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Alba Castellsagué Bonada. Doctora en Antropología Social y Cultural por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Investigadora postdoctoral Juan de la Cierva en el Departamento de Pedagogía de la Universidad de Girona (UdG). Sus principales intereses son la perspectiva de género en la educación, la cooperación para el desarrollo, y las migraciones.

Carles Serra Salamé. Doctor en Antropología por la Universitat de Girona. Profesor agregado del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Girona y director de la Cátedra de Análisis y Acción Antirracista de la misma Universidad. Especializado en antropologia de la educación, análisis del racismo y desarrollo de la perspectiva antirracista. Ha trabajado más de 30 años en cooperación universitaria al desarrollo en los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf (Argelia).

Jordi Feu Gelis. Doctor en sociología por la Universitat de Girona. Profesor titular del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Girona, director de la Cátedra de Renovació Pedagògica UdG-Can Trona y del grupo de investigación GRES (Grup de Recerca en Polítiques, Programes i Serveis Educatius i Socioculturals). Sus ámbitos preferentes de estudio son: escuela rural, mentoría social, democracia y participación y renovación pedagógica. Es director de “Projecte Rossinyol”, proyecto de mentoría (basado en el voluntariado) que introdujo en Cataluña y España a partir de la experiencia de Malmö (Suecia).

Cómo citar: Castellsagué Bonada, A., Serra Salamé, C. & Feu Gelis, J. (2024). Cooperación universitaria y género: en la encrucijada de la Agenda 2030. Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo, 11(1), 8-18. DOI: 10.21500/23825014.6928

La agenda del desarrollo global se ha transformado en la última década, como consecuencia del impacto limitado y la crisis de legitimidad de la Agenda del Milenio y la transformación de las dinámicas globales de la geografía del desarrollo. A través de una exhaustiva revisión de literatura especializada, este artículo analiza el papel del género y las universidades en el nuevo escenario de la cooperación española. Los autores examinan el proceso de incorporación de la perspectiva de género en la cooperación y, particularmente, en la Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD). A lo largo del artículo, se señalan las transformaciones en el discurso y los hitos alcanzados en los últimos años en materia de género en la CUD. Asimismo, se identifican limitaciones y los principales retos para el desarrollo una cooperación feminista en y a través de las universidades.

Palabras clave: cooperación; género; universidad; feminismos; ODS; desarrollo.

The limited impact of the Millennium Agenda, its crisis of legitimacy and recent changes in global development dynamics have transformed the global development agenda. Through an exhaustive review of the literature, this paper analyses the role of gender and universities in the new scenario of cooperation in Spain. The authors examine the process of integrating the gender perspective into cooperation and, in particular, within universities. Throughout the article, the authors identify transformations in the discourse and milestones reached in recent years with regard to gender. Limitations are also identified and the authors point to the challenges of proposing feminist cooperation in and through universities.

Las últimas décadas han conllevado notables transformaciones en las “geografías del desarrollo” (Sanahuja & Tezanos Vázquez, 2017). El primer planteamiento de un marco de acción global para el desarrollo fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) (2000-2015), que se centraron en la lucha contra la pobreza. Pero no solamente su impacto fue desigual y limitado en la mayoría de sus metas, sino que también se cuestionó profundamente su legitimidad. Se considera que la Agenda del Milenio no aspiró a provocar cambios en las estructuras que (re)producen la pobreza, además de estar dirigida al crecimiento económico y al progreso, descuidando otros aspectos cruciales en materia de derechos humanos y bienestar; se planteó de forma unilateral y se basó en unas relaciones unidireccionales Norte-Sur; y habría funcionado como medio para suavizar los costes sociales de las políticas liberales de la “agenda del capital” (Amin, 2006; Fukuda-Parr, 2016; Sanahuja & Tezanos Vázquez, 2017; Briant Carant, 2017). El escenario post-2015 plantea una nueva coyuntura marcada por la transnacionalización del desarrollo y la reorganización de las desigualdades a escala mundial, que pone sobre la mesa la complejidad y pluridimensionalidad del desarrollo como problema global. Ante las crisis de legitimidad del paradigma del desarrollo y las nuevas necesidades geopolíticas, se plantea la necesidad de una nueva hoja de ruta global.

