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Comunidades Autónomas y trabajo infantil en el periodo 2018-2022: la relevancia de la orientación política en su aplicación

Autonomous Communities and Child Labor in the Period 2018-2022: the Relevance of Political Orientation in its Application

Heike Clara Pintor Pirzkall (Universidad Pontificia Comillas). Profesora Titular del Departamento de Relaciones Internacionales. Doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Europea de Madrid. Actualmente es asesora de la Unidad de Ecología Integral y coordinadora del Diploma de Habilidades Personales, Comunicativas y Profesionales. Es miembro de la Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) y dirige el proyecto de investigación Eco-Impact en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la UPCO. Sus áreas de investigación son: Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo, Cooperación alemana en América Latina y Sostenibilidad, Ecología y Universidad.

Jorge Antonio Pérez Pineda (Universidad Anáhuac México y Universidad Pontificia Comillas), Profesor-Investigador y Asociado. Doctor en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Miembro de las redes: REMECID, REEDES y Network of Southern Think Tanks (NEST) y del SNI de México nivel 1. Sus áreas de investigación son: Cooperación internacional, Sur-Sur y Triangular; Responsabilidad Social Empresarial y Desarrollo; y Estándares Voluntarios Sostenibles.

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Pintor Pirzkall, H. C. & Pérez Pineda, J. A. (2024). Comunidades Autónomas y trabajo infantil en el periodo 2018-2022: la relevancia de la orientación política en su aplicación. Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo. 11 (2), 34-54 DOI: https://doi.org/10.21500/23825014.7143

La Agenda 2030 es un marco de referencia de las acciones de diversos actores comprometidos con el desarrollo sostenible, tales como los estados nacionales, subnacionales y la cooperación internacional. Tomando esto como referente, el presente artículo se plantea como objetivo, analizar el rol de la cooperación al desarrollo de las Comunidades Autónomas españolas en su aportación al trabajo infantil, y en cuanto tal, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El trabajo se centra en la revisión de documentos programáticos y literatura relevante en la materia para averiguar la relevancia del trabajo infantil según la Comunidad y su orientación política. Entre los principales hallazgos, se encuentran dos: se identifica que no todas las comunidades autónomas se interesan de igual forma por el trabajo infantil y, que aquellas comunidades con gobiernos de corte liberal suelen contribuir con menos recursos a este tipo de temáticas.

Palabras clave: desarrollo sostenible; trabajo infantil; cooperación internacional; comunidades autónomas; Objetivos de Desarrollo Sostenible.

The 2030 Agenda is a reference framework for the actions of various actors committed to sustainable development, such as national and subnational states and international cooperation. Taking this as a reference, this article aims to analyze the role of development cooperation of the Spanish Autonomous Communities in their contribution to child labor, and as such, to the Sustainable Development Goals. The work focuses on the review of programmatic documents and relevant literature on the subject to find out the relevance of child labor according to the Community and its political orientation. Among the main findings, there are two: it is identified that not all autonomous communities are equally interested in child labor and that those communities with liberal governments tend to contribute fewer resources to this type of issues.

Keywords: Sustainable Development; Child Labor; Spanish Development Cooperation; Autonomous Communities; Sustainable Development Goals.

En el año 2019 la Organización de las Naciones Unidas, declaró el año 2021 como el Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, que estaría coordinado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el objetivo de fomentar acciones que favorecieran la erradicación del trabajo infantil. Según la OIT (2024):

el término “trabajo infantil” suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Así pues, se alude al trabajo que: es peligroso y prejudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño; y/o interfiere con su escolarización puesto que: les priva de la posibilidad de asistir a clases; les obliga a abandonar la escuela de forma prematura, o les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que insume mucho tiempo1. (párr. 4)

La crisis económica causada por el COVID-19, ha tenido un fuerte impacto en la infancia. Por primera vez en varias décadas, el trabajo infantil ha aumentado en 8,4 millones, llegando a los 160 millones de niños y niñas que trabajan, fenómeno que se observa con mayor incidencia en niños más que en niñas, en ámbitos rurales vinculados al sector agrícola; y en gran medida dentro de familias (ILO y Unicef, 2021). Según el informe de la OIT titulado “El impacto del COVID-19 en el trabajo infantil y el trabajo forzoso: la respuesta del Programa de referencia IPEC+” (2020), la pandemia ha provocado que millones de niños hayan tenido que trabajar para hacer frente al posible desempleo de los padres o familiares cercanos, sumidos en la pobreza extrema. Por tanto, la OIT ha reforzado su labor en colaboración con la ONU y sus agencias (FAO, OIM, Unicef y PNUD) así como con el Banco Mundial para que los países adapten sus políticas nacionales sobre trabajo infantil y trabajo forzoso respecto al impacto del COVID-19,

La Agenda 2030 plantea un compromiso formal por parte de los Estados miembros de Naciones Unidas que se han sumado para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). De manera particular el trabajo infantil, es uno de los temas priorizados por la Agenda, en el ODS 8, y en específico la meta 8.7. Al respecto, el compromiso de España con dicha agenda y sus particulares objetivos, se vería plasmada en una serie de iniciativas, leyes y medidas, tales como: el Alto Comisionado para la Agenda 2030 (de 2018 a 2020), la creación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y dentro de este, la Secretaria de Estado para la Agenda 2030; la incorporación de una estructura de gobernanza dentro del ministerio para facilitar el cumplimiento de la Agenda 2030 en tres niveles: 1-la Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030, 2- la Conferencia Sectorial para la Agenda 2030, y 3- el Consejo de Desarrollo Sostenible, y el correspondiente reglamento de la Conferencia Sectorial para la Agenda, así como la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los ODS dentro de las Cortes Generales (BOE, 2021, p. 1).

De manera local, en el año 2021, la Plataforma de la Infancia España solicitaría información sobre la situación del trabajo infantil en la cooperación española, del que se desprendería el informe: “Año Internacional para la eliminación del trabajo infantil: Es el momento de actuar. Recomendaciones para la Cooperación Española” (Coordinadora para organizaciones para el desarrollo, 2021, pp. 20-25). Así, derivado de dicho documento en el que uno de los autores del presente texto colaboró, en este artículo se busca profundizar el vínculo de la cooperación y el trabajo infantil considerando la relevancia de los distintos perfiles políticos de los gobiernos autonómicos, aspecto no se trató en el informe referido, ni textos vinculados al caso español. De esta forma, el objetivo central, de este trabajo es analizar la contribución de las Comunidades Autónomas españolas a la lucha contra el trabajo infantil. La investigación considera un análisis de fuentes primarias a partir de la revisión de documentos programáticos en torno a los planes directores de la cooperación española, y literatura en la materia. Para ello, el trabajo se dividirá en tres secciones, la primera se introduce un breve marco de referencia sobre la importancia de la orientación política a través de la Economía Política Internacional y su influencia en la ayuda al desarrollo. Posteriormente se detalla el análisis del caso español a través de información relevante de las distintas Comunidades Autónomas españolas. Finalmente, en la última sección se detallan los principales hallazgos y conclusiones del estudio.

Cuando se piensa en orientación política usualmente se piensa en tres latitudes, izquierda, centro y derecha. Para ilustrar la importancia de la consideración de este aspecto en el análisis de un tema asociado al desarrollo, como el trabajo infantil y la postura de un país al respecto, se consideran aquí dos referentes. El primero a nivel internacional o nacional, vinculado con marcos como el de la Economía Política internacional (EPI) y las decisiones políticas o económicas en busca del desarrollo. El segundo, en línea con el anterior, sobre la relevancia de la orientación política en torno a la ayuda al desarrollo (AOD).

