OPEN ACCESS
Autoras
María Paula Cicogna & Ibelis C. Blanco-Rangel
1 Doctora en Antropología con certificación posdoctoral en Ciencias Humanas y Sociales y Licenciada en Ciencia Política (UBA). Desarrolla desde hace dos décadas investigación básica y aplicada en el ámbito universitario, estatal y en organismos internacionales en líneas de investigación en políticas públicas y derechos humanos en contextos de movilidad humana (en particular en desplazamiento forzado). Dirige desde 2019 el grupo de investigación “Desplazadxs forzadxs por desastres en un contexto de cambio climático en Argentina: políticas públicas para su protección”.
Actualmente es gestora en educación y docente universitaria de grado y posgrado en Argentina, Colombia y Perú.
Correo electrónico: paula.cicogna@uba.ar
Orcid: https://orcid.org/0000-0001-7716-5629
2 Socióloga, especialista y magister en Cooperación Internacional, líder del Grupo de Investigaciones en Derecho, Relaciones Internacionales y Ciencia Política GIDERIC, editora de la Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo. Profesora asociada, Universidad de San Buenaventura, Cartagena.
Correo electrónico: iblanco@usbctg.edu.co
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-1695-4082
Copyright: © 2023
Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo.
Esta revista proporciona acceso abierto a todos sus contenidos bajo los términos de la licencia creative commons Atribución–NoComercial–SinDerivar 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
Tipo de artículo: Editorial
Recibido: junio de 2023
Revisado: junio de 2023
Aceptado: junio de 2023
Cómo citar:
Cicogna, M. P. & Blanco-Rangel, I.(2023). Editorial. Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo. 10(1), 4-7.
DOI: 10.21500/23825014.6829
OPEN ACCESS
En el número 1 del volumen 10 de la Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo se presentan dos bloques temáticos que un común denominador: la Agenda 2030. El primero, relacionado con las instituciones y normativas que pueden mitigar los efectos del cambio climático y, el segundo, sobre el desarrollo económico y la cooperación internacional, tanto desde la perspectiva financiera, como desde la gestión de proyectos. En este número nos acompañan autores iberoamericanos que, desde su quehacer, comparten sus investigaciones y elementos para debatir entre la comunidad académica.
Una de las consecuencias “favorables” de la pandemia fue que quienes toman decisiones en los distintos Estados, aprobaron normativas y lineamientos enfocados en las diferentes medidas necesarias para reducir los efectos del cambio climático. En 2022 se reconoció como un derecho universal el derecho a un ambiente sano (ONU, 2022), en 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó la Resolución, 3/2021 donde reconoce la emergencia climática y la imperante necesidad de que los gobiernos de la región diseñen e implementen políticas climáticas con enfoque de derechos, género e interseccional (CIDH, 2021), y en ese mismo año entró en vigor el Acuerdo de Escazú, primer acuerdo regional que permite, entre otros de sus objetivos, brindar protección a las y los defensoras del ambiente, quienes corren peligro constante.
A pesar de lo anterior, también es evidente que mientras los foros internacionales y los compromisos asumidos por las naciones para contrarrestar los efectos del cambio climático se reproducen sin parar, las medidas que reconocen y protegen a las personas afectadas por dichos fenómenos resultan escasas, en especial a aquellas que viven en condiciones de pobreza o indigencia, que pierden su hogar, o que el desastre las obliga a desplazarse, temporal o permanentemente, y, especialmente a aquellas personas que corren el riesgo de convertirse en apátridas porque su nación está siendo afectada por el aumento del nivel del mar y la salinización de sus aguas. Es que, si bien hay un cuerpo normativo e institucional que le da marco a la reducción de riesgos de desastres, al cambio climático y a la migración, la dispersión normativa afecta el acceso a derechos de aquellas personas afectadas, sobre todo a quienes pertenecen a grupos vulnerables como las mujeres y niñas, comunidades indígenas y afrodescendientes, o las personas adultas mayores, entre otros.
