Resumen
El concepto de Desarrollo Humano Sostenible se encuentra inmerso en la voluntad del Constituyente Colombiano, que establece en el Preámbulo de la Carta Política, al Estado como el principal garante para promover el bienestar de los ciudadanos. No obstante, ¿Por qué los habitantes del territorio colombiano padecen diariamente de inequidad, desigualdad social y falta de acceso a la justicia? Las respuestas planteadas a este interrogante son diversas, pues se atribuyen causas desde distintas perspectivas.
Ante tales realidades, la presente, es una investigación crítica con naturaleza reflexiva, exploratoria y bajo el enfoque cualitativo, que, a partir de una amplitud monográfica permite confrontar la realidad social, política y económica con los factores existenciales del conocimiento del objeto: el Acuerdo de Paz en Colombia. Los resultados arrojados determinan las estrategias que debe realizar el Estado colombiano en materia de Cooperación Internacional bajo los nuevos retos que impone el mencionado acuerdo.
Palabras clave: desarrollo humano sostenible; acuerdos de paz; Estado social de derecho; violencia.
Abstract
The concept of Sustainable Human Development is immersed in the will of the Colombian Constituent, which establishes in the Preamble of the Political Charter, the State as the main guarantor to promote the welfare of citizens. However, why the inhabitants of the Colombian territory suffer daily from inequality, social inequality and lack of access to justice? The answers that have been raised to this question are diverse, because causes are attributed from different perspectives.
Faced with such realities through this research, a critical investigation with a reflexive nature, based on a monographic scope, characterized by being classified in the type of exploratory research and under the qualitative approach, allowing to confront the social, political, economic reality with the factors existential knowledge of the object: peace agreements in Colombia. Consequently, the results obtained determine the strategies to be carried out by the Colombian State in matters of International Cooperation under the new challenges imposed by the aforementioned agreement.
Keywords: sustainable human development; peace agreements; social rule of law; violence.
Introducción
La idea básica del Estado de derecho fue establecida en Colombia con la vigencia de la Constitución Política de 1886, que permaneció en vigor por más de cien años. Se caracterizó por el respeto inexorable a la Ley, la fundamentación de las decisiones adoptadas bajo el principio de legalidad, el poder tripartito del Estado y la garantía de derechos fundamentales como límites a su arbitrariedad. Fue el gobierno de las Leyes y no de los hombres; sin embargo, en los años ochenta el país vivía una verdadera crisis. El narcotráfico, el caos social generado por el conflicto armado, la toma del Palacio de Justicia, el asesinato de líderes y la represión a los movimientos sociales y estudiantiles de la época, llevaron a la necesidad de abrir un nuevo camino que reconociera, no al Estado, sino a la ciudadanía como la principal preocupación que debía afrontar la administración pública. El gobierno de las libertades del hombre y no de las Leyes.
A partir de la Constitución Política de 1991 y la nueva concepción del “Estado Social de Derecho” fue posible fundar los principios constitucionales de dignidad humana e interés general no como un discurso retórico, sino como un producto de los acontecimientos históricos. Así las cosas, el preámbulo de la Carta Magna, abrió paso al concepto de Desarrollo Humano Sostenible1 (en adelante DHS), mediante el cual se pretendía el cambio progresivo de la calidad de vida de los colombianos enmarcados en igualdad y participación en los designios de la Nación, colocándonos en la misma vía del Derecho Internacional.
El Estado social de derecho instrumentaliza la voluntad política de otorgar un papel fundamental al ciudadano, proclamando derechos, generando espacios y mecanismos que le permiten desarrollar las prerrogativas constitucionales. En consecuencia, se promueven los postulados de derechos fundamentales, sociales, económicos y colectivos, y paralelamente, se estructura la acción de tutela, la acción popular y acción de grupo como mecanismos que permiten al ciudadano del común el acceso a una justicia pronta y efectiva.
No bastó con el reconocimiento de la libertad del ser humano para elegir y ser elegido, fue necesario crear las condiciones para que la voluntad del pueblo pudiera materializar su voluntad política, a través del ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana, inclusive, acudir a la revocatoria del mandato en caso de incumplimiento de los planes de gobierno, amparados por el ejercicio del voto programático, porque es el Estado quien ostenta la posición de garante respecto a la protección de todas las libertades humanas.