En el primer caso, como establecen Balaam y Dillman, la EPI “es un campo de estudio que se centra en actores y temas que son internacionales o transnacionales” (Balaam & Dillman, 2019, p. 4), entre los problemas más usuales en los que se centra, según estos autores, se destacan: el cambio climático, el hambre, mercados ilícitos, a los que se podría añadir los ODS, la pobreza en el mundo, o el trabajo infantil. Dada su naturaleza, en la EPI confluyen tres grandes dimensiones: la política (la relevancia del poder y el Estado), la económica (la relevancia de la escasez, la eficiencia y los mercados), y la social (la relevancia del origen, valores, y antecedentes, y el rol de diversos actores y la sociedad), (Balaam & Dillman, 2019, pp. 4-5). Por sus características, se ha convertido en un marco analítico y de referencia en el estudio de la Ciencia Política, la Economía Internacional, o las Relaciones Internacionales, en el que se suelen considerar de tres a cuatro enfoques dominantes que aluden a las principales orientaciones políticas (izquierda, centro y derecha) que influyen en la economía, la política y la sociedad, tales como: el liberalismo, el mercantilismo (realismo y estatismo), el estructuralismo (marxismo) y otras perspectivas, (entre las que suelen referirse el constructivismo, feminismo o visiones críticas), (Broome, 2014; Lairson & Skidmore, 2017; Balaam & Dillman, 2019; Ravenhill, 2017).

Por lo anterior, estos enfoques y sus características son de utilidad para identificar las posiciones, u orientaciones sobre decisiones que pueden adoptar distintos gobiernos de distinta orientación política sobre una gran cantidad de temas económicos, sociales, ambientales o sanitarios como se refirió. Su relevancia en torno a temas de desarrollo provendría de al menos tres reflexiones como plantea Phillips (2017), la primera, porque a pesar de los avances en el desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial, derivados de las distintas alternativas y propuestas surgidas, los problemas de pobreza, desigualdad y los asociados a estos, no han desaparecido, y en algunos casos parecen aumentar. La segunda, que a pesar de las múltiples propuestas o “recetas” de políticas para el desarrollo, no existe un consenso sobre la mejor estrategia o política para el desarrollo, o incluso sobre qué es el desarrollo. Por último, la aplicación de diversas estrategias de desarrollo, con los resultados tan disímiles en cada país, siguen influyendo en las distintas posturas sobre las mejores políticas y estrategias a implementar2.

En cuanto al segundo referente sobre la relevancia de la orientación política y la ayuda al desarrollo, la literatura y vertientes al respecto son diversas. Dentro de estas, las variantes usualmente vinculadas al desarrollo económico son tres: la primera sobre el origen de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y motivaciones para su asignación; un segundo grupo desde la perspectiva del donante, sobre eficacia de la ayuda condicionada a ciertas políticas del receptor y, por último, el análisis de la eficacia de la ayuda tomando como referente la orientación política del receptor para su éxito.

Respecto al primer caso, en cuanto al vínculo de la Ayuda Oficial al Desarrollo y sus motivaciones, desde los albores de la ayuda, se identifica la relevancia del componente de la orientación política. En esa línea, diversos autores (Todaro & Smith, 2020, pp. 768-769; Alesina & Dollar, 1998; Tingley, 2010; Mélonio et al., 2022, p. 9), identifican una serie de argumentos en torno a las razones por las que los donantes proveen ayuda. Entre ellas (motivaciones políticas, económicas o humanitarias), sobresalen las políticas, vinculadas inicialmente a usar la ayuda como un instrumento de contención del comunismo al término de la Segunda Guerra Mundial y apoyar a países aliados, lo cual evolucionaria en el tiempo, de la reconstrucción a consideraciones más estratégicas como el apoyo militar, estabilidad económica, aspectos comerciales o alivio a la pobreza3.

Una variante de esta línea considera la relevancia de la orientación política en el país donante, que influye sobre el tipo de enfoque de política exterior y por ende sobre la AOD provista y la efectividad en el país receptor (Thérien & Nöel, 2000; Fleck & Kilby, 2006). Este enfoque se centra particularmente en la influencia política del donante y cómo ello crea un sesgo o patrón particular en las áreas de apoyo de cada país. Así, se encuentra en la literatura una serie de estudios que han analizado estos vínculos para distintos países, que son referente para el análisis del caso español aquí realizado. Son los casos de Dietrich (2016) que analiza 23 países de la OCDE, Thérien & Nöel (2000) sobre 16 países de la OCDE, Olivié & Pérez (2020) 6 países donantes más la Unión Europea (incluida España), Fleck & Kilby (2006) para Estados Unidos y De la Iglesia-Caruncho (2011) para España.

Un segundo grupo de autores, reflexionarían sobre la eficacia de la ayuda y su impacto en el crecimiento económico, condicionado a la implementación de políticas “acertadas” (de orientación al mercado) o de reformas económicas por parte del beneficiario (Boone, 1996; Burnside & Dollar, 2000; Radelet, Clemens & Bhavani, 2005; Bearce & Tirone, 2010; Wright & Winters, 2010) o de su régimen político, totalitario o frágil (Islam, 2003). Esta literatura tendría gran relevancia y auge en el contexto post crisis de la década de los ochenta del siglo pasado ante los procesos de condicionalidad de entidades como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y agencias bilaterales, mismas que serían ampliamente cuestionadas (World Bank, 1998; Ramcharan, 2002; Easterly, 2002).

Por último, se encuentra un tercer grupo que de forma reciente analiza la eficacia de la ayuda desde el punto de vista del receptor, en el que la orientación política del usuario también condiciona el resultado, donde se observa que los partidos de izquierda usan de manera más eficiente la ayuda en favor de los pobres, mientras los de derecha orientan más este recurso al apoyo de proyectos del sector privado (Tawiah, Barnes & Zakari, 2019; Tawiah & Karungi, 2020).

En síntesis, la literatura precedente coincide en al menos tres aspectos: 1) la orientación y los partidos políticos son relevantes e influye en la política exterior y la provisión de AOD, 2) Los partidos de izquierda son más proclives a destinar AOD hacia políticas de corte social y 3), los partidos de derecha hacia actividades o sectores relacionados con actividad privada, aspectos clave para el análisis aquí realizado.

Particularmente, en el caso de la ayuda española, Olivié y Pérez (2019) y Olivié y Pérez (2020, pp. 131-148), tomando como referencia el periodo de 1976 a 2015, sobresalen tres aspectos: en primer lugar, que la AOD española ha mostrado un incremento gradual en el periodo de estudio, independientemente del gobierno en turno, destacando en los últimos años una mayor calidad sobre la cantidad; en segundo lugar, que los esfuerzos españoles de AOD se han visto influidos más por el cumplimiento de la normativa internacional o compromisos multilaterales, que por aspectos políticos o económicos; y por último, destacan el enfoque constructivista para su análisis. Así mismo, concluyen que esta falta de influencia política sería coherente con los hallazgos de estudios precedentes, en los que se destaca la ausencia de una estrategia de especialización, de guía política, o de imitar a otros donantes más que por su interés o por necesidades del receptor.

Por su parte De la Iglesia-Caruncho (2011, pp. 26-27), analiza las tendencias de la ayuda española en clave de política para el periodo 1985-2010, destacando dos periodos en los que identifica que las mayores reformas e impulso del sistema español de ayuda, entre 1988 a 1993 y de 2004 a 2008 se debieron a los gobiernos socialistas en turno. La relevancia de la orientación política en su análisis para el periodo 2000-2008, plantea por ejemplo que: entre 2000 a 2004 el gobierno conservador, se identificaría por dos aspectos: 1) no haría ningún movimiento relevante en cuanto a la provisión de AOD, y 2) en materia de política exterior se acercaría más a Estados Unidos que a Europa (particularmente por su vínculo en el conflicto de Irak en 2003). Por el contrario, en el siguiente periodo de gobierno 2004-2008 a cargo del partido socialista, se realizarían reformas importantes, por un lado, para aumentar la AOD española (pasando del 0,24% de su PIB al 0,45%), convirtiéndole en uno de los principales países cercanos a la meta del 0,7%, y por el otro, en lo que respecta a su política exterior, para regresar a España al concierto multilateral en torno a su colaboración con Naciones Unidas, así como con un mayor contacto con la Unión Europea.

