La militarización del Desarrollo: La intervención humanicida en Haití

The Militarization of Development: Humanicidal Intervention in Haiti

Resumen

Las intervenciones humanitarias pretenden garantizar la estabilidad, seguridad y desarrollo de los países en los que se actúa. En teoría, estas son altruistas y apolíticas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, solo han profundizado las relaciones de inestabilidad, desigualdad y violencia para garantizar intereses particulares. Además, a pesar de que se vinculan con concepciones críticas de seguridad, la militarización ha fungido como la herramienta central para su implementación. Así, el objetivo principal de esta investigación será analizar la relación entre las históricas intervenciones en Haití –justificadas con discursos civilizatorios, humanitarios y desarrollistas y la realidad económica, política y social del pueblo haitiano, teniendo como punto de partida las siguientes preguntas: ¿Es la intervención humanitaria facilitadora de los procesos de desarrollo? O por el contrario, ¿ha servido como un instrumento injerencista coadyuvante a los propósitos capitalistas a costa del bienestar del pueblo? El principal hallazgo de este estudio es que la injerencia extranjera, catalogada como humanitaria, ha atentado contra la vida, desarrollo, seguridad y dignidad de la población haitiana. De tal suerte, las intervenciones han garantizado la reproducción de los intereses capitalistas y el dominio de Estados Unidos en la región del Gran Caribe, atentando contra el bienestar y la vida del pueblo en su conjunto.

Palabras clave: intervención humanitaria; Haití; capitalismo; desarrollo.

Abstract

Humanitarian interventions aim to guarantee the stability, development, and security of the countries in which they operate. In theory, these are altruistic and apolitical. Notwithstanding, in many cases, they have deepened the instability, inequality, and violence of the countries in which they act to guarantee private interests. Even though humanitarian interventions are associated with critical security concepts, militarization has served as the central tool for their implementation. Thus, this research will analyze Haiti’s historical interventions -justified by civilizational, humanitarian, and developmental discourses - and the economic, political, and social reality of the Haitian people, taking as a starting point the following questions: is humanitarian intervention facilitating the development processes? Or, on the contrary, has it served as an intervening instrument that helps capitalist purposes at the cost of its people? The main finding of this study is that foreign interference, classified as humanitarian, has attempted against the life, development, security, and dignity of the Haitian population. Thus, humanitarian interventions have guaranteed the reproduction of capitalist interests and the dominance of the United States in the Greater Caribbean, threatening the life and well-being of the people as a whole.

Keywords: humanitarian intervention; Haiti; capitalism; development.

Introducción

Hai tí es un país arrojado al basural, por eterno castigo

de su dignidad. Allí yace, como si fuera chatarra.

Espera las manos de su gente.

Eduardo Galeano (2004)

En 1804, luego de trescientos años de yugo colonial, Haití obtuvo su independencia convirtiéndose en el primer país latinoamericano en lograrlo, y el primero también en constituirse en una república negra independiente y abolir la esclavitud. Dos siglos después, es el más pobre en nuestra América y uno de los veinte países con menor desarrollo humano en todo el mundo1.

Tras una violenta colonización europea en condiciones de esclavitud, una ocupación estadounidense, controvertidas “misiones de pacificación”, un terremoto de magnitudes monumentales y decenas de iniciativas de cooperación, ayuda, financiamientos conducentes al desarrollo y estabilización del país, hoy el pueblo haitiano sufre de una profunda desigualdad e inestabilidad estructural sin precedentes.

El objetivo central de esta investigación será, entonces, identificar la relación entre las diferentes e históricas “intervenciones humanitarias” en Haití y las condiciones económicas, políticas y sociales de la población en este país, considerando que la injerencia ha favorecido –e incluso profundizado– la desigualdad, pobreza, inestabilidad y humillación de las y los haitianos.

En ese sentido, analizaremos brevemente los procesos coloniales encabezados por España y Francia, así como la subsiguiente ocupación estadounidense. Posteriormente, se describirá la transformación de las intervenciones y la utilización del discurso multilateral respaldado por la figura de Naciones Unidas para garantizar la presencia de fuerzas extranjeras en el país.

Después, se estudiará el contexto haitiano a partir de la implementación de las medidas de ajuste estructural y del proceso de urbanización, lo cual coincidirá, en 2010, con un terremoto devastador que justificó la ampliación del mandato de la última misión de paz de Naciones Unidas, la MINUSTAH.

Finalmente, se examinará la manera en la que se actuó para hacer frente a la crisis humanitaria, las consecuencias de esta nueva injerencia y los intereses que prevalecieron para mantener el statu quo en la región.

I. Las ocupaciones coloniales y la intervención estadounidense

Haití tiene una larga historia de ocupaciones e intervenciones (predominantemente de carácter militar) que datan del siglo xv. Los españoles serían los primeros en esclavizar a los habitantes originarios de la Isla Quisqueya, -los arawak y los taínos-, trayendo consigo enfermedades que, junto con el trabajo esclavizado, diezmaron a la población llevando prácticamente a su extinción. 

Como resultado del exterminio, la escasez de la mano de obra esclava que mantenía la vida holgada de los españoles provocó que miles de esclavos provenientes de África fueran llevados a la isla, favoreciendo un importante crecimiento económico que atraería a otras potencias expansionistas a la región. Hacia finales del siglo xvii, la bonanza sostenida por los trabajos forzados y las riquezas naturales aún por explotar, llevó a Francia a ocupar una parte de la isla, sumándose así a la disputa colonial. Desde ese momento, Haití viviría durante doscientos años bajo el yugo de dos potencias imperiales, marcando desde entonces el devenir de su pueblo.

Mientras españoles, franceses y otros europeos aumentaban su nivel de vida apoyado en la explotación colonial y en el trabajo esclavizado, los grupos sociales menos favorecidos –sometidos además a una forma de organización social estructurada alrededor de la “pureza racial”–, empeoraban sus ya deterioradas condiciones. Los grandes blancos, los pequeños blancos, los affranchis, los esclavos y los cimarrones2 (Becerra, 2013; Nicholls, 1979) convivían obligadamente en un territorio donde el racismo, la desigualdad y la opulencia eran parte del paisaje.

A finales del siglo xviii, los vientos de la Revolución francesa llegaron también a las colonias. Las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, aunadas a la permanente historia de opresión y violencia en Haití,3 condujeron a una serie de luchas y sublevaciones que darían cuenta de la exigencia de los derechos de negras y negros esclavos; iniciando al mismo tiempo un movimiento revolucionario que buscaría no solo abolir la esclavitud sino lograr la emancipación. Luego de un largo y sinuoso camino, en 1804 Haití lograría su independencia constituyéndose como la primera República negra independiente del mundo.

El porvenir del pueblo haitiano, sin embargo, no estaría exento de dificultades. La abolición de la esclavitud trajo consigo también la anulación paulatina de los privilegios de los colonos; hecho que condicionó el reconocimiento de la independencia. Sería hasta varios años después, y solo tras la imposición de una injusta deuda, que la corona francesa reconocería a la isla como un territorio emancipado, sin que ello significara la paz o la estabilidad para el pueblo. 

A cambio de un arancel del 50% de reducción a las importaciones francesas y un pago de 150 millones de francos oro como indemnización por la pérdida de plantaciones, propiedades, inversiones (Piketty, 2019) y esclavos, Francia reconocería la independencia de Haití (veinte años después), sometiéndolo por más de cuatro décadas al pago de un adeudo asfixiante.

El rompimiento del yugo colonial, sin embargo, no sería suficiente para borrar la cruenta edificación de Haití. El impregnado racismo y la arraigada segregación social se materializaron en interminables luchas intestinas por el poder que vendrían acompañadas por constantes insurrecciones, rebeliones, golpes de Estado e intervenciones extranjeras prácticamente durante todo el siglo xx.

