Lo humanitario en la actual política migratoria de México ¿Cambio o continuidad?

The humanitarian in Mexico's current migration policy. Change or continuity?

Resumen

La política migratoria de México parece haber presentado un “cambio de paradigma” con el actual gobierno que se caracterizó por un marcado impulso a lo humanitario a favor de los migrantes que transitan por México procedentes del Triángulo Norte Centroamericano. A través de discursos políticos y acciones concretas este viraje en la política migratoria mexicana predominó en los primeros siete meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO); sin embargo, el aparente cambio se frenó ante las amenazas comerciales por parte del presidente estadounidense Donald Trump. Este episodio amerita cuestionar si lo humanitario representa un cambio o continuidad en esta política.

Palabras clave: política migratoria; humanitario; migración en tránsito; sistema migratorio; subsistema migratorio.

Abstract

Mexico's migration policy seems to have presented a “paradigm shift” with the current government that was characterized by a marked humanitarian boost in favor of migrants who transit through Mexico from the Central American Northern Triangle. Through political speeches and concrete actions, this shift in Mexican immigration policy prevailed in the first seven months of the government of Andrés Manuel López Obrador (AMLO); however, this was stopped by trade threats from US President Donald Trump. This episode requires questioning whether humanitarianism represents a change or continuity in this policy.

Keywords: migration policy; humanitarian; migration in transit; migration system; migratory subsystem.

Introducción

En lo que va del siglo XXI las migraciones internacionales se han convertido en un fenómeno social cada vez más complejo que se intersecta con múltiples marcos y respuestas para atender a los diferentes grupos migratorios, sobre todo a aquéllos que están al margen de las legislaciones y políticas de los Estados así como de la protección internacional. El humanitarismo es una de estas respuestas cuyo discurso y acciones se han incorporado en las políticas nacionales así como en las estrategias regionales dentro del subsistema migratorio conformado por los países del Triángulo Norte Centroamericano (TNC), México y los Estados Unidos.

Este subsistema no solo se articula por los movimientos humanos sino también por las políticas y prácticas nacionales que los gobiernos y demás actores sociales diseñan e implementan para atender el fenómeno migratorio conforme a un conjunto de condicionantes políticas y económicas, entre las que destacan: las capacidades y recursos que poseen los gobiernos centrales para gestionar sus políticas; las agendas internacionales y regionales en la materia; así como las medidas del gobierno de los Estados Unidos para extender su modelo migratorio a todo el subsistema e incluso más allá.

Este último factor es central, ya que se ha exacerbado con el arribo del presidente Donald J. Trump, quién desde su campaña endureció las políticas en contra de los inmigrantes. Ello ha complicado la atención y protección de los migrantes procedentes del TNC que transitan por México con la intención de cruzar la frontera México-estadounidense y encontrar mejores condiciones de vida, huyendo de sus lugares de origen voluntaria o forzosamente por una multiplicidad causas. Ante este escenario, lo humanitario como un componente de las políticas y prácticas migratorias, se convierte en uno de los pocos recursos para proteger los derechos humanos de los migrantes.

El énfasis en lo humanitario se constató en los primeros meses del actual gobierno mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien desde su campaña defendió una política de puertas abiertas para los migrantes en tránsito procedentes del TNC e incluso de otros orígenes, lo que ya en su gobierno se concretó a través de diversas acciones. Sin embargo, esta tendencia duró escasos siete meses, hasta que la contraparte estadounidense amenazó con imponer aranceles si el gobierno de México no contribuía a reducir la inmigración y mostraba resultados en un plazo determinado.

Luego de estas imposiciones, lo humanitario siguió siendo parte del discurso oficial aunque con menor intensidad en comparación con los primeros meses de esta administración; revelando los alcances y límites de esta política migratoria y poniendo en duda el supuesto “cambio de paradigma” enfatizado por este gobierno. En contraposición, esta situación remite a la continuidad de una política enmarcada en el modelo de gestión de las migraciones que busca controlar y regular los movimientos migratorios aunque incorporando ciertas acciones humanitarias, considerándose un “control con rostro humano”.

Acorde con estos planteamientos, el presente artículo tiene como objetivo valorar el papel de lo humanitario dentro de la actual política migratoria de México, en específico, en lo concerniente a la atención de los migrantes en tránsito procedentes del TNC, teniendo en cuenta lo efectuado por este gobierno pero también por las acciones humanitarias que llevan a cabo una variedad de actores no gubernamentales. Partiendo del supuesto de que a pesar de que la política mexicana presenta un “rostro humano”, sigue estando bajo un modelo de control migratorio por imposición del gobierno estadounidense; no obstante, es importante resaltar el énfasis que el gobierno de AMLO puso en lo humanitario, ya que este componente es uno de los pocos recursos que protegen a la migración en tránsito.

Para llevar a cabo esta investigación se parte de la presentación del enfoque del sistema migratorio y sus principales componentes (estructura, políticas e instituciones y agencia migrante) así como del contexto migratorio del año 2018 (apartado 1); en seguida, se rastrean los principales hechos en los que se presentó el componente humanitario en la política migratoria de AMLO (apartado 2); posteriormente se identifican a los actores gubernamentales y no gubernamentales que efectúan acciones humanitarias para atender a los migrantes en tránsito (apartado 3); y finalmente, se plantea una reflexión sobre cómo entender lo humanitario en la política mexicana con aportaciones teóricas que han observado el vínculo reciente entre lo humanitario y las migraciones internacionales (apartado 4).

I. El enfoque de sistemas y las políticas migratorias

Como punto de partida es importante precisar que en este trabajo se observará la dimensión internacional de las migraciones, desde la cual es factible el análisis de sistemas migratorios conformados por movimientos humanos abarcando varios territorios que administrativamente pertenecen a diferentes países. Para Sarquís (2019), es en el nivel internacional donde se conforman sistemas debido a la interacción entre diferentes actores que establecen una relación dialéctica como en cualquier otro sistema social.

La migración internacional entre Norte y Centroamérica es posible estudiarla en el marco de un sistema, como un espacio vinculado mediante flujos y contraflujos de personas, bienes, servicios e información entre distintos actores internacionales. Al respecto, Heredia y Durand (2018) definen al sistema migratorio como una categoría geográfica que comprende la articulación de un conjunto de relaciones económicas, políticas, sociales, etcétera, en las que se inserta la migración internacional; de manera que existen causas y factores que estimulan a los movimientos humanos y configuran al sistema.