La agenda se materializa en 2015 con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Naciones Unidas, 2015), que suponen una renovación de la apuesta política por un marco de acción global y la consecuente movilización de recursos, con el horizonte puesto en 2030. Los ODS suponen algunos avances respecto a los ODM, que se señalan a continuación. En primer lugar, se trata de una agenda que afecta a todo el planeta, no solamente a aquellos más pobres. También interpela a todos los países y sus políticas al mismo tiempo que deja espacio a la adaptación, considerando la diversidad de realidades nacionales y puntos de partida (Fukuda-Parr, 2016). La agenda 2030 está mucho más centrada en las desigualdades, con objetivos específicos para reducirlas (ODS 10), y tiene un marcado giro hacia la sostenibilidad, uniendo las agendas del desarrollo humano y el desarrollo sostenible, en sus tres dimensiones: la económica, la social y la ambiental. Finalmente, los ODS se proponen un alcance transversal: una llamada a Estados, grupos de la sociedad civil, académicos y organismos internacionales a trabajar conjuntamente; que se evidenció en la participación sin precedentes que tuvo el proceso de su formulación.

Los países del mundo se encuentran en este momento, en pleno proceso de debate y trabajo para hacer del compromiso con la Agenda 2030, una realidad. En el Estado Español, la Estrategia de Desarrollo Sostenible (EDS)1 es el marco que ha de facilitar la implementación de dicha agenda (Gobierno de España, 2021a). También se ha propuesto hacer una reforma en profundidad de la legislación en materia de cooperación, que ha de culminar con una nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible. Sin lugar a duda, es un momento clave para el campo epistemológico y aplicado del desarrollo y la cooperación en España, con un marco legislativo en proceso de renovación que nos invita a (re)pensar los modelos de desarrollo y poner en práctica nuevas formas de cooperación.

En este artículo se propone un análisis de coyuntura sobre dos ámbitos estratégicos que la Agenda 2030 ha puesto en el centro: la perspectiva de género y el papel de las universidades. Los feminismos y los estudios de género fueron de los lugares desde los que se criticó con más fuerza la agenda del Milenio. No es de extrañar que el giro hacia la sostenibilidad de la Agenda 2030 haya replanteado las cuestiones de género (Briant Carant, 2017). Por otra parte, la educación superior fue la gran olvidada por los ODM, que se centraron únicamente en la educación primaria y secundaria. Las universidades han visto reforzado su protagonismo en la agenda, también por el importante rol que se les otorga como generadoras de conocimientos, formación e innovación (Chankseliani & McCowan, 2021).

A partir de una exhaustiva revisión de la literatura especializada, este artículo analiza el proceso de incorporación de la perspectiva de género en la cooperación universitaria española, y propone algunos de los principales retos que tendrán que abordarse en los próximos años.

2. De mujeres, género y sostenibilidad: tensiones y posibilidades de una agenda en transformación

La incorporación de la perspectiva de género en la cooperación cuenta ya con un largo recorrido, como puede verse en (Murguialday, 2012; Razavi & Miller, 1995). Los primeros paradigmas fueron gestados de espaldas a las mujeres y a sus necesidades específicas, o bien incorporadas como grupo vulnerable, pero a partir de una visión limitada, en tanto que reproductoras y cuidadoras. En los años setenta, a consecuencia del fracaso del desarrollismo, la creciente presencia de mujeres en los organismos internacionales y la presión de sus reivindicaciones, nace el enfoque Mujeres en Desarrollo (MED), el cual se proclamó en la I Conferencia Internacional de Mujeres en México (1975) y en el inicio del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1975-1985). Dicho enfoque se concreta en políticas para la equidad, la eficiencia, la lucha contra la pobreza y las mujeres como capital humano. Los avances del enfoque MED fueron importantes pero muy limitados, y recibieron fuertes críticas desde el Sur. Todo ello, junto a la expansión del pensamiento que entiende el género como un entramado de relaciones económicas, emocionales y de poder (Connell, 2016), forzó un giro a finales de los ochenta hacia un nuevo enfoque: Género en Desarrollo (GED), centrado en las desigualdades que nacen de las relaciones de género y las estructuras de poder que las sostienen. La IV Conferencia Internacional de Mujeres en Beijing (1995) consagró dicho enfoque y propuso una estrategia dual para el abordaje de las desigualdades de género: el mainstreaming o transversalidad y las acciones específicas para el empoderamiento (Carballo de la Riva et al, 2019).

