Resumen

Este artículo tiene como propósito realizar una aproximación descriptiva desde la teoría de economías criminales planteada por Gustavo Duncan a las dinámicas de los Grupos Armados Organizados en Tierralta y San José de Uré durante el 2017 y 2018. Para ello se hará un breve recorrido sobre el desarrollo y la evolución reciente de los Grupos Armados Organizados en Colombia, seguidamente se examinará la situación del Departamento de Córdoba respecto Grupos Armados Organizados y finalmente se relacionará el postulado sobre economías criminales con la actividad de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y los Caparrapos en los municipios de San José de Uré y Tierralta.

Palabras clave: Grupos Armados Organizados, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Economía Criminal, Estado Colombiano, presencia Estatal.

Abstract

The purpose of this paper is to make a descriptive approach to the theory of criminals proposed by Gustavo Duncan to the dynamics of the Organized Armed Groups in Tierraalta and San José de Uré during 2017 and 2018. To do this, we will briefly review the development and recent evolution of the Organized Armed Groups in Colombia, then we will examine the situation of the Department of Córdoba regarding Organized Armed Groups and finally the postulate about criminal economies will be related to the activity of Autodefensas Gaitanistas de Colombia and los Caparrapos in the municipalities of San José de Uré and Tierralta.

Keywords: GAO, AGC, Criminal Economy, Colombian State, State presence, Organized Armed Groups, Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Introducción

En el escenario del Postacuerdo los Grupos Armados Organizados (GAO) constituyen una de las principales amenazas para la construcción de paz en el territorio Nacional, históricamente el departamento de Córdoba se ha caracterizado por tener una presencia diferenciada del Estado1 y un sistema geográfico complejo que lo convirtieron en escenario clave del conflicto armado interno, cuna de múltiples actores armados que van desde guerrillas, paramilitares y actualmente Grupos Armados Organizados.

Este artículo de revisión tiene como propósito realizar una aproximación descriptiva desde la teoría de economías criminales planteada por Gustavo Duncan a las dinámicas de los Grupos Armados Organizados en Tierralta y San José de Uré durante El 2017 y 2018. Para ello se hará un breve recorrido sobre el desarrollo y la evolución reciente de los Grupos Armados Organizados en Colombia, seguidamente se examinará la situación del Departamento de Córdoba respecto Grupos Armados Organizados y finalmente se relacionará el postulado sobre economías criminales con la actividad de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y los Caparrapos en los municipios de San José de Uré y Tierralta.

La técnica de análisis utilizada fue la derivada del análisis hermenéutico de documentos y textos, confiando en la capacidad del investigador para analizar y contrastar la validez interna y externa de los elementos utilizados. La investigación de los documentos se forja sobre testimonios humanos, fundamentalmente los escritos. En este caso la fiabilidad se da con la verificación de la autenticidad del documento, la competencia de quien lo produce, sus conocimientos sobre el tema, su ideología, pertenencia a una organización, movimiento o partido político y el fin que busca el documento (Ragin, 2007). En el mismo sentido, al referirse a la observación documental, Pardinas (1998) afirma que al realizar el análisis tradicional se debe tener muy en cuenta la autenticidad textual, histórica y literaria del documento sometido a análisis.

Durante la realización de la investigación se presentaron algunas dificultades y limitaciones debido a la naturaleza del objeto de estudio, los Grupos armados Organizados que controlan el crimen local, son actores ilegales, que intimidan a la población a través de extorsiones, amenazas y ataques armados, por lo cual el acceso directo a los mismos se hace complejo y gran parte del análisis recae sobre fuentes secundarias: documentos académicos y prensa.

1. Grupos Armados Organizados en Colombia Desarrollo y Evolución

Los Grupos Armados Organizados (GAO) también conocidos como Neo Paramilitares, Tercera generación paramilitar y Bandas Criminales nacen entre los años 2003 y 2006 en el marco de la desmovilización de los grupos paramilitares especialmente Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el Bloque Central Bolívar (BCB). De acuerdo con la Agencia Colombiana para la Reintegración (2007) los GAO aparecieron en la escena pública en 2006 tras la desmovilización de más de 31 mil miembros de grupos paramilitares agrupados en más de 30 estructuras armadas bajo la égida de los grupos paramilitares.

