión y reconciliación social; ii) Gestionar coaliciones para fortalecer administrativamente los procesos, planes, programas y proyectos de reparación integral; iii) Orientar los recursos recibidos para cumplir con las necesidades en reparaciones individuales, colectivas y medidas de satisfacción; iv) Coordinar y orientar el proceso de mejoramiento de los puntos y centros de atención; v) Apoyar la consecución de recursos del Fondo de Reparaciones (UARIV, 2015, p.1).

Ahora bien, ¿Cuáles son los principios de la CID para financiar proyectos de desarrollo para la Unidad de Víctimas? Según la UARIV (2014b) los principios que siguen de la CID para la financiación y seguimiento de los proyectos de desarrollo local son: i) Alineación con las prioridades del Plan Nacional y la Cooperación debe estar enfocada a las prioridades establecidas por el Gobierno Colombiano y en lo referente a la Oferta se orientará a las prioridades del receptor de la cooperación; ii) Coordinación nacional y territorial de la Cooperación en función de los roles misionales de la Unidad para las Víctimas; iii) Descentralización, desconcentración y focalización territorial de la Cooperación para asistir, atender y reparar a las Víctimas, iv) Participación en escenarios de coordinación de la cooperación para el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas – SNARIV a cargo de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC, v) Contribución a la inserción internacional de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas; vi) Comunicación y Rendición de cuentas con enfoque de resultados (p.7).

Así, con base al análisis de CID al Fondo de reparación de Víctimas, la AOD sirve de complemento a los recursos nacionales ejecutados por la Unidad de Víctimas para la Reparación integral y colectiva de la comunidad; para la asistencia técnica en pos de fortalecimiento de la entidad nacional, territorial y de las ONG a fin de lograr con los objetivos de la Ley de Víctimas. Ahora bien, siguiendo esta línea surge el segundo interrogante que refiere a cómo se contribuye al desarrollo sostenible mediante la intervención psicosocial.

Como objetivo principal los objetivos de los proyectos que apunta a generar el desarrollo económico y sostenible, se plantea la necesidad de incorporar el componente psicosocial a estos procesos. En ese sentido, la Unidad de Victimas actúa en pos de garantizar el bienestar de las comunidades afectadas por el conflicto, lo cual respondería- si los proyectos se piensan con base a un modelo de desarrollo social, humano y sostenible- a ser parte importante en el cumplimiento de las metas planteadas por los ODS para el año 2030. El componente psicosocial de proyectos apunta a la reconstrucción del tejido social y comunitario de las víctimas, y su consecuente actividad productiva mediante la capacitación sobre identidad colectiva en líderes y asociaciones, la construcción de una red de mediadores comunitarios y la intervención psicosocial a las familias víctimas vinculadas a lo productivo. Estas actividades, se diseñan, respondiendo específicamente a un buen número dentro de los 17 ODS (PNUD, 2015). Entre esos, se eligieron para este análisis los siguientes:

• Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo (ODS1): los proyectos de Bolívar donde se requiere intervención psicosocial, mediante actividades relacionadas con al acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados, pero acompañado de un crecimiento económico sostenible en el tiempo.
• Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible (ODS2): Con los proyectos de desarrollo local se espera acompañar a la población involucrada en el producto para que logre empoderarse de la actividad generando crecimiento económico y aumento de la productividad agrícola
• Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos (ODS8). Un proyecto da una oportunidad a la población de lograr una intervención productiva, con valor agregado para su propio consumo, pero también para poder expandirse económicamente en la región. Al poder lograr tener su propia empresa modificaría su situación laboral, tanto desde el punto de la formalidad como desde la dignidad para ganarse la vida y combatir la desigualdad que se vive en la región.
• Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación (ODS9): La inversión sostenible en infraestructura y la innovación son motores fundamentales del crecimiento y el desarrollo económico. Esto permite superar la crisis económica pero también una crisis de identidad apuntando a una reparación colectiva e integral. Permite disminuir las brechas al acceso A la tecnología, el transporte en pos de mejorar la calidad de vida de los habitantes víctimas en Bolívar.
• Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles (ODS12). Los proyectos de desarrollo humano y económico que sean sostenibles, bajo la intervención psicosocial, permiten el buen uso de los recursos de la naturaleza por parte de la comunidad. Esto refiere a que no solo se fomente el buen consumo sino también la responsabilidad empresarial como proyecto de vida, evitando la contaminación y la improductividad de la tierra.
• Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles (ODS16). Según PNUD (2015) la paz, la estabilidad, los Derechos Humanos y la gobernabilidad efectiva basada en el Estado de derecho son vías importantes para el desarrollo sostenible. El departamento de Bolívar ha demostrado poseer conflictos internos que deben solventarse para poder realizar una efectiva reparación colectiva que incluya el desarrollo de la comunidad. Se trata, mediante la formulación de proyectos, que la intervención psicosocial fomente y reconstruya el crecimiento económico y finalice con los agravios arraigados entre comunidades que pueden extenderse por generaciones. Por tanto, las redes de participación y mediación son pensadas en pos de generar una red local encargada de la reconstrucción del tejido social y la participación política y social de la comunidad como protagonistas de su proceso de desarrollo local.