Tales postulados se impregnaron en la posibilidad de convertirse en una realidad, sin embargo, pasados 26 años de su expedición, aún siguen vigentes los problemas de pobreza extrema, salud, educación, acceso a la vivienda, problemas ambientales, acceso a la justicia. Si el Estado social de derecho se adaptó a lo que se concibe como DHS en el contexto internacional ¿Por qué en la realidad los habitantes del territorio colombiano padecen diariamente de inequidad y desigualdad social? Las respuestas planteadas frente a este interrogante son diversas, pues se atribuyen causas desde distintas perspectivas.
A través de esta investigación exploratoria con enfoque cualitativo se confrontó la realidad social, política y económica con los factores existenciales del conocimiento del objeto: el Acuerdo de Paz en Colombia. De esta manera, se parte del análisis de los propósitos de la Constitución Política de Colombia al defender el fortalecimiento de la unidad de la nación bajo la óptica de la Carta de la ONU, para, finalmente, establecer la coherencia del acuerdo de paz para alcanzar el Desarrollo Humano Sostenible.
El estudio se encuentra estructurado en tres partes. La primera, establece un acercamiento a las categorías de Estado social de derecho, Cooperación Internacional y DHS. La segunda, presenta las estrategias que deben implementarse en materia de Cooperación Internacional bajo los nuevos retos que impone el Acuerdo de Paz en Colombia. Y en la tercera, se establecen las conclusiones en el marco de dos ejes fundamentales: participación política de campesinos, indígenas, líderes y ciudadanía en general; y consolidación de estrategias encaminadas a la Reforma Agraria Integral y al fortalecimiento institucional del Estado a través de la Cooperación Internacional.
Diseño metodológico
Se desarrolló una investigación crítica con naturaleza reflexiva, exploratoria y bajo el enfoque cualitativo, que, a partir de una amplitud monográfica permitió confrontar la realidad social, política y económica con los factores existenciales del conocimiento del objeto: el Acuerdo de Paz en Colombia.
Se ha aplicado el método analítico y de síntesis, pues se busca la fragmentación del problema de investigación en sus partes elementales con la finalidad de generar nuevo conocimiento. En el caso específico, se analizó la implementación del Acuerdo de Paz frente al cumplimiento de los fines esenciales del Estado colombiano desde la mirada de la Cooperación Internacional.
Por fuentes de la investigación se entiende el soporte consultado con la finalidad de dar respuesta a los objetivos específicos de la investigación. Por tanto, al tratarse de investigación exploratoria y de manera específica para el campo del derecho, las fuentes primarias son: el Acuerdo de Paz, la ley, los instrumentos internacionales y la jurisprudencia; como fuentes secundarias se consultaron la doctrina o textos especializados.
Consideraciones éticas
Durante la investigación se respetó el derecho de autor y las referencias de cada uno de los materiales bibliográficos consultados.
I. Colombia: Estado social de derecho, Cooperación Internacional y Desarrollo Humano Sostenible
Muchas son las definiciones que han surgido para el término: “Cooperar”, pero más allá de las conceptualizaciones, se alude a la definición presentada por Martínez (1995): “Cooperar es una necesidad pragmática y moral de nuestro tiempo” (p.91), y los Estados deben realizar las gestiones pertinentes que conduzcan al bienestar común de todos los ciudadanos. En consecuencia, la Cooperación Internacional se convierte en una de las herramientas políticas para conseguir la anhelada Paz Universal y el Desarrollo Humano sostenible.
Desde el contexto histórico en la época de la Revolución Francesa (1789), movimiento social y político que se desarrolló con diversos periodos de violencia, basada en la búsqueda de libertad, igualdad y fraternidad, en el año 1848, guardando fidelidad a tales principios se reveló en contra de los ideales que buscaban mantener el statu quo de los principios de la Monarquía Absoluta (Santa Alianza) con el surgimiento de la “Segunda Revolución” y la necesidad de mantener las ideas liberales y rebeldes de los regímenes monarcas. Así mismo, con el conflicto desatado en la Segunda Guerra Mundial iniciada con la Invasión Alemana a Polonia en 1939, Estados Unidos ejecuta el Plan Marshall como el instrumento para la reconstrucción de Europa; sin olvidar, la Guerra Fría suscitada entre el Bloque Occidental (Estados Unidos y Unión Soviética) y los procesos de descolonización que vivieron Asia y África (1945-1975 ), que generaron la demanda de asistencia financiera y técnica para los planes de desarrollo de dichos países.