Desde su conformación ha existido un debate sobre la naturaleza de estos grupos entre el Sector Oficial y las Organizaciones no Gubernamentales, es decir, si son organizaciones netamente criminales o si por el contrario son la continuación de las AUC.

Mientras que el gobierno se refiere a ellos como “bandas criminales” y los considera como un asunto de orden público, los grupos de derechos humanos y los centros de investigación colombianos, conjuntamente con algunos observadores Internacionales, creen que son la continuación del Paramilitarismo bajo otra forma. (International Crisis Group, 2007, p. 1)

Las organizaciones no gubernamentales hacían referencia a la continuación del paramilitarismo, pero de otra forma debido a que estos grupos operaban en los mismos territorios que habían estado bajo el control de los paramilitares y se dedicaban a la realización de actividades criminales principalmente el narcotráfico y el contrabando, no obstante su estructura y accionar dependía de las condiciones gubernamentales y sociales de cada región, en otras palabras, no en todos los casos buscaban cooptar el Estado2.

En un sentido más crítico autores como McDermott (2014) afirman que a los GAO se les denominó Bandas criminales (Bacrim) en el gobierno de Álvaro Uribe con el objetivo de no comprometer el proceso de desmovilización de las AUC y así rescatar o limpiar en nombre de los Paramilitares.

Por su parte autores como Arias y Restrepo (2010) afirman que los GAO son la fusión de varias generaciones y corrientes criminales, algunas con y otras sin referentes ideológicos y con diferentes niveles de capacidad organizativa y control territorial, dicho de otra manera organizaciones de carácter criminal producto de generaciones anteriores de crimen organizado carentes de ideología y jerarquía.

Una Definición más conciliadora entre las dos posturas es acuñada por Álvarez (2015):

Se conocen como bandas criminales –Bacrim- aquellas estructuras Narcomilitares surgidas después de la desmovilización de las autodefensas unidas de Colombia-AUC- que ocuparon los espacios de ilegalidad que estas dejaron. Se trata de estructuras más pequeñas, dinámicas, con capacidad de camuflarse en la población, que utilizan una combinación de economías legales e ilegales, terrorismo de baja intensidad e infiltración de las administraciones locales para consolidar sus objetivos económico-militares.(Álvarez, 2015, p.38)

Los GAO tienen una tradición o un pasado paramilitar y pero a diferencia de estas carecen de un componente contrainsurgente, no pretenden confrontar a las guerrillas y ni obtener el poder del Estado, sin embargo, logran ejercer determinada influencia y control sobre los gobiernos locales al igual que sus antecesores.

Si bien las Bacrim, recogen en un principio parte de la estructura armada de las AUC, esta estructura solo es funcional en la disputa con otras bandas criminales o con las guerrillas por el control de zonas de cultivo, transporte y embarque de drogas. Así, para el Estado, las Bacrim parecen no representar una amenaza por lo menos inmediata a la seguridad Nacional, sino que representan una amenaza para la seguridad ciudadana (Álvarez, ٢٠١٥).

El considerar a los GAO como amenaza a la seguridad ciudadana y no una amenaza para el Estado como poder soberano, la lucha del Estado contra estos, en su mayor parte ha sido responsabilidad de la Policía Nacional y en algunos casos de las Fuerzas Armadas, por tal motivo el Gobierno Nacional a través de la directriz 0015 de 2016 del Ministerio Defensa categorizó a las antiguas Bandas Criminales como Grupos Armados Organizados (GAO), aquellos grupos que cuenten con un mando responsable con capacidad de ejercer control sobre una parte del territorio, que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas que atentan contra las instituciones del Estado, población civil, otros grupos armados y la fuerza pública (Ministerio de Defensa, 2016, p.5).

El propósito del uso de la fuerza por parte de los GAO está directamente relacionado con las actividades económicas criminales, principalmente el narcotráfico, pues la violencia es una herramienta utilizada para disputar los territorios de cultivos ilícitos y obtener el control de las rutas del narcotráfico, a pesar de ello afirmar que los GAO poseen un carácter “apolítico” resultaría miope en el sentido que implica dejar de lado los nexos existentes con algunos gobernantes o instituciones del Estado necesarios para la realización de sus actividades criminales.