Reflexiones finales

El siguiente artículo de revisión permitió relacionar que, desde el Plan de Reparación, sí hay una necesidad de intervención psicosocial en la implementación de proyectos productivos para el fortalecimiento de las actividades económicas y sociales de Bolívar.

Con esto, se concluye que la concepción de desarrollo es fundamental al momento de pensar las prácticas profesionales; en ese sentido se logró discutir qué condiciones debería poseer un proyecto para que sea de desarrollo sostenible, donde se hizo visible la importancia de interrelación entre la intervención del gobierno local y el desarrollo del mercado de la comunidad, las asociaciones empresariales y sindicales en concertación con el gobierno, haciendo viable y rentable para un colectivo de agentes lo que no resulta rentable para un agente individual.

Desde un enfoque sociopolítico, se evidenció una postura que responde a un modelo de concertación del Estado para pensar el desarrollo local. Un proyecto sostenible es aquel basado en los derechos humanos, al ser diferente a un enfoque meramente de necesidades, esto es que el desarrollo es un objetivo esencial para toda persona y toda comunidad y como fin último debe garantizar el disfrute de los derechos. Por tal razón, se evidencia que la concepción de desarrollo no debe caer en los enfoques económicos por sobre lo social con el fin de promover efectivamente el desarrollo de individuos a través de los proyectos que planteen un desarrollo sostenible mediante el intervención psicosocial en los procesos productivos. Esta reflexión, enfatizó en la revisión del concepto del Desarrollo Humano ya que en la elaboración de proyectos no sólo ha tenido en cuenta los medios instrumentales (productivo/empresarial) sino al desarrollo de dicha comunidad como un fin en sí mismo, logrando equidad, fomentando capacidades individuales, poder agenciarse de los procesos a fin de promover la inclusión social. En este sentido, se vio necesario que la intervención psicosocial apunte a la participación política y social de las comunidades implicadas.

Ahora bien, con relación a los dos interrogantes planteados en el análisis, se evidenció por un lado que la CID cumple un papel importante en la financiación del Fondo para la Reparación de las Víctimas es administrado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. En el análisis sobre la finalidad de esos recursos se observó que este fondo lo integran tanto bienes como recursos entregados a las víctimas del conflicto armado y estos provienen de: i) Presupuesto nacional; ii) Cooperación en dinero o en especie extranjeras. Más allá de una cooperación económica, se recalca que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas propone estrategias con diferentes actores de la CID en la reparación integral a la víctimas tanto en la participación de elaboración de proyectos, diseñar programas de reparación integral y establecer en la agenda privada e internacional la implementación de la Ley de Víctimas, la inclusión y reconciliación social.

Por otro lado, también se respondió a un segundo interrogante de análisis que refiere a cómo se contribuye al desarrollo sostenible mediante la intervención y la intervención psicosocial. En este punto se concluye que los proyectos deberían generar alternativas al desarrollo local de las comunidades, donde se integren lo económico con lo social generando un círculo virtuoso en diferentes variables contextuales que han sido afectadas por el conflicto en la región de Bolívar. En ese sentido, los proyectos deben seguir los lineamientos de la agenda que plantea Colombia donde se piensan los objetivos del desarrollo en pos de la sostenibilidad. Sobre esta línea de pensamiento se realizó un análisis crítico sobre qué puntos de los ODS se tienen en cuenta desde el componente psicosocial para la elaboración de proyectos, tales como: buscar erradicar la pobreza; lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible; promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos; promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación; garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles; promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Así, se evidencia un componente fuerte que apunta a la paz, la estabilidad, los Derechos Humanos y la gobernabilidad efectiva basada en el Estado de derecho como vías importantes para el desarrollo sostenible de las comunidades que, por su historia, han demostrado poseer conflictos internos que requieren del intervención psicosocial que fomente y reconstruya el crecimiento económico mediante la reconstrucción del tejido social y la participación política y social de la comunidad como protagonistas de su proceso de desarrollo local.

Por último, y frente a los diferentes análisis, se pretende recomendar diferentes puntos al momento de la elaboración de proyectos de desarrollo local: i) Considerar la intervención psicosocial como un apoyo fundamental del procesos de gestión de proyectos frente a las diferentes opciones que se le presentan y encontrar soluciones idóneas a las necesidades de las comunidades víctimas; ii) Que el componente psicosocial no solo se asocie con la intervención clínica de las comunidades víctimas, sino también como herramienta para estar alerta a los factores de riesgo sociales que dificultarían las tareas de desarrollo, tales como la convivencia del colectivo, el control de los impulsos en un grupo y la falta de identidad grupal consecuencia de la desconfianza que generan las masacres vividas en el pasado, en un contexto determinado; iii) Que el trabajo financiado por medio de la CID respete, tal como se evidenció en este caso, los principios fundantes de la misma para así respetar la situación local y contextual de las comunidades a intervenir.

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