Durand (2018) precisa que si bien podría hablarse de un sistema migratorio en todo el continente americano, es necesario identificar las múltiples y particulares dinámicas que lo conforman, por ende, el autor propone hacer referencia a subsistemas migratorios los cuales presentan rasgos específicos que por sus características ameritan ser estudiados por separado. Con base en ello, este artículo observará a la política migratoria mexicana inserta dentro del subsistema conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras –el Triángulo Norte Centroamericano (TNC)– como origen de las migraciones; México como “último país de tránsito” dentro de este subsistema; y los Estados Unidos (EE.UU.) como el principal lugar de destino (Durand, 2020; Villafuerte, 2018).

En el cuadro 1 se presentan algunos datos de este subsistema migratorio, evidenciando como México y el TNC registran un déficit migratorio debido a que salen más migrantes de los que reciben; el principal destino son los EE.UU., en donde radican alrededor de 15 millones de emigrantes, sin contar a los residentes cuyos orígenes son mexicanos o centroamericanos. En los EE.UU. han aumentado las llegadas de población procedente del TNC en comparación con México, país que al ser el mayor espacio de tránsito migratorio, progresivamente se ha convertido en un destino alternativo para los centroamericanos (Canales y Rojas, 2018; Papandemetriou, 2019).

Cuadro 1. Indicadores del subsistema migratorio México y el TNC, 2018

Indicadores/países	El Salvador	Guatemala	Honduras	México
Población total (millones de habitantes)	6.420.744	17.247.810	9.587.520	126.190.790
Emigrantes en EE. UU. (número)	1.276.489	881.191	530.645	12.050.031
Tasa de migración absoluta (porcentaje)	-22	-6	-7	-9
Crecimiento medio de la población en EE. UU. (porcentaje)	5	6	6	3
Emigrantes en México (número)	10.054	53.128	15.027	N.A.

Fuente: La población total se obtuvo del Banco Mundial. https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL?locations=MX y los otros datos de CEPAL (2018 y 2019). Con emigrantes se hace referencia a personas nacidas en determinado país de origen que residen en el exterior. N.A. No Aplica.

En su estudio sobre los sistemas migratorios, Carballo, Echart y Villarreal (2019), concluyen que como unidades analíticas, los sistemas debería ser observados teniendo en cuenta tres elementos fundamentales: a) factores estructurales como las desigualdades y asimetrías, de los que se derivan el modelo o modelos de desarrollo regional basados en el sistema capitalista; b) elementos intermedios como políticas, instituciones o redes, las cuales condicionan e impulsan los movimientos humanos; c) la agencia de los propios migrantes que muchas veces es una respuesta contestataria y contra hegemónica que confronta a los factores estructurales así como a las políticas e instituciones.

En el subsistema migratorio conformado entre México y el TNC es posible identificar estos tres elementos, sin embargo esta investigación se enfocará en los dos últimos (b y c), para estudiar a lo humanitario en la política e instituciones mexicanas así como en la agencia de los propios migrantes y de otros actores sociales, quienes son fundamentales en este análisis. Asimismo, es importante acotar que lo humanitario se presenta en todas las fases del ciclo migratorio (origen, tránsito, destino y retorno), pero esta investigación se centra en la migración en tránsito en territorio mexicano procedente del TNC.

Acotar el análisis a la migración en tránsito permite ubicar los principales hechos en un periodo reciente (2018-2020), sin dejar de tener en cuenta que el vínculo entre lo humanitario y la inmigración en la historia mexicana es de larga data, con diferentes momentos en los que se brindó protección humanitaria a determinados grupos migratorios (refugiados, asilados, exiliados, diáspora, etcétera.) procedentes de diversas partes del mundo y cuyas experiencias se detallan en varios estudios (Castillo y Toussaint, 2015; Figueroa, 2016; Guzmán, 2014; Toussaint, 1995), por lo que esta investigación se enfocará en el periodo arriba mencionado.

Para la CEPAL (2019), la migración en tránsito es un rasgo propio del subsistema que involucra a flujos de diferentes procedencias –pero principalmente del TNC–,1 que implica altos grados de vulnerabilidad y riesgos a los que están expuestos los migrantes en tránsito, en donde las autoridades así como otros actores sociales tienen un rol fundamental que se orienta a brindar servicios que reducen esa vulnerabilidad. Esto se hace más apremiante, ya que en la migración en tránsito convergen diferentes grupos como son refugiados, solicitantes de asilo, apátridas, menores no acompañados, migrantes por causas económicas, desplazados internos, víctimas de trata y tráfico de migrantes, entre otros; haciendo más compleja la atención humanitaria.

En su tránsito por México, los migrantes son susceptibles a violaciones de derechos humanos efectuadas ya sea por grupos del crimen organizado, tratantes, traficantes de migrantes e incluso por las propias autoridades policiacas o migratorias de México. A ello se suman los riesgos que afectan la salud, la economía y, en general, el bienestar de los migrantes durante su trayecto como falta de alimentos y dinero, picaduras de animal, riesgo de ahogo o accidentes, robos y abusos, violaciones, etcétera (CEPAL, 2018 y 2019; De la Flor, 2014).2

El año 2018 fue crucial dentro del subsistema migratorio de referencia, debido a la atención política y mediática que comenzaron a atraer las caravanas procedentes principalmente de Honduras con migrantes que intentaban llegar a pie a territorio estadounidense. Estas caravanas no representaban una novedad en el subsistema, sin embargo cobraron relevancia debido a que se presentaron en una coyuntura de cambio gubernamental en México, que pasó del gobierno de Enrique Peña Nieto (2013-2018) al de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) (2018-2024), ambos con posturas diferenciadas respecto al fenómeno migratorio (Carballo et al., 2019 y Narváez, 2019), en las que el componente humanitario presentó distintos acentos.

La atracción mediática también se originó por la postura del gobierno estadounidense de Donald J. Trump, que desde la campaña presidencial empleó una narrativa antiinmigrante con un lenguaje extremista e insistiendo en la construcción de un muro fronterizo, lo que es criticado por su incitación a la discriminación racial y la xenofobia (Arriola, 2019; Leutert, 2020). No obstante, la política de Trump seguía la tendencia de los gobiernos estadounidenses anteriores, que a partir de los ataques del 11 de septiembre 2001 comenzaron a atender el fenómeno migratorio como parte de la seguridad nacional de este país y a extender este modelo al resto de países del subsistema migratorio (Bigo, 2014).

