El papel de las alianzas público-privadas financiadas por la GIZ en la reducción de la violencia de género en América Latina

The Role of Public Private Partnerships Financed by the GIZ in Reducing Gender Violence in Latin America

Resumen

La violencia de género es una pandemia que afecta, sin excepción, a todo el continente latinoamericano. Las autoridades nacionales han realizado importantes avances legislativos con relación a la violencia de género, pero a nivel práctico el alcance ha sido limitado y las cifras siguen creciendo. La Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) ha impulsado una serie de proyectos con empresas y gobiernos para reducir la violencia de género tanto dentro como fuera del entorno empresarial, y cumplir así con la Estrategia de Género desarrollada por la GIZ en el año 2013. Este artículo es la segunda parte de un estudio iniciado en el año 2019 en relación con el Programa Regional “Combatir la Violencia contra las Mujeres en Latinoamérica” – ComVoMujer (2009-2018) gestionado por la GIZ en colaboración con 270 empresas latinoamericanas. La primera parte del estudio ha sido publicada en la editorial Universidad de Salamanca en el año 2020 y se centra en las empresas como zonas de paz. En esta segunda parte se pretende valorar el impacto del proyecto ComVoMujer II (2014-2018) que se implementó en Perú, Ecuador, Bolivia y Paraguay. Esta valoración se realiza por medio una serie de indicadores que permiten hacer un balance de las aportaciones hechas por dicho proyecto teniendo en cuenta el número de actividades realizadas, el número de personas participantes, el impacto de las acciones en la sociedad y el papel que han jugado las alianzas público-privadas entre las empresas privadas y las instituciones gubernamentales en la disminución de la violencia de género, con el fin de averiguar si estas acciones deberían incluirse en una estrategia regional a largo plazo.

Palabras clave: violencia de género; América del Sur; proyecto ComVoMujer II; Alianzas público-privadas; Cooperación alemana al desarrollo.

Abstract

Gender violence is a pandemic that affects the entire Latin American continent without exception. National authorities have made important legislative advances in relation to gender-based violence, but at a practical level the scope has been limited and the numbers continue to rise. The German Technical Agency (GIZ) has promoted a series of projects with companies and governments to reduce gender violence both inside and outside the business environment and thus comply with the Gender Strategy developed by the German Ministry of Cooperation, BMZ in 2013. This article that we present below is the second part of a study started in 2019 in relation to the Regional Program “Combat Violence against Women in Latin America” - ComVoMujer (2009-2018) funded by the GIZ in collaboration with 270 Latin American companies. The first part of the study was published by the University of Salamanca in 2020 and focuses on the study of companies as zones of peace. In this second article, it is intended to assess the impact of the ComVoMujer II project (2014-2018), by means of a series of indicators that will allow us to evaluate its effect, taking into account the number of activities carried out, the number of participants, the impact of public private partnerships between private companies and governmental institutions have played in reducing gender-based violence to find out if these actions should be included in a long-term regional strategy.

Keywords: gender violence; South Cone; ComVoMujer II project; public private partnership, German development cooperation

1. Introducción

Por desgracia la violencia de género sigue siendo un grave problema en América Latina y afecta a miles de mujeres. En el caso de Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú, las tasas de violencia de género son especialmente altas. Se estima que, siete de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia de género a lo largo de sus vidas. Para combatirlo, los gobiernos de estos países, en colaboración con el Ministerio de Cooperación alemán (BMZ), crean el Programa Regional “Combatir la Violencia contra las Mujeres en Latinoamérica-ComVoMujer” que se inició en el año 2009 y finalizó en el año 2018 y que fue ejecutado por la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ).

En este artículo se analizará el impacto del proyecto ComVoMujer II entre los años 2014 y 2018, y el papel que han jugado la asociación entre empresas privadas e instituciones gubernamentales en la lucha contra la violencia de género por medio de indicadores de impacto. Los objetivos principales de este estudio son averiguar si las actividades del programa han estado alineadas con la política del BMZ, si el número de actividades realizadas ha sido significativo, si ha habido un número importante de alianzas público-privadas para llevar a cabo las actividades y si gracias al programa se han conseguido cambios actitudinales en la sociedad y cambios políticos a nivel gubernamental.

El artículo abordará, en el segundo apartado, el papel de la cooperación alemana en materia de violencia de género y la labor de las alianzas público-privadas. En el tercer apartado se describirá la metodología utilizada, así como los indicadores utilizados para el estudio. En el cuarto apartado se presentarán las actividades que se han realizado dentro del programa ComVoMujer, con especial hincapié en el proyecto ComVoMujer II. En el apartado quinto se interpretarán los resultados y se evaluará el impacto de las actividades del proyecto y en el último apartado se presentarán las conclusiones del estudio.

