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Abstract
Resulta controversial, que con la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP, se incrementen las solicitudes de licenciamiento ambiental para la exploración y explotación de recursos no renovables en Colombia, generando una futura problemática socio ambiental, dado que las empresas mineras, a partir de la extracción, deterioran los derechos de propiedad comunal, produciendo así externalización negativa de costos a la comunidad en general. En este artículo se aborda desde una reflexión crítica y desde la teoría neoinstitucional de la economía, la importancia de un reconocimiento legal sobre los derechos de propiedad comunal, legitimando la participación de la ciudadanía a través de instrumentos –economía de la información y consultas populares- democráticos que permitan optimizar y garantizar la continuidad de los recursos naturales.