Por ende, este mismo modelo de política es el que en mayor o menor medida han implementado los gobiernos de México y el TNC, imbricados en una red de acuerdos con los EE. UU. en materia de seguridad, comercio y prosperidad regional como la Iniciativa Mérida, la Iniciativa para la Seguridad de Centroamérica (CARSI, por sus siglas en inglés), la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, entre otros acuerdos. Los cuales son denominados por estos países como instrumentos de cooperación pero que representan una extensión de los intereses de los EE.UU. en la región, incluyendo los migratorios (Domenech, 2017).

En este contexto, el tema migratorio cobró relevancia desde la campaña presidencial de AMLO que comenzó el 1 de abril de 2018; proceso político en el que por primera vez los discursos no solamente se centraron en la protección de los mexicanos en el exterior, sino que ante la coyuntura migratoria, se incluyó un lenguaje humanitario y de puertas abiertas hacia los migrantes en tránsito por territorio mexicano e incluso fue frecuente la alusión a la cooperación con los países vecinos y organismos internacionales para atender conjuntamente el fenómeno migratorio; enfatizando que la soberanía de México no haría “el trabajo sucio” de EE.UU. ni se sometería a los intereses de este país (Arriola, 2019; Leutert, 2020).

De esta forma en los discursos de campaña de AMLO se incorporó con fuerza el componente humanitario junto al enfoque de derechos humanos en la atención del fenómeno migratorio, lo cual si bien ya estaba reconocido en el marco normativo mexicano –Ley de Migración, y Ley de Refugiados y Protección Complementaria de 20113– así como en la retórica de los gobiernos anteriores, parecía ganar peso y orientarse a un cambio en la política migratoria. Este lenguaje humanitario estuvo vigente en el resto de la campaña presidencial y perduró en la transición gubernamental, por lo que todo indicaba que la política mexicana daría un viraje con el triunfo de AMLO y el inicio de su gobierno el 1 de diciembre de 2018.

II. El componente humanitario en la política migratoria de AMLO

Una de las primeras acciones que evidenció el acento humanitario en la política migratoria del nuevo gobierno mexicano fue reestructurar al Instituto Nacional de Migración (INM), para lo que se nombró como comisionado a Tonatiuh Guillén, un académico especialista en migración procedente del Colegio de la Frontera Norte (COLEF), de inmediato la principal estrategia del nuevo titular fue revisar las denuncias en contra del personal del INM recibidas por organizaciones de la sociedad civil así como por la Comisión Nacional de Derechos Humanos debido a las malas condiciones y tratos que reciben los migrantes en los 66 centros de detención distribuidos en todo el país.

Mas la joya de la corona en materia humanitaria fue el aumento en el número de visas humanitarias que AMLO había anunciado desde su campaña, cuyo otorgamiento se efectuó entre diciembre 2018 y abril 2019, sumando un total de 26.584 visados a migrantes en tránsito por México, lo que representó un aumento considerable respecto al año anterior cuando solo se entregaron 5 mil visas humanitarias (Leutert, 2020). Llama la atención que durante estos meses hubo altas y bajas en el número de visados, evidenciando dudas por parte del gobierno al optar por esta alternativa de política; el comisionado del INM declaró que dejaron de otorgarse estos visados porque se podía colapsar el sistema migratorio.

Las visas humanitarias o Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias, se autorizan a todos los migrantes que sean menores no acompañados, víctimas o testigos de algún delito, solicitantes de asilo, refugio y protección complementaria, o, bien, “cuando exista una causa humanitaria o de interés público que haga necesaria su internación o regularización en el país” (Ley de Migración, 2011, Art. 52, fracc. V). Con este documento el migrante puede transitar por territorio nacional y además, trabajar por un año, para ello se les otorga una Clave Única de Registro de Población (CURP), documento que tienen todos los mexicanos.

De igual manera en materia humanitaria, en el artículo 63 de reglamento de la Ley de Migración se estipula que la autoridad migratoria podrá autorizar por razones humanitarias el ingreso de personas extranjeras que no cumplan con los requisitos de internación, pero se encuentren en las siguientes condiciones: que la persona sea solicitante de refugio; requiera auxilio en situaciones de emergencia; por riesgos humanitarios a la salud o vida; porque no pueda continuar el trayecto migratorio o regresar a su país.

Para contar con diversas estrategias que permitieran regularizar a más migrantes, también se echó mano de otros tipos de visados mexicanos como los de trabajador fronterizo y visitante regional, que originalmente están dirigidos a ciudadanos de Guatemala y Belice, pero en este periodo se extendieron a El Salvador y Honduras, por instrucción de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Agregando las formas migratorias que se incluyen en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político de 2011, en donde por motivos humanitarios se incluye la protección complementaria a todo extranjero que no es reconocido como refugiado, por consiguiente, no se le puede devolver a su país si su vida se ve amenazada; para vigilar esta legislación está la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados (COMAR).

La figura de protección complementaria es un mecanismo humanitario de avanzada contenido en la ley migratoria mexicana que se conoce como protección internacional para todas las personas que habiendo salido de sus lugares de origen por motivos de violencia y cruzando una o más fronteras internacionales, solicitan protección a los gobiernos donde se encuentren. De acuerdo con la COMAR, en 2019 se recibieron alrededor de 43 mil solicitudes del TNC, 70% de Honduras, 21% de El Salvador y 9% de Guatemala, aunque destaca que el porcentaje de resolución positiva sobre la protección complementaria es muy bajo de acuerdo con el Grupo de Protección Regional (REDLAC) (2020).

Otra de las acciones emblemáticas de la política de AMLO, aunque más dirigida a temas de desarrollo y cooperación regional, es el lanzamiento del Plan de Desarrollo Integral (PDI) con el TNC que tiene como objetivo atender las causas de raíz que provocan la migración de estos países así como del sur-sureste mexicano hacia los EE.UU., a través de un macro plan que contiene diversos programas divididos en cuatro pilares: 1) desarrollo económico; 2) desarrollo social; 3) sostenibilidad ambiental; y 4) gestión migratoria con enfoque humanitario (CEPAL, 2019; Valdivia, 2019).

En el borrador más reciente del PDI hay reiteradas menciones a los derechos humanos de los migrantes sobre todo en el pilar 4, referente a las políticas y prácticas migratorias en la región (Castillo, 2019; CEPAL, 2019); no obstante, a pesar de ser concebido como una estrategia de cooperación regional, este plan está siendo implementado por el gobierno mexicano, en específico, por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Esto refleja otro de los cambios en la política migratoria que consiste en una mayor participación y liderazgo de la SRE en la política migratoria, prácticamente desplazando a la SEGOB.