En cuanto a lo anterior, y en concordancia con la observación de De la Iglesia-Caruncho, (2011, p. 26), se percibe que cuando un partido de corte socialista gobierna, los esfuerzos de AOD española (como porcentaje de la Renta Nacional Bruta) son mayores que en periodos de gobiernos conservadores, si bien como señalan Olivié y Pérez (2020, p. 144): “el incremento y caída de AOD española ha ocurrido indistintamente bajo gobiernos socialistas o populares, apoyados por distintas coaliciones parlamentarias, que incluye partidos nacionalistas…”. La siguiente gráfica (figura 1) da cuenta de esta tendencia sobre la AOD neta española como porcentaje de la renta nacional bruta en los últimos años (línea azul), comparada con la tendencia de la AOD promedio de los países del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD línea roja), y en la que se identifican dos tendencias: la primera, es que la ayuda española entre 1996 a 2011 tuvo un desempeño por encima de la media europea, mientras que la media europea sería superior a la española del 2011 en adelante.

En segundo lugar, como se puede observar, en el período de referencia, la AOD española aumentaría de manera importante, particularmente en el periodo ya identificado por otros autores, del 2004 al 2011. Si bien la tendencia no es muy clara, en la gráfica se percibe que en los periodos bajo gobiernos liberales como el del PP la ayuda se mantiene sin grandes cambios como en el periodo 1996 al 2004, o bien observa grandes fluctuaciones como en el periodo 2011-2018, mientras que la trayectoria de la AOD bajo gobiernos socialistas tiene una trayectoria normalmente creciente. En cualquier caso, sobre las fluctuaciones de la AOD española debe considerarse no solo el contexto interno en cuanto a la influencia política, sino también el contexto internacional y los compromisos internacionales, tales como: compromisos presupuestarios con la Unión Europea, compromisos con Naciones Unidas (ODM, ODS), guerras (como la de Irak), o períodos de crisis internacionales (financieras o sanitarias como lo sería recientemente el COVID-19).

Respecto al trabajo infantil, el tema central del presente texto, no abundan estudios que identifiquen la orientación política y el apoyo a esta temática en países desarrollados y en desarrollo. En temas como este, no cabría esperar diferencias ya que el trabajo infantil alude a todos los colores del espectro político. Sin embargo, se encuentran casos asociados al “trabajo infantil y el comercio internacional” o al “trabajo infantil y estándares laborales”, en los que se recogen estas diferencias. En el primer caso, países desarrollados que se benefician de importaciones baratas de países menos desarrollados, cuestionan políticas comerciales del sur, por la falta de claridad ante un interés genuino sobre el tema o posturas proteccionistas (Dimova, 2021). En el segundo caso, asociado a temas de “estándares y trabajo infantil” vinculados a convenciones como la 138 o la 182 sobre “edad mínima” y “peores formas de trabajo infantil”, se identifican debates sobre políticas favorables a la niñez, o vinculados a lobbies que influyen sobre la posición partidista en leyes o regulaciones.

Un par de casos ejemplifican estos vínculos, por un lado, las posturas Republicanas y Demócratas sobe Cuidado Infantil en Estados Unidos, donde a pesar de cierto consenso entre ambos partidos, se mantienen diferencias relacionadas con sus principios, vinculados a: la población objetivo, los instrumentos para proveer la ayuda, la existencia o no de subsidios. Otro caso similar, en torno a enmiendas sobre el uso de dinero de los contribuyentes americanos para comprar productos fabricados o extraídos por trabajo esclavo infantil, así como certificar vehículos eléctricos, paneles solares o componentes afines, que no contengan minerales extraídos con trabajo infantil, que confrontaron también a demócratas y republicanos (McKenna, 2021, p. 1).

Por lo anterior, la importancia de los gobiernos respecto al tema del trabajo infantil es muy relevante y se cuenta con elementos claros a este respecto. La OIT, destaca, por ejemplo, “el compromiso” de los Estados para abolir el trabajo infantil, sin el cual, difícilmente se crearían instituciones, leyes, adhesión a estándares internacionales, acciones concretas para atender este problema, conocer la verdadera magnitud del problema, creación de políticas y programas, u orientar los recursos necesarios y reglas de operación, o dicho de otra forma, una respuesta política activa de los gobiernos y grupos de interés (ILO, 2004, pp. 196-197; ILO, 2017, p. 19).

En la misma línea, se destaca la relevancia de la cooperación internacional que provee de un entorno o ecosistema que permite coordinar esfuerzos nacionales internacionales, así como de las organizaciones internacionales, que contribuyen creando conciencia sobre el tema, complementan recursos financieros en torno a proyectos y programas, contribuyen a la sensibilización de la sociedad, ofrecen metodologías de trabajo, proveen estándares y son aliados de los gobiernos que buscan luchar contra este tema (ILO, 2004, p. 210). En tal sentido, este artículo provee evidencia sobre el rol de la cooperación española al trabajo infantil, donde, entre otros aspectos clave, se considera la orientación política en los apoyos destinados al trabajo infantil por parte de las comunidades autónomas españolas en el análisis realizado.

Dentro de los principales hitos de la cooperación española en las últimas décadas, y su vínculo con el trabajo infantil, se pueden destacar los siguientes aspectos a partir de la revisión de distintos documentos oficiales, tales como los Planes directores. Siguiendo una línea de tiempo partiendo de la década de los ochenta con España en democracia, el país solicita en 1983 oficialmente salir de la lista de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) dejando de ser receptora de ayuda para convertirse en un donante de ayuda al desarrollo en 1991 (Larrú, 2009, pp. 92-93). En 1986 se adopta el primer Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI) y dos años más tarde se crea la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) para gestionar y ejecutar las políticas públicas de cooperación cultural para el desarrollo. Durante los primeros gobiernos socialistas entre 1982 y 1990, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de España no superó el 0,10% del PIB, pero paulatinamente casi consiguió alcanzar el 0,30% en 1995 (Olivié & Pérez, 2019, p. 3). Durante las legislaturas de José María Aznar de 1996 al 2004, el gobierno expresó su compromiso de seguir trabajando por alcanzar el 0,7%, pero las cifras oficiales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indicaban claramente que durante los gobiernos del Partido Popular (PP), la AOD española no superó a la de los gobiernos anteriores y por el contrario fluctuó entre el 0,20% al 0,30% (DAC, 2015, p. 202).

Gracias al consenso entre las fuerzas políticas se consiguió la aprobación de la Ley de Cooperación Internacional, así como el diseño del I Plan director de la Cooperación Española (2001-2004), que se convirtió en el principal mecanismo planificador desde entonces. En este primer Plan director, la AOD española se alinearía con los recién aprobados Objetivos del Milenio (2000), centrando los proyectos en cubrir las necesidades básicas y reducir la pobreza extrema. Cabe destacar la promoción del tejido económico en línea con las directrices económicas un gobierno de carácter liberal. Podemos apreciar qué en la distribución sectorial de la ayuda de este primer plan, la protección de la infancia o la erradicación del trabajo infantil no aparecen en los sectores prioritarios de la cooperación española (MAEC, 2001, p. 17-26).