El escenario post-2015 ofrece nuevas oportunidades para situar la igualdad de género en el centro de la agenda, ya que los ODS representan un cambio sustancial respecto los limitados ODM en relación con el enfoque de género. Los ODM tuvieron una visión limitada de la igualdad de género y redujeron a un solo objetivo los ambiciosos retos que planteó la IV Conferencia Internacional de Mujeres de Beijing. En definitiva, supusieron una vuelta al enfoque MED (Briant Carant, 2017; Fukuda-Parr, 2016). El ODS 5 recoge la meta específica de “lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, a la vez que la igualdad de género se incorpora de forma transversal en otros 13 ODS, que incluyen compromisos y metas para la igualdad de género (Castro García, 2021).2 Además, el cambio de planteamiento en las relaciones Norte-Sur deja un mensaje claro en clave de género: las desigualdades no son únicamente producto de la pobreza o de ciertas tradiciones culturales, el patriarcado es vigente en las sociedades capitalistas industrializadas y en las políticas del neoliberalismo. Por lo tanto, las responsabilidades se (re)enfocan hacia todos los países y sus políticas en materia de igualdad. El horizonte 2030 también concreta el giro hacia una agenda más centrada en la perspectiva del poder y la incorporación del empoderamiento en todas sus dimensiones: salud, derechos sexuales y reproductivos, recursos económicos, cambio legislativo, etc. Finalmente, como señala Fukuda-Parr (2016), se ha fomentado la participación con la voluntad de incluir las voces de más mujeres en el proceso de creación y diseño de la Agenda.

A pesar de que el avance respecto a los ODM no se puede negar, a continuación se señalan algunas críticas y limitaciones de la Agenda 2030 en materia de género, para las cuales se sigue la revisión y síntesis bibliográfica hecha por el Consortium on Gender Security and Human Rights (2017). Primeramente, siguen sin cuestionarse los modelos económicos, patriarcales y políticos hegemónicos y sus intereses. Se eluden las causas estructurales de las desigualdades, planteando el crecimiento económico como vía para conseguir la igualdad de género y no se mencionan las relaciones de poder en la Agenda. En segundo lugar, la Agenda 2030 desatiende aspectos tan importantes como: las masculinidades e identidades de género no normativas (LGTBI+), la acción colectiva, la paz y seguridad con perspectiva de género, y el compromiso con los derechos humanos. Finalmente, se han criticado dos de las nociones en las que se basa el ODS 5. Por un lado, la participación política, que asume que la presencia de mujeres en los organismos de representación beneficiaría a todas las mujeres y no considera las barreras a la participación. Por el otro lado, la noción de empoderamiento económico, que sigue basándose en los modelos clásicos que están en la base de las desigualdades de oportunidades, la brecha salarial, la segregación horizontal y vertical de los mercados laborales, la precariedad y la explotación. Los trabajos informales, reproductivos y de cuidados siguen sin considerarse como parte de las economías, excluyendo “la esencial pero invisible ‘inactividad económica’” (Kabeer, 2016, p. 298) de las mujeres y las niñas del mundo.

La Agenda 2030, de hecho, no ha tenido demasiado cumplimiento en los primeros años de su implementación. El mismo secretariado de las Naciones Unidas llamó al “rescate de los ODS” (Naciones Unidas, 2022), en un informe que alerta del poco avance, lo atribuye a las múltiples crisis globales e incluso cuestiona la viabilidad de cumplimiento de la Agenda en los próximos años. Específicamente en relación con la igualdad de género, el progreso de la Agenda está comprometido: “el mundo no está encaminado para lograr la igualdad de género para 2030, y las consecuencias sociales y económicas de la pandemia [que afectan de forma desproporcionada a las mujeres y las niñas] han hecho que la situación sea aún más desalentadora” (Naciones Unidas, 2022, p. 36). Los indicadores del ODS 5 muestran un panorama desesperanzador: la participación de mujeres está lejos de ser paritaria a pesar de su papel fundamental en la respuesta y recuperación de la COVID-19; la violencia contra las mujeres y las niñas no solo persiste, sino que se ha intensificado; las mujeres son el grupo al que más ha afectado la pérdida de trabajos y la pobreza laboral; ha aumentado la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado; la pobreza alimentaria y los problemas de salud afectan más a las mujeres; y éstas siguen sufriendo la discriminación de una forma más acentuada en casos de discapacidad (Naciones Unidas, 2021).

