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Rojas López, J. G. (2009). The Protection of Civil Liberties in the Frame of the Sanctioned Administrative Law. Ágora USB, 9(2), 373–389. https://doi.org/10.21500/16578031.417
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Abstract
This article aims at making clear the deep relationship between the State of Law and the guarantees to protect the fundamental rights of the people, especially, when it comes to exert the punitive power of the State in search of the general interest, but with the necessary reference of the strict boundaries to the exercise of power, in order to avoid resulting in arbitrariness and the abuse which are characteristic of the totalitarian system, where the value of man is reduced and an outrageous act against human dignity is committed. That is why a thesis advocating for the vindication and guarantee of the fundamental rights is proposed, above all, by the dignity of man, although he is subject to the punitive system of the State, this is the right time of his or her life when he or she requires protection
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References
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Jaime Ossa Arbelaez, Derecho Administrativo Sancionador, Bogotá, Legis, 1ª ed. 2000, p. 159.
Corte Constitucional. Sentencia C-506 de 1992. MP:
Juan Alfonso Santamaría Pastor. Principios de Derecho Administrativo. Vol II. Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 2005, p. 372.
Lo que en 1976 fue denominado por algún sector de la doctrina española, tal como lo relata Eduardo García de Enterría, como “Derecho represivo prebeccariano”, es decir, anterior a todos
los “refinamientos técnicos que el acogimiento de los principios de Beccaria ha supuesto para el Derecho Penal actual”. Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernandez. Curso de Derecho Administrativo. Vol II. 8ª ed. Madrid, Civitas, 2002, p. 167.
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Corte Constitucional. Sentencia C-506 de 1992. MP:
Corte Constitucional. Sentencia C-827 de 2001.
Corte Constitucional. Sala Cuarta de Revisión, 22 de mayo de 1992. MP: Alejandro Martínez Caballero, actor: Joaquín Martínez Vanegas, expediente T-716. Sentencia T-011 de 1992.
Corte Constitucional. Sala Plena, 28 de abril de 1994. MP: Antonio Barrera Carbonell, actor: Álvaro Zapata Burgos, expediente D-394. Sentencia C-214 de 1994
Corte Constitucional. Sala Plena, 6 de noviembre de 1996. MP: Alejandro Martínez Caballero, actor: Isidoro Arévalo Buitrago, expediente D-1229. Sentencia C-597 de 1996.
Corte Constitucional. Sala Plena. MP: Sentencia c-616 de 2002.
Corte Constitucional. Sala Plena. MP: Rodrigo Escobar Gil. Sentencia C-762 de 2002.
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Ibid, p.17.
Ibid, p. 18.
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Ibid, p. 96.
Ibid, p. 97.
Sobre este particular bien vale la pena citar a Kelsen, quien plantea que el poder del Estado tiene que ser un poder jurídico. HANS KELSEN. Teoría General del Estado. 1ª ed. México. Coyoacán, 2004, p.125.
Corte Constitucional. Sentencia C-827 de 2001.
Para ampliar esta idea se pone como ejemplo el hecho que a través de la función constituyente se haya previsto en la Constitución Política, de manera tácita o expresa tal facultad, lo cual implica la participación de tal función pública en la concreción fundamental del Ius puniendi, la función legislativa hace lo propio al establecer el marco normativo en el que se prevén las conductas consideradas perturbadoras del orden social, los procedimientos y las consecuencias de la transgresión normativa. La función jurisdiccional por ejemplo,
Corte Suprema de Justicia. MP: Manuel Gaona Cruz. Sentencia No 51 del 14 de abril de 1983. citada en la sentencia C-214 de 1994. MP: Antonio Barrera Carbonell.
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Corte Constitucional. Sala Plena. MP: Sentencia c-616 de 2002.
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