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Amaya, O. I., Rivera, A. L., & Ortega Escobari, P. A. (2010). An analysis of legitimacy to the action of repetition in the nine judgments announced by the inter-american court of human rights based on the appraisal efficiency criterion. Ágora USB, 10(2), 341–365. https://doi.org/10.21500/16578031.374
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Abstract
This article presents the first part of the investigation entitled: “The Responsibility of the Colombian State in the Inter-American System." It aims at providing clear and concrete elements with an eye on the responsibility assumed by the State and its dimension, against violations of human rights and the consequent international responsibility.
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Jurisprudencia
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Caballero Delgado y Santana. 8 de diciembre de 1995.
Caso Las Palmeras. 6 de diciembre de 2001.
Caso 19 Comerciantes. 5 de julio de 2004.
Caso Gutiérrez Soler. 12 de septiembre de 2005.
Caso Mapiripán. 15 de septiembre de 2005.
Caso de Pueblo Bello. 30 de enero de 2006.
Caso Masacres de Ituango. 1 de julio de 2006.
Caso Masacre de la Rochela. 11 de mayo de 2007.
Caso Escué Zapata. 4 de julio de 2007
Consejo de Estado
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Consejo de Estado. Sección tercera. Marzo 27 de 1980.
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Consejo de Estado. , Sección tercera. C.P Maria Elena Giraldo Gómez, 19 de febrero de 2004.
Consejo de Estado. Sección tercera. C.P Maria Elena Giraldo Gómez, 2 de julio de 2004.
Consejo de Estado. , Sección tercera. C.P Alier Eduardo Hernández Enríquez, 16 de junio de 2005.
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Corte Constitucional
Corte Constitucional, sentencia c-225. M.p alejandro martínez caballero, 1995.
Corte Constitucional, sentencia c-578. M.p eduardo cifuentes muñoz, 1995.
Corte Constitucional, sentencia c-333. M.p alejandro martínez caballero, 1 de agosto de 1996.
Corte Constitucional, sentencia c-832. M.p rodrigo escobar gil, 2001.
Corte Constitucional, sentencia c-1174. M.p álvaro tafur galvis, 2001.
Corte Constitucional, sentencia c-285. M.p jaime córdoba treviño, 2002.
Corte Constitucional, sentencia c-372. M.p jaime córdoba treviño, 2002.
Corte Constitucional, sentencia c-394. M.p álvaro tafur galvis, 2002.
Corte Constitucional, sentencia c-965. M.p rodrigo escobar gil, 2003.
Corte Suprema de Justicia
Corte Suprema de Justicia. M.p aníbal cardozo gaitán, 13 de diciembre de 1943.
Corte Suprema de Justicia. M.p josé j. Gómez gómez, 30 de junio de 1962.
Legislación
Interna
Ley 80 de 1993. Estatuto general de la contratación de la administración pública. Sancionada el 28 de marzo de 1993, publicada por el diario oficial no. 41.094 del día 28 del mismo mes y año.
Decreto 768 de 1993. Publicado por el diario oficial no. 40.847 del día 27 de abril de 1993.
Decreto 818 de 1994. Por el cual de modifica y adiciona el decreto 768 del 23 de abril de 1993.
Decreto 359 de 1995. Por el cual se reglamenta la ley 179 de 1994.
Decreto 111 de 1996. Estatuto orgánico del presupuesto publicado por el diario oficial no. 42.692 del día 18 de enero de 1996.
Ley 270 de 1996. Estatutaria de la administración de justicia. Sancionada el 7 de marzo de 1996, publicada por el diario oficial no. 42.745 del día 15 del mismo mes y año.
Ley 288 de 1996. Estatuto general de la contratación de la administración pública. Sancionada el 5 de julio de 1996, publicada por el diario oficial no. 42.026 del día 9 del mismo mes y año.
Ley 446 de 1998. Sancionada el 7 de julio de 1998, publicada por el diario oficial no. 43.335 del día 8 del mismo mes y año. Decreto 321 de 2000. Publicado por el diario oficial no. 43.918 del día 2 de marzo de 2000. Decreto 1214 de 2000. Publicado por el diario oficial no. 44.069 del día 5 de julio de 2000.
Ley 678 de 2001. Sancionada el 3 agosto de 2001, publicada por el diario oficial no. 44509 del día 4 del mismo mes y año.