Los reportes de prensa indican que funcionarios y miembros de la fuerza pública también establecen vínculos con estas estructuras. El punto es que no se puede disociar la esfera criminal de la esfera del Estado, como si la segunda no comprendiera los comportamientos criminales y la primera se limitara a “ensuciar” a las instituciones. (Fundación Ideas para la Paz, 2017, p.83)

El crimen organizado en Colombia gira en torno a la cooperación con actores estatales y actores criminales, nacionales o internacionales, se prefiere la negociación a la violencia, la guerra es perjudicial para los negocios y además los GAO no tienen la capacidad militar de sus antecesores paramilitares aunque su accionar tiene implicaciones de carácter político.

De acuerdo con el xiii informe sobre presencia de grupo narco paramilitares de Indepaz del primer semestre de 2017 en 28 de los 32 departamentos existe actividad de GAO para una totalidad de 275 municipios afectados por los mismos (ver mapa 1). Así mismo se hace evidente que en las zonas fronterizas y en los territorios donde nacieron y se establecieron las AUC existe una fuerte presencia de Grupos Armados Organizados.

Mapa 1. Intensidad de la presencia narcoparamilitar 2008-2017 (primer semestre).

Fuente: Indepaz, 2017.

Esta investigación se enfoca en el accionar de los GAO en el departamento de Córdoba, que pertenece a la región Caribe Colombiana, donde el surgimiento de los GAO más que ser una herencia de las guerrillas o de los grandes carteles del narcotráfico, se da como un fenómeno heredero del paramilitarismo, concretamente del Bloque Norte de las AUC (BN).

2. GAO en Córdoba: legado paramilitar y disidencias

El Departamento de Córdoba se encuentra ubicado en una zona estratégica de la Costa Norte de Colombia, por un lado, limita con el Mar Caribe y por otro con las últimas estribaciones de la Cordillera de los Andes, debido a su ubicación geográfica y a la presencia diferenciada del Estado, desde la segunda mitad del siglo xx hasta hoy, este Departamento ha sido un nicho para la consolidación y desarrollo de grupos armados, como las FARC, EPL, AUC y actualmente los GAO, los cuales no solo han socavado el poder del Estado, sino que han cooptado sus Instituciones y muchas veces las suplantaron.

En la Costa Caribe la desmovilización de los grupos paramilitares y el surgimiento de los GAO son procesos que se dieron casi de manera simultánea, el caso del departamento de Córdoba no fue la excepción, ya que después de la desmovilización de la AUC en el departamento no existe percepción alguna que se haya dado un desmonte de las estructuras políticas, económicas e ideológicas, sino que se ha presentado un cambio en el poder.

De acuerdo con el observatorio del programa presidencial de los derechos humanos y DIH (2009) existen dos etapas en las que se configuran estructuras los GAO en Córdoba la primera etapa comprende los años 2006 y 2007 y la segunda de 2008 hasta nuestros días. En la primera etapa las agrupaciones que surgieron, los Traquetos y los Héroes del San Jorge tenían una naturaleza predominante criminal pues estaban articuladas a la oficina de envigado y a narcotraficantes Antioqueños.

En la segunda etapa se va desdibujando y se hacen evidentes los vínculos con el paramilitarismo. Los GAO surgen y empiezan a disputar el territorio de Córdoba, especialmente el sur son Los Paisas articulados a la Oficina de Envigado, y los GAO articulados a Rendón Herrera, alias Don Mario, denominados bloque Héroes de Castaño, Bacrim Urabá, Águilas Negras y más recientemente Autodefensas Gaitanistas de Colombia. (AGC), las cuales hasta principios de 2018 tenían el monopolio de la economía criminal del departamento (ver mapa 2).

Mapa 2. Presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo

Fuente: Fundación Ideas para la Paz, 2017, p. 28.

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) constituyen el GAO más organizado del País, cuentan con presencia en más de 200 municipios, un componente armado y logístico que se calcula supera 7 000 personas (Fundación Ideas para la Paz, 2017).como se mencionó sus orígenes se remontan al proceso de desmovilización de las AUC y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, concretamente de los Bloques Centauros, Élmer Cárdenas y Norte.