2. El papel de la cooperación alemana en la lucha contra la violencia de género en América Latina y la labor de las de alianzas-público privadas

La cooperación alemana se asienta en dos pilares básicos. Por un lado, están las acciones a nivel federal, es decir, de los Estados federados (Bundesländer) y de los municipios, y por otro, los proyectos ejecutados por las organizaciones civiles, fundaciones políticas e incluso asociaciones religiosas. En los años sesenta Alemania funda un Ministerio de Cooperación independiente denominado Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) como Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, y crea un sistema de “instituciones implementadoras” o “agencias de ejecución” de su política de cooperación. En el área de cooperación técnica, se creó la entonces Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ) y, por otra parte, se fundó el Servicio Alemán de Voluntarios (DED) y la Institución de Capacitación y Desarrollo internacional (InWEnt), las cuales se fusionaron en 2011 dentro de la actual GIZ, que es la encargada de implementar los proyectos en nombre del BMZ (AMEXCID, 2018, p. 29).

Desde sus inicios, la cooperación alemana ha estado condicionada por los intereses comerciales y el afán exportador de los gobiernos de posguerra y por lo tanto ha favorecido especialmente a las empresas alemanas aportando importantes créditos y préstamos para potenciar inversiones en países en desarrollo. Para conseguir alcanzar los objetivos de la política de cooperación alemana en relación con la consecución de los Objetivos del Milenio y a la vez fomentar la participación de las empresas en el exterior, en 1999 se crea el programa piloto PPP cofinanciado por la GIZ y otras agencias de ejecución, con el fin de fomentar la creación de alianzas público-privadas para el desarrollo. En el año 2009, el programa se reestructuró en lo que hoy se conoce como programa developpp.de y que está dirigido a las empresas que invierten en los países en desarrollo y emergentes, y pretende abordar sus compromisos empresariales con criterios de sostenibilidad (developpp, 2021, p.1). Por tanto, las alianzas público-privadas han jugado un importante papel en la cooperación alemana y como se verá, también son un elemento esencial dentro del proyecto ComVoMujer II.

Desde 1980, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) y el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) trabajan conjuntamente para promover un desarrollo económico, social y ecológicamente sostenible en la región de América Latina y el Caribe, pero no será hasta después de la Cumbre del Milenio (2000) cuando la cooperación alemana redirigió sus objetivos para poder cumplir con los Objetivos del Milenio creando un nuevo Programa de Acción (2003-2015). Es en este programa dónde verdaderamente la cooperación alemana va a focalizar sus esfuerzos en temas de género, respeto y protección de Derechos Humanos, y el empoderamiento de la mujer en línea con el ODM 3 (BMZ, 2003, p. 31-34).

En el 2010, el Ministerio de Cooperación alemán (BMZ) presentó, para América Latina y el Caribe, una nueva “Política de Cooperación Económica y Desarrollo” en la que afirma: “compartir con la región una responsabilidad mundial, identifica intereses y valores comunes, y manifiesta su deseo de profundizar la asociación por medio de la identificación de proyectos políticos y económicos”. Los proyectos de cooperación se van a centrar en la lucha contra el cambio climático, la integración regional, el buen gobierno y el respeto de los Derechos Humanos con especial énfasis en la igualdad de género y la protección de los pueblos indígenas. Para la consecución de estos proyectos la cooperación alemana se apoyó en la promoción de alianzas público-privadas y en la cooperación triangular, para alcanzar así sus objetivos en línea con los planteamientos generales del Ministerio de Cooperación alemán (BMZ, 2011, p. 44).

También es este año y por encargo del BMZ que la GIZ estableció el “Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe (2010-2021) que ha favorecido a 23 países, destacando sobre todo los proyectos de cooperación triangular con México, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, Colombia, Costa Rica, Honduras y Guatemala (GIZ, 2010, p.1). En el año 2017, el gobierno alemán ha implementó “la Estrategia Alemana de Sostenibilidad”, centrada en las 17 metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para alcanzar la equidad intergeneracional, la calidad de vida, la cohesión social y la responsabilidad internacional (AMEXCID, 2018, p.35).