El II Plan director (2005-2008) contribuyó decididamente a consolidar la política de cooperación como una política de Estado. Centró sus esfuerzos en alinear la cooperación española con el resto de los donantes y la Agenda Internacional de Desarrollo centrada en el desarrollo humano y en el principio de eficacia de la ayuda. Se intentará en esta fase aunar los intereses estratégicos de España con las responsabilidades globales (MAEC, 2005, pp. 16-17). La infancia y a la erradicación del trabajo infantil, no se mencionan en las prioridades horizontales y en las estrategias y prioridades sectoriales del plan, solo se incluyen de forma detallada acciones para la lucha contra la pobreza, la defensa de los derechos humanos o el aumento de las capacidades humanas como objetivos prioritarios. Creemos que de forma indirecta estas acciones han revertido en la lucha contra el trabajo infantil. La Estrategia de “Género en Desarrollo” de la cooperación española, se elaboró para dar cumplimiento a las prioridades que sobre género contemplaba el II Plan director y la Ley 23/1998 de 7 de julio de Cooperación Internacional para el Desarrollo, facilitado por un importante incremento presupuestario, alcanzando un máximo histórico de 0,46% en 2009 durante el gobierno de Rodríguez Zapatero (Pérez-Aranda, 2015, p. 1).

En el III Plan director (2009-2012) se pone en marcha una política integral para la reducción de la pobreza y se consolidan los objetivos estratégicos entorno a la educación, la salud, el agua y saneamiento, el género, la gobernabilidad democrática, la cultura y el desarrollo, la construcción de la paz y la infancia.

Si bien desde los inicios de la Agencia Española de Cooperación Internacional para Desarrollo (AECID) se han realizado muchos proyectos de mejora de la calidad de vida de niños y niñas que favorecen el cumplimiento de los derechos de la infancia, la cooperación española no lo había convertido en una prioridad estratégica ese momento. No se encontraron a lo largo de la investigación fondos específicos para la erradicación del trabajo infantil en este plan, aunque si se ha podido encontrar un préstamo para cuestiones educativas para América Latina y el Caribe: préstamos a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) dirigidos a financiar sus actividades educativas en la región por un valor de 9.000.000 € (AECID, 2022, p. 1).

A pesar de los esfuerzos realizados en torno al pacto de Estado contra la pobreza en 2007 entre el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista (PSOE), la crisis económica no permitió a España cumplir con sus compromisos y por el contrario la AOD cayó en picado hasta un 0,16% del PIB. La cifra más baja en tres décadas y por debajo del umbral del 0,20% que define la pertenencia al Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD). Con el primer gobierno de Mariano Rajoy, el IV Plan director (2013-2016) apostó por la cooperación con países de renta media en el Norte de África y en Oriente Medio y una concentración geográfica mayor. Se pasó de 50 a 23 países.

Cómo podemos ver las políticas de ajuste también se trasladaron a la política de cooperación al desarrollo. En el año 2012 se firmó el programa MASAR para apoyar la transición democrática de Argelia, Egipto, Jordania y Túnez después de la primavera árabe (AECID, 2013c, pp. 37-38). Con la aprobación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la cooperación española decide transformar el fondo (F-ODM) en el Fondo de Desarrollo Sostenible (SDF-F) con foco en erradicar la pobreza, reducir las desigualdades, promocionar la sostenibilidad en todas las dimensiones basados en el enfoque de derechos y de género. Las estrategias sectoriales se centraron en educación, género, protección social, prevención, crecimiento económico inclusivo, seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental, pero no se hace referencia directa a la infancia en ninguna de ellas. Como las acciones se centraron en reducir las desigualdades y en ofrecer mayor protección social deducimos que estas habrán tenido un impacto positivo en la calidad de vida de los niños y de sus familias pudiendo ayudar a la reducción del trabajo infantil.

Cabe destacar, la Estrategia de Educación de la Cooperación Española (2007), la Guía de Buenas Prácticas en Educación Inclusiva, AECID – Save the Children, (2013) y el Plan de Actuación Sectorial de Salud como base para la elaboración en el año 2015 de la “Estrategia de Infancia de la Cooperación Española” en línea con la Declaración de Paris y dentro del nuevo marco de actuación basado en enfoques (Enfoque de Derechos Humanos, Enfoque Integral, Enfoque de Desarrollo Humano Sostenible y Enfoque de Género). Los objetivos principales de la estrategia se centran en dos aspectos: garantizar el derecho a la participación de los niños y niñas, desde un enfoque de equidad, que permita la consideración de la opinión de la infancia en las decisiones que les afectan y fortalecer el marco institucional y normativo de protección de la infancia y garantizar la inclusión del enfoque de derechos de infancia con perspectiva de género en todas las políticas públicas desarrolladas por los países socios. Aunque las líneas estratégicas se centran en impulsar la adopción de políticas públicas en los países socios que promuevan la garantía de los derechos de la infancia (provisión, protección, inclusión y participación) no se hace referencia directa a la erradicación del trabajo infantil (AECID, 2013a, pp. 7-8).

El marco estratégico del V Plan director (2018-2021) siguió centrándose en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. El gobierno de Pedro Sánchez ha situado el multilateralismo y la Agenda 2030 para el desarrollo como prioridad de la acción exterior española. Además, se incluyen nuevos ámbitos como la construcción de la resiliencia y la contribución a la provisión de bienes públicos globales, e integra de forma coherente los siguientes principios transversales de la cooperación española: el enfoque basado en los derechos humanos y las libertades fundamentales, la igualdad de género, el respeto a la diversidad cultural y la sostenibilidad medioambiental. Se presta especial atención a los colectivos más vulnerables y a minorías (infancia, personas mayores, migrantes, refugiados, indígenas y afrodescendientes). Este es el primer plan dónde se hace una referencia directa a la infancia:

El coste de desatender los derechos de la infancia es enorme para ellos y para las sociedades de las que forman parte. A pesar de los avances, 15.000 niños menores de 5 años mueren cada día, la mayoría por causas que se pueden prevenir, y 156 millones de niñas y niños menores de 5 años sufren desnutrición crónica en el mundo, limitando de manera irreversible su desarrollo físico e intelectual. (AECID, 2018, p. 14)

En relación al enfoque de género en desarrollo, la cooperación española ha impulsado políticas que incorporan este enfoque de forma transversal y apoyan a instituciones y organizaciones que promueven la igualdad y el empoderamiento de mujeres y niñas y la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra ellas. También se respetará la diversidad cultural en todas las actuaciones y a pueblos indígenas y afrodescendiente además de la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático. En relación al ODS 8, relativo al trabajo decente para todos, la cooperación española centrará sus proyectos en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras cumpliendo con los convenios internacionales de la OIT.

A nivel multilateral cabe destacar los casi 3 millones de euros de contribución voluntaria de la AECID en el 2019 al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia para implementar actividades dirigidas a la reducción de la vulnerabilidad de la población en las situaciones de crisis, en el sector de nutrición, inclusión social, discapacidad, protección infantil contra la violencia, la explotación y el abuso. Los 600 000 euros para la Fase II de la Iniciativa Regional de la OIT, 2 400 000 euros al Fondo de Población de las Naciones Unidas (FUNAP) y a la Entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) 2 250 000 de euros. A la (FAO) Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 1 300 000 euros, a la OMS, 1 750 000 euros, y al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMD) 700 000 euros (AECID, 2019, p. 1).

Entre 2016 y 2019, España aportó más de 38,9 millones de dólares a la OIT como parte de su financiación básica y 5,8 millones de dólares de contribución voluntaria a programas y proyectos prioritarios de la organización. España desembolsó un volumen de AOD neta de 2995 millones de euros en el 2021, o un 0,25% del PIB, situándose en el decimotercer puesto del ranking de los principales donantes de la OECD. El incremento paulatino del 0,20% en el 2018 hasta el estimado 0,35% en el 2022 es una sustancial mejoría en relación con el gobierno anterior pero aún lejos del deseado 0,7% (OIT, 2019, p. 1).