Internacional
Convención americana sobre derechos humanos “pacto de san josé de costa rica”. Suscrita tras la conferencia especializada interamericana de derechos humanos, el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de san josé de costa rica, entró en vigencia el 18 de julio de 1978.
Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Adoptada por la asamblea general de la onu el 21 de diciembre de 1965, entro en vigor el 4 de enero de 1969.
Convención internacional sobre la represión y el castigo del crimen de apartheid. Celebrada el 30 de noviembre de 1973.
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Adoptada por la asamblea general de las naciones unidas el 18 de diciembre de 1979, entró en vigor el 3 de septiembre de 1981.
Convención sobre los derechos del niño. Adoptada por la asamblea general de las naciones unidas el 20 de noviembre de 1989, entró en vigor el 2 de septiembre de 1990.
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Celebrada el 10 de diciembre de 1984, entró en vigor el 26 de junio de 1987.
Convención sobre el estatuto de los refugiados. Celebrada en ginebra el 28 de julio de 1951, en el marco de la conferencia de plenipotenciarios, entró en vigor el 22 de abril de 1954.
Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio. Adoptada por la asamblea general 9 de diciembre de 1948, entró en vigor el 12 de enero de 1951.
Convención de viena. Primera (relaciones entre los estados), realizada en 1969, entró en vigor el 27 de marzo de 1980. Segunda (relaciones entre los estados y las organizaciones internacionales), firmada en 1985.
Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Adoptado por la asamblea general de las naciones unidas el 16 diciembre de 1966, vigencia 3 de enero de 1976.
Pacto internacional de derechos civiles y políticos. Adoptado por la asamblea general de las naciones unidas el 16 de diciembre de 1966, entró en vigor el 23 de marzo de 1976.
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CORTE CONSTITUCIONAL. M.P. Rodrigo Escobar Gil, Sentencia C-832 de 2001.
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Convención sobre el estatuto de los refugiados. Celebrada en ginebra el 28 de julio de 1951, en el marco de la conferencia de plenipotenciarios, entró en vigor el 22 de abril de 1954.
Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio. Adoptada por la asamblea general 9 de diciembre de 1948, entró en vigor el 12 de enero de 1951.
Convención de viena. Primera (relaciones entre los estados), realizada en 1969, entró en vigor el 27 de marzo de 1980. Segunda (relaciones entre los estados y las organizaciones internacionales), firmada en 1985.
Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Adoptado por la asamblea general de las naciones unidas el 16 diciembre de 1966, vigencia 3 de enero de 1976.
Pacto internacional de derechos civiles y políticos. Adoptado por la asamblea general de las naciones unidas el 16 de diciembre de 1966, entró en vigor el 23 de marzo de 1976.
Proyecto de artículos aprobados provisionalmente por el comité de redacción en la segunda lectura. Comisión de derecho internacional, 52o período de sesiones, ginebra, 10 de julio a 18 de agosto de 2000.
CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Argentina: Editorial Heliasta, 2000, p.348.
LEY 678 de 2001. Art. 2.
BETANCUR JARAMILLO. Carlos. Derecho Procesal Administrativo. Colombia: Librería Señal Editora, 2002. p.52
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CORTE CONSTITUCIONAL. M.P. Álvaro Tafur Galvis. Sentencia C- 394 de 2002.
PALACIO HINCAPIÉ, Op. Cit., p.227.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Tribunal Superior acogió argumentos de la fiscalía: aumentadas penas a participes en masacre de las palmeras (Putumayo). Septiembre 1, 2006, p.1. www.fiscalia.gov.co.
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Boletín 003: PGN pide revisar proceso por masacre de 19 comerciantes en Puerto Boyacá. Colombia. Noticias, 2006, p.1.
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BOBBIO, Norberto. Teoría General del Derecho. Colombia: Editorial Temis, 2002, p. 20-38.
INFORME FINAL DEL RELATOR ESPECIAL, M. Louis Joinet, Acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de derechos humanos (derechos civiles y políticos). E/CN.4/SUB.2/1997/20/Rev.1.
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Este documento fue preparado por el equipo del proyecto “Lucha contra la impunidad por violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH”, financiado por la embajada real de los países bajos, Política de lucha contra la impunidad en casos de violaciones a los DDHH e infracciones al DIH a través del fortalecimiento de la capacidad del Estado colombiano para la investigación, juzgamiento y sanción. Versión aprobada por el comité especial de impulso y seguimiento-CEI en su sesión del 22 de noviembre de 2005. p.9-10.
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