Este documento, es un trabajo que da cuenta de los obstáculos que históricamente han tenido las mujeres para acceder a la justicia, está íntimamente instalados en la cultura, y aun en las altas cortes, donde se esperaría que no se tuvieran en cuenta los elementos que discriminan por razón de género, continua perpetuandose la cultura machista que es contraria a derecho y su estructura, lo que sin duda es perjudicial para que las mujeres disfruten el pleno ejercicio de sus derechos.

En su obra, los autores hacen un recorrido sobre lo que ha significado el trabajo de los movimientos sociales, no solo en Colombia, sino en América Latina, en busca de avances en la conquista de los derechos de las mujeres, como sujetas autónomas, desmitificando el tema de la valoración de ellas en tanto madres, esposas, hermanas o hijas.

La obra es el resultado de una investigación desarrollada por la decana Nina Mariela Ferrer Araujo y el profesor Juan Gabriel Acosta Castro, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de San Buenaventura seccional Cartagena, en el marco de su trabajo en el grupo de investigaciones GIELACID, en la línea Debates Jurídicos en el Contexto Global, publicada por la Editorial Bonaventuriana, en diciembre de 2018 la cual consta de 68 páginas.

Nina Mariela Ferrer, es abogada con especialización en derecho comercial y magister en género, políticas públicas y sociedad. No es esta su primera obra en temas relacionados con la justicia de género. En otro momento, ha abordado la temática como las ciudadanías emergentes, donde deja clara evidencia del drama que viven las personas con identidad sexual diversa.

En esta oportunidad, se centra en la visibilizacón de los obstáculos que enfrentan las mujeres para gozar del derecho fundamental del acceso a la justicia, muy a pesar del amplio marco normativo que se ha logrado conquistar a través de las luchas de los movimientos feministas, en el ambito nacional e internacional, donde se ha posicionado el concepto de justicia de género, y el reconocimiento del acceso a la justicia, como un derecho fundamental. Es difícil encontrar operadores judiciales, con conocimientos en temas de género, al igual que contar dentro de la institucionalidad con personal con capacidades técnicas y operativas para incluir la perspectiva de género en los procesos judiciales.

Para lograr la profundidad requerida en el trabajo de investigación, se hizo acompañar por Juan Gabriel Acosta, abogado, magister en Derecho, que se ha destacado por el fortalecimiento de procesos investigativos, que propicien articulación entre las acciones estatales, con las demandas sociales, por una mejor calidad de vida.

Lo más novedoso de la obra, es poder identificar a través del conocimiento de las normas que protegen y garantizas los derechos de las mujeres, cómo se le puede adjudicar una responsabilidad patrimonial al Estado por los daños causados por la omisión de respuestas eficaces y oportunas a sus demandas de acceso a la justicia, por gran parte del personal de la rama judicial, ya sea por su falta de conocimiento en temas de género, y cómo a través de estas omisiones o negligencias, muy al contrario de cumplir con su rol misional, pueden llegar a convertirse en agentes obstaculizadores, desconociendo la obligación de garantizar y proteger los derechos de las mujeres.

Al ser un trabajo de investigación jurídico, está destinado al personal de la rama judicial, especialmente en la rama de derecho penal y de familia, a las instituciones encargadas de la implementación de políticas públicas, a las organizaciones de mujeres, y a la sociedad civil en general, con el objetivo de que se apropien de los hallazgos y se pueda avanzar en la difusión del conocimiento sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de violencias y a la garantía del derecho fundamental de acceso a la justicia con enfoque de género y especial no re victimizar a las mujeres.

El libro da cuenta de lo estereotipada que sigue siendo la justicia en Colombia, donde aun con los grandes avances legislativos, del orden nacional e internacional, no ha sido posible transformar la forma de pensar, no solo de la ciudadanía común, sino de las personas que están puestas en los altos cargos, donde se toman las decisiones que de una u otra manera, afectan la vida de las mujeres y de la sociedad en general.

En su obra la autora y autor, hacen un recorrido sobre lo que ha significado el trabajo de los movimientos sociales, no solo en Colombia, sino en América Latina, en busca de avances en la conquista de los derechos de las mujeres, como sujetas autónomas, desmitificando el tema de la valoración de las mujeres en tanto madres, esposas, hermanas o hijas y se describe ampliamente en qué consisten los estereotipos de género, como éstos fortalecen la discriminación contra las mujeres

De igual manera, se traza una línea de tiempo donde se ha posicionado el concepto de justicia de género, y el reconocimiento del acceso a ésta, como un derecho fundamental. Visibiliza los obstáculos que se convierten en barreras infranqueables, dado el poco interés que existe aún entre los mismos operadores judiciales, de derribar mitos, conservadurismos, ideologías y filosofías que enmarcan a las mujeres en el rol de madre o cuidadora, dificultando la transformación de una rama del poder público, que es uno de los pilares de la democracia.

La obra reúne los elementos que permiten evidenciar las fallas que se siguen presentando dentro de los procesos, además de ser elemento perpetuador de la discriminación contra las mujeres, las desestimula por su situación de víctimas de algún tipo de violencia, pudieran decidir adelantar acciones judiciales, y acceder a la justicia, con la tranquilidad de que sus asuntos serán tratados de manera respetuosa.

Nina Mariela y Juan Gabriel se han dedicado a escudriñar cómo en las altas cortes, se siguen considerando los estereotipos, como elementos culturales, a los que se les atribuyen valores tradicionales y culturales, que impiden ver a las mujeres como sujetas de derechos.

Es en la presentación de los casos tipo, donde nos queda claro que el Estado tiene una responsabilidad patrimonial, como consecuencia del manejo invariable de los procesos, en los que por la omisión de dar tratamiento adecuado con enfoque y perspectiva de género, se puede inclusive desmejorar o dañar a la persona que denuncia cualquier tipo de violencia de la que esté siendo víctima.

Queda claro, sobre todo en el tema penal, que las normas que garantizan la integridad de la vida de las mujeres, deben ser de amplia difusión y conocimiento, específicamente por parte de las personas que integran la rama judicial, con el fin de no re victimizar a las mujeres.