En materia de igualdad de género no se van a ver avances hasta el año 2012 cuando la GIZ diseña el Plan de Acción de Género para todas sus áreas de trabajo. Por medio de este Plan se pretende potenciar la promoción de los derechos de la mujer por medio del uso de las nuevas tecnologías, la implementación de programas de empoderamiento de las mujeres dentro de sus organizaciones y el intercambio de experiencias con socios locales. Desde entonces se han implementado dos documentos específicos, el Implementation Report on the Road Map 2017 y el Development Policy Action Plan on Gender Equality 2016–2020, que recogen los principios y objetivos principales de la cooperación alemana en temas de igualdad de género (GIZ, 2016b, p. 5). Desde su implementación, este plan de acción ha financiado 122 proyectos vinculados a igualdad de género con un coste total de 2229,39 millones de euros, pero los proyectos que tienen la igualdad de género como objetivo principal sólo suman 54,5 millones de euros. Estos proyectos están centrados en facilitar el acceso a las mujeres a la justicia y servicios legales, promocionar el emprendimiento, luchar contra la violencia de género, mejorar el acceso a la educación y a la salud en los países estratégicos de la cooperación alemana entre otros (BMZ, 2017, p. 5).

3. Metodología

Para evaluar el impacto del proyecto ComVoMujer II (2014-2018) y su capacidad para generar alianzas-público privadas se verificará si se han cumplido los objetivos establecidos en el mismo y si se ha alcanzado el propósito del proyecto por medio de los siguientes indicadores a modo de referencia:

1. Indicadores de logros que permiten evaluar los cambios que se espera lograr al final del proyecto, e incluso más allá de su finalización, relacionados con su objetivo general o con sus objetivos específicos.
2. Indicadores de actividad que permiten evaluar la ejecución de las actividades (su realización, el número de participantes, número de empresas involucradas…etc.).
3. Indicadores de impacto que permiten evaluar los cambios esperados y deseados, que pueden producirse como consecuencia del proyecto, pero que no tienen relación con su propósito u objetivos.

A continuación, se presentan los indicadores seleccionados para el estudio vinculados con los objetivos del mismo:

1. Alineación de las actividades con los objetivos del programa y la política del BMZ
2. Número de actividades realizadas dentro del proyecto
3. Número de personas que han participado en las distintas actividades del proyecto
4. Número de empresas colaboradoras en el proyecto en coordinación con entidades públicas y asociaciones civiles
5. Posibles cambios sociales o políticos identificados

Se ha utilizado una metodología cualitativa-inductiva centrada en analizar el número de personas que se han visto favorecidas por el proyecto y su posible impacto en la sociedad por medio de cambios actitudinales en hombres y mujeres, y cambios en las empresas en relación con la violencia de género, gracias a campañas de concienciación y sensibilización. Es un estudio descriptivo, aunque con aspectos interpretativos de los datos recopilados. Para la recogida de datos, se han utilizado fichas de análisis de los informes de la GIZ, del BMZ y el estudio del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad de San Martín de Porres (USMP). También se han consultado documentos clave como el Programa de Cooperación de la CEPAL y del BMZ/GIZ, y la Estrategia de la Cooperación para el Desarrollo del BMZ con los Países de América Latina y el Caribe.

4. Actividades principales del Programa ComVoMujer II

En relación con la protección de la mujer frente a la violencia en América Latina, el BMZ por medio de su agencia técnica de implementación, la GIZ, desde el año 2009 viene ejecutando el Programa Regional: Combatir la Violencia contra las Mujeres en Latinoamérica – ComVoMujer a través de actividades, talleres y creación de materiales de apoyo en colaboración con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) de Perú, así como apoyando un estudio del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad de San Martín de Porres (USMP) sobre el impacto de la violencia de género en las empresas, sobre todo en la productividad laboral, comparando datos de Perú, Bolivia y Paraguay, aunque posteriormente también se amplió el estudio al Ecuador. En el año 2014 se aprobó una segunda fase del proyecto denominado ComVoMujer II con una duración de cuatro años (2014-2018) en el que se han invertido un total de siete millones de euros (GIZ, 2016 p.1).

El Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad de San Martín de Porres (USMP) en colaboración con la GIZ, analizó, inicialmente, la situación de la violencia de género en las empresas y su impacto en la productividad en el Perú. Su objetivo principal fue calcular de forma integral los costes totales de la violencia contra las mujeres para las empresas y mostrar al sector empresarial el impacto en la productividad esperando que sirviese de incentivo para animar a las empresas a realizar campañas de prevención y erradicación de la violencia de género. La muestra del estudio fue la siguiente:

Cuadro 1. Muestra del estudio del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad de San Martín de Porres.