Luego de una violenta colonización española y francesa, la intervención europea sería sustituida por otra. El reconocimiento de Estados Unidos a la independencia de Haití en 1862 tendría como condición obtener ciertas concesiones en el país en un futuro no muy lejano. En los primeros años del siglo xx, el gobierno estadounidense establecería una serie de contratos con el gobierno de Haití encaminados a la construcción de estructura ferrocarrilera y grandes plantaciones conduciendo a la expropiación de miles de hectáreas de tierras pertenecientes a los campesinos haitianos (Romero, 2019).

Asimismo, Citibank, uno de los más importantes bancos de Estados Unidos, adquiriría una significativa parte de la Banca Nacional de Haití, banco que al momento mantenía el monopolio de la emisión de la moneda nacional (Seitenfus, 2016; Díaz, 2010). Por si fuera poco, para finales de la primera década del siglo, un consorcio internacional de bancos compraría la deuda nacional (Gómez, 2015) apoderándose con ello de un importante sector financiero y económico de la isla.

Inmediatamente, entre los años 1911 y 1914, tras una serie de sublevaciones, asesinatos políticos, exilios masivos, seis fallidos mandatos presidenciales y múltiples golpes de Estado acaecidos solo en este periodo, Estados Unidos vio en la creciente inestabilidad política y social de Haití, una amenaza a sus intereses, inversiones y propiedades, y con ello, el motivo para intervenir militarmente en la isla.

Bajo el argumento que aseguraba que el objetivo de la intervención era el mantenimiento de la paz, la estabilización del gobierno y la instauración de la democracia, en julio de 1915, un año después del inicio de la Primera Guerra Mundial, el ejército estadounidense invadió Haití. 

Se quedaron diecinueve años. Lo primero que hicieron fue ocupar la aduana y la oficina de recaudación de impuestos. El ejército de ocupación retuvo el salario del presidente haitiano hasta que se resignó a firmar la liquidación del Banco de la Nación, que se convirtió en sucursal del Citibank de Nueva York. El presidente y todos los demás negros tenían la entrada prohibida en los hoteles, restoranes y clubes exclusivos del poder extranjero. Los ocupantes no se atrevieron a restablecer la esclavitud, pero impusieron el trabajo forzado para las obras públicas. Y mataron mucho (Galeano, 2004).

Tras casi veinte años de explotación y despojo, la misión civilizadora bajo la batuta estadounidense terminaría en 1934. Lo que se había justificado como una intervención estabilizadora y democrática, fue una ocupación militar que dejaría secuelas permanentes en el ya empobrecido Haití. 

La imposición del Acuerdo haitiano estadounidense, que sirvió como un tratado que cedía a Estados Unidos la supervisión económica de Haití por un período de 10 años, le había otorgado a la naciente potencia imperialista el control absoluto de la economía de la isla. De la mano, la adquisición de la Banca Nacional, la extracción de la reserva de oro –que sería llevada a Nueva York bajo el pretexto de resguardo– y el dominio sobre todas las aduanas e instituciones administrativas (Vega, 2020), recrudecieron aún más el nivel de dependencia del país.

Por otro lado, la modificación de la constitución política –que permitiría desde entonces la propiedad extranjera de la tierra– despojó a miles de pequeños campesinos propiciando la creación de enormes plantaciones agrícolas al servicio de la economía capitalista estadounidense. Al final, la ocupación costó la muerte a 15.000 haitianas y haitianos (Narváez, 2015), así como la segregación racial y explotación de las y los negros, quienes de muchas formas fueron obligados a realizar trabajos altamente demandantes con pagos minúsculos.

De dictadura en dictadura, de promesa en traición, como dice Galeano (2004), se fueron sumando las desventuras de ese pueblo negro y esclavo que hacía más de cien años había logrado su emancipación.

El devenir del pueblo haitiano no podía ser peor, y sin embargo lo fue. En 1957, la celebración de elecciones presidenciales daría como vencedor a François Duvalier “Papa Doc”, quien ejercería un largo, cruel y vitalicio mandato (asegurado luego de la modificación a la constitución) caracterizado por el terror y la muerte. Durante su gobierno, apoyado económica y militarmente por Estados Unidos, fueron asesinados bajo sus órdenes entre 40.000 y 60.000 haitianas y haitianos a manos de los Voluntarios de la Seguridad Nacional (Comas, 1986; Telesur, 2014), una milicia de mercenarios autodenominados Tonton Macoute4.

Con la muerte de Duvalier en 1971, su hijo Jean-Claude Duvalier “Baby Doc” asumiría la presidencia contando también con el respaldo estadounidense y, al igual que su padre, llevó a cabo un régimen autoritario y violento que terminó con el asesinato de 20.000 opositoras y opositores a su gobierno. Quince años después de asumir el control de la isla, fue derrocado en 1986 huyendo a Francia y llevando consigo unos 120 millones de dólares, dinero del pueblo usurpado de las arcas nacionales. Su padre, dicho sea de paso, saqueó al país llevándose a diversos bancos extranjeros, particularmente bancos suizos, unos 500 millones de dólares (Telesur, 2014; Miles & Charles, 2004; El Mundo, 2011; Archibold, 2014). Luego de la dictadura Duvalier, hacia finales de los ochentas, Haití sería el país más pobre del continente americano y uno de los más endeudados en todo el mundo.

II. La otra ocupación. La pacificación a través de la “intervención humanitaria”

Detrás del interés humanitario comenzaron a operar nuevas formas de control, más sutiles y refinadas. La capacidad de los pobres para definir y regir sus propias vidas se erosionó más profundamente que antes. Los pobres del mundo se convirtieron en el blanco de prácticas cada vez más sofisticadas y de una multiplicidad de programas aparentemente ineludibles. Desde las nuevas instituciones de poder en Estados Unidos y Europa, las oficinas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y de las Naciones Unidas, las universidades, centros de investigación y fundaciones norteamericanas y europeas, este era el tipo de desarrollo que se promovía (…) Escobar (2004).

Los años noventa del siglo xx traerían consigo el fin de la Guerra Fría y con ello la reestructuración del ordenamiento mundial, caracterizado hasta entonces por la bipolaridad y la competencia hegemónica entre Estados Unidos y Unión Soviética. A nivel global, ello significó un replanteamiento en las relaciones de poder mantenidas entre las grandes potencias; y en un nivel más local, significó también transformaciones importantes en las relaciones de control y dominación del resto de los países. 

En el caso particular de Haití, el “nuevo orden mundial” devino precisamente en un cambio en las formas de intervención. Si bien la injerencia externa en el país continuaría siendo constante y a través de formas concretas de violencia, cierto es también que los mecanismos de intervención mutaron al pasar de aquellas intervenciones directas mantenidas por Estados-gobiernos (España, Francia y más recientemente Estados Unidos), por aquellas pretenciosamente legitimadas por la sociedad internacional en su conjunto, a través, por ejemplo, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y por medio de tropas multilaterales –policiales o militares–, y de programas encaminados al “desarrollo”; todo ello, en teoría, con acuerdos consensuados.

Luego de la dictadura Duvalier, Haití tuvo un periodo en donde convivieron varios gobiernos presidenciales provisionales. Entre el destierro de “Baby Doc” en 1986 y hasta la celebración de elecciones en 1990, la sociedad haitiana estuvo bajo el mandato de cinco presidentes diferentes, todos ellos gobiernos inestables y de periodos muy cortos. 

En 1990, Jean-Bertrand Aristide se convirtió en el primer presidente electo democráticamente; sin embargo, un año después sería derrocado tras un sangriento golpe militar apoyado por Estados Unidos. Luego de otros tantos inestables gobiernos interinos, Aristide volvió a Haití en 1993 estando al mando una vez más, para ser sucedido al poco tiempo por René Preval.