El análisis de los Planes directores deja ver que la orientación política y el contexto internacional serian factores determinantes en los ajustes que tendría la cooperación española en las últimas décadas, donde se aprecian diferencias de enfoques en cuanto a asignación sectorial, montos, o reorientación de los presupuestos destinados a la cooperación y particularmente a la forma en que se ha ido incorporando o dando mayor peso a la temática del trabajo infantil. De manera complementaria, en la siguiente sección, se analizarán los Planes directores de las Comunidades Autónomas españolas a fin de determinar el grado de compromiso de estas en la erradicación del trabajo infantil, así como, si la orientación política es un factor que pueda influir en los presupuestos de cooperación al desarrollo de las CCCA.

Para poder identificar si el trabajo infantil ha sido una prioridad o no en la cooperación española a nivel nacional y de sus CCAA, se decidió la siguiente metodología de trabajo:

La consideración de estos documentos normativos es de gran utilidad para entender los diversos aspectos operativos, técnicos y políticos de la cooperación española, y son la base de los estudios que buscan entender la cooperación española de manera global (como en Olivié & Pérez, 2019 y 2020), en distintas temáticas (como migración y codesarrollo (Vallés, 2021), o distintos niveles de agregación (como la cooperación descentralizada, (Martínez y Sanahuja, 2009).

De las CCAA que no contestaron, se recabó la información directamente de los Planes directores desde el 2018 hasta el 2022. También se recabó información de las notas de prensa, de los presupuestos anuales y de las webs oficiales de las agencias de cooperación autonómicas. Para visualizar mejor los datos recogidos se presentan una serie de tablas comparativas que se explican en detalle en el apartado siguiente.

5. Discusión y Análisis de Resultados de los presupuestos de las CCAA para la Cooperación al Desarrollo y su vinculación al trabajo infantil

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) autonómica se gestiona por medio del órgano encargado de gestionar la política de cooperación al desarrollo de la CCAA, que puede ser una Dirección General o Subdirección General dentro de una Consejería (Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España, 2021, p. 7). Si analizamos la evolución de la AOD autonómica respecto a su Renta Nacional Bruta en el período 2018 a 2022, podemos encontrar importantes diferencias en las cuantías asignadas por las CCAA4.

Siguiendo la tabla 1, se puede destacar el incremento de la AOD en el País Vasco, pasando de un 0,30% en el 2019 a un 0,42% en el 2020 aunque en el 2022 vemos una leve disminución, en Navarra del 0,20% en 2018 a un 0,30% en 2020 y en la Rioja, que casi duplicó su presupuesto en de 0,12% a 0,27% en el periodo analizado. En dicho contexto, el informe de la Coordinadora de ONG destaca que la ayuda al desarrollo total de las CCAA aumentó un 10,24% para 2023, estando Canarias a la cabeza de las Comunidades que más incrementó la AOD, con un 57,65%, seguida de Cantabria 27,75% y Castilla y León 24%. Madrid descendió un 0,45% y Aragón solo incrementó la AOD en 0, 27%. Las CCAA destinaron un total de 306.547.902,93 euros a AOD en 2023, muy por debajo del 0,7%, alcanzando solo un 0,13% de media con una variación mínima en relación a 2018-2022 (Coordinadora ONGD, 2023, p. 23).

AOD/RNB de las Comunidades Autónomas para Cooperación al Desarrollo (2018- 2022) Elaboración propia.

En una posición intermedia se encuentran las CCAA de Andalucía, Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Cataluña y la Comunidad Valenciana que han destinado entre un 11% y un 14% de su presupuesto a AOD, con incrementos más moderados. A la cola se encuentran siete CCAA: Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia, Madrid y Murcia, que han dedicado entre 2018 y 2022, menos de un 0,09% a cooperación. La Comunidad de Madrid y Murcia mantuvieron el mismo presupuesto a lo largo de los tres años analizados, Madrid con un 0,02% y Murcia con un 0,01%.

Los datos del caso español concuerdan con las observaciones de varios autores en torno a que los partidos de izquierda destinan más recursos de ayuda (en favor de causas sociales), mientras los partidos conservadores la utilizan menos (y orientan más los recursos hacia actividades privadas) (De la Iglesia-Caruncho, 2011, p. 26; Tawiah, Barnes & Zakari, 2019 y Tawiah & Karungi, 2020). Así, se observa qué en las CCAA con gobiernos de coalición de izquierdas o nacionalistas, la AOD autonómica ha sido mayor que la de gobiernos conservadores en nuestro período de estudio (2018-2022).

El ejemplo más claro es el caso de la Rioja, dónde la AOD autonómica no superó el 0,14% de la RNB durante del gobierno del Partido Popular (2015-2019) y casi se duplicó con la llegada del Partido Socialista alcanzando el 0,27% en el 2022. También podemos observar esta tendencia en Canarias. Cabe resaltar como excepción el caso de la Comunidad Valenciana, que a pesar de tener un gobierno socialista desde el 2015 no se ve un incremento importante hasta el 2022. Pensando en este análisis, las siguientes dos tablas (2 y 3) buscan agrupar las CCAA españolas entre las que más y menos aportación de AOD/RNB tuvo entre 2018 y 2020, al tiempo de identificar la orientación política de estas comunidades.

Por tanto y en línea con los elementos en torno a la relevancia de orientación política, se observa según el análisis hasta aquí realizado, que los gobiernos autonómicos de corte liberal (asociados usualmente al Partido Popular o partidos afines), muestran un menor esfuerzo en fondos de cooperación al desarrollo en los últimos años y sus presupuestos tienen los porcentajes más bajos de AOD entre CCAA si se comparan con los gobiernos de corte no liberal (asociados usualmente al PSOE), a excepción de Aragón, dónde el partido Socialista gobierna desde el 2015.

De manera complementaria a dicho análisis, se procedió a identificar la tendencia y variabilidad de los recursos de AOD destinados por las distintas CCAA a través de una gráfica de caja (o boxplot). Dicho análisis permite ver tendencias y variabilidad de observaciones en su distribución. Así tomando como referencia los datos del Informe de la Coordinadora de ONGD de 2023 y las agrupaciones de las tablas 2 y 3, se generó la siguiente gráfica (figura 2), la cual compara dos grupos de Comunidades Autónomas agrupadas como “No liberales” (Aragón, Canarias, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura) y como “Liberales” (Castilla y León, Galicia, Madrid y Murcia)5.

Tomando como referencia la gráfica 1 (figura 1) y los aspectos teóricos planteados de la sección 2, sobre el vínculo entre orientación política y AOD, se propone la gráfica (figura 2) arriba presentada. Entre los principales aspectos a destacar, se plantean dos, la lectura general de la grafica y las implicaciones de la misma.

Respeto a la lectura general, se puede destacar que la caja de las aportaciones “No liberales” es mayor a la “Liberal”, mostrando en primer lugar mayores montos destinados a la AOD, pero también más variabilidad en dichos recursos, es decir, mientras que la mayoría de los montos aportados por las comunidades liberales oscilan entre un 0,01% y un 0,05% (cuartil 1 a 3), los montos de las “No Liberales”, van del 0,03 al 0,22%. Al respecto la mediana observada en “No liberales” está sobre 0,12%, lo cual indica que la mitad de comunidades de este grupo aporta por encima de este valor y la otra mitad por debajo, y finalmente, la media está sobre el 0.14, muy por encima del caso “Liberal” (0,02%). Comparativamente, la media No Liberal de AOD es unas 4 veces más que la media de Liberales, y su mediana unas 6 veces más, lo cual permite dimensionar la diferencia en recursos en cada grupo.