Las AGC tienen una estructura definida para realizar sus operaciones, a nivel nacional cuentan con una Cúpula, bloques y frentes y a nivel regional cuenta con Bloques regionales Independientes, de esta manera trabajan en redes. Los cabecillas regionales sirven de enlace entre las AGC y una compleja red criminal que les permite, de manera indirecta tener injerencia territorial, controlar a la población y regular diversas actividades, tanto ilegales como legales (Fundación Ideas para la Paz, 2017).

La manera en que operan las AGC refuerza la idea que no se ha llevado a cabo una desestructuración total del paramilitarismo y que no son una estructura netamente criminal, pues en primer lugar su zona de influencia son los mismos territorios de las AUC, en segundo lugar cuentan con un mando y un brazo armado, que les otorga la capacidad de cooptar a la fuerza pública y agentes estales y finalmente tienen influencia en las campañas de elecciones populares (Fundación ideas para la paz, 2016).

Al igual que otros GAO su actividad económica es financiada a través del narcotráfico, extorsión y minería ilegal, así mismo estas cuentan con un brazo de carácter logístico o subcontratado como Grupos Delincuenciales Organizados GDO, que se encargan de labores de tipo sicariales, microtráfico, cobro de drogas y extorsiones.

Las AGC se dedican a la economía criminal y en ese sentido el departamento de Córdoba proporciona un escenario perfecto para ampliación y extensión de dicha actividad económica pues geográficamente es la puerta de entrada al caribe Colombiano. Tras el proceso de desarme de las FARC, las AGC empezaron a tomar el control de los frentes despojados 5, 18 y 58 y a imponer un orden político, económico, y social, en este sentido se puede hablar de la existencia de una hegemonía de la ilegalidad establecida por las AGC desde el 2016 en el departamento de Córdoba.

Además de su influencia local, las AGC realizan operaciones de carácter transnacional y que no solo están relacionadas con la exportación de drogas sino con una posible financiación del Cartel de Sinaloa para la realización de su actividad criminal. De acuerdo con reportes de prensa (El Tiempo, 2018) y un informe de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo (2009) se ha presentado una grave denuncia por pobladores del sur de Córdoba sobre la supuesta financiación del Cártel de Sinaloa de México a bandas criminales como las AGC y una facción del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que se autodenomina Grupo de los JJ.

Desde 2018 hay presencia en Córdoba de Los Caparrapos, anteriormente conocidos como el frente Virgilio Peralta Arenas de las AGC, es decir, son una disidencia del este GAO en mención, tienen su centro de operaciones o cúpula en el bajo Cauca Antioqueño, concretamente en el municipio de Cáceres (Antioquia).

De acuerdo con investigaciones periodísticas los Caparrapos son los descendientes de los paisas que se anexaron a las AGC, no obstante en octubre de 2017 vendieron la franquicia a la oficina de Envigado y a partir de este momento se ha dado inicio a una serie de combates por los territorios, el control de los laboratorios, los cultivos, los corredores de droga y las demás rentas ilícitas, en especial la extorsión al comercio, los ganaderos y los mineros (Semana, 2018).

Durante el 2018 el sur de Córdoba no ha estado exento a enfrentamientos entre las AGC y los Caparrapos, debido a esta situación se han presentado una serie de asesinatos a líderes sociales y desplazamientos masivos en distintos municipios dentro de los que se destaca San José de Uré y Tierralta como se verá más adelante.

3. Economía criminal en San José de Uré y Tierralta: AGC y los Caparrapos

Desde un punto de vista teórico el fenómeno de los GAO en los municipios de San José de Uré y Tierralta resulta complejo de analizar en el sentido que estos grupos tienen un fuerte componente criminal, pero su accionar no está totalmente desprovisto de carácter político, por ello se ha seleccionado la propuesta teórica De Gustavo Duncan sobre economías criminales y poder político en su obra: La división del trabajo en el narcotráfico: mercancía, capital y geografía del Estado.