Además del PDI, el liderazgo de la SRE también se evidencia porque el canciller, Marcelo Ebrard, ha sido el principal negociador con los EE.UU. en lo concerniente a la agenda migratoria bilateral. Uno de los primeros actos fue la negociación en torno a los Protocolos de Atención al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés) de los EE.UU. en diciembre 2018, con los que se obliga a los solicitantes de asilo en este país a esperar en territorio mexicano mientras alguna corte estadounidense da una resolución, prácticamente calificando a México como “tercer país seguro”. No obstante, el canciller reiteró que México no asumiría este estatus y acorde con una política humanitaria, declaró que se brindarían todos los derechos y libertades a los solicitantes de asilo, posición que se mantiene hasta finales del 2020 (SEGOB, 2019).

Con lo hasta ahora expuesto en el arranque de política migratoria del gobierno mexicano 2018-2024, se identifica el componente humanitario primordialmente en los discursos políticos de AMLO, quien desde su campaña y ya como presidente, continúo defendiendo el humanizar a los migrantes y brindarles protección, esto se materializó en las relaciones con otros países del subsistema migratorio mediante el lanzamiento del PDI como estrategia de cooperación para el caso de los países TNC, así como el ofrecimiento de protección humanitaria en la frontera norte de México a aquellos migrantes que tuvieran un proceso de solicitud de asilo en EE.UU. en el marco del MPP.

Al interior del país también se ofreció protección mediante el otorgamiento de visas humanitarias así como de otras formas migratorias (trabajador temporal, visitante regional), la del refugio y, su complemento a través de la protección internacional. De igual manera, hubo una reconfiguración institucional ya que la SRE adoptó un nuevo liderazgo, convirtiéndose en el principal negociador de los temas migratorios4; así como el nombramiento de un académico al frente del INM que parecía darle un cariz más humano a este instituto.

De acuerdo con Arriola Vega, “hasta fines de junio de 2019, la administración de López Obrador se había inclinado hacia un enfoque basado en el desarrollo y los derechos humanos para resolver los problemas de inmigración, en contraste con la perspectiva de la seguridad primero utilizada por el gobierno de los Estados Unidos.” (2019, p.14). No obstante, el aparente “cambio de paradigma” en la política mexicana tuvo una duración aproximada de 7 meses, debido en gran parte al rechazo de Donald Trump, cuyo gobierno no concibe a lo humanitario como parte de su política migratoria y no vio con buenos ojos la política humanitaria del gobierno mexicano.

Si bien Trump enviaba señales cordiales a su contraparte mexicana, a través de discursos oficiales así como de mensajes en la red social twitter, el presidente manifestaba sus opiniones de rechazo a las entrada de inmigrantes que transitaban por México para intentar llegar a su país, además de criticar la política de “puertas abiertas”. El uso de un lenguaje antiinmigrante con ofensas hacia los migrantes procedentes de México y el TNC por parte de los EE.UU., contribuyó a mediatizar este tema y colocarlo como uno de los prioritarios en las agendas públicas de estos países.

Esta coyuntura tuvo su clímax con las amenazadas formuladas por el propio presidente Trump a sus contrapartes de México y el TNC de imponer aranceles graduales de hasta 25% a productos mexicanos5 y eliminar la ayuda para el desarrollo hacia los países centroamericanos, si los gobiernos centrales no hacían nada por reducir los flujos migratorios desde el origen o el tránsito. Hecho que encendió las alarmas de la opinión pública, actores sociales y los gobiernos aludidos, orillando a estos últimos a negociar en condiciones asimétricas, donde se pusieron en competencia distintas agendas como comercio, migración y ayuda en las que México y el TNC presentan marcadas desventajas frente a los EE.UU. (Del Monte y Hernández, 2020; Ortega, 2020).

Si bien estas amenazas no se cumplieron, tuvieron como resultado la firma bilateral de Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA) entre EE.UU. y los países del TNC, mediante los cuales estos gobiernos se ratificaron como “tercer país seguro” y, por lo tanto, se comprometieron a recibir a solicitantes de asilo6 (Castillo, 2019; Hernández, 2019; Vázquez, 2019). Por parte de México, el 7 de junio 2019 acudió Ebrard a Washington para negociar en medio de una amplia cobertura mediática, teniendo en cuenta que estaba muy reciente la firma del Tratado Comercial entre México, EE. UU. y Canadá (T-MEC), por lo cual México no denunció las amenazas ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), cuando pudo haberlo hecho.

Derivado de la reunión se emitió una declaración bilateral el 7 de junio 2019, en la que ambos países reconocieron la situación de emergencia y seguridad humanitaria, en donde el gobierno de México se comprometió a desplegar a la recientemente creada Guardia Nacional7 en sus fronteras para frenar la migración irregular así como enfrentar a las organizaciones criminales vinculadas con la trata de personas y el tráfico de migrantes, además este gobierno prometió resultados en un plazo de tres meses, reflejando la subordinación a los EE.UU. (Martínez et al., 2019; Ortega, 2020; Papandemetriou, 2019; Selee, 2020).

No obstante, el gobierno de AMLO calificó la negociación como exitosa porque EE.UU. apoyaría al PDI, y pese a las críticas, reiteraron que México defendió su soberanía al no aceptar el estatus de “tercer país seguro”, aunque en los hechos, este país retornaba a una política migratoria de control como “un lugar de contención y control de los flujos migratorios de Centroamérica hacia los Estados Unidos” (Ortega, 2020, p.143). El que en la declaración conjunta del 7 de junio se haya adjetivado a la seguridad como “humanitaria” reivindica el modelo de securitización que concibe a la migración como un problema interno para los EE.UU, y a los migrantes ya sea como amenazas o, bien como víctimas (Bigo, 2014).

El nuevo compromiso adoptado por México implicó la reducción del acento humanitario y un reposicionamiento de los discursos y acciones de regulación en la política migratoria, los cuales si bien estaban presentes durante los primeros meses del gobierno de AMLO, tuvieron un peso menor ante el marcado discurso humanitario. Entre los principales cambios registrados está el envío de aproximadamente 15 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte y otros 10 mil a la frontera sur, así como el aumento en las detenciones y deportaciones de migrantes.

