Abstract
Desde la consolidación del Estado como una república, el modelo de gobierno centralista se ha mantenido como el foco imperante en el desarrollo político-administrativo del país, reafirmando su posición en la Constitución de 1886 por un periodo de 105 años, hasta la nueva proclama constitucional de 1991; proclama que surge en un escenario político convulso, en el cual se buscaba alcanzar la paz con grupos insurgentes, reafirmar y recuperar la legitimidad del Estado, y por último alcanzar una descentralización que permitiera aliviar las tensiones políticas no deseadas resolviendo de este modo las necesidades de las comunidades dentro del territorio nacional. A pesar de dichos avances en materia legislativa, la realidad –25 años después de la entrada en vigor de la constitución– es otra