	Perú	Bolivia	Paraguay	Total
Empresas encuestadas	214	31	25	270
Mujeres	1957	2705	3491	8153
Hombres	2576	4638	3966	11180
Total Encuestados	4533	7343	7457	19333

Fuente: elaboración propia.

Después de analizar la información recogida en las encuestas en empresas peruanas, las cifras son impactantes. El estudio ha constatado que la violencia contra las mujeres tiene un coste muy elevado para las empresas que correspondería de 2,3 a 5,7 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de Paraguay, Bolivia y Perú respectivamente. Los costes se calcularon teniendo en cuenta los retrasos, el ausentismo (bajas laborales, por enfermedad, etc.) y el presentismo (ir a trabajar, pero no ser productivos) tanto para agredidas, agresores y testigos (GIZ, 2016a p.7). En el año 2019 se amplió el estudio a Ecuador dónde participaron 12 101 trabajadores y trabajadoras de 35 grandes y medianas empresas localizadas en distintas ciudades del país. La campaña fue realizada por PreViMujer en colaboración con USMP, Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social (CERES) y la Cámara de Industrias y Producción del Ecuador (CIP). El estudio concluye que el costo de la violencia de género en las empresas ecuatorianas aumenta 3,1 veces alcanzando la cifra de US 1.786.708.588,74 por año (Vara-Horna, 2019, p. 57).

Dentro del Programa Regional: Combatir la Violencia contra las Mujeres en Latinoamérica – ComVoMujer, se analizarán las iniciativas más relevantes de la segunda fase del programa, el proyecto ComVoMujer II. En el año 2015, el Gobierno peruano aprobó la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar y creó un Plan de Acción Nacional, que entró en vigor en 2016 con el objetivo de luchar contra la violencia de género en colaboración con empresas privadas peruanas. Por tanto y a petición del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú (MIMP), la GIZ en colaboración con un grupo de empresas nacionales y asociaciones civiles se iniciaron una serie de actividades de concienciación y sensibilización para la reducción de la violencia de género en Perú. La GIZ apoyó la campaña “Ilumina tu vida y apaga la mala energía de la violencia contra las mujeres” de tres empresas del sector energético peruano. Una campaña similar se realizó con 21 empresas de agua y saneamiento, denominada: “Cierra el caño de la violencia contra las mujeres” en coordinación con Sociedad Nacional de Entidades Prestadoras de Servicio de Saneamiento del Perú (ANEPSSA).

En el informe final del proyecto ComVoMujer II se calculó el impacto de la campaña. Se estima que unos 50 000 hogares o unas 200 000 personas fueron sensibilizadas en Perú. Campañas similares que se mencionan más adelante, fueron realizadas por empresas telefónicas y empresas farmacéuticas tanto en Paraguay como en Ecuador y Bolivia, Se estima que se ha conseguido sensibilizar a más de 150 000 hogares (GIZ, 2016, p. 2).

En Perú se introdujo en el 2018 el sello de calidad estatal “Empresa segura: libre de violencia y discriminación contra la mujer” en colaboración con el Ministerio de Economía y el Ministerio de la Mujer y de las Poblaciones Vulnerables del Perú. En Paraguay, el Ministerio de la Mujer, en el marco de los actos conmemorativos del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, lanzó en el año 2019 la primera edición del Sello Empresa Segura: libre de violencia y discriminación contra las mujeres. Este Ministerio conformó el Comité Especial para el reconocimiento del Sello, en el que forman parte el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Industria y Comercio. El Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y el Ministerio de Industria y Comercio ha creado esta iniciativa para formar una alianza estratégica con el sector empresarial para luchar contra la violencia de género. El Sello Empresa Segura se incluirá en el área de responsabilidad social empresarial (RSE). El Ministerio de la Mujer ha creado una guía para las empresas que quieren recibir el Sello de Empresa Segura y una ficha de autoevaluación para que la empresa pueda medir su situación en relación con la violencia de género (Ministerio de la Mujer, 2019, p. 20).

En esta línea y con el apoyo del proyecto ComVoMujer II, la GIZ, empresas privadas y gobiernos locales han trabajado de forma coordinada para capacitar a la mayor cantidad posible de personas de todos los ámbitos empresariales como mediadores en Sudamérica. Hasta finales de 2018, 8000 personas han adquirido la certificación en 37 empresas en Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú (GIZ, 2016, p. 1). En total, se calcula que entre 2009 y 2018, 400 empresas en Latinoamérica se han unido a la lucha contra la violencia de género y han colaborado con el proyecto. Por ejemplo, la empresa farmacéutica Bagó de Ecuador, es la empresa líder en la prevención de la violencia de género y la ha incluido en su política corporativa. Dentro de la empresa trabajan actualmente 49 mediadores en la gerencia de la empresa en la sensibilización del personal (GIZ, 2014, p.1).