El desafío de la política climática es su urgencia, por eso las acciones tendientes a abordarla deben ser más que compromisos desarticulados. Las medidas de mitigación y adaptación no son suficientes, es por ello por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lanzó la ya nombrada Resolución 3 del 2021 para que los países diseñen sus políticas climáticas desde el faro del enfoque de derechos, el enfoque de género e interseccional. Es urgente que esta política climática sea transversal a todas las políticas de Estado para lograr una gestión eficaz y eficiente ya que solo en el año 2021, las personas afectadas por desastres a causa de los efectos del cambio climático fueron más de ciento once millones (111 921 385) con un total de 11 733 fallecidas (EM-DAT, 2022).
El Banco Mundial estima que para 2030 hasta seis millones de personas podrían caer en la pobreza extrema como resultado de la alteración de sus actividades productivas por efectos del cambio climático. Del mismo modo y hacia el 2050, en América Latina, más de diecisiete millones de personas estarían obligadas a desplazarse si no existen acciones concertadas entre los Estados, lo que incrementaría la población urbana en un 10% (Banco Mundial, 2022). Al ser la región más desigual del mundo debido a la heterogeneidad productiva, las brechas estructurales, baja innovación, inversión y productividad (Bárcena, 2022), sus gobiernos están ocupados en sostener a las personas que todos los días intentar sobrevivir y que buscan condiciones dignas de vida en medio de conflictos armados, desastres, inestabilidad política y económica, entre otros problemas urgentes, y por ello, los gobiernos no planifican políticas de adaptación a largo plazo que puedan generar soluciones para la mayoría.
Es por eso que los primeros cuatro artículos, forman parte de un diagnóstico necesario para formular dichas políticas. En primer lugar se analiza cómo la degradación ambiental y la ausencia de control estatal provocan la vulneración al derecho al agua en los casos de San José del Playón y La Suprema (situados en María La Baja, Departamento de Bolívar, Colombia); en el artículo de Marún Uparela, Arrieta Flórez y Guzmán se demuestra, a través del trabajo de campo y el detallado estudio de informes técnicos, la situación de acceso al agua de las comunidades afrocolombianas y el nivel de contaminación de la misma que impide el consumo humano y que ocasiona enfermedades a quienes la ingieren, esto como consecuencia de la expansión de cultivos de palma y la privatización de los territorios por los que atraviesan los cursos de agua provocando una doble vulneración: se impide el acceso al agua y por ende, se afecta la salud.
En segundo lugar, Hernández, Torres y Morón analizan la sostenibilidad fiscal como barrera para el goce de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), en especial los concernientes a la protección del ambiente y el desarrollo sostenible, piedras angulares para hacer frente a las consecuencias que trae aparejado el cambio climático. Esta contrastación permite ver que el rol de la Corte Constitucional es fundamental como protectora de los DESCA, a pesar de esta notoria limitación.
En tercer lugar, en el artículo de Obregón, Amézquita y Perozo se estudia a las instituciones del Estado como actores fundamentales para la exigibilidad de derechos. Enfocan su mirada en los resultados de gestión en la relación Universidad-Estado-Corporaciones ambientales en la región del Caribe colombiano, en el marco del gobierno abierto, e identifican las iniciativas que tienen como fin la sustentabilidad ambiental y el cambio climático, y concluyen que la sinergia generada en esa alianza crea estrategias con resultados efectivos, transparentes y participativos.En cuarto lugar, el artículo de Levintan que, por su parte, estudia mecanismos de adaptación desde arriba y desde abajo: identifica los creados por el Gobierno provincial y municipal para contener las inundaciones en la ciudad de Luján (Provincia de Buenos Aires, Argentina) y releva las acciones de las organizaciones de la sociedad civil que los monitorean, en un contexto de Gobierno Abierto; asimismo, examina el rol de los organismos de financiamiento internacional, los cuales posibilitan el desarrollo de dichos mecanismos.