Tales acontecimientos constituyen la primera manifestación de la Cooperación Internacional, como una herramienta de tipo económica. Y hasta este punto, el concepto de “Desarrollo” fue concebido desde un enfoque económico y financiero, es decir, de la evolución al concepto de desarrollo como aspecto biológico nace el desarrollo económico como la capacidad de un Estado para generar riqueza y superar la crisis producida por la manifestación externa de la guerra: el conflicto. Bajo este entendido, la Cooperación Internacional nace como una necesidad política y como requisito sine qua non para alcanzar la integración de los países del mundo. Necesidad que se materializa a través de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 1945, como una respuesta de los países a las inequidades en el mundo, fruto de la conflagración y cuyos objetivos generales fueron plasmados en el artículo primero, así:
“Los propósitos de las Naciones Unidas son: 1.Mantener la paz y la seguridad internacionales (…) 2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad (…) 3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales (…) 4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes”. (ONU, 1945).
Al surgir la Cooperación Internacional como una herramienta para la posguerra y la Carta de la ONU como la espina dorsal de las relaciones internacionales, el concepto de Desarrollo Económico fue arraigado a cada una de las estrategias creadas para construir una sociedad preocupada por el impacto de las necesidades de los ciudadanos “vs” los recursos que genera un país.
En consecuencia, nace la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) como la herramienta que buscó brindar una asistencia humanitaria, inicialmente, a los países que se encuentran en condición de extrema pobreza mediante las políticas de préstamos y subsidios. Desde el punto de vista económico las variables AOD y la pobreza tienen una relación de tipo inversa, ambas se integran para coordinar el desarrollo de la comunidad, pues, a mayor ayuda oficial para el desarrollo menor pobreza para el país. A menor ayuda oficial para el desarrollo mayor pobreza; sin embargo, ¿Cómo reducir el concepto a solo cifras exactas e indicadores de tipo económico?
Para resolver lo anterior, fue necesario, superar la visión cuantitativa del Desarrollo para guiarlo a un sentido estructural de diversos temas mundiales. El concepto tradicional se transforma incorporando un calificativo para que persista en el tiempo, concibiéndolo como “el proceso de expansión de libertades reales de que disfrutan los individuos” (Sen, 1999, p.19), el cual será posible a través de la eliminación de las principales fuentes de privación de la libertad.
A partir de 1990 Amartya Sent, filósofo y economista, rompe los paradigmas establecidos por lo que hasta ese momento se contempló como Desarrollo dentro del contexto Internacional, al definirlo bajo el enfoque de la Libertad como fin y medio para alcanzar el bienestar humano. Fue plasmado en el Informe de Desarrollo Humano realizado por el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) estableciendo, entre otras cosas, que el ingreso económico es solo una medida alterna cuando el ser humano tiene la posibilidad de convertir sus derechos en libertades reales:
El desarrollo humano tiene dos aspectos. La formación de capacidades humanas —tales como un mejor estado de salud, conocimientos y destrezas— y el uso que la gente hace de las capacidades adquiridas para el descanso, la producción, o las actividades sociales, culturales y políticas. Si el desarrollo humano no consigue equilibrar estos dos aspectos, puede generarse una considerable frustración humana. Según este concepto de desarrollo humano, el ingreso es s0lo una de las oportunidades que la gente desearía tener, aunque ciertamente muy importante. Pero la vida no solo se reduce a eso. Por lo tanto, el desarrollo debe abarcar más que la expansión de la riqueza y los ingresos. Su objetivo central debe ser el ser humano (PNUD, 1990, p.34).
En este sentido, el crecimiento económico se convierte en una posibilidad para alcanzar las necesidades humanas, ya no solo bajo la perspectiva de la renta sino la capacidad de transformar dicho ingreso en la libertad de elegir todo lo que se requiere para su bienestar, pero ¿Cómo contribuye el reconocimiento de la libertad del ser humano al desarrollo de un país como nación y actor del sistema internacional?