La cotidiana inestabilidad política y violencia generalizadas en el país se profundizaron luego de una serie de constantes y largas, muy largas, “intervenciones humanitarias”. Entre 1993 y 2017, Naciones Unidas, países imperialistas y sociedad civil internacional volcaron su “ayuda” a Haití. En este periodo, al menos siete Misiones de Paz hicieron del país uno de los más violentos, inestables y pobres del mundo. 

La primera de las misiones se llevó a cabo de 1993 a 1996 con el nombre oficial de Misión de Naciones Unidas en Haití5 (UNMIH, United Nations Mission in Haiti) bajo el mandato principal de ayudar a modernizar las fuerzas armadas y establecer una nueva fuerza policial (United Nations Peacekeeping, 1993; Consejo de Seguridad, 1993). La misión se suspendió temporalmente pues, según la propia Organización, “la falta de cooperación de las autoridades militares haitianas evitó su despliegue en ese momento”. Poco después, en octubre de 1994, el gobierno haitiano permitiría el apoyo de esta fuerza multinacional, teniendo ahora como objetivos “propiciar un entorno seguro y estable; profesionalizar a las fuerzas armadas; crear una fuerza policial; y establecer un entorno apto para llevar a cabo elecciones democráticas” (United Nations Peacekeeping, 1993; Consejo de Seguridad, 1993).

Para diciembre de 1995 se celebrarían elecciones presidenciales y, después de tres años del golpe de Estado en su contra y del exilio en Venezuela y Estados Unidos, Aristide volvería para asumir la presidencia, respaldado ahora por una fuerza multinacional bajo el mando estadounidense. Luego de los acontecimientos, la Misión terminó en junio de 1996.

Sin embargo, tan solo un mes después, el país sería intervenido nuevamente con la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití6 (UNSMIH, United Nations Support Mission in Haití). En esta ocasión, el mandato consistiría en asistir a las autoridades haitianas en la profesionalización de la Policía Nacional; capacitar a las autoridades para fomentar un entorno seguro y estable; y coordinar actividades con el sistema de Naciones Unidas para promover el desarrollo institucional, la reconciliación nacional y la rehabilitación económica (United Nations Peacekeeping, 1996; Consejo de Seguridad, 1996). Si bien la misión se había planeado para 6 meses, hubo dos extensiones más llegando a su fin el 31 de julio de 1997.

De manera inmediata, luego de ambas operaciones se implementó la Misión de Transición de las Naciones Unidas en Haití7 (UNTMIH, United Nations Transition Mission in Haiti), que tendría entre sus objetivos la capacitación de unidades especializadas de la Policía Nacional en el control de multitudes y la creación de fuerzas de reacción rápida (United Nations Peacekeeping, 1997; Consejo de Seguridad, 1997). Cabe mencionar que esta misión hacía hincapié en la colaboración del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que, junto con las fuerzas policiales y militares, tendría la tarea de facilitar los mecanismos y estrategias que conllevarían al desarrollo y a la seguridad del pueblo haitiano.

Según el Secretario General de la ONU, la nueva misión –que tuvo lugar de agosto a noviembre de 1997– se llevó a cabo luego de que la población manifestara su interés en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el crecimiento económico y la creación empleos. Desde la perspectiva de Naciones Unidas y de los países que respaldaron la misión, entonces, Haití había mostrado ciertos progresos con las misiones anteriores pero las condiciones de seguridad continuaban siendo precarias.

Siendo así, habría una cuarta intervención: la Misión de la Policía Civil de las Naciones Unidas en Haití MINOPUH; la cual, a diferencia de las tres misiones anteriores, no tendría un componente militar. Sin embargo, su mandato respondería también a la “consolidación de la democracia y a la construcción de la seguridad” por medio de la capacitación de un cuerpo de Policía Nacional profesional que, según la resolución 1141 de noviembre de 1997, “fuera plenamente operacional y autónomo, con estructura y tamaños adecuados capaz de desempeñar todas las funciones policiales necesarias para consolidar la democracia y revitalizar el sistema de administración de Justicia” (Rey, 2005).

Vale la pena hacer mención que, la Misión estaría acompañada nuevamente por el PNUD, evidenciando con ello que el “desarrollo” jugaría cada vez más un papel fundamental para justificar las “intervenciones humanitarias”, ahora también con el respaldo de organismos internacionales de carácter económico financiero. 

Como se afirma en la resolución, es de destacar 

el vínculo que existe entre la paz y el desarrollo, observando que para el desarrollo sostenible de Haití es indispensable un alto grado de asistencia internacional, y subrayando que para la paz y la seguridad a largo plazo del país es esencial un compromiso sostenido de la comunidad internacional y de las instituciones financieras internacionales de prestar asistencia y apoyo al desarrollo económico, social e institucional de Haití (Consejo de Seguridad, 1997, Res. 1141).

Una prueba más de que la “ayuda al desarrollo” estaba tomando mayor protagonismo en la lógica de las intervenciones, será la Misión de Apoyo Civil Internacional en Haití (MICAH, International Civilian Support Mission in Haiti) aprobada a través de la resolución 54/193 de la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1999 (Asamblea General, 2000). Esta nueva encomienda internacional estaría orientada a apoyar el proceso de democratización y prestar asistencia a las autoridades en el desarrollo de sus instituciones democráticas; otorgar apoyo en la reforma y el fortalecimiento del sistema judicial, especialmente en instituciones penales; promover la Oficina del Defensor del Pueblo; amparar los esfuerzos gubernamentales para profesionalizar la Policía Nacional de Haití por medio de la asistencia bilateral y multilateral; apoyar los trabajos gubernamentales encaminados a la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales; y proporcionar asistencia técnica para celebrar elecciones democráticas (Asamblea General, 2000), lo que resultó sumamente conveniente considerando que en el 2000 debía realizarse una nueva elección presidencial en el país, en donde resultó electo -nuevamente- Jean-Bertrand Aristide. 

Si bien esta Misión formaría parte también del mandato de civilización iniciado hacía tiempo en Haití, poseía una característica distintiva. Además de apoyarse en múltiples organismos de Naciones Unidas (como el CS, la AG o el PNUD)  ahora tendría respaldo, por un lado, en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (CES) –que estaría a cargo de la “adopción de  las medidas necesarias para elaborar con carácter prioritario una estrategia y un programa de desarrollo a largo plazo en apoyo a Haití” (Asamblea General, 2000) y, por otro lado, en la Organización de Estados Americanos (OEA)– que a través del Grupo de Amigos de Haití8, tendría la encomienda de proteger y promover los derechos humanos, el desarrollo social y económico, e “identificar, junto con el Gobierno de Haití y otros sectores de la comunidad política y civil, las opciones y recomendaciones destinadas a resolver, a la mayor brevedad posible, dificultades como las que han surgido de las diferentes interpretaciones de la Ley Electoral, y a seguir fortaleciendo la democracia en el país”9 (OEA, 2001).

Tras la cuestionada elección del 2000 y una férrea oposición política, Aristide intentaría gobernar un país intervenido por gobiernos, organismos internacionales y un creciente número de organizaciones civiles extranjeras10. Sin embargo, las continuas y profundas crisis políticas y económicas, el creciente descontento popular y la incitación estadounidense de revueltas opositoras internas, le obligaron a dejar el cargo en 2004, año en el que el Consejo de Seguridad de la ONU asumiría el poder en Haití enviando fuerzas de estabilización para “restaurar el orden interno”. 

Luego de que grupos rebeldes tomaran el control de la mitad del país y Aristide fuera trasladado inmediatamente a República Centroafricana, Boniface Alexandre, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia de Haití, ocupó el cargo de presidente interino. Paralelamente, el Consejo de Seguridad aprobaba la resolución 1529 (febrero de 2004b) que, entre otras cuestiones, establecía la Fuerza Provisional Multinacional (FPM) de las Naciones Unidas bajo el entendido de “restaurar la paz y la seguridad en Haití, y para avanzar en el proceso político constitucional que estaba en curso” (Consejo de Seguridad, 2004). Además de ello, la Fuerza, compuesta por tropas de Estados Unidos, Francia, Canadá y Chile, tenía como objetivos: “contribuir a un entorno seguro y estable en Haití, facilitar la prestación de asistencia humanitaria, ayudar a la policía y la Guardia Costera de Haití y coordinar sus esfuerzos con la Misión Especial de la OEA para evitar un mayor deterioro de la situación humanitaria” (Government of Canada, 2004).

