Abstract
La incorporación de la institución familiar en el articulado normativo constitucional colombiano de 1991, ha significado el reconocimiento de una protección especial a la familia en tanto desempeña un papel fundamental en la configuración del entramado social. Es por ello que el abogado de familia, en el marco de una gestión profesional socialmente responsable, habrá de propender por la generación permanente de actuaciones estratégicas o de alto impacto en beneficio de la armonía y la unidad familiar, las cuales abunden en garantías para la convivencia pacífica en procura del interés social antes que el particular.
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