3.1 propuesta teórica Economía criminal y poder político

El planteamiento de Gustavo Duncan (2013) sobre la relación del narcotráfico con el poder político y la estructura del estado está relacionado con los distintos grados de criminalización que se le dan a las dos variables que componente el narcotráfico, es decir la mercancía (cultivos ilícitos y producción de drogas) y el capital (dinero del tráfico de drogas).

La diferenciación entre mercancía y capital determina por un lado el poder de las mafias sobre las autoridades del Estado y por otro lado el tipo de relaciones que se establecen, las cuales normalmente están relacionadas con la protección de una actividad criminal y la dominación de la sociedad en su conjunto.

Para Duncan (2013) la variable que tiene mayor grado de criminalización es la mercancía ya que las actividades relacionadas con el cultivo y producción tienen mayor visibilidad, por ende necesitan ser realizadas en zonas rurales, mientras que el capital al ser dinero lavado puede “camuflarse” en las capitales.

La división del trabajo en el Narcotráfico: mercancía y capital coincide para Duncan con la geografía de Estado, es decir, con la histórica presencia diferenciada del Estado colombiano en el territorio, en donde existe un centro con presencia del Estado e instituciones fuerte y una periferia con escaza presencia del Estado e la institucional es débil (ver Cuadro1).

Cuadro 1. Economía Criminal y Geografía de Estado.

Fuente: Elaboración propia

A simple vista es evidente que la división del trabajo en el narcotráfico desde la distinción mercancía/capital coincide con la geografía del estado. La especialización en el manejo de la mercancía está asociada a regiones periféricas donde el estado es menos fuerte y donde la protección del negocio recae en organizaciones de coerción privada (Duncan, 2013, p.116).

En pocas palabras las actividades relacionadas con el capital se ubican en las zonas centrales del Estado, mientras que las actividades relacionadas con la mercancía se desarrollan en las zonas periféricas, como es el caso de los municipios presentados en este documento, San José de Uré y Tierralta.

Para Duncan la importancia que tiene la periferia para actividades del narcotráfico relacionadas con la mercancía se debe a la escasa presencia del Estado, pero también a su poca capacidad de represión, ya que ello permite que las organizaciones criminales adquieran tanto poder que terminan suplantando al Estado a través del establecimiento de reglas e instituciones sociales.

Tal es el control sobre las zonas periféricas que la capacidad coercitiva de las organizaciones criminales logra superar la mínima capacidad y presencia del Estado a tal punto que captan todas las rentas, regulan la vida de la población y pasar por encima del Estado local y central.

Además de su visibilidad y la amenaza a su soberanía, otros de los desafíos que representa el narcotráfico para el Estado está directamente relacionado con vínculos que se generan con los agentes políticos o funcionarios públicos, pues el narcotráfico es una empresa ilegal que tiene un alto poder corruptor que permea a las instituciones del Estado, y ello se debe a que al ser una actividad criminal representa muchos riesgos y la manera de reducirlos es a través del pago de protección de políticos.

La manera más fácil para reducir riesgos es a través del pago de protección, es decir, una mafia, un ejército privado, un político, un general de la policía o un juez, significa la diferencia entre ser estar vivo o ser asesinado o entre estar libre o ser prisionero. La paradoja es que toda protección en el narcotráfico encarna una amenaza. Solo es posible ofrecer protección cuando se dispone de la capacidad de amenazar (Duncan, 2013, p.131).

En sociedades como la colombiana en donde priman las economías criminales, los nexos o vínculos de protección entre políticos y narcotraficantes no se limitan al Estado a nivel municipal y regional, pues también abarca el Estado Central, es decir la periferia y el centro respectivamente.

Los pulsos de fuerza entre la clase política nacional y regional no solo incluyen la protección concreta de los narcotraficantes que pagan una renta por no ser perseguidos. Incluyen también los nuevos intereses que surgen de las transformaciones del orden social y se expresan además en las alteraciones en los equilibrios de poder entre el centro y la periferia por la introducción de nuevos recursos. (Duncan, 2013, p.145).

Las transformaciones que genera este nuevo orden social determinado por el peso de las mafias sobre las instituciones del Estado y la clase política dirigente terminan transformando la forma de vida de la población, sin importar el hecho que estos acepten o no estas prácticas, hasta el punto de pasar por encima Estado local y convertirse en instituciones de dominación social.