También dentro del Programa ComVoMujer II y con la colaboración de municipalidades en Perú y en Ecuador, ONU Mujeres y la GIZ, se realizaron una serie de actividades que tenían como objetivo la prevención y concienciación sobre la violencia de género. La primera actividad del programa, la campaña “Cartas de Mujeres” se instauró en el 2011 y estuvo activa hasta finales del 2015. Con un enfoque muy innovador, Cartas de Mujeres consiguió romper el silencio y visibilizó la situación de muchas mujeres. Se realizaron varios talleres y se pusieron buzones en tiendas, centros comerciales, colegios, universidades y empresas. También se animó a la población local a hacer videos y elaborar cartas virtuales (GIZ, 2015c, p. 48). Más de 44 000 cartas fueron redactadas, y los testimonios de dolor y desesperación se presentaron a los responsables políticos, con la esperanza de que los gobiernos ecuatoriano y peruano, impulsen reformas en el futuro e incrementen los presupuestos para luchar contra la violencia de género.

Posteriormente, en Bolivia se implementó la actividad donde se recopilaron 17 186 cartas a lo largo de toda la campaña. De ellas, 9140 cartas recogieron testimonios sobre la violencia hacia las mujeres en la capital, La Paz. En Bolivia se contó con la colaboración de la Defensoría del Pueblo, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), la Fundación Estás Vivo, el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer –CIDEM–, los Laboratorios Inti, las Cámaras de Comercio Boliviano-Alemana así como el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y la ONG Pro Mujer.

La alianza estratégica del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, al Municipio de Cochabamba-Cercado, a los municipios del Cono Sur y del Trópico de Cochabamba, al Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo y a la Sub-Gobernación de Yacuiba y los medios de comunicación bolivianos permitió que fuera una campaña participativa e interactiva. Las acciones del periódico La Razón y del periódico digital La Pública garantizaron una amplia visibilidad de la iniciativa. Por ejemplo, los spots de la campaña se mostraron ciento once veces en la televisión boliviana y las cuñas de la campaña se transmitieron ochenta y nueve veces en la radio (Canal 7 Bolivia TV, Post Data TV, Cadena A, Canal 4 Red Regional y la Red Erbol que conforma a 171 emisoras a nivel nacional, alcance nacional, departamental y rural, y la más importante del país), con Agencia de Noticias y Diario Digital con más de 35 000 visitas diarias, y apareció veintiocho veces en los periódicos nacionales La Razón y la Pública, y se realizaron setenta y ocho jornadas informativas, que consistieron en charlas en diferentes instituciones, en las que se habló sobre la problemática de la violencia contra las mujeres (GIZ, 2014, p.2). También colaboraron la Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad Pública de El Alto, Católicas por el Derecho a Decidir y el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza.

En colaboración con el Ministerio de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, los medios de comunicación y la empresa de telecomunicaciones más importante de Ecuador, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones –CNT– de Ecuador y el asesoramiento técnico del GIZ, se creó una aplicación digital para teléfonos móviles, denominada “Junt@s”. Por medio de un simple clic en el dispositivo, las mujeres pueden enviar una señal de auxilio a la central de emergencias o a una persona de confianza y que en el año 2020 se encontrará preinstalada en los móviles que vende la empresa. La aplicación (App) es una herramienta útil que permite detectar los primeros signos de violencia de género, informar sobre recursos y servicios de ayuda, medidas de autoprotección y fortalecimiento a las mujeres con mensajes de apoyo para que puedan romper el silencio. Se pueden realizar llamadas gratuitas al 911. El ícono aparece camuflado y deja enviar mensajes a personas de confianza con textos preestablecidos o mensajes personalizados. Aún no hay datos del número de descargas de la aplicación o el número de señales emitidas, pero se espera que su utilización sea amplia gracias al uso extendido de los móviles tanto en ciudades como en zonas rurales (GIZ, 2015d, p. 2).

En Ecuador, para apoyar a las víctimas existen setenta fiscalías especializadas en investigación sobre casos de violencia de género, además del Sistema de Atención Integral (SAI), que cuenta con médicos legales, psicólogos y trabajadores sociales. La GIZ organizó en Guayaquil, a lo largo del 2019 y conjuntamente con expertos de la CNT y la Fiscalía General del Estado (FGE), una serie de reuniones informativas dónde participaron juezas, fiscales, alcaldesas y concejalas del país (Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 2019, p.1).