La FPM tuvo una duración de 5 meses y, poco antes de su término, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), la séptima y más larga ocupación multilateral en el territorio, entraría en vigor. Aprobada por el Consejo de Seguridad a través de la resolución 1542 (2004a), la operación de paz haría un llamado a la “comunidad internacional” (es decir, OEA, Comunidad del Caribe (CARICOM) e instituciones financieras) para que continuara prestando asistencia y apoyo al desarrollo económico, social e institucional de Haití.

Además del mandato desarrollista fuertemente arraigado en la Misión, traducido como asistencialismo basado en el capital internacional, la estabilización de Haití dependería de la construcción de 1) un entorno seguro y estable, 2) un proceso político confiable y 3) la garantía de los derechos humanos. De este modo, la MINUSTAH estaría orientada a: 

1. Apoyar al establecimiento de un entorno seguro y estable; ayudar en la supervisión, reestructuración y reforma de la Policía Nacional de Haití; asistir al Gobierno de transición, en particular a la Policía Nacional de Haití, con programas de desarme, desmovilización y reinserción para todos los grupos armados; asistir en el restablecimiento y mantenimiento del Estado de derecho, la seguridad pública y el orden público; protección del personal, servicios, instalaciones y equipo de las Naciones Unidas asegurando la libertad de circulación de su personal; proteger a los civiles frente una amenaza inminente de ataque físico.
2. Apoyar el proceso constitucional y político; ayudar a la reconciliación nacional; ayudar en la tarea de organizar supervisar y llevar a cabo elecciones municipales parlamentarias y presidenciales libres a través de la asistencia técnica, logística y administrativa; ayudar en la edificación del buen gobierno.
3. Ayudar en la promoción y protección de los derechos humanos; vigilar la situación de refugiados y personas desplazadas (Consejo de Seguridad, 2004).

Si bien más de una decena de países latinoamericanos11 participaron en la MINUSTAH bajo el liderazgo de Brasil12, lo que podría ser indicativo de solidaridad regional y freno a la expansión de intereses estadounidenses en El Caribe, cierto es que la Misión no logró proporcionar estabilidad al país ni coadyuvar a los objetivos de seguridad y desarrollo; por el contrario, ha sido una de las misiones de paz más cuestionadas por las múltiples y graves acusaciones sobre violación a derechos humanos, abuso sexual, prostitución y diseminación de enfermedades que han costado muchos recursos, humanos y materiales, al pueblo haitiano13, sumiéndolo aún más en la pobreza.

Esta última Misión terminó hasta 2017 pues, debido al fuerte terremoto de enero de 2010, el entonces Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, solicitaría la ampliación del mandato de paz. En ese contexto, Estados Unidos aprovecharía la coyuntura para fortalecer su presencia en el país a partir del despliegue de fuerzas armadas y de agencias u organizaciones no gubernamentales.

III. El terremoto en un país quebrado por las políticas neoliberales

A seis años del inicio de la implementación de la MINUSTAH, en 2010, Haití se encontraba en la lista de los países con índice de desarrollo humano bajo, ocupando el lugar 145 de 169. Esto lo convertía en el único Estado de América Latina y el Caribe en estar en esta clasificación (PNUD, 2010), la cual estaba ocupada, principalmente, por países africanos. De acuerdo con datos del Banco Mundial, en ese año, su Producto Interno Bruto era de 6.623 miles de millones de dólares y tenía 9.949.322 habitantes; asimismo, mientras que su crecimiento demográfico fue de 1,5 por ciento, tuvo un decrecimiento económico de 3,1 por ciento.

Estas cifras no se pueden entender sin la inserción de Haití, y de la mayoría de los países del sur global, al sistema capitalista mundial, el cual se ha caracterizado por ampliar las desigualdades e injusticias sociales. Además, con la larga historia de intervenciones y la implementación de los Programas de Ajuste Estructural en el país (1995), las condiciones sociales de las y los haitianos habían empeorado. De hecho, “la apertura comercial repercutió de forma negativa sobre la producción local más allá de lo esperado” (Gilbert, 2004, p. 13), profundizando la pobreza, migración y exclusión social.

Desde finales de los noventa y principios del siglo xxi, muchas y muchos haitianos habían tenido que salir de las provincias para buscar trabajo en la capital, Puerto Príncipe. “De hecho, justamente durante 1994-2003 se conformaron o consolidaron varios de los asentamientos marginales urbanos más importantes” (Gilbert, 2004, p. 16) del país. Sin embargo, el traslado a la ciudad no implicaría un cambio positivo para el bienestar social de la población, ya que un número significativo de estas personas se incorporaron al trabajo informal, por lo que tampoco contarían con acceso a seguridad ni a servicios sociales básicos. De esta forma, para 2010 “casi cuatro quintas partes (78 por ciento) de las personas en Haití ganaban menos de 2 dólares por día, y el 55 por ciento de las personas sobrevivía en promedio con un dólar por día” (Schuller, 2016, p. 23).

En ese contexto de inseguridad humana ocurriría el terremoto del 12 de enero de 2010. Tras el temblor,14 y con la destrucción de la capital, la población de Puerto Príncipe sería desalojada y trasladada a campamentos ubicados en las provincias (Ulysse, 2011, p. 141). Las cifras de las pérdidas humanas y los daños materiales fueron abrumadores. Cerca de un tercio de las y los haitianos se vieron afectados por este fenómeno natural (Ramachandran & Waltz, 2015, p. 30), 220.000 perdieron la vida y se calcula que cerca de 630.000 fueron desplazados (Schuller, 2016, p. 20). Asimismo, los equipos de rescate no llegaron a tiempo y en algunas zonas no se permitió tampoco el acceso a las fuerzas de rescate internacional. De hecho, se cree que el 80 por ciento de las personas liberadas de los escombros, fueron salvadas por la misma sociedad civil haitiana (Seitenfus, 2016, pp. 252, 265).

Las pérdidas materiales se calcularon en 7.8 miles de millones de dólares, lo cual equivalía a más del 100 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Haití en 2009 (Ramachandran & Waltz, 2015, p. 30). 105 mil viviendas fueron destruidas, 208 mil dañadas y 1.300 escuelas y 50 hospitales o centros de salud deshechos o inutilizables. Por su parte, la ayuda internacional destinada a apoyar a Haití tras el temblor solo representó el 8 por ciento de su PIB (Seitenfus, 2016, pp. 270, 323).

Las múltiples afectaciones no solo fueron causadas por la magnitud del sismo, sino que resultaron de una prolongada crisis estructural en la que las y los haitianos habían sido violentados y humillados. Las constantes intervenciones, la imposición de programas de ajuste estructural que redujeron el gasto público y el bienestar de la población, las privatizaciones acompañadas del nulo control estatal para supervisar la manera en la que se estaban realizando las construcciones, permiten afirmar que a pesar de que el temblor fue un fenómeno natural, la desigualdad de poder y la injusta distribución de los recursos a nivel mundial agravarían la situación y contribuirían a la profundización de la violencia estructural (desigualdad, pobreza, entre otras) en contra de la sociedad haitiana, la cual se vio rebasada frente al sismo de 2010 (Bellegarde-Smith, 2011, p. 265).