Aunque aún está presente el componente humanitario en los discursos oficiales tanto de presidencia como de la SRE, el INM, la COMAR y la AMEXCID, éste se ha difuminado, materializándose en una menor promoción y otorgamiento de visas humanitarias así como de los otros tipos de visados. En materia institucional, destaca que pocos días después de la declaración conjunta, AMLO pidió la renuncia del comisionando del INM y en su lugar nombró a Francisco Garduño, quien cuenta con un perfil más policial, vinculado al sistema penitenciario.

Estos cambios presentados en la política e instituciones mexicanas han ido en detrimento de la atención y protección humanitaria de los distintos grupos migratorios pero, puntualmente, de los migrantes en tránsito; sin embargo, a pesar de que el soporte político de lo humanitario haya bajado de intensidad, su principal ancla parece seguir radicando en los proyectos y acciones humanitarias que efectúan una variedad de actores no gubernamentales (organizaciones sociales, religiosas, de base, movimientos migratorios, colectivos, etcétera.) así como organismos internacionales, quienes actúan a lo largo y ancho del país, cubriendo los vacíos en materia humanitaria que no atiende el Estado.

III. Acciones humanitarias en materia migratoria, más allá del Estado

Para analizar las acciones humanitarias también se tomarán en cuenta los elementos del sistema migratorio (políticas e instituciones, y agencia de los migrantes) mencionados anteriormente por Carballo et al. (2019). En el nivel de políticas e instituciones es imprescindible retomar a los actores gubernamentales que se abordaron en el apartado anterior, quienes son los que ejecutan las acciones humanitarias en terreno. El primero de ellos es el INM como el órgano encargado de la política migratoria, con acciones de presentación y deportación de migrantes, pero también efectuando funciones humanitarias, específicamente a través de los Grupos Beta que son el brazo encargado de proteger los derechos humanos de los migrantes.

Conforme a la SEGOB (2019), los Grupos Beta proporcionan ayuda humanitaria, primeros auxilios, asistencia migratoria, orientación e información a los migrantes sobre sus derechos, entre otros. Se cuenta con 22 de estos grupos localizados en nueve estados fronterizos del país. En específico, entre las acciones humanitarias que brindan a los migrantes se encuentran: proporcionarles agua y alimentos para necesidades inmediatas, primero auxilios y, en caso de urgencia médica, se les traslada a hospitales.

La COMAR es otro órgano descentralizado dentro de la SEGOB que realiza acciones humanitarias dirigidas a los refugiados y solicitantes de refugio, así como a aquellos que por alguna razón se les negó este estatus y requieren de protección internacional. A pesar de ser una estructura institucional pequeña, en 2019 recibió alrededor de 70 mil solicitudes con un presupuesto público que se ha reducido marcadamente incluso con el gobierno de AMLO.8

Acorde con la Ley de Migración, también varias dependencias federales tienen que brindar atención a los migrantes, independientemente de su estatus, aunque esta atención se limita prácticamente a situaciones de emergencias; entre estos servicios entran los de salud y educativos. Puntualmente, esta ley especifica que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) debe atender a los menores no acompañados en albergues especiales mientras se resuelve su situación migratoria, la cual generalmente termina en la deportación (Leutert, 2020).

Al ser un sistema nacional, el DIF se coordina con sus representaciones en las 32 entidades federativas mexicanas e incluso a través de los DIF municipales; de manera que es en el nivel local (estados y municipios) donde también diversos actores gubernamentales realizan algún tipo de acción humanitaria cuyo dinamismo dependerá de su implicación en el fenómeno migratorio, como es el caso de Tapachula, Chiapas, que cuenta con una Dirección de Migración y Política Internacional la cual provee múltiples servicios a migrantes en tránsito, varias de ellas humanitarias (Colectivo de Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, CMDHSE, 2019).

Como actores gubernamentales a nivel internacional y regional, también es posible ubicar a los múltiples organismos internacionales que diseñan e implementan un sinnúmero de proyectos en todo el subsistema migratorio, muchas veces siguiendo el modelo de gestión migratoria que se ha posicionado como el mainstream de las políticas en la atención de las migraciones internacionales. Con el modelo de gestión se confirma la monopolización estatal sobre los movimientos humanos, en donde los Estados nacionales siguen definiendo sus políticas migratorias acorde a sus intereses e identidades; por esta razón, todo lo que está fuera de la ley se convierte en irregular (Domenech, 2017).

Este modelo se evidencia en la Convención Internacional para Proteger a los Trabajadores Migratorios y sus Familiares que se firmó a inicios de la década de 1990,9 cuyo contenido –como su nombre lo indica– está dirigido al ámbito laboral de las migraciones, por lo que no abarca a todos los grupos migratorios. Recientemente se firmó el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (Pacto Global) en el marco de las Naciones Unidas; el cual a pesar de no ser jurídicamente vinculante, se convierte en una guía que orienta el comportamiento de los actores involucrados en la migración, primordialmente, los Estados nacionales (OIM, 2019; Sánchez, 2019).

En este marco actúan múltiples agencias de cooperación internacional, fondos, iniciativas regionales y organismos como: el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) que atiende humanitariamente a refugiados y solicitantes, y particularmente en México apoya financieramente a la COMAR; la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que implementa diversos proyectos entre los que destacan acciones humanitarias a migrantes en tránsito; así como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) con estrategias humanitarias de ayuda e integración a menores migrantes (Martínez et al., 2019; OIM, 2019; OIT, 2015; REDLAC, 2020).

También es importante mencionar a las organizaciones sociales internacionales, las cuales registran una intensa actividad en el subsistema migratorio conformado por México y el TNC, como Save the Children, RET Internacional, Médicos sin Fronteras, la Cruz Roja Internacional, Amnistía Internacional, entre muchas otras, cuya labor de acuerdo con el análisis de la REDLAC (2020), es imprescindible en la atención a corto plazo, por ejemplo: alojamiento temporal, trámites para acceder a la regularización, ofertas de empleo y educativas, acompañamiento psicosocial, así como acciones de integración de los migrantes con la economía local.

Sin embargo, las acciones humanitarias en materia migratoria por parte de actores gubernamentales parecen limitadas ante el volumen y complejidad del fenómeno migratorio en México y, sobre todo, porque predomina un modelo de política que no coloca lo humanitario en el centro de su actuación, aunque con AMLO se intentó en los primero meses. Como reflexionan Martínez et al., “Las instituciones públicas, vistas en conjunto, forman parte activa e importante de la protección de los derechos humanos y de la provisión de servicios humanitarios, pero lo cierto es que su capacidad es todavía limitada en comparación con las necesidades de la región, especialmente durante el último par de años cuando los flujos migratorios por lo menos duplicaron su volumen previo.” (2019, p. 55).