Lo primero en señalar, es que la nueva concepción de Desarrollo promovida por Sent, incide directamente en el esquema de la Cooperación Internacional, entendiendo que la relación bilateral (País Desarrollado-Subdesarrollado), Triangular (Donante, Receptor, Beneficiario), Sur-Sur o multilateral, no debe ser ligada desde el punto de vista de la dependencia económica.
A contrario sensu, el concepto de Desarrollo debe abrir las posibilidades de acción a través de los intercambios financieros, humanitarios, tecnológicos, comerciales y políticos, que nos permitan generar los mecanismos para la auto sostenibilidad y superar la desigualdad a través de la transición, que se ha denominado por el autor, como la “mentalidad dejar actuar” a la “mentalidad actuar-actuar”, la mentalidad de la “nación-esclava” a la mentalidad “nación-liberto”. Ser libre como nación implica el reconocimiento como un actor Estatal, no bajo la mirada débil del Sistema Internacional, sino entendiendo a) La existencia de un interés por parte del donante y; b) La necesidad de emprender las estrategias que permitan alcanzar el desarrollo humano de los ciudadanos.
Ahora bien, el reconocimiento de la libertad del ser humano al desarrollo de una nación, además de la cantidad de bienes y servicios capaz de producir en su economía (Producto Interno Bruto, PIB), implicará que el Estado debe forjar las políticas públicas para que el ciudadano acceda a todas las esferas esenciales de la vida humana: la esperanza de vida, la formación de capacidades humanas, el acceso a la democracia y el acceso a la justicia.
El Desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de la libertad: la pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y los privaciones sociales sistemáticas, el abandono en el que pueden encontrarse los servidores públicos y la intolerancia (…). (Sen, 1999, p.19).
En definitiva, se requiere que el Estado, además de positivar los derechos, permita la materialización de estos, a través de las políticas que convergen en los sistemas estatales, para alcanzar lo que se ha definido como Desarrollo Humano Sostenible y erradique todo aquello que se convierte en fuente de privación de la libertad. En el contexto colombiano, fue a partir de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 y la nueva concepción del “Estado social de derecho”, fundar los principios constitucionales de dignidad humana e interés general no como un discurso retórico, sino como producto de los acontecimientos históricos.
El preámbulo de la Constitución Política de Colombia, abre paso a lo que se ha definido como el Desarrollo Humano Sostenible, que pretende el cambio progresivo de la calidad de vida de los colombianos enmarcada en igualdad y participación en los designios de la Nación y colocando el reconocimiento de derechos en la misma vía del Derecho Internacional.
El Estado social de derecho instrumentaliza la voluntad política de otorgar un papel fundamental al ciudadano, proclamando derechos, generando espacios y mecanismos que le permitan desarrollar las prerrogativas constitucionales; en la práctica, fue necesario que se promulgara una Constituyente que franqueara de la igualdad formal a la igualdad material, es decir, que efectivizara en la práctica, las garantías y libertades del ciudadano, dejando de ser un eufemismo de los dirigentes. En consecuencia, con la Constituyente del 91 se promueven los postulados de Derechos fundamentales, sociales, económicos y colectivos, y paralelamente, se estructura la acción de tutela, la acción popular y acción de grupo.
No bastó con que la Carta Magna reconociera la libertad del ser humano para elegir y ser elegido, era necesario crear las condiciones necesarias para que la voluntad del pueblo pudiera materializarse a través del ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana, inclusive, acudir a la revocatoria del mandato en caso de incumplimiento de los planes de gobierno, amparados por el ejercicio del voto programático.
No obstante, pasados 26 años de la expedición de la Carta Magna, aún siguen vigentes los problemas de pobreza extrema, salud, educación, acceso a la administración de justicia, problemas ambientales, entre otros aspectos que son reflejados en el 0,761 de Índice de Desarrollo Humano (PNUD, 2019). Si el Estado social de derecho se adaptó a lo que se concibe como DHS en el contexto internacional ¿Por qué en la realidad persisten las brechas de desigualdad, falta de acceso a la justicia y sistemas de protección que procuren el bienestar de los habitantes en el territorio colombiano?