A lo largo de la sección se han identificado las enormes potencialidades de la Agenda 2030, especialmente para la igualdad de género. Pero, tal como se ha señalado, su implementación es un proceso complejo que puede limitar o incluso comprometer sus contribuciones. A continuación, se analiza la situación en el Estado Español, que se encuentra enderezando el timón de sus políticas públicas hacia el horizonte 2030.

3. ¿Una agenda feminista? La perspectiva de género en la cooperación española

Tanto el enfoque GED como la llamada estrategia dual han sido incorporadas en los marcos normativos de la cooperación española a lo largo de la última década. El II Plan Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) (2006-2008) incorpora el abordaje de las desigualdades estructurales y apuesta por la equidad de género. También incorpora la doble estrategia –transversalidad y empoderamiento–, que se mantiene en los planes consecutivos hasta el día de hoy, y también, la Estrategia de Género en Desarrollo es otro documento clave para el afianzamiento del enfoque GED (Carballo de la Riva et al., 2019; Espinosa, 2014; San Miguel Abad, 2019). San Miguel Abad (2019) señala dos factores que lo han hecho posible: los claros postulados de la ONU y el proceso de institucionalización de las políticas de igualdad en España. Pero dichos avances en el plano estratégico se vieron debilitados en la práctica, afectados principalmente por lo que se ha llamado la década perdida de la cooperación. En primer lugar, por la reducción de la Ayuda oficial al Desarrollo (AOD) destinada al género, que disminuyó desde 2008, especialmente en materia de salud reproductiva (Espinosa, 2014). Dicho ajuste conllevó el cierre de programas y dificultades de financiación de los proyectos sobre el terreno. En segundo lugar, por la progresiva invisibilización del género como sector prioritario, que la misma AECID (2014) atribuye precisamente a la voluntad de hacerlo un enfoque integral. En tercer lugar, por la poca incorporación de la perspectiva de género en la práctica de la cooperación. La mayoría de los proyectos evaluados en 2016 resultaban neutrales o ciegos al género y los que lo incorporaban lo hacían con una baja sensibilidad. Se detectó también un mayor uso transversal de la perspectiva de género en las fases de formulación y programación que en las de seguimiento y evaluación (Jiménez Almirante, 2016). Por todo ello, a pesar de estar el género bien establecido en la retórica y la estrategia de la cooperación española para entonces, su implementación era una cuestión aún pendiente.

Con las reformas derivadas de la Agenda 2030 –las cuales han impulsado la reforma (en proceso) de la Ley de Cooperación Española (2022) y un nuevo Plan de Acción de a AECID (2021)–, el enfoque de género ha ganado centralidad en los acuerdos nacionales para el desarrollo sostenible y la cooperación, pues se ha incorporado el enfoque de género como una de las señas de identidad de la agenda española. También se ha manifestado en las estructuras de gobernanza de la Estrategia de Desarrollo Sostenible (EDS), con el protagonismo del Grupo de Trabajo de Género y Desarrollo. Si bien a nivel declarativo el enfoque se ha fortalecido, su implementación ha planteado notables contradicciones (Grupo de Trabajo de Género y Desarrollo, 2022, 2018; y el Consejo de Cooperación al Desarrollo, 2020). Una de las dificultades es el equilibrio con el enfoque dual: se ha puesto mucho énfasis a la transversalización, mientras que las actuaciones sectoriales han quedado debilitadas. Otro tipo de dificultades son las que plantea el nivel analítico, particularmente en la desagregación de datos y el diseño y valoración de indicadores, aspectos críticos para el seguimiento y evaluación de las políticas. Finalmente, el apoyo a los grupos de mujeres y organizaciones feministas no ha sido del todo consistente. Por todo ello, lejos de ser un hito cumplido, queda mucho recorrido para incorporar el género en la práctica de la cooperación española.

En los últimos años ha irrumpido con fuerza una propuesta ambiciosa que se propone provocar el cambio estructural y sistémico que los paradigmas anteriores no han conseguido desencadenar: la cooperación feminista. En los últimos años varios países como Suecia, Canadá, Noruega, Francia y México han declarado el giro de su política exterior hacia el feminismo. El informe From Seeds to Roots señala los factores que han influenciado la declaración de políticas de exterior feministas en diferentes países, apuntando a un contexto global favorable, una audiencia receptiva gracias a las movilizaciones feministas, los valores personales y la voluntad de los liderazgos políticos (Gill-Atkinson et al., 2021). Es el caso del Estado Español donde, como parte de una estrategia de política exterior feminista (Gobierno de España, 2021b), el nuevo paradigma se está debatiendo a muchos niveles: desde la academia hasta las ONG y los movimientos feministas,3 que ven grandes potencialidades a los nuevos postulados.