Por lo tanto, estos autores sostienen que la asistencia humanitaria básica así como las necesidades de protección en México proceden esencialmente de la sociedad civil organizada y no organizada, concluyendo que “el aporte gubernamental, por su lado, es mínimo” (Martínez et al., 2019, p. 53). En esta idea coincide Durand (2020) quien identifica a la sociedad civil como un cuarto frente de la política migratoria mexicana, el cual es escasamente valorado, a pesar de que su labor humanitaria es esencial.

Para este autor: “los que han dado la cara son los voluntarios de las casas de migrantes que día a día apoyan a una población extremadamente vulnerable y que el Estado no ha podido ni ha querido atender. Las organizaciones civiles y religiosas forman parte fundamental en la atención, hospitalidad, asesoría y defensoría de la población migrante. Deberían de ser considerados como aliados fundamentales del gobierno, pero son tratados con desdén y en ocasiones agredidos” (Durand, 2020, p. 352).

Estas prácticas forman parte del tercer factor que Carballo et al (2019) definen como agencia del migrante y coinciden con el concepto de humanitarismo emancipatorio de Doty (1996), con el que se busca incidir en las desigualdades existentes y, por lo tanto, sus acciones se orientan a generar cambios estructurales que reviertan los factores económicos y políticos que causan la migración.

Un ejemplo de estas acciones humanitarias son los colectivos o movimientos conformados por los propios migrantes con el propósito de reforzar los mecanismos de protección y exigir a los diferentes actores tanto internacionales como nacionales que salvaguarden sus derechos, poniendo en el centro a la dignidad humana donde lo humanitario es superior al Estado y no a la inversa. Algunos de estos ejemplos son el Movimiento Migrante Mesoamericano, el Colectivo Migraciones para las Américas (COMPA), Foro Migraciones, entre otros (Canales y Rojas, 2018; Covarrubias, 2019; Del Monte y Hernández, 2020; Ruiz-Giménez, 2017)).

Otro ejemplo son las manifestaciones humanitarias de ciudadanos no organizados para ayudar a los migrantes en tránsito con la provisión de diferentes servicios como alimentos, ropa, refugio, información, brindando una atención de primer contacto fuera de la intervención de cualquier actor gubernamental. De igual manera, las caravanas migrantes son por sí mismas manifestaciones de disrupción frente al Estado, por su forma de responder y atender al fenómeno migratorio; Del Monte y Hernández (2020), describen como estas expresiones cobraron relevancia en 2018 con el viacrucis migrante y la caravana de madres centroamericanas, reclamando justicia y protección para los migrantes así como hacia los desaparecidos en su trayecto por México.

Esta agencia en pro de los migrantes también la realizan múltiples organizaciones sociales de base, colectivos, fundaciones, e incluso algunos albergues, en los cuales profesionales y voluntarios proveen ayuda humanitaria fundamental para la atención de los migrantes en tránsito (Perelló, 2013). Con base en el trabajo de campo efectuado por Martínez et al., (2019) se distinguen una tipología de organizaciones entre las que se encuentran: albergues y casas de migrantes institucionalizados, organizaciones de defensoría, de investigación; así como de incidencia política, entre otras labores.

IV. Cómo entender lo humanitario dentro de la política mexicana

Una vez que ya se distinguieron los principales hechos, actores e instituciones que activan el componente humanitario así como algunos de los cambios recientes, es pertinente cuestionarse cómo observar lo humanitario en la política migratoria de México; para lo cual si bien ya se han lanzado algunos argumentos en los apartados anteriores, es necesario reflexionar a la luz de las aportaciones de académicos que han abordado el vínculo entre lo humanitario y las migraciones internacionales.

Para ello conviene iniciar definiendo a lo humanitario como la noción o idea que reconoce la condición humana común que tienen todos los sujetos, más allá de cualquier diferencia de nacionalidad o estatus migratorio (Clavijo, Pereira y Basualdo, 2019). De manera que, un enfoque humanista en la migración debe partir de la comprensión de la persona humana y el respeto a su dignidad con la protección de los derechos humanos; como se observa, en esta definición de Guizar (2018) se intersectan lo humanitario con el enfoque de derechos humanos los cuales están estrechamente vinculados.

Sin embargo, la concepción de lo humanitario como el reconocimiento de una condición humana común se encuentra en una perenne tensión en materia migratoria, entre el humanitarismo y la soberanía estatal (Martínez, 2001), debido a que las atribuciones en materia de ciudadanía, extranjería y migración permanecen prácticamente reservadas a la potestad de los Estados nación, como un rasgo característico de estos actores desde su surgimiento a nivel internacional; lo que se evidencia en una magra cooperación internacional en el tema de las migraciones.

Con esta tensión como marco, es el Estado el actor que categoriza a los sujetos otorgándoles ciertos derechos dependiendo de diversas condiciones, una de ellas el estatus migratorio, como sostiene Domenech: “es a través del trabajo de creación del Estado y de sus diversos agentes e instituciones que el inmigrante/inmigrado pasa a existir socialmente. Uno de los modos en que se define su existencia y adquiere entidad se produce a partir de su configuración como problema y los problemas que aparecen asociados a la inmigración” (Domenech, 2017, p. 30).

Es así como para este autor las categorías de ilegal e irregular aparecen como un constructo político por parte del Estado para controlar la migración; no obstante, este actor no actúa solo pues se requiere la articulación con otros actores, conformando lo que Fassin (2012) define como un gobierno humanitario, útil para estudiar lo humanitario en las políticas de finales del siglo XX. Un gobierno humanitario es el conjunto de procedimientos establecidos y acciones ejecutadas por los propios Estados junto a organismos internacionales, sociedad civil, empresas, etc., que comparten un vocabulario común sobre el valor de la vida y el sufrimiento humano.

Esto coincide con otras reconfiguraciones a nivel internacional que repercutieron en una transformación de las acciones humanitarias ante las “crisis de nuevo cuño, cada vez más inciertas y complejas, que comprenden inmensos movimientos de masas y desplazamientos de personas” (Lucatello, 2017, p.107), lo que implicó una especie de ampliación y traslado de lo humanitario a otras temáticas y sectores en las que décadas atrás no había estado con tanta fuerza (Pérez, 2012).