En estos artículos se destaca la articulación, armoniosa o con interferencias, del Estado, sociedad civil y sector privado, una de las metas de la ambiciosa Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, la cual a siete años de su finalización, muestra algunos avances pero no los necesarios para impedir que las comunidades sufran los ya anunciados efectos del cambio climático, como se demuestra en los informes del sexto ciclo de evaluación realizados por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2022).
En el segundo bloque de este número se abordan temas de desigualdad, la cooperación internacional, la ayuda militar, financiación y proyectos de cooperación internacional.
Madruñero y Tezanos-Vázquez abordan el fenómeno de la desigualdad económica en cinco grupos de países, donde sugieren la importancia de “evitar una estrategia internacional de talla única para abordar los patrones de desigualdad”.
Prado Llarende nos invita a analizar la encrucijada en la que se encuentra la Agenda 2030 debido a los efectos de la pandemia y la intervención de Rusia en Ucrania, lo que afecta el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las relaciones multilaterales e incluso acentuando la tensión entre Occidente y Oriente. No menos importantes, son las razones geopolíticas, geoestratégicas e ideológicas que se manifestaron en la distribución de las vacunas contra el COVID-19.
Un argumento más técnico de la cooperación internacional lo presentan Cortez-Martínez y Pérez-Hernández, quienes describen elementos puntuales de la implementación de un buen sistema de monitoreo y evaluación, es decir Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning (MEAL) por sus siglas en inglés, en las organizaciones de la sociedad civil salvadoreña para medir los factores de éxito en la gestión del ciclo de proyectos. Para ello, realizan un recorrido teórico cuyo resultado les permite afirmar que “las organizaciones deben reconocer y aprovechar plenamente su valor, y no simplemente como una formalidad impuesta por los donantes”.
Finalizamos esta edición con los aportes de Carlos Cerda quien hace un magistral análisis crítico de los fondos de cooperación internacional para el desarrollo del Estado mexicano, su creación, operación y posterior disolución. Además, ofrece pinceladas de carácter prospectivo sobre lo que será en adelante el Sistema Mexicano de Cooperación Internacional. Esto nos lleva a pensar que el cumplimiento de la Agenda 2030, metas e indicadores será un gran desafío para México y para todos los actores que conforman el sistema internacional de cooperación, incluidas las pequeñas y medianas empresas (Magos y Pérez Pineda, J.,2021).
Referencias
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. (2021). Adoptado en Escazú (Costa Rica) el 4 de marzo de 2018, entrada en vigor el 22 de abril de 2021. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/S2200798_es.pdf
Banco Mundial. (2021). Hoja de ruta para la acción climática en América Latina y el Caribe 2021-2025. Banco Mundial. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/38001/Spanish.pdf
Bárcena, A. (Food and Agriculture Organization of the United Nations). (17 de marzo de 2022). Conferencia magistral de Alicia Bárcena. [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=12L_U5RKDVk
CIDH (2021). Resolución No. 3/2021. Emergencia Climática: alcance de las obligaciones interamericanas en materia de Derechos Humanos. Adoptada por CIDH el 31 de diciembre de 2021. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2021/Resolucion_3-21_SPA.pdf
IPCC (2022). Synthesis Report of the Sixth Assessment Report. IPCC. https://www.ipcc.ch/ar6-syr/
Magos Chávez, R., & Pérez Pineda, J. A. (2021). Factores clave para colaborar con las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas para el cumplimiento de la Agenda 2030 a través de la cooperación internacional: el caso español “Pymes y ODS”. Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo, 8(2), 19-32. https://doi.org/10.21500/23825014.5560
Noticias ONU. (28 de julio de 2022). La Asamblea General declara el acceso a un medio ambiente limpio y saludable, un derecho humano universal. Noticias ONU. https://news.un.org/es/story/2022/07/1512242