En zonas periféricas como San José de Uré y Tierralta en donde operan GAO como las AGC y los Caparrapos que tienen tanto poder criminal el orden social y la vida de las personas gira en torno al narcotráfico y concretamente a la variable mercancía como lo veremos a continuación.

3.2 Tierralta y San José de Uré: AGC y los Caparrapos

Teniendo en cuenta el planteamiento teórico de Duncan los municipios de San José de Uré Tierralta han sido territorios históricamente periféricos lo cual por sus condiciones geográficas y por la débil presencia del Estado, son hoy escenarios en donde las economías criminales establecen un orden.

En Tierralta el monopolio de la economía criminal está en manos de las AGC, mientras que en san José de Uré la situación era igual hasta comienzos de 2018 cuando aparecen en la escena los Caparrapos quienes han dado inicio a una disputa territorial con las AGC y ELN de acuerdo con reportes de prensa (Serrano, 2018).

En cuanto a las condiciones geográficas San José de Uré y Tierralta son Municipios que se encuentran ubicados en el sur del departamento de Córdoba concretamente en las ultimas estribaciones de la Cordillera de los Andes, el Nudo de Paramillo y tienen límites fronterizos con el bajo Cauca Antioqueño, debido a ellos son territorios que cuentan con condiciones topográficas aptas para cultivos ilícitos y para albergar actores armados como se mencionó previamente en este trabajo.

Tanto San José de Uré como Tierralta son dos municipios con una presencia diferenciada del Estado y por ende debilidad Institucional, en cuanto la primera esta se refleja en el índice de necesidades básicas insatisfechas que para ambos municipios el porcentaje es alto (ver Cuadro 2).

Cuadro 2. Índice de Necesidades Insatisfechas en Tierralta y San José de Uré.

Fuente: Dane, 2005

En cuanto a la debilidad de las instituciones se mide a través del Índice Desempeño Integral (IDI)3 para el caso de los municipios en mención

ambos cuentan con IDI bajo como se verá en la siguiente tabla (ver Cuadro 3).

Cuadro 3. Índice Desempeño Integral en Tierralta y San José de Uré.

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2017

Tanto el NBI como el IDI reflejan que ambos municipios cumplen con las características de la geografía de Estado que mencionaba Duncan para ser una zona periférica que permite el desarrollo de economías criminales como el Narcotráfico.

Sin lugar a dudas el principal factor que refleja el poder y la ampliación de la economía criminal de los GAO en Tierralta y San José de Uré es el aumento en los cultivos ilícitos, de hecho en el sur de Córdoba región en donde se encuentran los dos municipios citados, se han reportado 2 600 hectáreas de coca sembradas, suma superior a la registrada en los años anteriores cuando se sembraron 1 363 hectáreas y 1 668 en 2016 (El Universal, 2017).

De una entrevista realizada por el periódico el Universal al Defensor de Derechos Humanos del movimiento Marcha Patriótica, Andrés Chica (Serrano, 2017) (la Razón, 2017), se puede inferir que existen dos modalidades para aumentar el área de influencia de las AGC y en ambas suplantan al Estado, en la primera de ellas ofrecen dinero a los campesinos a cambio de mantener el área cultivada, la estructura criminal ofrece un millón 800 mil pesos por cada hectárea sembrada en los municipios de Tierralta, Valencia, Puerto Libertador y San José de Uré, la cual es aceptada sin reparo por algunos campesinos de la zona.

Respecto a la segunda modalidad empleada las AGC recurren a métodos utilizados históricamente por los actores armados de la región como la intimidación, extorsión, entre otros, lo que ha generado gran preocupación a nivel nacional debido a la alteraciones de orden público, extorsión, amenazas, presiones (Universal, 2017).

De acuerdo con el Informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas sobre la Droga y el Delito (UNODC) en el 2017 el Municipio de Tierralta fue el más afectado por los cultivos de Coca, este resultado se le atribuye al desarme de los frentes 5, 18 y 58 de las FARC y a la posesión de estas zonas despejadas por parte las AGC ya que al no tener competidores ni controles estatales reales han tomado el monopolio del narcotráfico en el municipio.