De manera que, es a finales del siglo pasado e inicios del XXI donde es posible rastrear el componente humanitario en las políticas sobre migraciones internacionales (Clavijo et al., 2019), vinculándose con otras temáticas como los derechos humanos y el desarrollo, lo que se evidencia en los acuerdos internacionales como la Convención de trabajadores migrantes y el Pacto Global. Acorde con los análisis de Domenech y Pereira (2017) lo humanitario en las políticas de migraciones puede explicarse a través de dos interpretaciones:

• i) La primera es concebirlo como un “cambio de paradigma” que implica el paso de un modelo de seguridad nacional hacia otro basado en los derechos humanos.
• ii) La segunda problematiza el humanitarismo en el ámbito migratorio y considera que únicamente se hace referencia a un “control con rostro humano” (Domenech, 2013; 2017).

En la primera de ellas entraría parte del discurso del gobierno de AMLO, ya que como se vio en el segundo apartado, desde la campaña para la presidencia se manejó un discurso orientado a los derechos humanos y lo humanitario en la atención a las migraciones, puntualmente, hacia los migrantes que procedían del TNC; esto continuó durante los primeros 7 meses, por lo que el discurso tuvo su correlato en acciones tangibles, recursos y capacidades institucionales que se destinaron a imprimir un sello humanitario, probablemente como no se había visto antes para la atención de la migración en tránsito por México.

Mas como se abordó anteriormente, este intento fue sietemesino ya que se topó con las amenazas del presidente Trump, lo que implicó el retorno a una política migratoria basada en un modelo de seguridad nacional a la usanza estadounidense. A pesar de ello, en materia migratoria el gobierno de AMLO ha seguido manejando un lenguaje de defensa de la soberanía y autonomía para diseñar la política migratoria, discurso en el que continúa presente el componente humanitario aunque con menor intensidad, además de que el incremento en las detenciones y deportaciones demuestra que se retornó a un modelo de seguridad.

La interpretación del “cambio de paradigma” también se anula ya que el gobierno de AMLO retomó el marco normativo así como capacidades institucionales con los que ya se contaba en materia migratoria, acorde con las leyes de Migración, Refugio y Protección Complementaria de 2011, en las cuales se incorporaron los derechos humanos en la atención a los migrantes. De manera que el componente humanitario ya existía en las políticas migratorias de los gobiernos mexicanos anteriores, por lo que no es posible hablar como tal de un cambio, más bien de un acento humanitario que se incorporó en la política migratoria para responder a la coyuntura del 2018.

Lo humanitario probablemente puede entenderse mejor con la segunda interpretación planteada por Domenech y Pereira (2017) que refiere a una continuidad del modelo de seguridad y control de los movimientos humanos, en donde el Estado continúa siendo el gestor de las migraciones, regulando quién entra y quién sale de sus fronteras. Esta segunda interpretación refiere al gobierno humanitario que plantea Fassin (2012), quien sostiene que es posible que el humanitarismo se convierta en un tipo de cinismo en donde se apele a los sentimientos morales para atender la migración.

Es decir, no solo el Estado sino que también múltiples actores comparten un vocabulario en torno a una preocupación moral sobre las migraciones internacionales y, en específico, sobre algunos grupos de migrantes; en este sentido, se les concibe desde una especie de dicotomía amenaza-víctima; en el primer caso como serias amenazas a la seguridad nacional o, bien, en el segundo caso se percibe a los migrantes como víctimas que son sujetos vulnerables desde sus orígenes, durante el trayecto migratorio y, aún en los lugares de destino (Clavijo et al., 2019).

La preocupación moral sobre los migrantes se refuerza y propaga con la idea de responsabilidad de todos por ayudar a las víctimas, lo que puede ser riesgoso pues abre la puerta al derecho a intervenir (Clavijo et al., 2019) que muchos actores pueden utilizar políticamente como el caso de la ayuda humanitaria que Trump envía Venezuela justificando su interés en las víctimas que migran interna o internacionalmente. Con base en la predominancia de la moralidad sobre la política, el humanitarismo se constituye como nuevo repertorio de la acción pública que contiene un lenguaje colectivo, el cual victimiza a los migrantes y sirve para legitimar el modelo de control migratorio (Fassin, 2012; 2016).

Es aquí donde aparece la categoría “control con rostro humano” que elabora Domenech (2013; 2017), para referirse a la manera en que el discurso de lo humanitario –en específico de los derechos humanos– forma parte de las políticas de control y regulación y, a su vez, es útil para que los diferentes actores –no solo el Estado– obtengan mayor legitimidad y eficacia en el control de las migraciones, pero sobre todo, de aquellas consideradas como irregulares.

Domenech (2017) sostienen que el modelo de “gestión migratoria” que es el que prevalece y se difunde a nivel internacional tanto por los Estados como por los organismos, contiene a lo humanitario y a los derechos humanos como rasgos que legitiman las acciones de control y regulación frente a la sociedad; advirtiendo que ambos rasgos están subordinados a la atención eficaz de los flujos migratorios así como a construir una imagen del migrante como sujeto vulnerable.

Esta segunda interpretación parece ser más idónea para comprender lo humanitario en México, toda vez que en ella lo humanitario como componente o rasgo, sirve para legitimar y está en función del control migratorio. El modelo de la gestión migratoria ha sido una característica de la política mexicana que obedece a la propia inserción de este país en el fenómeno migratorio pero también a la transferencia y difusión de este modelo desde las agendas internacionales.

De igual manera, la influencia y peso que tienen los EE.UU. dentro del subsistema migratorio entre México y el TNC, ha hecho que estos países adopten un modelo de control pero también que atiendan a la migración internacional como parte de un asunto de seguridad nacional, respondiendo a una doble presión desde la cual se construye un lenguaje colectivo sobre cuáles son los peligros y amenazas que se tienen que confrontar así como la definición de las víctimas que requieren atención humanitaria apelando a la responsabilidad moral.

La influencia estadounidense en el subsistema migratorio es tan decisiva que con el gobierno del presidente Trump en este país se ha fortalecido la percepción del migrante irregular procedente de México, el TNC y otros orígenes, como una amenaza, asociándolos con la comisión de múltiples delitos que aparentemente afectan a las sociedades estadounidenses; por lo tanto, como respuesta a estas amenazas se ejecutan acciones de confrontación de los migrantes a través de su detención y deportación.