Otra actividad del proyecto ComVoMujer II, fue la creación de una “Ruta Participativa” para la prevención de la violencia dirigida a niñas y niños de seis a nueve años de edad. Hasta el 2018 han tomado parte 17 000 niñas y niños, por medio de actividades lúdicas con relación al tema de la violencia contra las mujeres y para realizar estos talleres se han formado a 1800 instructoras e instructores. La Ruta se inicia con la formación de facilitadores. Se capacitaron a docentes de la ONG Fe y Alegría, en los principales conceptos y alcances de la violencia de género; posteriormente se les enseñó la metodología para que pudiesen aplicarla con los alumnos. Las sesiones se desarrollaron usando ejercicios o casos que parten de las propias experiencias y realidades de quienes participan, promoviendo un pensamiento crítico de la realidad, basado en el respeto y el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales, que permitió asumir una actitud proactiva y de tolerancia cero frente a la grave y cotidiana situación de la violencia contra las mujeres (GIZ, 2015e, p.1).

La realización de un documental en el año 2014, en colaboración con la Deutsche Welle y la GIZ titulado “Muertes anunciadsas - Feminicidios en América Latina” tuvo un importante impacto. En él se narra la vida de tres mujeres agredidas por tratar de ser independientes en un mundo dominado por los hombres. Este documental no sólo presenta el testimonio de las víctimas y de sus familias sino también los motivos que llevan a los agresores a cometer los crímenes. Además, critica el papel de los medios de comunicación que potencian estereotipos y patrones de género machistas. Desde su estreno, se ha proyectado anualmente en español, alemán, inglés y árabe a nivel internacional, y en la región en diez eventos, quince talleres interregionales y en seminarios a nivel nacional vinculados a violencia de género. (Deutsche Welle, 2014, p.1)

Gracias al Porgrama ComVoMujer I y II se han realizado actividades intersectoriales a distintos niveles que han tenido resultados muy positivos como la firma de convenios con Cámaras de Comercio, la creación de redes empresariales, se ofrecieron varios cursos de capacitación, se realizaron mesas de diálogo con entidades de mujeres, se ofreció asesoría jurídica y se llevaron a cabo campañas de información y sensibilización a todos los niveles. En total, desde el 2009 hasta el 2018 se han publicado 224 documentos como hojas informativas, trípticos, guías, estudios, manuales, informes y libros que se encuentran en la base documental en el catálogo del programa. Además, se produjeron más de veinte videos de buenas prácticas, ilustraciones y materiales didácticos para los talleres y seminarios de concienciación (GIZ, 2020).

5. Discusión de resultados

En relación con el indicador 1: Alineación con los objetivos del programa y la política del BMZ, y según las observaciones de la misión de evaluación del BMZ, (GIZ, 2015b, p. 2) el programa alcanzó todos los objetivos de su primera fase (2009-2013), y ha sido reconocido como particularmente innovador e integrador. Su creación y estrategia han sido convincentes, manteniéndose también esta opinión en la segunda fase, aunque todavía no se han publicado informes evaluativos. Según el BMZ, el sistema de interacciones es coherente y cumple con los objetivos del programa regional del GIZ. Se destacó especialmente la cooperación iniciada con el sector privado, la que ha resultado en cambios significativos en el enfrentamiento de las diferentes formas de violencia contra las mujeres.

El programa ofreció, desde sus inicios, una aportación directa a la implementación de acuerdos internacionales en especial a la ODM 3; a la incorporación de metas para enfrentar la violencia contra las mujeres en el proceso de Post-2015; y al cumplimiento de convenciones y compromisos internacionales, como la Convención para la Eliminación de todas las formas de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Pacto Global y los lineamientos políticos del BMZ (concepto de equidad de género, plan de acción de género, concepto Latinoamérica, concepto para la cooperación para el desarrollo con pueblos indígenas en Latinoamérica y el Caribe (GIZ, 2015b, p. 4).

En su segunda fase (2014 al 2018) el proyecto ComVoMujer II ha mantenido su objetivo global centrado en que los actores del sector público, privado y de la sociedad civil de la región hayan cooperado en la implementación de medidas para combatir la violencia contra las mujeres. Gracias al proyecto se ha conseguido el intercambio de experiencias y se ha incrementado el diálogo y la cooperación entre entidades gubernamentales nacionales, locales, sector privado y sociedad civil tanto en Perú, Ecuador como en Bolivia y Paraguay.