El comandante de la Décimo Primera Brigada en Córdoba, coronel Javier Marín Fernández, indicó que se han erradicado manualmente en los últimos meses cerca de 100 hectáreas, en la zona rural del municipio de Tierralta. Sin embargo, esta suma es mínima si se compara con el creciente número de hectáreas sembradas (Universal, 2017, p.1).

En este sentido no se puede afirmar que el Estado no ha tomado medidas frente a esta situación ya que actualmente se está ejecutando un programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, no obstante estos esfuerzos no han sido suficientes, en el caso de Tierralta el programa ha fracasado debido a la falta de garantías hacia los campesinos en términos de su seguridad y económicos.

El 95% de las comunidades que se encuentran en el Alto Sinú se sostiene de los cultivos de coca y los espacios que han dejado las Farc, han sido ocupados por otros grupos y nuestros campesinos y líderes están en problemas. Esta política ha sido un fracaso porque son más de 90 comunidades que han firmado un pacto con la Alcaldía, Gobernación y el Gobierno Nacional donde están dispuestos a arrancar la coca y sustituirla pero esto no se ha cumplido (La Razón, 2018, p.1.

En el caso de San José de Uré la situación es similar ya que los líderes sociales que se adhieren a los programas de sustitución de cultivos ilícitos son amenazados por los GAO, de acuerdo con Andrés Chica: “Nada más en San José de Uré han matado a seis personas que le apostaron al programa de sustitución de cultivos” (Espectador, 2018, p.1).

La economía criminal y el orden social establecido por las AGC y los Caparrapos no solo se refleja en aumento de cultivos ilícitos sino también en el poder que tienen para imponer sus normas y Transformar prácticas sociales, pues son los habitantes de San José de Uré y Tierralta quienes no gozan de la protección de las autoridades y eso los hace víctimas potenciales de extorsión, desplazamientos forzados, muertes y violencia sexual.

Desde 2016 han sido asesinados seis líderes, se han presentado dos desplazamientos masivos, 18 individuales y 80 amenazas a líderes y campesinos (El Colombiano, 2018) estos desplazamientos forzados se llevaron a cabo en Tierralta a finales del 2017 y en San José de Uré a comienzos de 2018, el primero de ellos ocurrió debido a combates entre la fuerza pública y las AGC, mientras que el segundo marca el inicio de la llegada de los Caparrapos.

Tradicionalmente las AGC operaban en la cabecera municipal de Tierralta, sin embargo desde finales de 2016 en el marco de la extensión de su zona de influencia empezaron a adentrarse en las zonas rurales pertenecientes al Nudo de Paramillo, donde se albergan comunidades étnicas como el resguardo Embera Katio.

De esta manera tanto en las cabeceras como en las zonas rurales la población civil está expuesta a accidentes con minas antipersonal, restricciones a la movilidad, utilización de civiles como ‘informantes’, control social basado en la intimidación, la amenaza, el homicidio de sus líderes y el desplazamiento forzado (El Heraldo, 2017, p.1).

La intimidación a la población alcanzó tales niveles que el gobierno empezó a realizar investigaciones y el 19 de Noviembre de 2017 se presentó un enfrentamiento armado entre las AGC y el Ejército Nacional en la zona Rural de Tierralta, concretamente en la cuenca del Río Esmeralda, este hecho ocasionó el desplazamiento masivo 536 indígenas Embera Katío (190 familias) pertenecientes a las comunidades de Junkaradó y Karakaradó.

Esta situación refleja el planteamiento de Duncan sobre la manera en que el poder de las economías criminales afecta la vida de la sociedad sin importar si estas acepten las prácticas, pues AGC utilizan todo tipo de intimidación y violencia para obtener el control territorial y someter a la población.

Así mismo el poder de las AGC sobre Tierralta también se manifestó en el periodo posterior del desplazamiento ya que fueron los campesinos de la zona quienes realizaron el censo en su territorio sobre los cultivos de coca y el número de desplazados. En una entrevista realizada al alcalde este afirmó que se calcularon 5 mil hectáreas de cultivos de coca y confirmó que fueron 716 las personas desplazadas de una población a otra, de las cuales al menos 400 son menores de edad, pertenecientes a la etnia Embera (Panorama del San Jorge, 2017).