El Conflicto es una de las respuestas a la pregunta formulada. Durante cinco décadas el país ha vivido en guerra, lo que sin duda lo convierte en uno de los Estados menos eficaces en la defensa de Derechos Humanos.2 El Conflicto Armado ha generado serios impactos especialmente a la población que se encuentra en el área rural, como los campesinos e indígenas; por ejemplo, en Guapi (Cauca) uno de los municipios del pacífico que ha padecido el flagelo de la violencia, la población se ha dedicado a las actividades tradicionales como la pesca y la agricultura; sin embargo, pese a la promulgación de la Ley 1448 del 2011 conocida como Ley de Víctimas, no se ha hecho efectiva la restitución de tierras, situación preocupante, debido a que la tierra es en un motor para generar empleo en estas comunidades, pues es un territorio en el que a hoy los actores armados sustituyen al Estado a través de la coca y la minería ilegal.
Tales situaciones se reflejan en el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal para la atención y reparación integral a las víctimas del conflicto, que señala la necesidad de disponer alrededor de $115,9 billones para cumplir con los objetivos de la mencionada ley ante el reto de indemnizar a 8.847.047 víctimas registradas a fecha de corte del mes de julio del 2019 (UPV, 2017).
Pasados nueve años de la promulgación de la Ley de Víctimas y una vez firmado el Acuerdo de Paz en Colombia, el Estado como ente abstracto y principal garante del respeto por las libertades humanas, debe desplegar las acciones pertinentes a través de políticas que se hagan efectivas a lo largo del territorio, desde Punta Gallinas (en la Península de la Guajira) hasta la quebrada San Antonio en la Amazonía y desde la Piedra del Cocuy – Guainía hasta Cabo Manglares – Pacífico colombiano, sin olvidarnos del departamento de San Andrés y Providencia, nuestro Mar Territorial.
Las apuestas sectoriales del gobierno firmante del proceso de paz con las FARC-EP se enfocaron en la transformación del campo colombiano, específicamente en las zonas habitadas por los indígenas, de allí que sea importante establecer que para una nueva era de alcanzar la tan anhelada paz, es fundamental reducir las brechas sociales que sufren los habitantes del territorio en el campo, en donde se concentra la mayor parte de los problemas de pobreza y conflicto armado.
El propósito del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, se radicó en la construcción de una Colombia en paz, equitativa y educada, esto a través de cinco estrategias transversales: 1) competitividad e infraestructura estratégicas; 2) movilidad social; 3) transformación del campo; 4) seguridad, justicia y democracia para la construcción de paz y, 5) buen gobierno.
Conforme a lo anterior, la visión de paz del gobierno se basó en la finalización del conflicto armado pretendiendo trascender la concepción clásica de paz como terminación de la confrontación armada, y avanzar hacia una visión holística en la cual se involucran, además, todos los aspectos estructurales del desarrollo y la garantía plena de la democracia en el territorio (Presidencia de la República, 2014).
Teniendo en cuenta la visión del gobierno firmante del proceso de paz con las FARC-EP, y una vez establecida la persistencia de las desigualdades, inequidad y falta de acceso a la justicia a pesar de ser un Estado social de derecho que integra bajo su concepción el concepto de Desarrollo Humano Sostenible, a continuación, se señalarán los principales desaciertos en la consecución de la tan anhelada paz y las soluciones que deberán desplegarse desde la Cooperación Internacional.
II. El fin del Conflicto: balances y estrategias a través de la Cooperación Internacional
Las acciones del Estado que hasta la fecha ha implementado adquieren su relevancia a partir la reforma estructural del campo planteada en los denominados Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PEDT), cuyo punto de origen se estructuró bajo el Acuerdo Final de Paz, para luego ser regulados jurídicamente a partir de la expedición del Decreto 893 del 28 de mayo del 2017.
De conformidad con lo previsto en el punto 1.2.2 del Acuerdo Final, la transformación estructural del campo deberá cobijar la totalidad de las zonas rurales del país. Sin embargo, se convino priorizar las zonas más necesitadas y urgidas con base en los siguientes criterios: i) los niveles de pobreza, en particular, de pobreza extrema y de necesidades insatisfechas; ii) el grado de afectación derivado del conflicto; iii) la debilidad de la institucionalidad administrativa y de la capacidad de gestión; y iv) la presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegítimas. (Decreto 893, 2017).
En este orden de ideas, en teoría hay una focalización de 16 zonas en el país y de manera paulatina se implementarán a lo largo de todo el territorio (Gráfico 1).