Mientras que para algunos el sistema capitalista genera beneficios y riquezas, para la gran mayoría produce despojo, amenaza y muerte, debido a que este se sustenta en el desarrollo desigual a partir de la acumulación de riquezas finitas y la polarización y desigualdad entre los grupos socioculturales (Harvey, 2007) a partir de ejes de dominación como pueden ser la clase, la raza y el género. Así, “las riquezas se acumulan arriba, los riesgos abajo. Por tanto, los riesgos parecen fortalecer y no suprimir la sociedad de clases” (Beck, 1998, p. 41). Esta situación se fortalece con la implementación de las medidas neoliberales, las cuales, siguiendo a Harvey, “restauraron o reconstruyeron el poder de las clases altas” (2007, p. 28). Para 2010, las medidas neoliberales impuestas por los organismos financieros internacionales ya habían debilitado las estructuras estatales que podrían garantizar una protección para la población haitiana, lo cual se vería reflejado en la destrucción y desestabilización que provocó el temblor.

Además, en sintonía con las demandas territoriales neoliberales, durante los últimos años del siglo xx Puerto Príncipe había sufrido una urbanización desmedida debido a que durante el mandato presidencial de Jean-Claude Duvalier, se fomentó el desarrollo de la isla a partir de la atracción de inversión extranjera directa (IED). A pesar de que se ha señalado que “aunque la IED puede contribuir al crecimiento, la realidad muestra que es una inversión que se produce una vez que ha comenzado el crecimiento, no antes. Es decir, no es el origen sino una consecuencia del crecimiento” (Raghavan, 2004, p. 33).

Asimismo, para atraer el capital necesario, “Baby Doc” prometió salarios bajos y la proximidad con Estados Unidos para la exportación de productos manufacturados; es decir, más explotación contra su pueblo (Schuller, 2016, p. 30). Actualmente, más del 80% de la fuerza de trabajo manufacturera del sur global se ha concentrado en las grandes ciudades, por lo que estos espacios se han integrado a la economía mundial, pero en una posición de subordinación (Smith, 2016, p. 102).

De tal suerte, debido a las afectaciones en la producción local tras la implementación de las políticas de ajuste estructural y a la demanda de mano de obra en la capital, las y los haitianos comenzaron a migrar a Puerto Príncipe, en donde vivían hacinados como consecuencia de los bajos salarios. De hecho, se calcula que en cada casa habitan 5,3 personas, lo cual contribuyó al número de decesos tras el sismo de 2010. Asimismo, el 86% de las casas que fueron destruidas con el terremoto habían sido construidas después de 1990, cuando la atracción de mano de obra a Puerto Príncipe se había incrementado. Éstas, además, habían sido edificadas con materiales de muy baja calidad, ya que, por ejemplo, el cemento se mezclaba con arena para cimentar las construcciones (Schuller, 2016, p. 23).

Así, el sismo de enero rompería con las aspiraciones de muchas y muchos haitianos que habían migrado a la ciudad en busca de mejores oportunidades de vida, pero además este fenómeno sería utilizado para fortalecer los estereotipos raciales y de clase en el país. Tras el terremoto, un televangelista llamado Pat Robertson mencionaría que el temblor fue un castigo divino impuesto en el territorio debido al pacto que Haití hizo con “el demonio”, en referencia a la ceremonia de Bois Caiman15 de agosto de 1971, la cual impulsaría el inicio de la lucha por la independencia en la isla (Schuller, 2016, p. 23). Así, el seísmo fue representado como un castigo ejemplar para aquellas y aquellos que se opusieron a la reproducción del sistema capitalista y que rompieron los estándares de normalidad occidentales hace más de 200 años.

De tal suerte, parece que las potencias coloniales jamás perdonarán la independencia de Haití. Sin embargo, este rencor no se puede explicar por la demanda de autonomía per se, sino porque esta rompía con los ejes de dominación, raciales y de clase, establecidos a partir del sistema capitalista colonial. Vale la pena mencionar, en este sentido, que la independencia de Haití fue encabezada por los bosal; es decir, la población negra nacida en África que se encontraba trabajando en las plantaciones de la isla. Asimismo, los líderes de la rebelión, como Dessaline, pedían un estado de bienestar y una reforma agraria (Schuller, 2016, p. 23), dos propuestas innovadoras, pero que no podían ser concedidas a una población de “esclavos”.

Así, los obstáculos que ha enfrentado Haití para su desarrollo deben ser entendidos bajo la lógica de reproducción capitalista. La pobreza, humillación y violencia estructural en el país son resultado de las relaciones desiguales de poder impuestas por los grandes capitales en contra de una población “esclava” que confrontó al sistema y le ganó una batalla. Las representaciones del terremoto y las consecuencias del evento contribuirían, además, al fortalecimiento de la narrativa civilizatoria16 y colonial que subordina e infantiliza a la población de este espacio geográfico, la cual debe ser “rescatada” de su miseria por fuerzas externas, debido a que se piensa que esta es incapaz de hacerlo por sus propios medios, lo cual coadyuva a la reproducción de las relaciones de subordinación de las y los haitianos frente a los intereses extranjero. De hecho, dirigentes del Comando Sur (Southcom) de Estados Unidos hicieron énfasis en que las fuerzas estadounidenses tuvieron que actuar de manera rápida y efectiva para salvar vidas frente a la devastación y a la “falta de capacidad del gobierno haitiano para responder” (Keen, et. al, 2010, p. 87).

IV. La ampliación de la MINUSTAH y la profundización de la injerencia humanicida

Las imágenes de las catástrofes en el sur global han profundizado la división del mundo entre los “países desarrollados” -bajo una lógica occidental, por supuesto- y los que no han alcanzado el desarrollo. La ayuda “humanitaria” para atender este tipo de situaciones ha contribuido a la generación de víctimas incapaces de alcanzar su propio desarrollo y protagonistas que deben dirigirlo (Brant, 2014, pp. 42-43). Asimismo, “el humanitarismo, como una respuesta al desastre o en la forma de ‘desarrollo’, sigue siendo una importante interfaz económica, política y social que media las relaciones de poder entre el Norte y el Sur global” (Brant, 2014, p. 41).

El derecho humanitario fue impulsado a partir de 1859 por el Comité Internacional de la Cruz Roja. En teoría, las acciones humanitarias son altruistas, apolíticas y promueven la dignidad y bienestar de los seres humanos. Sin embargo, el nacimiento de la praxis humanitaria estuvo influenciada por los enfoques tradicionales de seguridad, donde las fuerzas militares y los soldados “honorables” eran indispensables para asegurar la entrega de la ayuda (Hehir, 2010, p. 12).

Por su parte, el derecho de injerencia fue aprobado en 1988 con la resolución 43/131 de la Asamblea General de Naciones Unidas, "el cual reafirmaba la soberanía de los estados, pero reconocía que ‘la comunidad internacional realiza una importante contribución al sustento y protección’ de las víctimas en situaciones de emergencia. No proveer ‘ayuda humanitaria’ constituye una amenaza para la vida y la dignidad humanas” (Kaldor, 2010, p. 67).

Así, la ayuda humanitaria ha sido una herramienta que solo algunos Estados pueden proporcionar a los regímenes que no tienen la capacidad para garantizar la seguridad y el desarrollo de sus habitantes.

De acuerdo con Oxfam (2020), la ayuda humanitaria es “una respuesta ante situaciones en las que la seguridad, los derechos y el bienestar de determinadas comunidades, grupos o colectivos están en riesgo”. Las crisis humanitarias tienen dos tipos de causas: las producidas por fenómenos naturales y las generadas por la acción humana (como puede suceder en el caso de las guerras). Sin embargo, a pesar de que haya situaciones producidas por fenómenos naturales, es innegable que los daños generados y las consecuencias de los mismos se profundizan por razones humanas.

En 1991, en la resolución 46/182 de la Asamblea General de Naciones Unidas se estableció que la asistencia humanitaria se tenía que implementar de acuerdo con los principios de humanidad, neutralidad e imparcialidad. Asimismo, se señalaba que “corresponde al Estado afectado el papel principal de iniciación, organización, coordinación y prestación de asistencia humanitaria dentro de su territorio”, empero, para poder atender la crisis, también se promueve la cooperación tanto de organismos estatales como de los no gubernamentales.