En cuanto a las implicaciones, estas se podrían resumir en tres aspectos 1- Las comunidades “No Liberales” muestran montos más altos de AOD que las “Liberales” pero con mayor variación en los recursos, lo cual podría hablar de la problemática para contar con presupuestos más estables o una mejor planeación sobre estos. 2- Aun cuando las comunidades No Liberales suelen destinar más recursos, estos montos aún se encuentran lejos de la meta del 0,7% establecida a nivel internacional (su media osciló sobre el 0,14%); y 3- Los montos de las comunidades identificadas como Liberales, aunque menos dispersas, son muy bajas (y lejanas al 0,7%) al compararlas con las No Liberales, lo cual puede interpretarse como que, la menor dispersión implica un enfoque muy similar entre estas comunidades sobre la relevancia de la ayuda (poca o nula), y los menores montos, un menor esfuerzo por incrementar dichos montos.

En concordancia con los distintos análisis sobre AOD y orientación política antes referidos (particularmente los trabajos de Thérien & Nöel (2000) o Fleck & Kilby (2006), se refuerza la idea de que los partidos liberales son menos proclives a apoyar iniciativas de índole social o relacionadas con aspectos sociales por tanto más vinculadas al desarrollo, como lo es la cooperación internacional, como es el caso andaluz donde el gobierno formado por el PP y Cs recortó en 2021 la ayuda al desarrollo en un 52% en relación al 2018. A pesar de haber aprobado el mayor presupuesto autonómico de su historia, la cooperación al desarrollo supone sólo un 0,06% de la inversión total y por tanto se ha convertido en un ámbito sin relevancia para la Junta (Ramajo, 2021, p. 1). En dos años, la AOD autonómica andaluza se ha reducido a la mitad descendiendo de un 0,14% en 2018 al 0,07% de 2021 (Caong, 2022, p. 1).

Como se refirió al inicio de este texto, el tema del trabajo infantil tiene un lugar especial en la actual agenda de desarrollo y por tanto de manera directa e indirecta dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, los avances por disminuir esta situación que afecta a la niñez, parece que se ha estancado en los últimos años a nivel mundial.

El análisis de los distintos Planes directores permite observar que los esfuerzos por atender este tema han sido claramente diferenciados. A fin de delimitar dichos esfuerzos, se identificaron dentro de los planes seis elementos programáticos donde el trabajo infantil o alguna temática de infancia fuera incluida. Entre estos: la estrategia de infancia en sus planes; la infancia como prioridad sectorial; proyectos específicos de erradicación del trabajo infantil; proyectos vinculados directamente a la infancia; proyectos específicos de promoción de empleo/capacitación de jóvenes, y proyectos vinculados a los ODS 8 y 16.

Entre los principales hallazgos de la revisión de los planes se pudo observar que, mientras a nivel nacional ha habido avances en la inclusión del trabajo infantil dentro de los Planes directores, e incluso la creación de una estrategia específica orientada a la niñez, a nivel de CCAA los resultados del análisis realizado muestran un compromiso diferenciado, en el que se pueden identificar al menos tres tipos de CCAA. Por un lado, están las comunidades que de manera explícita han creado una Estrategia para la Infancia en sus Planes directores en el período 2018-2020 (la Comunidad de Murcia, la Comunidad Valenciana y la Comunidad Andaluza). De estas, Andalucía incluye en su último Plan director a la infancia como prioridad estratégica colaborando muy estrechamente con la OIT y la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil con contribuciones anuales que interactúan de manera complementaria y sinérgica con la cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

En segundo lugar, están otras comunidades que incluyen el tema de la infancia como prioridad sectorial en los Planes directores, tal es el caso de Aragón, Asturias y Cantabria. Por último, el resto de las comunidades dónde no se detectó ningún compromiso o mención específica al trabajo infantil.

Por otro lado, se detectan también diferencias en las prioridades transversales de los Planes directores de la cooperación de las Comunidades Autónomas, en relación al V Plan director de la Cooperación Española y a los ODS, y por tanto sobre la prioridad o no para estas de un objetivo como el ODS 8. Aunque en todas hay una conexión directa con los ejes de los ODS, cada CCAA ha dado prioridad a unas áreas sobre otras. La investigación muestra que todas las CCAA realizan proyectos vinculados con los ODS 1, 2, 3, 4, 5 (pobreza, erradicación del hambre, salud, educación e igualdad de género) a excepción de Galicia que no incluye proyectos vinculados a los ODS 1 y 2. En relación al ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico) sólo tienen proyectos en este ámbito: Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Valencia y Extremadura y en relación al ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas), País Vasco, Murcia, Navarra, Aragón, Asturias, Baleares, Cataluña, Valencia, Extremadura y Galicia tienen proyectos vinculados a este ODS.

En resumen, esto nos indica que las CCAA no siguen las mismas pautas en relación con la lucha contra el trabajo infantil. En la mayoría de los casos, según se pudo observar en los Planes directores de las CCAA no se hace referencia directa al trabajo infantil y no está incluida como estrategia. Solo Andalucía, Asturias, Aragón y Cantabria incluyen a la infancia como una prioridad sectorial.

A pesar de los enormes avances que se han hecho desde el año 2000 para erradicar el trabajo infantil a nivel internacional, la COVID-19 pone en riesgo nuevamente a millones de niños en el mundo. La pandemia está aumentando los niveles de pobreza y con ello el trabajo infantil se convierte en una herramienta de supervivencia para muchas familias. Como se desprende del análisis realizado en la presente investigación, destacan tres aspectos de la cooperación de las CCAA y el trabajo infantil, así como de la influencia de la orientación política: en primer lugar la relevancia del proceso de consolidación de la cooperación española y la integración de un tema clave como el trabajo infantil en la agenda de la cooperación española; en segundo lugar, el papel clave de las CCAA en el reforzamiento de la estrategia de cooperación española y su diversidad en materia presupuestal, de prioridades geográficas y de la inclusión del trabajo infantil. Por último, la relevancia de la orientación política en la cooperación española y particularmente en los esfuerzos de cooperación de las CCAA.

Respecto al primer punto, se pudo constatar que, desde hace una década, la cooperación española ha estado relegada de la agenda política y no ha sido una prioridad en los programas de los partidos políticos por diversas razones. Esta falta de interés es consistente con la drástica reducción de AOD desde el 2010 que en buena medida también refleja el impacto de la crisis financiera global de 2009 en la economía española. A pesar de ello, en el V Plan director, la cooperación española ha adoptado los ODS como sus propios Objetivos Estratégicos y el enfoque basado en derechos humanos, con el cual, la cooperación española busca contribuir al empoderamiento de todas las personas para el ejercicio pleno de sus derechos, la participación política, la rendición de cuentas, velando por la no discriminación por razón de género, de orientación sexual y de identidad de género, así como por otras razones como la discapacidad y la lucha contra otras formas de intolerancia, con una atención especial a las personas en situación de vulnerabilidad y pertenecientes a minorías (infancia, personas mayores, migrantes, refugiados, indígenas y afrodescendientes), donde el trabajo infantil ha comenzado a integrarse de manera estratégica, si bien la infancia no ha sido un objetivo central parta la cooperación española como se observó en los distintos Planes directores.