En relación con el indicador 2: Número de actividades realizadas dentro del proyecto, puede decirse que ha sido muy amplia, además del Estudio del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad de San Martín de Porres (USMP), el proyecto ha realizado seis actividades interregionales, ha organizado diez eventos nacionales y quince talleres intergubernamentales. Cabe destacar el amplísimo número de publicaciones, 224, entre hojas informativas, trípticos, guías, estudios, manuales, informes, videos y libros, todos ellos que sirvieron para concienciar a la población sobre la violencia de género y para capacitar a 1800 instructores.

En relación con el indicador 3: Número de personas que han participado en las distintas actividades y número de empresas colaboradoras en el proyecto, se ha calculado que se encuestaron a un total de 30 000 personas de 270 empresas, una muestra significativa. En los programas y capacitaciones con el sector privado se ha podido contar con la colaboración de 400 empresas. Más de 8000 personas en 37 empresas han recibido cursos de capacitación estando mejor preparados para hacer frente a casos de violencia de género dentro y fuera de la empresa, y han adquirido la certificación de “Empresa Segura”. El mayor impacto se puede ver en las campañas de sensibilización de las empresas, sobre todo de los sectores eléctrico, farmacéutico y de telefonía, que han llegado unas 600 000 personas en total lo que supondría alrededor de un 10% de la población total de los cuatro países analizados. En la actividad “Cartas de Mujeres” se escribieron más de 60 000 cartas en cuatro países y fue un éxito como campaña de concienciación. En los colegios seleccionados, participaron 17 000 niñas y niños en actividades lúdicas de sensibilización denominadas “Rutas Participativas”. En la siguiente tabla puede verse que las campañas de sensibilización y las actividades lúdicas han llegado a 715 000 personas en los cuatro países participantes.

Cuadro 2. Número de participantes totales en las actividades del programa ComVoMujer II, 2021.

Actividad	Número de participantes
Encuestas en empresas	30 000 personas
Programas de capacitación	8000 personas
Campañas sensibilización sector eléctrico y del agua	600 000 personas
Cartas de Mujeres	60 000 personas
Rutas participativas	17 000 niñas y niños
Total	715 000 personas

Fuente: elaboración propia.

En relación con el indicador 4: Número de empresas colaboradoras en el proyecto en coordinación con entidades públicas y asociaciones civiles, puede concluirse que en los cuatro países se han creado importantes alianzas estratégicas para la lucha contra la violencia de género. En Perú 33 empresas del sector energético y de agua, así cómo el Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables se han asociado para la creación de dos campañas de sensibilización. También este ha sido el caso de Ecuador donde el Ministerio de Telecomunicaciones se ha aliado con la empresa CNT de Ecuador para la instalación de un APP en los teléfonos móviles. El Gobierno del Ecuador ha creado también setenta fiscalías especializadas en investigación sobre casos de violencia de género, además del Sistema de Atención Integral (SAI), que cuenta con médicos legales, psicólogos y trabajadores sociales.

En relación con la actividad “Cartas de Mujeres” se creó una colaboración con la Defensoría del Pueblo, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), las Cámaras de Comercio Boliviano-Alemana así como el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y ONG locales de mujeres y una alianza estratégica del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, al Municipio de Cochabamba-Cercado, los municipios del Cono Sur y del Trópico de Cochabamba, al Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo y a la Sub-Gobernación de Yacuiba y 180 medios de comunicación bolivianos entre emisoras de radio y periódicos.

En Paraguay, el Ministerio de la Mujer creó el Sello Empresa Segura: libre de violencia y discriminación contra las mujeres en coordinación con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Industria y Comercio para formar una alianza estratégica con el sector empresarial en la lucha contra violencia de género, incluyéndola en las políticas de responsabilidad sociales de las empresas.

En relación con el indicador 5: Efecto de las actividades: posibles cambios sociales identificados, el intercambio y la transferencia de conocimiento por medio de talleres, reuniones, desayunos o capacitaciones se ha fortalecido a través de una coordinación regional, cooperaciones triangulares, y réplica de buenas prácticas en los países participantes del programa. Los actores se ven reforzados con la articulación y acciones desarrolladas con actores regionales, redes del sector estatal, el sector privado y las ONG.