Así, la asistencia para las crisis humanitarias de causas naturales tendría que ser entendida como un tipo de cooperación a partir de la cual se apoya a los Estados para que puedan garantizar la seguridad y bienestar de su población. Sin embargo, en muchas ocasiones esta ha atentado contra la capacidad de agencia de los gobiernos y las personas en los lugares en los que se interviene, como resultado de prácticas paternalistas y clientelares. Asimismo, su neutralidad y parcialidad han sido cuestionadas. Riddell realizó un estudio para determinar si la asistencia humanitaria servía y concluyó que: a) la emergencia es mayor que la ayuda proporcionada a pesar de que la segunda se podría incrementar, b) la asistencia tiende a ser incompleta por la falta de habilidades suficientes del personal que proporciona la ayuda, c) mucha de esta asistencia se sustenta en compras a fuerzas externas que deben realizar los países donantes, d) la evidencia indica que la mayoría de las organizaciones o gobiernos que proporcionan ayuda no respetan los estándares mínimos y e) la responsabilidad para proteger a las personas no es una prioridad en el sistema internacional (2009, p. 66).

Como ya se ha mencionado, luego del terremoto en Haití, el Consejo de Seguridad ampliaría las funciones de la MINUSTAH. Siete días después del seísmo, se aprobó la resolución 1908 para seguir las recomendaciones del Secretario General de la ONU y aumentar la dotación de la Misión. A partir de ese momento, la MINUSTAH incorporaría tareas humanitarias y de desarrollo, pero éstas serían implementadas por soldados (Greenburg, 2013, p. 95). De tal suerte, la resolución señalaba que a partir de ese momento

la MINUSTAH estará integrada por un componente militar de hasta 8.940 efectivos, entre oficiales y tropa, y un componente de policía de hasta 3.711 integrantes y que mantendrá en examen, según sea necesario, el nuevo número de militares y policías (Consejo de Seguridad, 2010, p.1).

Además de que la asistencia humanitaria se vio reflejada en un incremento de la presencia de las fuerzas militares, las y los pacificadores continuaron reproduciendo la imagen de incapacidad del gobierno y la población haitiana para superar la crisis, lo cual atentó contra la capacidad organizativa y de gestión del pueblo haitiano.

Con un bebé en brazos, los soldados posaron para fotografías de ellos mismos “salvando” a haitianos inocentes que eran incapaces de cuidar de sí mismos y carecían de un estado capaz de mantener su bienestar. En otras ocasiones, se hizo referencia figurativamente al estado haitiano como un niño (Greenburg, 2013, p. 107).

Este tipo de narrativas fueron aprovechadas por diversos gobiernos y Organizaciones No Gubernamentales (ONG). De hecho, algunos días después del temblor, Haití pasaría a ser el primer receptor de ayuda humanitaria en América Latina, según información del Comité de Asistencia al Desarrollo (Malacalza, 2019, p. 129). El principal donante fue Estados Unidos, el cual otorgó 1.28 miles de millones de dólares. Asimismo, tras el seísmo se daría una propagación de ONG en el territorio haitiano. De acuerdo con datos de Ramachandran & Waltz, después de 2010 había 980 ONG trabajando en Haití, de las cuales el 51% eran estadounidenses (2015, pp. 30-44).

La intervención y ayuda proporcionada para que Haití pudiera hacer frente a la crisis humanitaria después del temblor ha sido cuestionada no solo por el reforzamiento militar, sino también porque en muchos casos esta ni siquiera llegó a las personas que lo necesitaban, fortaleciendo simplemente prácticas clientelares y de corrupción. Estados Unidos, en su calidad de donante principal, aprovecharía la ocasión para reforzar su presencia militar en Haití. De hecho, en este contexto, el espacio aéreo fue controlado, casi de manera exclusiva, por Estados Unidos.

La logística de la ayuda humanitaria estaría a cargo de los militares de Estados Unidos mientras que la seguridad sería resguardada por la MINUSTAH. Pronto se observó que tal división de tareas no sería respetada por Washington.

De esta manera, no solo los cielos estaban tutelados por el Comando Sur. Igualmente la región del aeropuerto se encontraba bajo dominio de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Seitenfus, 2016, p. 244).

A pesar de que en la resolución 46/182 se establecía que la ayuda debía ser gestionada por los gobiernos de los Estados a los que esta se brinda, el 99% de la asistencia dirigida a Haití fue entregada a agencias humanitarias, ONG, contratistas privados y otros actores no estatales. Además, una proporción elevada de esta ayuda fue canalizada al Fondo de Reconstrucción para Haití, cuyo fideicomisario es el Banco Mundial (Ramachandran & Waltz, 2015, pp. 30-33).

Más adelante, en julio de 2012 se creó el Marco para la Coordinación de la Ayuda Externa para el Desarrollo de Haití (CAED, por sus siglas en francés) con el objetivo de diseñar un mecanismo de coordinación para la asistencia. Sin embargo, a pesar de esta iniciativa, los recursos no llegarían al gobierno haitiano (Maguire, 2017, p. 96). La explicación o justificación que se dio para no otorgar la ayuda directamente al régimen se concentró en la corrupción del mismo; no obstante, la manera en la que se distribuyeron los recursos tampoco fue transparente y muchos de estos desaparecieron antes de llegar a la población.

Parece haber un efecto de “goteo”, con el dinero pasando a través de múltiples capas de subcontratados y sub-beneficiarios antes de llegar a los grupos que implementan proyectos en el terreno. Por ejemplo, un gran donante puede proporcionar una subvención a una gran ONG internacional, que puede canalizar dinero a una ONG más pequeñas, organizaciones religiosas o grupos comunitarios haitianos. Cada capa en este proceso absorbe del 7 al 10 por ciento del dinero en costos administrativos, lo que reduce significativamente la cantidad disponible para proyectos en el terreno (Ramachandran & Waltz, 2015, p. 35).

Asimismo, la Agencia de Cooperación de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, por sus siglas en inglés, utilizaría contratistas para otorgar los recursos a la población haitiana. Tras el temblor, USAID decidió trabajar con Chemonics International, a pesar de que el inspector general de la agencia había señalado que esta empresa proveía un apoyo inadecuado y que no reportaba los resultados de sus proyectos (Ramachandran & Waltz, 2015, p. 40-44). Aunado a esto, 20% de la ayuda estadounidense sería destinada al despliegue militar (Seitenfus, 2016, p. 323).

Lo anterior parece demostrar que Estados Unidos estaba únicamente interesado en mantener el control de este territorio y asegurar con ello su estrategia de dominio sobre el Gran Caribe. Desde la época colonial, la isla en la que ahora se ubican tanto los Estados de Haití como el de República Dominicana, fue fundamental para la reproducción del sistema capitalista y para el control de la región caribeña.

La isla más importante en términos de negocios era La Española, mitad arrebatada por los franceses, que fue la primera en poner en marcha el uso de africanos esclavizados para las minas y las plantaciones, aportando buena parte de los recursos económicos de las actividades en el viejo mundo (Ceceña, Barrios, Yedra, y Inclán, 2010, p. 20).

Asimismo, es necesario señalar que Haití se encuentra a tan solo 70 kilómetros de Guantánamo, donde se ubica la base militar estadounidense más importante para el dominio de la región. De tal suerte, Estados Unidos no desaprovecharía la oportunidad para fortalecer su presencia en la zona. Así, a pesar de que se solicitaría la ampliación del mandato de la MINUSTAH, Estados Unidos controlaría los flujos del territorio e impulsaría la presencia del Comando Sur.