En primer lugar, como sugieren García Bastante, Ruggiero y Ruiz-Giménez Aguilar (2021), cuestiona los modelos hegemónicos del desarrollo, ya que llama a deconstruir las estructuras neocoloniales que siguen sustentando los sistemas de dominación. En segundo lugar, apuesta por una política multifocal, como la ha denominado el Grupo de Trabajo de Género (2022), que tenga en cuenta las múltiples opresiones y desigualdades sociales. Es decir, pretende incorporar e implementar la interseccionalidad, como herramienta de análisis y guía en la elaboración de políticas. En tercer lugar, considera la coherencia de políticas, que deben alinearse para incorporar los feminismos y evitar, como advierten García Bastante, Ruggiero y Ruiz-Giménez Aguilar (2021), trabajar solo en algunos sectores con poca capacidad de influencia para hacer cambios reales. Finalmente, la cooperación feminista se basa en las aportaciones y reivindicaciones de los feminismos postcolonial, decolonial, e interseccional, el ecofeminismo, la economía de los cuidados y la economía feminista.

En suma, la cooperación feminista aspira a superar las críticas y limitaciones de la cooperación española en materia de género, señaladas por múltiples actores en la última década, un reto sin duda ambicioso, que contrasta con la realidad de una Agenda 2030 que avanza muy lentamente en su implementación. Un informe reciente elaborado por UNICEF, WWF y Oxfam (2021) revela que “a pesar de valorar positivamente algunos avances y medidas puestas en marcha, a día de hoy la progresión es insuficiente”. Específicamente, para el reto de país número 3 - cierre de la brecha de la desigualdad de género y el fin de la discriminación-, la valoración es de suspenso para los indicadores de víctimas de violencia de género y trata; y mejorable para el indicador de brecha salarial de género (UNICEF et al., 2021, p. 4).

Además, la complejidad de la cooperación feminista contiene, en sí misma, una paradoja: su radicalidad encaja mal con las prioridades de la política exterior española. En materia económica, las políticas de austeridad y deuda reproducen una lógica colonial, las regulaciones comerciales son laxas con las corporaciones extractivistas que espolian los recursos naturales y medios de subsistencia. En el campo militar, se incrementa la exportación de armas, y su consecuente corresponsabilidad ante la privación de derechos humanos y los conflictos bélicos.

Es cierto que la coyuntura política española se encuentra en un momento propicio a la confluencia de los discursos de la igualdad de género y la cooperación, que vienen madurando desde las últimas décadas. Ahora bien, hacer realidad la política exterior feminista no implicaría únicamente hacer políticas a favor de los derechos de las mujeres y las niñas del mundo, sino transformar profundamente el posicionamiento del Estado ante las dinámicas que provocan dicha falta de derechos, esto es, “el desarrollo internacional no puede lograr esta magnitud de cambio si la política exterior trabaja en su contra” (Gill-Atkinson et al., 2021, p. 15).

Queda por ver en qué medida la lógica de la política exterior se impone en los nuevos planteamientos que están surgiendo en el ámbito de la cooperación. Existe el riesgo señalado por otras autoras (García Bastante et al., 2021; Gill-Atkinson et al., 2021): caer en un cambio estético y superficial que suponga solamente un nuevo giro en el lenguaje pero que no provoque cambios profundos que reviertan la marginalización y la privación de derechos a mujeres y niñas. Gill-Atkinson et al. (2021) han hecho hincapié el carácter procesal de la política exterior feminista, que “es un camino, que empieza con la declaración y progresa con la práctica, la institucionalización y la implementación” (p. 29). Por ello, existe la oportunidad de que la política feminista contribuya a transformar el enfoque de la cooperación y la política exterior española.

En los apartados anteriores se ha abordado cómo la cooperación española se encuentra inmersa en el proceso de (re)imaginar los modelos de desarrollo y las formas de hacer cooperación, con un planteamiento ambicioso y marcadamente feminista que plantea retos teóricos, analíticos y de implementación.