Una vez iniciado el Fast Track desde el 1 de diciembre del 2016 hasta el 1 de octubre del 2017, el balance ha sido deficiente. Pese a una reducción de los índices de violencia en algunas zonas del territorio nacional, se han aumentado en otras: por ejemplo, los homicidios aumentaron en la Costa Pacífica y en el municipio de Cartagena del Chairá debido a la permanencia de las disidencias de las FARC y los grupos armados como el ELN en estos territorios (Fundación Paz y Reconciliación, 2019). Los homicidios contra líderes sociales no son la excepción frente al crecimiento acelerado de las tasas de homicidio, pues cada tres días en promedio asesinan a un líder social o defensor de los derechos humanos en el país (Fundación Paz y Reconciliación, 2019).
Gráfico 1. Focalización de los PDET. La focalización se estructura bajo 16 zonas, 170 municipios, 1100 veredas, éstas a su vez, se van a organizar en núcleos veredales, es decir 1490, 305 consejos comunitarios, 452 resguardos.
Fuente: Agencia de Renovación del Territorio.
El Estado ha incumplido en diferentes asuntos. Las Zonas Veredales de Transición y Normalización han sido sustituidas por Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación sin que se puedan desarrollar proyectos de tipo productivo como lo contempla el Acuerdo. Específicamente la Fundación Paz y Reconciliación (2019) señaló que:
No ha podido terminar las zonas donde las unidades guerrilleras se concentraron para la dejación de armas y ahora funcionan como espacios de capacitación. Por otro lado, existe un desgaste político del gobierno de Juan Manuel Santos que se nota principalmente en la incapacidad de armar mayorías en el Congreso de la República frente una oposición política que no da tregua. El retiro de Cambio Radical de la coalición de gobierno y de algunos conservadores ha debilitado la gestión del presidente Santos. (Fundación Paz y Reconciliación, 2019).
En cuanto a la nueva Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Fondo Colombia en Paz entregó informes sobre su ejecución presupuestal los cuales fueron publicados por la Contraloría General de la República el día 6 de abril de 2019. La mayor parte del monto entregado ese año (los 7.740 millones de pesos) se destinó para la suscripción de contratos de prestación de servicios (El Espectador, 2018).
Cabe señalar que la Fiscalía General de la Nación reportó el día 5 de abril de 2018, es decir, un día antes de conocerse estos resultados, que existían averiguaciones que revelan la existencia de procesos de direccionamiento de contratos, así como un alto grado de opacidad en los procesos de selección relacionados con estos proyectos de inversión a través de una red de intermediarios (El Espectador, 2018).
El Estado como actor principal debe coordinar sus políticas con la realidad que se padece en el país y cuyas actuaciones deben garantizar la paz, la seguridad y el Desarrollo Humano sostenible a lo largo del territorio sobre el cual ejerce soberanía. La tarea no puede ser llevada a cabo de manera aislada e independiente.
En primer lugar, los campesinos, los indígenas, los líderes y la ciudadanía en general deben participar de manera activa en la construcción de veedurías del posconflicto a través de las cuales realicen un proceso de vigilancia en la implementación del Acuerdo.
En segundo lugar, es necesario que las estrategias de Cooperación Internacional en temas de posconflicto sean direccionadas a partir de la consolidación de estrategias enfocadas en la Reforma Agraria Integral y al fortalecimiento institucional. En consecuencia, el Estado debe:
- Alinear los planes de desarrollo a la fundamentación teórica de la visión de paz plasmada en los acuerdos.
- Orientar la financiación de la Cooperación Internacional a la reforma agraria y al fortalecimiento institucional, canalizada a través de los fondos constituidos para tal efecto. Especialmente del Fondo de la Unión Europea y Naciones Unidas que se enfoca en el desarrollo rural de las regiones y el Fondo del Banco Mundial que prioriza la destinación de los recursos a reparación integral de víctimas.
- Priorizar la canalización de los recursos destinados a la Reforma Agraria Integral para la generación de mecanismos autónomos de emprendimiento campesino con enfoque diferencial, especialmente para la mujer e indígenas campesinos. Inclusive, pese a que Colombia no es un país receptor de recursos de Cooperación Norte - Sur, tales recursos no solo pueden provenir de los 4 fondos internacionales que financian la paz, si no de las acciones que ejecuta actualmente la CID teniendo en cuenta el proceso de construcción de paz que el país enfrenta.