En cuanto al segundo punto, respecto a la participación de la Comunidades Autónomas (CCAA), se pudo apreciar que estas han jugado un papel esencial en torno a la promoción de una mayor solidaridad y mayor conocimiento sobre la cooperación internacional. A pesar de ello, la cooperación al desarrollo sigue jugando un papel secundario en relación a otras políticas autonómicas. Particularmente, sobre la relación a la Cooperación al Desarrollo de las CCAA se pudo constatar que no todas otorgan la misma importancia al tema del trabajo infantil. Por un lado, ninguna tiene proyectos específicos para erradicar el trabajo infantil, aunque si hay numerosos proyectos vinculados a la educación, salud, nutrición, igualdad de género y derechos de los niños, que pueden ayudar en la reducción del trabajo infantil; por otro lado, los presupuestos destinados al desarrollo son muy reducidos y respecto al trabajo infantil más escasos.

De la información recabada, se observó que solo tres Comunidades Autónomas: la Comunidad Autónoma de Murcia, la Comunidad Valenciana y la Comunidad Andaluza, tienen una estrategia para la infancia en sus últimos Planes directores. De estas, solo Andalucía incluye en su último Plan director a la infancia como prioridad estratégica colaborando muy estrechamente con la OIT y la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil con contribuciones anuales que interactúan de manera complementaria y sinérgica con la cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). No como estrategia, pero si como prioridad sectorial se incluye la infancia en los Planes directores de Aragón, Asturias y Cantabria.

Por último, cabe destacar que, si bien en un principio el mundo de la cooperación al desarrollo de las CCAA parece ser homogéneo y los modelos son similares, se han podido observar importantes diferencias en relación a las prioridades sectoriales y a los enfoques transversales, así como a los países que van dirigidas las ayudas. Aunque hay sinergias importantes con la política de cooperación nacional, cada CCAA refleja en su política de cooperación autonómica sus intereses políticos, económicos, sociales y sus vínculos históricos propios. Además, la cooperación al desarrollo de las CCAA está lejos de cumplir el 0,7%, y depende en gran medida de las prioridades del partido político que esté en el poder, sea este de corte Liberal o no. El análisis de datos confirmaría estas diferencias, siendo los partidos de orientación No liberal, los que suelen contar con mayores montos de ayuda que los de orientación Liberal, mostrando también una mayor preocupación por la agenda social de los primeros en concordancia con la literatura referida. Cabe destacar el papel relevante de la cooperación del País Vasco, Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y Extremadura, opuesto al de las CCAA con gobiernos conservadores/liberales para los que parece no ser una prioridad, tales como Madrid, Murcia o Canarias, cuyo grado de compromiso está directamente vinculado a criterios políticos como lo mostraría la evolución de los presupuestos en los últimos tres años, dónde los incrementos han sido mínimos.

CCAA	Estrategia de infancia en los Planes directores	Infancia como prioridad sectorial en los Planes directores	Proyectos específicos de erradicación trabajo infantil	Proyectos vinculados directamente a la infancia	Proyectos específicos de promoción de empleo y capacitación de los jóvenes	Proyectos vinculados a la infancia en los ODS (8 y 16)
Andalucía	No	Si, apoya la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil	No	Si	Si	1,2,3,4,5,10,13,16
Aragón	No	Si	No	Si	Si	1,3, 4, 5, 6,7,8 10,13,16
Asturias	No	Si	No	Si	Si	1,2,3,4,5,6,8,10,16
Baleares	No	No	No	Si	Si	2,3,4, 5,6,7,8,10,12,13,14,15 16,
Canarias	No	No	No	Si	Si	1,2,3,4,5,6,10
Cantabria	No	Si	No	Si	-	1,2,3,4,5,13
Castilla y León	No	No	No	Si	-	1,2,3,4,5,8,9,13
Castilla-La Mancha	No	No	No	Si	Si	1,2,3,4,5,8,9,13
Cataluña	No	No	No	Si	Si	1,2,3,4,5,10,13,16
Valencia	No	No	No	Si	Si	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17
Extremadura	No	No	No	Si	Si	1,2,4,5,6,8,12,16
Galicia	No	No	No	Sí	Si	3,4,5,9,16
La Rioja	No	No	No	Si	Si	1,2,3,4,5,6,13,14,15
Madrid	No	No	No	Si	Si	1,2,3,4,5,6,13,14,15
Murcia	Si	Si	No	Si	-	1,2,3,4,5,10,13,16
Navarra	No	No	No	Si	-	1, 2,3,4,5,12,16
País Vasco	No	No	No	Si	Si	1,2,3,4,5,12,16

Alesina, A., & Dollar, D. (1998). Who gives foreign aid to whom and why. NBER Working paper, 6612, 1-47.

Ashoff, G. (2014). Over 60 years of German Development Policy: no sign of retiring yet. German Institute of Development and Sustainability (IDOS), DIE.

Balaam, D., & Dillman, B. (2019). Introduction to International Political Economy. Routledge.

Barbieri, P., & Bonini, B. (2021). Political orientation and adherence to social distancing during the COVID‐19 pandemic in Italy. Economía Política, (38), 483-504. https://doi.org/10.1007/s40888-021-00224-w

Baydag, M. & Klingebiel, S. (2022). Partner country selection between development narratives and self-interests: A new method for analyzing complex donor approaches. Review of Development Economics, 2(27), 1199-1223.

Bearce, D. & Tirone, D. (2010). Foreign aid effectiveness and strategic goals of donor governments. The Journal of Politics, 72(3), 837-851.

Broome, A. (2014). Issues and Actors in the Global Political Economy. Red Globe Press.

Burnside, C., & Dollar, D. (2000). Aid, Policies, and Growth. The American Economic Review, 90(4), 847-868.

Dietrich, S. (2016). Donor Political Economies and the Pursuit of Aid Effectiveness. International Organization, 70(1), 65-102. https://doi.org/10.1017/S0020818315000302

Development Assistance Committee (DAC). (2013). Investments to End Poverty. Development Initiatives.

De la Iglesia-Caruncho, M. (2011). The Politics and Policy of Aid in Spain. IDS Research Report, (65).

Easterly, W. (2002). What did structural adjustment adjust? The association of policies and growth with repeated IMF and World Bank adjustment loans. Center for Global Development Working Paper, (11), 1-40.

Fleck, R., & Kilby, C. (2006). How Do Political Changes Influence US Bilateral Aid Allocations? Evidence from Panel Data. Review of Development Economics, 10(2), 210-223. https://doi.org/10.1111/j.1467-9361.2006.00313.x

International Labor Organization (ILO) & United Nations Children’s Fund (Unicef). (2021). Global estimates 2020, trends and the road forward. ILO, UNICEF.

International Labor Organization (ILO) & United Nations Children’s Fund (Unicef). (2017). Ending child labor by 2025: A review of policies and programmes. International Labor Office.

International Labor Organization (ILO) & United Nations Children’s Fund (Unicef). (2004). Child Labor, A textbook for university students. International Labor Office.

Islam, M. (2003). Political Regimes and the Effects of Foreign Aid on Economic Growth. The Journal of Developing Areas, 37(1), 35-53.

Lairson, T., & Skidmore, D. (2017). International political economy: The struggle for power and wealth in a globalizing world. Routledge.

Larrú, J. (2009). El “Caso España”: un repaso a la ayuda norteamericana recibida por España en perspectiva actual y comparada. Estudios Económicos de Desarrollo Internacional, 9(1), 92-93.

Malacalza, B. (2020). The politics of aid from the perspective of international relations theories. En I. Olivié, & A. Pérez, (Eds.). Aid power and politics (11-33), Routledge.

Mélonio, T., Naudet, J. & Remy, R. (2022). Official Development Assistance at the age of consequences, AFD Policy Paper, (11), 1-48.

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (2022). FONPRODE Fondo para la Promoción del Desarrollo. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. (2001). I Plan director de la Cooperación Española (1999-2002). Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Gobierno de España.

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. (2005). II Plan director de la Cooperación Española (2005-2008). Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Gobierno de España.