Uno de los principales es el hacer políticas basadas en el conocimiento. Las universidades han sido, desde los años noventa, un actor importante en la cooperación española, debido a varios factores. En primer lugar, por ser espacios de investigación, formación y transferencia de conocimientos. La cooperación española ha necesitado, especialmente en los momentos de debate y redefinición de paradigmas, del aporte de las capacidades y experiencia de la comunidad universitaria (Martínez Samper & González Navas, 2021). Además, la educación superior es estratégica por su labor de sensibilización y formación para el desarrollo (Arias Careaga, 2008; Hernández Tristán, 2010) y ha contribuido a la definición y el seguimiento de políticas, en las que aportan rigor científico y académico. Finalmente, las universidades también se han ganado un espacio como agentes de cooperación, por disponer de recursos técnicos y humanos altamente cualificados para ejecutar, por sí mismas, acciones de cooperación (Arias Careaga, 2008).

Las instituciones de educación superior en España han incorporado la cooperación4 a la función social de la universidad y a su misión de dar respuesta a las demandas sociales. Así, se ha institucionalizado lo que hoy se conoce por Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD), la cual ha tenido una evolución paralela a la cooperación española (Martínez Samper & González Navas, 2021). Siguiendo la clasificación de Koldo Unceta (2007), la CUD incluye actividades tan diversas como la formación, investigación, asistencia técnica y proyectos de desarrollo en otros países y difusión y sensibilización.

En este artículo se propone que el escenario post-2015 y la Agenda 2030 han puesto en el centro a la comunidad universitaria, al menos en dos sentidos. Por un lado, se incluye por primera vez la educación superior en el ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos (Naciones Unidas, 2015). Si los ODM estaban centrados en el acceso a la educación primaria y secundaria, el giro hacia el aprendizaje durante toda la vida (lifelong learning) ha permitido conceptualizar los procesos educativos en su integridad y situar la educación superior –incluyendo formación técnica, profesional y universitaria– en las metas del desarrollo (Chankseliani & McCowan, 2021; Hernández Tristán, 2019). Pero el escenario 2030 también consolida las universidades como actor clave, pues el conocimiento y el desarrollo científico se consideran el motor de impulso de la Agenda 2030 y promoción de los ODS. La educación superior puede contribuir a ese mandato transversal a través de la formación especializada, la investigación, la educación en valores y como articuladores de alianzas para el desarrollo, como lo plantean las propuestas de reforma de la cooperación española del Consejo de Cooperación al Desarrollo (2020). Pero para afrontar estos retos las universidades deberán poner en valor los estudios sobre el desarrollo, dotarse de instrumentos innovadores para la CUD, incrementar los recursos y reforzar la transversalización del enfoque de género en la formación universitaria.

En la actualidad, el vínculo entre las universidades y la cooperación para el desarrollo es fuerte en el discurso y la planificación estratégica, pero, en cambio, es empíricamente elusivo (Chankseliani & McCowan, 2021). La CUD también se ha visto afectada por las drásticas reducciones de fondos de la cooperación española, que han limitado sistemáticamente sus prácticas. Esto es, si bien el papel de las universidades está bien definido en los niveles discursivos de la cooperación, su aplicación práctica está llena de retos que precisan de un abordaje crítico.

El compromiso del CRUE con la Agenda 2030 implica la orientación de la CUD hacia la igualdad de género y los derechos de las mujeres, de una forma específica y también transversal. Como se ha examinado en las secciones anteriores, tanto la cooperación española en materia de género como la CUD son campos de conocimiento y acción bien establecidos. En cambio, la aproximación a la CUD desde la perspectiva de género es un ámbito mucho menos explorado.

Es cierto que el compromiso de las universidades en materia de igualdad se ha consolidado en los últimos años, y que las políticas y planes de igualdad están bien establecidas en las universidades españolas. Aun así, y como se analiza a lo largo de esta sección, todavía queda camino por recorrer en relación con la articulación entre las políticas de cooperación y las políticas de igualdad en las universidades que, en palabras de Molina Bayón (2018), han seguido caminos más paralelos que cruzados en las instituciones académicas.