Esta percepción aunque en menor medida, también ha logrado permear en ciertas ciudades y comunidades mexicanas, principalmente en las que forman parte de la ruta de los migrantes en tránsito, donde se presentan manifestaciones de discriminación y xenofobia. Sin embargo, estas manifestaciones coexisten con una percepción que concibe a los migrantes como víctimas o sujetos vulnerables que requieren de la atención humanitaria, apelando a la compasión y al sufrimiento de los migrantes.

El construir un lenguaje sobre los migrantes como víctimas recae en la categoría de gobierno humanitario de Fassin (2012), donde múltiples actores, entre ellos medios de comunicación como piezas clave, contribuyen a la construcción de este discurso colectivo y, a su vez, a legitimar el control de los movimientos humanos. Por consiguiente, es posible calificar a esta articulación de actores como la “industria del rescate” al servicio de un asistencialismo básico (Perelló y Lacomba, 2020).

La “industria del rescate” representa la excesiva victimización de los migrantes que conlleva a un asistencialismo básico así como a acciones humanitarias “cínicas” –por retomar a Fassin (2016)– en las que no se valora a los migrantes como titulares de derechos sino como sujeto pasivos que requieren ayuda humanitaria (Perelló y Lacomba, 2020). Por consiguiente, es imprescindible reconocer al migrante antes que todo como un titular de derechos, condición que les permite contar con el mismo estatus que los ciudadanos de cualquier país.

Conforme a lo revisado en el tercer apartado sobre los actores humanitarios en México, estos pueden dividirse de acuerdo a los fines que persiguen en materia migratoria y al modelo migratorio que atienden. Al respecto, hay actores gubernamentales, organismos internacionales, organizaciones sociales internacionales y locales que conforman una “industria del rescate” y sirven como legitimadores del control migratorio; pero paralelamente, existen acciones en donde los migrantes y otros actores sociales tienen su propia agencia y se orientan a revertir las causas económicas, sociales o políticas que originan las migraciones.

Conclusiones

A través del enfoque del sistema migratorio en este trabajo se analizó lo humanitario dentro de la política mexicana, teniendo en cuenta los elementos analíticos (políticas e instituciones y la agencia del migrante), como los plantean Carballo et al., (2019); observando que esta política se encuentra constreñida por factores estructurales existentes en el subsistema migratorio conformado por México y el TNC, entre los que destacan relaciones económicas, comerciales, políticas, entre otras, las cuales en buena medida están delimitadas por la influencia de los EE.UU. dentro del subsistema, dejando poco margen de maniobra para que estos gobiernos diseñen autónomamente sus políticas migratorias.

No obstante, se han presentado ciertas ventanas de oportunidad para ello, como la que se registró en la coyuntura migratoria de 2018 que se caracterizó por: un incremento de los migrantes del TNC en tránsito por México, incluidas las caravanas migrantes las cuales más que por su volumen fueron importantes por la atención mediática que generaron; el triunfo de AMLO en la presidencia de México que representó un cambio político a un gobierno considerado de izquierda; así como las constantes agresiones hacia los inmigrantes ilegales en los EE.UU. emitidas por el propio presidente Trump, quien además insistió en la construcción de un muro en la frontera con México.

Esta coyuntura, y el amplio respaldo electoral que recibió AMLO en las urnas, le permitió proponer cambios en ciertos temas como la migración internacional, proponiendo un “cambio de paradigma” en la atención de este fenómeno que consistió en “abrir las puertas” a los migrantes otorgándoles un trato humano basado en los derechos humanos. Esta propuesta no solo formó parte de los discursos políticos sino que se concretó en acciones puntuales como el otorgamiento de visas humanitarias y la protección complementaria para los migrantes en tránsito por territorio mexicano y en la frontera estadounidenses en el marco del MPP; el arranque del PDI con los gobiernos del TNC; así como una reestructura institucional encabezada por el INM.

Mas como se revisó, este viraje duró aproximadamente siete meses, ya que las amenazas estadounidenses en materia comercial obligaron al gobierno de México a negociar en condiciones asimétricas, aunque todo parece indicar que tampoco se opuso resistencia ni se idearon estrategias para contrarrestar las amenazas. Esto si bien no difuminó por completo lo humanitario de la política migratoria si implicó el retorno de un modelo basado en el control de los movimientos, cristalizado por el envío de la Guardia Nacional a las fronteras mexicanas a detener y deportar a migrantes, cuando este cuerpo policial de reciente creación no cuenta con las atribuciones ni las capacidades para hacerlo.

Con base en las interpretaciones de Domenech y Pereira (2017), es posible concluir que el pregonado “cambio de paradigma” de la política mexicana no se presentó, únicamente lo acontecido en los primeros meses del gobierno refiere a una énfasis en lo humanitario acorde con el cambio gubernamental así como en respuesta a las presiones mediáticas, de la sociedad civil y la opinión pública que reclamaban un cambio en política migratoria, el cual parecía podía generarse con un gobierno de izquierda.

Sin embargo y por los sucesos antes descritos, de nueva cuenta EE.UU. extendió sus intereses dentro del subsistema migratorio y, puntualmente, en México, cuyo gobierno incluso se sometió a un periodo de revisión y reporte, quitándole peso a lo humanitario en su política, y retornando al modelo de “control con rostro humano” característico de los gobiernos mexicanos anteriores. Pese a que no implicó un cambio, este periodo es importante rescatarlo, ya que fue un intento por parte del nuevo gobierno de darle mayor músculo a lo humanitario en su política, retomando los recursos normativos e institucionales que se han conformado en México en la última década.

De esta manera, se observa que el principal pilar humanitario para la atención de migrantes en tránsito por México han sido y continúan siendo los actores sociales que intentan desmarcarse de una “industria del rescate”, observando a los migrantes como titulares de derechos y, por lo tanto, protegiendo sus derechos humanos mediante acciones de diversa índole, entre ellas acciones humanitarias, pero también orientándose a la búsqueda de estrategias de mayor calado que atiendan las causas de raíz de la migración en los lugares de origen.

De acuerdo con ello, es imprescindible que lo humanitario en materia migratoria sea concebido no como parte de una acción política sino como una responsabilidad hacia cualquier ser humano que por múltiples razones –voluntaria o forzosamente– tiene que abandonar su lugar de origen para buscar mejores condiciones de vida; esta responsabilidad si bien recae en los actores gubernamentales, implica el reconocer y fortalecer a los actores sociales, quienes trabajan directamente con los migrantes en tránsito por México.

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