- Fortalecer la política exterior del país desde el enfoque de la sostenibilidad de la paz para lograr construir una sociedad incluyente, igualitaria y equilibrada desde el bienestar social y económico.
Y finalmente, involucrar a organizaciones internacionales, colectividades territoriales, líderes sociales, fundaciones, academia y Estados permitiendo establecer acciones comunes para el fortalecimiento de la visión holística de paz, a partir de las experiencias de otros países en situaciones similares de conflicto armado, el diálogo para la construcción colectiva con la comunidad (Campesinos, índigenas, líderes sociales) y el fortalecimiento del emprendimiento comunitario y familiar para convertir a las distintas regiones en unidades productivas de desarrollo.
Conclusiones
La Cooperación Internacional nace como una necesidad política y como requisito sine qua non para alcanzar la unidad mundial (Agudelo, 2014). Ligado a esto, se convierte en una herramienta política para alcanzar el Desarrollo Humano Sostenible. Específicamente, en Colombia la Constituyente de 1991 adoptó las premisas que reconocen que el desarrollo del país no solo debe ser contextualizado desde el punto de vista económico, sino que se debe garantizar al ciudadano el reconocimiento de la libertad del ser humano que le permita alcanzar un bienestar pleno en todas las esferas de la vida.
El Índice de Desarrollo Humano Sostenible del país obedece a multiplicidad de causas: Los cincuenta años de Conflicto Armado ha significado a cada uno de los colombianos un alto costo: “El costo de la guerra”; la violencia que puede crear el mismo Estado con los problemas de corrupción, clientelismo, opresión social, inseguridad ciudadana y sumado a ello, el papel del ciudadano en la sociedad, que ha significado la pérdida de todo aquello que ha podido transformar la calidad de la vida, acceso a educación, servicios públicos esenciales, vivienda, transporte, espacios de democracia y participación ciudadana, etcétera.
La firma del Acuerdo de Paz se ha convertido en la posibilidad para que millones de habitantes del territorio puedan acceder a las garantías constitucionales que el Estado social de derecho propugna; sin embargo, el Estado debe actuar bajo la mentalidad nación-liberto y no bajo la concepción de ser un simple receptor de recursos. La clave es generar propuestas de cooperación que permitan que los habitantes desarrollen sus capacidades y se conviertan en los protagonistas para escapar de la pobreza.
La Constituyente de 1991 adoptó las premisas que reconocen que el desarrollo del país no solo debe ser contextualizado desde el punto de vista económico, sino que se debe garantizar el ciudadano el reconocimiento de la libertad del ser humano que le permita alcanzar un bienestar pleno en todas las esferas de la vida. En este sentido, la violencia se consolidó entonces como una gestora de cambios, cumpliendo una función social a través de la consolidación de la Carta Política de 1991 y finalmente, el Acuerdo de Paz firmado en 2016.
Tras la visión de paz plasmada en dichos acuerdos, es necesario que las soluciones y estrategias de desarrollo a través de la Cooperación Internacional se desarrollen bajo la “mentalidad actuar-actuar”. Cuando el Estado es capaz de articular sus planes de gobierno para generar mecanismos autónomos de emprendimiento, los modelos de cooperación permitirían un impacto en la vida de los habitantes del mundo y en el mismo sistema internacional, pues el papel de la Cooperación no se puede limitar a una relación de superioridad de los países donantes que marcan la agenda del desarrollo.
Así las cosas, el Estado debe planear estratégicamente una agenda de desarrollo alineada con el Acuerdo de Paz suscrito con las FARC-EP. No hacerlo significa un retroceso a los esquemas de desarrollo que imposibilitan atacar dos aspectos claves en Colombia: la situación de la tierra y el fortalecimiento institucional.
Referencias
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1 El concepto de Desarrollo Humano Sostenible fue plasmado por primera vez en el Informe de Desarrollo Humano realizado por el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) estableciendo, entre otras cosas, que el ingreso económico es solo una medida alterna cuando el ser humano tiene la posibilidad de convertir sus derechos en libertades reales.
2 Un estudio de la Universidad de Los Andes calcula que los hogares víctimas del desplazamiento y la violencia disminuyen a la mitad sus ingresos (…) el mayor impacto de la guerra ha recaído en más de 250.000 muertos —y sus familias— y 8 millones de víctimas y desplazados (PNUD, 2019, p.20).