El enfoque de género en los compromisos de la CUD es creciente, aunque queda mucho camino por recorrer para el desarrollo de acciones específicas y la completa incorporación de dicho enfoque en la práctica. La ESCUDE (2000) lo incluyó solamente con una mención en el apartado introductorio como “cuestiones esenciales en los procesos de desarrollo humano, como la salud, la cultura, el reconocimiento del papel desempeñado por la mujer, el respeto al conocimiento local […]”, entre otros (CEURI, 2000). Más adelante, en el Código de conducta de las universidades españolas en materia de cooperación se contempla, en el artículo 5: “la equidad de género y el fortalecimiento de las capacidades y autonomía de las mujeres son consustanciales al desarrollo humano y, al mismo tiempo, condiciones para el logro de los objetivos globales del desarrollo, por lo que constituyen una referencia básica de la CUD” (CEURI, 2006, p. 3). A pesar de que el documento fundacional del observatorio CUD no incluye la perspectiva de género, el OCUD ha hecho un esfuerzo para visibilizar el enfoque de género en los últimos años, a través de la publicación de experiencias y recursos relacionados con el ODS 5 en su web y la inclusión de la igualdad de género como uno de los once marcadores clasificatorios de las acciones de cooperación. En el nuevo documento de directrices de la CUD 2019-2030 se incluye la equidad de género como uno de los principios generales: “una cooperación que se articulará desde el enfoque de la igualdad de género y que incorpora el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres y de los colectivos más vulnerables” (CRUE, 2019). El CRUE también participa del Grupo de Trabajo de Igualdad de Género del Consejo de Desarrollo Sostenible.

En el último informe publicado sobre la cooperación universitaria (OCUD, 2019) se hace una lectura de las acciones de cooperación por marcadores. El género es uno de los marcadores que más se ha señalado como principal o significativo y que dicho eje es prioritario en América del Sur y el África Subsahariana.

Pero el hecho de que los proyectos declaren que se prestará atención al género, no implica necesariamente que la perspectiva de género sea efectivamente tomada en cuenta. Hay muy poca información de seguimiento y, por lo tanto, se desconocen las dificultades que plantea la incorporación de dicha perspectiva y las resistencias que se encuentran en la práctica. Menos se conoce sobre la evaluación, que suele orientarse a la justificación del proyecto. En cambio, pocas veces se evalúa críticamente el cumplimiento de objetivos y procedimientos relacionados con la perspectiva de género. Por lo tanto, puede existir cierto desalineamiento entre los objetivos de los proyectos y su práctica. A continuación, se proponen dos posibles causas de dicha discrepancia:

En definitiva, este análisis ha puesto de manifiesto una dificultad común: la incorporación del género a nivel discursivo, declarativo y retórico –que parece bien asentada en la CUD– no ha garantizado, hasta el momento, la implementación de proyectos transformadores. Si bien la capacidad de la cooperación feminista de revertir esta dinámica está todavía por constatar, se hace evidente la necesidad de priorizar espacios y mecanismos de análisis y reflexión en el sí de la práctica de la cooperación universitaria.

A lo largo del artículo se ha argumentado que la Agenda 2030 y el paradigma de la sostenibilidad suponen una nueva coyuntura, tanto para los feminismos como para la CUD, que ofrece nuevas oportunidades para situar(se) y transformar(se) en y a través de la agenda de la cooperación española. Por otro lado, también hemos evidenciado la disparidad entre los niveles declarativos y la implementación de los cambios deseados. Existen numerosos retos para hacer realidad la incorporación de una política de cooperación feminista en las universidades españolas en los próximos años. A continuación se identifican los principales.

Este artículo ha evidenciado la transformación de la coyuntura de la cooperación española y ha señalado el gran desafío que las universidades tienen por delante: avanzar hacia el ambicioso paradigma de la cooperación feminista. Es primordial el abordaje de los profundos retos identificados en este artículo para garantizar que dichos postulados se concreten en acciones realmente transformadoras.

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1 Aprobada en 2021, identifica 8 retos de país
2 La autora hace un análisis detallado de los ODS desde la perspectiva de género y una propuesta de indicadores para su seguimiento.
3 Solamente en 2022 varias jornadas y encuentros se han dirigido a esta temática: “Política de cooperación feminista. Retos y oportunidades en el contexto actual”, organizada por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo y “Política exterior y de cooperación feminista a debate”, de la mano de CooperAcció, por mencionar algunas.
4 La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) manifiesta su compromiso con la cooperación a través de la Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo (ESCUDE) (2000), el Código de Conducta de las Universidades en Materia de Cooperación al Desarrollo (2006) y la creación del Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD) (2008).

Esta investigación ha sido financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN), la Agencia Estatal de Investigación (10.13039/501100011033), y por la Unión Europea “NextGenerationEU / PRTR”. Ref: FJC2020-045681-I.