Las campañas de las empresas de agua y empresas eléctricas han llegado a un número importante de familias, sumando un total de 715 000 personas. Estas campañas de sensibilización han ayudado a visibilizar la violencia de género y han conseguido que el tema deje de ser un tabú y se hable de ello pudiendo influir en un cambio de actitud hacia el mismo. Las acciones en redes sociales y las aplicaciones en los móviles están llegando a una población más joven con acciones informativas y dispositivos de ayuda muy útiles ya que pueden identificar en sus primeros estadios la violencia de género. El involucramiento de las empresas en las campañas de sensibilización, garantizan ambientes más seguros para mujeres en el ámbito empresarial y promueve una cultura del respeto. Además, la certificación de “empresa segura” es un instrumento muy útil para mejorar la imagen y aumentar su prestigio a nivel regional.

6. Conclusiones y recomendaciones

La violencia de género sigue siendo una gran lacra en América Latina. A pesar de un amplio marco jurídico, las leyes no se cumplen o sólo se cumplen parcialmente por lo que las cifras de agresiones no dejan de crecer. En la mayoría de los casos los actores estatales, las ONG y el sector privado trabajan han trabajado de manera independiente durante mucho tiempo. Gracias al programa regional ComVoMujer se ha conseguido que los distintos sectores empezaran intercambiar experiencias. ComVoMujer es un programa pionero que ha conseguido aunar los esfuerzos tanto de agentes públicos como privados consiguiendo favorecer el diálogo y la coordinación entre los gobiernos, empresas privadas e instituciones públicas, ONG, Universidades, Fundaciones y medios de comunicación, consolidando alianzas estratégicas público-privadas tanto en Perú, como en Bolivia, Ecuador y Paraguay.

La identificación de objetivos comunes, la pertinencia intercultural y la confianza obtenida a partir del trabajo realizado por el programa ComVoMujer, en particular, y del prestigio de la GIZ, en general, ha permitido la creación, de redes políticas favorables para la prevención de la violencia de género. Una coordinación eficaz entre universidades y asociaciones del sector privado e instituciones estatales constituyen un pilar fundamental del programa y garantizan su continuidad.

El programa ha conseguido una mayor armonización a nivel regional, pero es necesario buscar más aliados a nivel nacional y fortalecer la cooperación entre todos ellos. A pesar de las limitaciones económicas y estructurales del programa, este se ha convertido en un importante referente regional y ha conseguido el fortalecimiento de capacidades en el campo político a través del apoyo a las políticas y planes de acción gubernamentales y a la definición de prioridades conjuntas con instituciones estatales.

Aunque las actividades del proyecto ComVoMujer II están más centradas principalmente en zonas urbanas ya que la incidencia de la violencia de género es mayor en las ciudades, es necesario que futuros proyectos centren su atención en ámbito rural, donde también es necesario implementar más campañas de sensibilización y de información que transformen a la sociedad. Es necesario, también, que los gobiernos se coordinen con las autoridades educativas para impartir más talleres en centros escolares y universidades, así como en asociaciones educativas para romper con las actitudes machistas desde la infancia. Se ha visto que las actividades realizadas en colegios dentro del proyecto ComVoMujer II han tenido un gran impacto y han llegado a 17000 niñas y niños, por lo que una ampliación de este tipo de actividades sería muy beneficiosa para ellos, y fomentaría la creación de nuevos valores y conductas que potencien ambientes más seguros; y las acciones con empresas y medios de comunicación han sensibilizado a 715 000 personas en los cuatro países analizados.

Se ha podido constatar que, gracias a la colaboración de más de 400 empresas en la región, el sector privado es un importante aliado en la prevención de la violencia de género gracias a los medios con los que disponen y a la posibilidad de introducir programas de sensibilización en sus estructuras. Para motivar a más empresas será necesario una mayor coordinación de los gobiernos nacionales a nivel regional, para crear sellos o distintivos sociales de reconocimiento –como el sello de “Empresa Segura”–, además de ofrecer financiación para campañas de prevención y sensibilización, así como de deducciones fiscales.

No existen aún investigaciones públicas o privadas suficientes que hayan analizado el impacto de este tipo de programas u otras acciones público-privadas en el ámbito de la lucha contra la violencia de género, por lo que se recomienda a la comunidad académica y a las autoridades locales que trabajen en común para llevar a cabo más estudios evaluativos. La creación de un sistema de monitoreo regional que permita medir el alcance de programas como el ComVoMujer es esencial para la creación de alianzas público-privadas más eficientes y adaptadas a las circunstancias de cada país.

Aunque la cooperación alemana ha sido vital en luchar contra la violencia de género en la región, la continuidad de programas como el ComVoMujer II es esencial para concienciar a más actores y potenciar así la Estrategia Regional de UNFPA para América Latina y el Caribe, para la prevención y el abordaje de la violencia sexual en contra de las mujeres, así como otras iniciativas regionales.

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