Las unidades a cargo de la instalación del Comando en Haití eran justamente las que anteriormente habían realizado las invasiones de República Dominicana, Granada y Panamá y el Comandante de la misión era el segundo oficial al mando en el Comando Sur, el general Ken Keen, con una larga experiencia en zonas de conflicto. Así el Comando Sur se instala en Haití, con 22 mil efectivos más todos los equipos mencionados, y subordina a la MINUSTAH a sus directivas (Ceceña, et. al, 2010, p. 62).

La ayuda, además, se concentró en ciertos sectores por lo que no se garantizaría la protección de la población en general. Martelly, el presidente haitiano en ese momento, aseguró a Estados Unidos que su gobierno estaría abierto para los negocios. Con estas declaraciones, el financiamiento para el Parque Industrial de Caracol, en la costa norte del país, continuaría, mientras que miles de personas permanecían en los campamentos dependiendo de la poca ayuda que les llegaba (Maguire, 2017, p. 95).

La ayuda externa también socavó las formas de organización y solidaridad locales y colectivas (Greenburg, 2013, p. 96). Algunos ejemplos de este tipo de redes eran gwoupman katye, una estrategia a partir del cual la gente se organizaba para arreglar problemas con la infraestructura de sus barrios, y sòl, que era un sistema de préstamos cíclico en el cual participaban varias personas para poder tener acceso a una cantidad mayor de recursos frente a un contexto de crisis (Schuller, 2016, pp. 41-42).

Además, la desigualdad humana se incrementaría tras el sismo, de acuerdo con datos del PNUD, a pesar de la asistencia “humanitaria”. Si bien la asistencia frente a desastres naturales tiene como objetivo principal el salvar vidas, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) la base de la acción humanitaria es la protección de las personas, “para salvar sus vidas, garantizar su seguridad, aliviar su sufrimiento y restaurar su dignidad, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, así como con las normas de protección reconocidas internacionalmente, como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Desplazamiento Interno” (IAEC, 2013). De tal suerte, podemos afirmar que la ayuda proporcionada a Haití continuó con el proyecto humanicida, porque en lugar de apoyar a la población en el contexto de la crisis humanitaria, esta contribuyó a la profundización de la desigualdad y atentó contra la vida de millones de personas en el país. En otras palabras, la intervención se caracterizó por:

a) Responder a los intereses y estrategia de dominación estadounidense del Gran Caribe y la región latinoamericana. El control de la asistencia humanitaria dirigida por Estados Unidos fue controlada por el Comando Sur (Ceceña et. al. 2010, p.99). En un artículo del Military Review, la revista de la Fuerza de Tarea Conjunta, señaló que el sistema logístico de la Fuerza de Tarea Conjunta-Haití fue “diseñado y centrado principalmente en el apoyo interno a nuestras fuerzas en lugar de apoyo externo en asistencia humanitaria y operación de ayuda en caso de desastre” (Keen, et. al. 2010, p. 87), lo que permite cuestionar el interés real de la presencia de Estados Unidos frente a la crisis humanitaria atentando contra el principio de Humanidad. Incluso si se argumentara que la protección de las fuerzas estadounidenses es fundamental para proporcionar la ayuda, el problema es que las estrategias para la asistencia extranjera frente a algún desastre es pensada bajo los fundamentos de la doctrina estadounidense (Keen, et. al. 2010, p. 88) Uno de los principios humanitarios es la independencia, que implica que “la acción humanitaria sea independiente de objetivos políticos, económicos o militares que cualquier actor pueda mantener con respecto a las áreas donde la acción humanitaria está siendo implementada” (OCHA, 2012).

b) Contribuir a la generación de estereotipos y a la difusión de imágenes en medios de comunicación en donde se enfatizó la incapacidad de las y los haitianos para poder salir de la crisis y fomentar su desarrollo, los cuales van desde las declaraciones del encargado de la misión del SOUTHCOM en Haití, el teniente general Ken et. al. (2010) sobre la “parálisis del gobierno”, hasta las declaraciones racistas del telepredicador evangelista Pat Robertson sobre la venganza por el pacto demoníaco, en relación con la independencia de la primera república negra, como consecuencia del terremoto de 2010. En ese contexto se fortalecieron los discursos racistas y clasistas en contra del pueblo haitiano: el hambre, la pobreza, los “peculiares ritos funerarios” vinculados a la santería y la misión occidental para liberar al país de los regímenes corruptos fueron los temas que prevalecieron en las notas después del sismo (Bellegarde-Smith, 2011, p. 267).

c) Establecer relaciones clientelares que impidieron que los recursos llegaran de manera íntegra a la población que realmente lo necesitaba, lo cual atenta principalmente contra el principio de imparcialidad17. Como se explicó anteriormente, Ramachandran & Waltz (2015), realizaron un estudio en donde se demostraba que la asistencia solo se proporcionó en ciertos sectores y a través de organizaciones que iban absorbiendo los recursos en lugar de proporcionarlos a las personas que lo necesitaban. Los recursos estadounidenses para la asistencia humanitaria se asignaron a 11.000 ONG y el 75 por ciento de la ayuda canadiense pasó directamente a empresas (Bellegarde-Smith, 2011, p. 266).

d) Transgredir la capacidad de agencia del Estado haitiano al supeditar sus tareas frente a la crisis y desgastar las estructuras organizativas de la población del país. De hecho“la mayoría de los haitianos perciben a quienes están a cargo de esta reconstrucción [posterior al terremoto] como una minoría egoísta de funcionarios gubernamentales ineficaces y potencias extranjeras que se han negado a aprovechar la oportunidad para incluir el moun en deyo - los marginados” (Fatton, 2011, p. 171).

e) Mantener y profundizar las históricas relaciones de subordinación en las que las desigualdades sociales, tanto al interior del Estado como en su vinculación con el exterior, se han incrementado. Así, la asistencia humanitaria no solo cuestiona “la intervención extranjera, sino también [...] la manipulación por parte de cuerpos de élite haitianos que ven formas de influir y controlar el movimiento y el acceso a varios mercados de seguridad y ayuda en el país” (Salt, 2019, p. 201).

f) Atentar contra la vida de las personas a pesar de que el objetivo era la protección de las mismas. Además de las violaciones contra mujeres haitianas a cambio de asistencia, meses después del temblor se propagó el cólera. Se dice que las fuerzas nepalinas de la MINUSTAH fueron quienes propagaron la enfermedad. En un primer momento Naciones Unidas lo negó, posteriormente señaló que no había evidencia científica para aceptar la acusación a pesar de los estudios en los que se sustentaba la hipótesis de que el patógeno había sido introducido de manera descuidada por las fuerzas de la MINUSTAH debido al tiempo y dispersión de la enfermedad (Knudsen, 2014, p. 15).

Finalmente, después de trece largos años, y en medio de masivas manifestaciones en contra de la MINUSTAH, en octubre de 2017 la intervención humanitaria (u ocupación militar) terminaría. Sus más de 7000 efectivos militares, policiales o diplomáticos provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Croacia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, Jordania, Nepal, Pakistán, Paraguay, Perú, República Dominicana, Sri Lanka y Uruguay, se retirarían paulatinamente de Haití dejando detrás un país quebrado. Sin embargo, esto no implicaría el fin de la injerencia extranjera. En abril de 2017, con la resolución 2350 del Consejo de Seguridad, se establecería la Misión de las Naciones Unidas para el Apoyo de la Justicia en Haití (MINUJUSTH), la cual se encargaría de asistir “al Gobierno de Haití en el desarrollo de la Policía Nacional de Haití; fortalecer las instituciones del estado de derecho, incluidos los sectores judicial y penitenciario, y promover y proteger los derechos fundamentales, con miras a mejorar la vida diaria de los haitianos”. La MINUSTAH y la MINUJUSTH son las más recientes, pero antes de ellas hubo otras tantas ocupaciones coloniales, neocoloniales, imperialistas, unilaterales, multilaterales, militares, desarrollistas, humanitarias que, lejos de mejorar la situación, ocasionaron un espiral de pobreza y violencia que parece no tener fin para millones de haitianas y haitianos.