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. (2009). III Plan director de la Cooperación Española (2009-2012). Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Gobierno de España.

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. (2013). IV Plan director de la Cooperación Española (2013-2016). Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Gobierno de España.

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. (2018). V Plan director de la Cooperación Española (2018-2021). Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Gobierno de España.

Modesto, J., Zacarias, D., Moraes, L.& Do Amaral, B. (2020). COVID-19 and attitudes toward social isolation: The role of political orientation, morality, and fake news. Estudos de Psicologia, 25(2), 124-132.

Olivié I. & Pérez, A. (2019). España: la paradoja de un donante cumplidor. Real Instituto Elcano, (14), 1-10.

Olivié, I. & Pérez, A. (2020). Spain: the rise and fall of a compliant donor. En I. Olivié, & A. Pérez, (Eds.). Aid power and politics (1-18), Routledge.

Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2020). El impacto del COVID-19 en el trabajo infantil y el trabajo forzoso: La respuesta del Programa

Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2019). La contribución estratégica de España a la OIT. OIT.

Pauselli, G. (2020). Foreign aid´s motivations: theoretical arguments and empirical evidence. En I. Olivié, & A. Pérez, (Eds.). Aid power and politics (34-50), Routledge.

Pérez, A. (2020). Nuevas narrativas en la cooperación descentralizada española. Análisis, 80, 1-7.

Phillips, N. (2017). The Political Economy of Development. En J. Ravenhill, (Ed.). Global Political Economy (354-401). Oxford University Press.

Radelet, S., Clemens, M. & Bhavnani, R. (2005). Ayuda y Crecimiento. Finanzas & Desarrollo, 42(3), 16-20.

Ramcharan, R. (2002). How does conditional aid (not) work, IMF Working Paper, (183), 1-26.

Ramos, G., Vieites, Y., Jacob, J., & Andrade, E. (2020). Political orientation and support for social distancing during the COVID-19 pandemic: evidence from Brazil. Brazilian Journal of Public Administration, 54(4), 697-713. https://doi.org/10.1590/0034-761220200162x

Tawiah, V., Barnes, E., & Zakari, A. (2019). Does Aid Effectiveness Differ per Political Ideologies? International Economic Journal, 33(2), 270-285. https://doi.org/10.1080/10168737.2019.1609063,

Tawiah, V., & Karungi, V. (2020). Differences in political orientation and foreign aid utilization in Africa. Development Studies Research, 7(1), 119-130. https://doi.org/10.1080/21665095.2020.1809486

Thérien, J., & Nöel, A. (2000). Political parties and Foreign aid, The American Political Science Review, 94(1), 151-162. https://doi.org/10.2307/2586386

Tingley, D. (2010). Donors and domestic politics: Political influences on foreign aid effort. The Quarterly Review of Economics and Finance, 50(1), 40-49. https://doi.org/10.1016/j.qref.2009.10.003

Vallés, A. (2021). El codesarrollo y las migraciones en la política española de cooperación internacional para el desarrollo. Revista de Sociología, 106(4), 525-553. https://doi.org/10.5565/rev/papers.2880

World Bank. (1998). Assessing Aid: what works, what doesn´t and why. Oxford University Press.

Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Departamento de Relaciones Internacionales

Agradeceríamos que por favor contesten para nuestro estudio sobre trabajo infantil las siguientes preguntas en detalle teniendo en cuenta las instrucciones recibidas por teléfono. Cualquier duda nos encontramos a su disposición en los correos electrónicos que les enviamos. Muchas gracias.

¿Podría indicarnos por favor si en el Plan director de su CCAA en el período de 2018 a 2022 se hace referencia directa al trabajo infantil? ¿Puede especificar en qué apartados?

¿En el caso de que sí se incluya el trabajo infantil en los Planes directores podría indicar por favor si forman parte de alguna estrategia específica de infancia o si es una prioridad sectorial?

También agradeceríamos si pudiesen indicarnos proyectos específicos que estén relacionados con la infancia, especialmente con el trabajo infantil y los presupuestos asignados a los mismos.

1 Véase: OIT https://www.ilo.org/es/programa-internacional-para-la-erradicacion-del-trabajo-infantil-ipec/que-se-entiende-por-trabajo-infantil
2 En línea con los párrafos anteriores, desde el ámbito de las Relaciones Internacionales, se ha analizado también el vínculo entre ayuda y política, al respecto Malacalza (2020) identifica al menos seis enfoques para su abordaje: 1-Realismo y Neorealismo, 2-Liberalismo, Institucionalismo Neoliberal y la Perspectiva Cosmopolita, 3- Constructivismo, 4- Economía política internacional, 5- Estructuralismo y teorías críticas y 6- Análisis de política exterior. Por su parte, Pausselli (2020) remite a cuatro de las principales escuelas de las Relaciones Internacionales en consonancia con los enfoques de EPI previamente referido (Realismo, Marxismo, Liberalismo o Constructivismo), para explicar las razones por la que los países proveen ayuda, encontrando cuatro grandes argumentos: 1- explicaciones humanitarias o egoístas, 2- diversas fuentes de ayuda externa, 3-la economía política de la ayuda externa, y 4- la revolución conductual o los micro fundamentos de la ayuda externa.
3 Como herencia de dicha literatura, un estudio reciente (Baydag & Klingebiel, 2022), propone que en la actualidad las motivaciones del donante se pueden clasificar en tres grandes rubros o razones: 1-desarrollo del país socio (asociado a reducción de pobreza), 2- interés por los Bienes Públicos Globales, o 3- interés propio (entre los que destacan aspectos económicos, de seguridad, migración y políticos). En Ashoff (2014), se encuentra otro tipo de razón, por ejemplo, en el caso de Alemania la cooperación al desarrollo sirvió para afianzar el reconocimiento de la República Federal en contraposición a la Alemania Oriental. Esta política denominada “Doctrina Hallstein” estuvo activa hasta 1972.
4 Se debe recordar que nivel internacional, y particularmente en España, existe el compromiso de aportar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta a la Ayuda al Desarrollo, por lo que es un indicador orientativo sobe este esfuerzo a nivel de CCAA.
5 La agrupación considera la orientación política y a los que más o menos recursos hayan destinado a la AOD. Se excluyen casos como Andalucía y Baleares que se encuentran en la zona intermedia de proveedores de AOD como se explica previamente, y otros como País Vasco por tener gobierno de coalición en el que hay partidos con ambas orientaciones políticas. Muchos otros gobiernos (como el de Valencia), también están conformados por coaliciones, pero en dichos casos es más clara su orientación política.

CCAA	AOD/RNB (2018)	AOD/RNB (2019)	AOD/RNB (2020)	AOD/RNB (2022)	Partido político en el gobierno autonómico
País Vasco	0,39%	0,30%	0,42%	0,36%	(2015-2019) Gobierno de Coalición: Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra, EAJ/PNV/PSE-EE y se mantiene en la al (2023).
Navarra	0,20%	0,27%	0,29%	0,30%	(2015-2019) Gobierno de coalición Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra y desde 2019, PSN-PSOE, Geroa Bai, Podemos. Desde (2023) PSN-PSOE, Geroa Bai y Contigo Navarra.
La Rioja	0,13%	0,14%	0,21%	0,27%	(2015-2019) Partido Popular (PP), (2019-2023) Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y (2023) PP.
Extremadura	0,21%	0,21%	0,21%	0,19%	(2015-2023) Partido Socialista Obrero Español (PSOE). (2023-) PP y Vox.
Comunidad Valenciana	0,11%	0,14%	0,14%	0,23%	Partido Socialista Obrero Español, PSPV-PSOE con la Coalición Compromís (2015-2019) y desde 2019, PSPV-PSOE con la Coalición Compromís y Unides Podem y (2023) PP.