Esta situación si bien es producto de un combate entre las fuerza pública y las AGC, más allá de este hecho, muestra el del GAO sobre el territorio en el sentido que fueron los campesinos quienes se encargaron de realizar el censo, pues las instituciones y entes del Estado al parecer no tienen ningún tipo de presencia en el territorio o tienen impedido el ingreso por parte de las AGC.

Para el caso de San José de Uré la situación fue un poco diferente, pues el desplazamiento masivo ocurrido el 18 enero de 2018 fue consecuencia del asesinato del líder social de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos Plinio Pulgarín quien residía en la vereda San Pedrito del corregimiento de Versalles.

De acuerdo con las cifras reportadas fueron Cerca de 375 personas, 245 familias, tuvieron que huir de San José de Uré de las cuales varias de los pueblos Zenú y Embera, (Semana, 2018), Los Caparrapos, después de cometer el asesinato reunieron a los habitantes en una antigua iglesia y los amenazaron diciéndoles que: “la suerte de su vocero comunal podría ser la misma de quienes se atrevieran a quedarse”. No hubo necesidad de obligarlos, los campesinos salieron de inmediato y abandonaron el pueblo. (Panorama del San Jorge, 2018).

La intimidación por parte de los Caparrapos hacia los habitantes de esta vereda llegó a tal punto que hasta hoy esta zona se encuentra totalmente despoblada. En palabras de Sahid Cadena analista de la Unidad Especial de Investigación.

Se puede observar que gran parte de la vereda está poblada por esos cultivos. Quisimos corroborar con los pobladores de esa vereda la presencia y sustitución de cultivos de parte del programa del Gobierno nacional pero el desplazamiento que generó el homicidio de esa persona no pudimos tener contacto con ellos (Panorama del San Jorge, 2018, p.1).

San José de Uré refleja la influencia de las economías criminales en las regiones periféricas en donde no existe el Estado como ente ordenador y regulador de la vida social, de igual forma evidencian que el accionar los GAO tiene repercusiones políticas, así su objetivo sea ampliar sus rentas ilícitas. Es posible afirmar que la misma situación ocurre en el municipio de Tierralta en donde si bien la institucionalidad y la presencia del Estado es un poco menos débil, en ambos casos los GAO socaban la precaria institucionalidad existente.

Consideraciones finales

• La presencia de las AGC y los Caparrapos en los Municipios de Tierraalta y San José de Uré se debe principalmente al Narcotráfico, y no a su interés de Cooptar el Estado sin embargo su poder compite con el de este último pues regulan la vida de las personas en la esfera política y social.
• El poder corruptor de las economías en San José de Uré y Tierralta es difícil de comprobar para las instituciones estatales, no obstante esta claro que pueden existir ciertos niveles de complicidad con las autoridades Estatales, debido a que por un lado el Departamento de Córdoba fue en su momento un Estado Cooptado, por otro lado los miembros de los GAO tienen información sobre denuncias realizadas en algunos cuerpos policiales, de acuerdo con Andrés Chica: “Nos ha pasado que ponemos una denuncia en la Policía y no hemos salido cuando ya el comandante paramilitar nos llama a decirnos que estábamos denunciando, que ellos ya saben”.
• En lo que respecta a la población es integrada a la actividad económica a través de incentivos económicos para que mantenga los cultivos ilícitos, es decir, que se subordinen a su presencia y no al Estado a cambio de un beneficio económico, o intimidación de amenazas, extorsiones y asesinatos para que cooperen con ellos o desalojen los territorios necesarios para los cultivos y producción de mercancía ilícita.
• Finalmente, dado que las acciones de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y los Caparrapos cada vez tienen mayor alcance tanto a nivel Nacional como Internacional, se deben plantear estrategias que fortalezcan la Institucionalidad y presencia del Estado a nivel local, es decir, especializada en las particularidades de cada Municipio que estén vinculadas con una estrategia macro por parte del Gobierno Nacional y adicionalmente con una estrategia que se pueda enmarcar dentro del contexto de la Cooperación Internacional para el fortalecimiento institucional y construcción de paz.

Referencias

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