Las muertes, los lesionados y la destrucción de hogares y comercios fueron de las principales consecuencias del seísmo. Sin embargo, con la mala gestión de la crisis y los beneficios para solo algunos cuantos, esto ocasionó más pobreza, desigualdad y desempleo. La reconstrucción de viviendas no sería una prioridad ni para el gobierno, ni para los agentes, asociaciones y organizaciones que intervinieron, por lo que las rentas de las pocas casas que se mantuvieron de pie, se duplicarían. Frente a esta condición, y con el incremento del desempleo, muchas personas siguen sin poder acceder a una vivienda, por lo que permanecen en campamentos sin sistemas básicos de salud y saneamiento (Schuller, 2016, p. 19).

Los proyectos y campañas tras el terremoto tampoco procurarían la salud mental de la población (Ulysse, 2011, p. 143), lo cual es algo necesario para impulsar el desarrollo de las personas que vivieron una situación de tensión y angustia como la de enero de 2010. Asimismo, la intervención eliminaría la capacidad de agencia de las personas y fortalecería su humillación al favorecer estereotipos y discursos que se utilizaron durante la colonización con el objetivo de explotar a las personas y las tierras que habitaban.

Las y los pacificadores de la MINUSTAH consideraban que era fundamental “ganar corazones y educar mentes”. Para ellas y ellos era esencial enseñar a la gente a ser puntual, a tirar la basura en bolsas desechables y a beber agua de las botellas; en lugar de promover campañas y proyectos que contribuyeran a la superación de la crisis y al desarrollo del pueblo. Por su parte, la población de Haití interpretaría la injerencia como “recursos escasos proporcionados por una ambigua presencia extranjera y militar” (Greenburg, 2013, pp. 109-110), pero que eran indispensables para su supervivencia.

De 2012 a 2017, el Índice de Desarrollo Humano en Haití pasaría de 0,481 a 0,498, es decir, solo se incrementaría en 0,017, lo cual no implicó un cambio en su posición. Asimismo, en 2013, la Walk Free Foundation emitiría el primer índice de esclavitud global y Haití ocuparía el segundo lugar. Paradójicamente, el primer país en luchar contra la esclavitud se ha convertido en un Estado esclavista (Seitenfus, 2016, p. 279). Sin embargo, esto no solo se explica porque su régimen sea omiso y corrupto, ya que las relaciones de poder a nivel global han favorecido y mantenido estas estructuras, debido a que han sido benéficas para la reproducción del capital (Louidor, 2020).

Tras la crisis en Haití, las organizaciones e instituciones encargadas de apoyar a la población local han contribuido a violentarla y humillarla aún más. En 2017, un grupo académico entrevistó a mujeres y niñas de comunidades que hospedan a las “operaciones de paz” de Naciones Unidas. El análisis determinó que el 10 por ciento de las entrevistadas habían sido violadas u obligadas a tener relaciones sexuales con el personal de la MINUSMAH a cambio de ayuda económica (The conversation, 2019). Asimismo, en 2018 Oxfam fue vetada de Haití por encubrir las acusaciones de violación en contra de su personal tras el sismo (BBC, 2018).

Lo anterior nos obliga a cuestionar la pertinencia de las diferentes “intervenciones humanitarias” en el país. En ese sentido, siguiendo a Louidor, deberíamos escuchar lo que Haití “está diciendo al mundo: no se puede ayudar a un pueblo si no se le respeta y si no lo deja ser” (2020). Así, es indispensable preguntar si la violencia estructural que sufre este país se debe a la incapacidad de sus habitantes y a la corrupción de sus gobiernos –como nos han mencionado los países interventores– o si se debe a las relaciones desiguales de poder y a las injustas redes de distribución de recursos a nivel mundial.

Reflexiones finales

El empobrecimiento y violencia estructural en Haití se explican por la constante y agresiva política intervencionista, oculta bajo la estrategia de la ayuda humanitaria, que ha promovido convenientemente su alto nivel de dependencia de la asistencia exterior obstaculizando, con ello, una organización social propia. Como afirma Camille Chalmers, profesor y activista en Haití, lo que comenzó como un movimiento emancipatorio se convirtió en una revolución anticolonial, antiracial, que buscó crear nuevas relaciones sociales internas. Sin embargo, para los poderes imperialistas, ello representaba una amenaza al sistema capitalista esclavista colonial que tendría que ser enfrentada con la ocupación para acallar la inercia emancipadora. 

A doscientos años de su independencia, luego de la injerencia de actores estatales y de múltiples “misiones de paz”, el país parece haber ganado más pobreza, más enfermedades (como el cólera traído por soldados de la ONU), más huérfanos (por la guerra y violaciones sexuales cometidas a mujeres y niñas por las tropas de paz) y cientos de miles de muertos y damnificados. Esta condición empeoraría después del sismo de enero de 2010, momento en el cual se justificó la ampliación de la MINUSTAH y de la presencia de actores estatales y no estatales en el país.

La intervención tras el terremoto profundizó entonces la relación de subordinación en la que Haití ha sido colocado de manera histórica como consecuencia de su proclamación independentista, la cual no solo afectaba los intereses económicos de las potencias coloniales, sino que objetaba las bases y ejes de dominación y reproducción del sistema capitalista. El cuestionamiento de las jerarquías y el golpe contra las estructuras de dominación orquestado por el pueblo haitiano, se convertirían en recuerdos que los grandes capitales jamás podrían olvidar.

Al contrastar el histórico suministro de “asistencia” al pueblo haitiano con su realidad social, económica y política parece haber una contradicción, debido a que, en teoría, la ayuda humanitaria debería contribuir al desarrollo de las poblaciones intervenidas y no a la agudización de su pobreza e inseguridad. Sin embargo, la constante injerencia en Haití debe ser comprendida bajo la lógica de reproducción capitalista, que requiere, entre otras, de grandes espacios empobrecidos para garantizar la acumulación de las riquezas finitas del mundo en pocas manos.

Asimismo, la asistencia frente a la crisis humanitaria de 2010 robustecería la presencia militar de Estados Unidos en el país con el objetivo de fortalecer su estrategia de dominación en el Gran Caribe. Haití es fundamental para este proyecto debido a la cercanía que tiene con la base militar estadounidense en Guantánamo, Cuba, la cual es esencial para el despliegue de operaciones militares en esta región. En esa misma línea, la presencia estadounidense en la isla también se puede interpretar como un obstáculo para la autonomía y capacidad soberana de Haití, debido a que para EE.UU. no es conveniente que su base en Guantánamo esté rodeada por fuerzas opositoras: una Cuba socialista y un Haití libre.

Esta es una de las razones principales por las cuales se ha contribuido a la difusión de estereotipos e infantilización de la población haitiana. Así, la presencia de fuerzas extranjeras en el país se ha justificado a partir de discursos humanitarios y desarrollistas que representan a la población como víctimas incapaces de salir de la crisis humanitaria por sus propios medios. Las instituciones y gobiernos haitianos han contribuido a la inseguridad de su pueblo. Sin embargo, esto debe ser analizado a la luz del establecimiento de relaciones clientelares y de corrupción que garantizan tanto la reproducción del sistema capitalista como la satisfacción de los intereses particulares de EE.UU. en la zona.

No obstante, este tipo de intervenciones no solo ha transgredido las tareas del Estado haitiano, sino que también han debilitado las estrategias de organización local que buscan alternativas frente a este sistema de injusticias y desigualdad. Las dolorosas condiciones socioeconómicas y políticas en las que vive la población del país se deben, en gran medida, a las históricas ocupaciones, injerencias y asistencias extranjeras, las cuales han diezmado a la población haitiana, produciendo pobreza, humillación y muerte. Aunque romper toda esta inercia opresora será tarea difícil debido a los múltiples intereses que buscan mantener el statu quo, la resistencia permanece y el pueblo se aferra a cambiar su historia.

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